REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, LOS TEQUES.
AÑOS 193º y 144º
EXPEDIENTE: 0045-03
PARTE ACTORA: ENRIQUE FRANCISCO CEREZO GALLARDO, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.835.064.
APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE ACTORA: CARLOS JOSE ANGULO, Abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.163
PARTE DEMANDADA: DESARROLLOS METALSER C.A., Inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de junio de 1995, anotada bajo el Nro. 25, Tomo 249-A-SGDO.; INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. inscrita en el Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda anotada bajo el Nro. 33, tomo 32-A-SGDO. de fecha 04 de febrero del año 1998; INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A. inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda anotada bajo el Nro. 63, tomo 187-A-PRO. de fecha 25 de Octubre del año 2000.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDADA: MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS y LEIDA JOSEFINA ESCALANTE, Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 24.994 y 26.858 respectivamente.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.
-I-
Han subido a esta Superioridad las presentes actuaciones en virtud de la apelación interpuesta por el abogado MANUEL ENRIQUE GALINDO BALLESTEROS, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada DESARROLLOS METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. e INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A. en fecha catorce (14) de octubre de 2003, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con competencia en Transición de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, en fecha ocho (08) de octubre del año dos mil tres (2003) , mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar la demanda interpuesta por el ciudadano ENRIQUE FRANCISCO CEREZO GALLARDO, contra las sociedades mercantiles DESARROLLOS METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. e INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A., por cobro de Prestaciones Sociales.
En fecha 04 de noviembre de 2003, fue recibida la presente causa, proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con competencia en Transición de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, siendo fijada en fecha 17 de noviembre de 2003, la celebración de la Audiencia Oral y Pública para el día lunes 08 de diciembre de 2003 a las 11:30 AM.
En fecha 19 de noviembre de 2003, este Tribunal Superior a los efectos de tener todos los recaudos necesarios para la celebración de la Audiencia correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3ª del artículo 197 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordena librar Oficio al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con competencia en Transición de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave, a los fines de que remita conforme al principio procesal de brevedad a este Juzgado Superior, Reproducción Audiovisual del acto oral de informes, correspondiente al expediente contentivo del juicio por cobro de Prestaciones Sociales incoado por el ciudadano ENRIQUE FRANCISCO CEREZO GALLARDO contra las sociedades mercantiles DESARROLLOS METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. e INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A.
En fecha 17 de diciembre del año 2003, este Tribunal Superior habilitó el tiempo necesario para dictar auto mediante el cual fijó para el día jueves 18 de diciembre de 2003 a las 3:00 PM la celebración de la Audiencia Oral.
En fecha 18 de diciembre de 2003, tuvo lugar la audiencia de juicio en la presente demanda en donde se dejó constancia de la comparecencia del abogado CARLOS JOSE ANGULO en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. Se dejó constancia igualmente de la comparecencia de los abogados MANUEL GALINDO y LEIDA JOSEFINA ESCALANTE en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada apelante. Posteriormente, la representación de cada una de las partes expusieron sus alegatos. Acto seguido, este sentenciador procedió a dictar su decisión, conforme a los siguientes motivos:
En fecha 24 de marzo de 2003, el ciudadano ENRIQUE FRANCISCO CEREZO GALLARDO, manifestó que ingresó a laborar en fecha 18 de febrero de 1993 contratado por tiempo indeterminado en la empresa DESARROLLOS METALSER C.A., cambiada su denominación por INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. y por último a INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A. desempeñando el cargo de Soldador II, laborando 10 años y 21 días, cumpliendo con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 7:30 AM a 12:00 M y 12:30 PM a 5:00 PM, laborando horas extras los días sábados, empezando a las 7:30 AM hasta las 3:00 PM como mínimo, devengando un salario diario de doscientos bolívares (Bs. 200,oo) y para el 21 de enero de 2003 fecha en la cual se retiró, la cantidad de ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con treinta céntimos (Bs. 8.435,30) y en fecha 09 de junio de 2003 la apoderada judicial de la demandada consignó escrito de cuestiones previas, en la cual, opuso la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, establecida en el ordinal 6ª del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 16 de junio de 2003, la representación judicial de la parte actora presentó escrito de subsanación de cuestiones previas de conformidad con el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil y en fecha 17 de junio de 2003 la apoderada judicial de la parte demandada presentó escrito en el cual reprodujo, invocó e hizo valer el mérito que se desprende del escrito de Oposición de Cuestiones Previas presentado en fecha 09 de junio de 2003. Fueron presentadas conclusiones con motivo de la incidencia en fecha 28 de julio de 2003 por la representación judicial de la parte demandada y el 29 de julio de 2003 fue presentado escrito de promoción de pruebas de la parte actora.
