REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA Los Teques, treinta (30) de abril de dos mil tres (2003). 193° y 144° Se inicia el presente juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 26 de septiembre de 2001, ante el Juzgado Distribuidor por el ciudadano JULIO CESAR ROJAS BETANCOURT venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.056.322, debidamente asistidos por la abogada YAKELIN TABOADA, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 47.588, quienes demandaron a la Sociedad en Comandita Simple Julio Marín y Cia, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y Distrito Federal, en fecha 15 de enero de 1969, bajo el Nº 12, tomo 11-B, representada por el ciudadano JULIO CESAR MARÍN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-3.056 y a la Sociedad Mercantil Banco del Centro Consolidad C.A., posteriormente Banco Consolidado C.A. y actualmente se conoce como CORP BANCA C.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 31 de agosto de 1954, bajo el Nº 384, tomo 2-B, luego modificada por ante el mismo Registro Mercantil en fecha 14 de marzo de 1969, bajo el Nº 01, tomo 25-A, y posteriormente modificados sus estatutos sociales en fecha 13 de octubre de 1977, bajo el Nº 02, tomo 136-A, representada por su Presidente Ejecutivo, ciudadano MIGUEL HAUSMANN, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA derivados de la posesión legítima, es decir continua , no interrumpida, pacífica, pública, no equivoca y con el animo de tener la cosa como propia de un inmueble constituido en una faja de terreno en parte sembrada por monte alto en Jurisdicción del Municipio Carrizal, Distrito (hoy Municipio) Guaicaipuro del Estado Miranda, cuyo linderos, medidas y demás determinaciones se encuentran plasmados en el escrito libelar. OBSERVA: El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; y el artículo 269 eiusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el 02 de octubre de 2001, fecha en la cual el Tribunal instó a la parte actora a que consignara en autos copia certificada de la última reforma de los Registros Mercantiles, hasta el día 09 de abril de 2003, fecha en la cual la parte actora consignó las copias certificadas de las últimas modificaciones que le fueron requeridas en su oportunidad para la admisión o no de la presente acción, o le diera el impulso necesario, en efecto la causa se encontraba paralizada desde hace MÁS DE UN AÑO sin que las partes realizaran ningún acto de procedimiento, por lo que, en consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a consignar los documentos requeridos para la admisión de la demanda o verificar cualquier otro acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. NOTIFÍQUESE la presente decisión. Publíquese y regístrese. EL JUEZ HUMBERTO J. ANGRISANO SILVA LA SECRETARIA ISABEL CRISTINA BLANCO CARMONA HAS/Icbc/Jacqueline.- EXP Nº 01-21936.