En fecha 08 de octubre de 2003, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con competencia en Transición de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave dictó sentencia mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar la demanda interpuesta por el ciudadano ENRIQUE FRANCISCO CEREZO GALLARDO, contra las sociedades mercantiles DESARROLLOS METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. e INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A., por cobro de Prestaciones Sociales en virtud de que la accionada constituida por tres empresas, no dieron oportuna contestación a la demanda, ni aportaron pruebas al proceso que fueran capaces de desvirtuar las pretensiones del actor.
Ahora bien, realizadas estas exposiciones corresponde a este Juzgador en virtud del principio de igualdad entre las partes establecido en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, las reglas que deben regir a este proceso, en especial a las referidas a la tramitación de la incidencia de cuestiones previas, la cual por remisión expresa de las distintas jurisprudencias emanadas de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se instruye que conforme a las normas que rigen a esta materia se debe aplicar las que establece el Código de Procedimiento Civil.
En relación a las cuestiones previas, establecen los artículos 346, 350 y 352 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Artículo 346.- Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas: (…)
6°. El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340, o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78 (...)”.
“Artículo 350.- Alegadas las cuestiones previas a que se refieren los ordinales 2°, 3°, 4°, 5°, y 6° del artículo 346, la parte podrá subsanar el defecto u omisión invocados, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento, en la forma siguiente: (...)
El del ordinal 6°, mediante la corrección de los defectos señalados al libelo, por diligencia o escrito ante el Tribunal.
En estos casos, no se causarán costas para la parte que subsana el defecto u omisión”.
“Artículo 352.- Si la parte demandante no subsana el defecto u omisión en el plazo indicado en el artículo 350, o si contradice las cuestiones a que se refiere el artículo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho (8) días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del Juez, y el Tribunal decidirá en el décimo día siguiente al último de aquella articulación, con vista de las conclusiones escritas que pueden presentar las partes (…)”.
Visto esto, es necesario señalar algunas de las decisiones emanadas de los distintos órganos jurisdiccionales, las cuales crean jurisprudencia:
Sentencia de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dos (2.002). Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo. E.A. Molina contra Club Unión Canaria Venezuela.
“(...) Alegadas las cuestiones previas consagradas en los ordinales 2º al 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la parte podrá subsanar el defecto u omisión dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento, si no los subsana en ese plazo se entenderá abierta la articulación probatoria a que se contrae el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, y si éstas son declaradas con lugar, el proceso se suspende hasta que el demandante subsane dichos defectos u omisiones, para lo cual dispondrá de cinco días hábiles a contar del pronunciamiento del juez. Si el actor no subsana los defectos u omisiones en ese plazo el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 ejusdem.
La decisión del juez sobre estas cuestiones previas no tendrá apelación. En estos casos, la contestación de la demanda deberá producirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión; en caso contrario, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la resolución del tribunal, salvo el caso de extinción del proceso a que se refiere el artículo 354 ibídem.
En aplicación de la doctrina antes indicada en los juicios laborales el procedimiento aplicable para las cuestiones previas y la contestación de la demanda, cuando hayan sido opuestas defensas de esta clase, es el consagrado en el Código de Procedimiento Civil.
En conclusión, se amplia la doctrina de la Sala sobre el trámite de las cuestiones previas y la oportunidad para la contestación de la demanda en el juicio laboral, por lo que si se opone alguna de las cuestiones previas contenidas en el artículo 346 ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del referido Código, el Tribunal sólo estará obligado a decidir sobre la suficiencia o no de la subsanación, si la parte demandada se ha opuesto a la misma y la contestación de la demanda se realizará dentro de los cinco días de despacho siguientes contados a partir de la subsanación, cuando la parte subsane voluntariamente o por orden del Tribunal, todo en conformidad con lo dispuesto en los artículos 350, 352, 354 y 358 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil.” (Subrayado nuestro).
Sentencia de fecha 04 de noviembre de 1.999. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Ponencia de la Magistrada Dra. Magaly Perretti de Parada. N. Díaz contra J.L. Alva.
“Cuestiones previas. A partir de la fecha de la publicación del presente fallo, el procedimiento aplicable en los procesos contenciosos especiales laborales y agrarios, será el contenido en las disposiciones respectivas de las cuestiones previas consagradas en los artículos 346 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En el caso bajo estudio, aprecia esta Sala que existen subversiones procedimentales que afectan el legítimo derecho de defensa de las partes y que ameritan la reposición de la causa a primera instancia, por violaciones formales que impidieron el debido proceso, razón por la cual pasa a examinar a Sala de oficio dichas violaciones, observando lo siguiente:
Si parecía que existen en el presente procedimiento ocurridas a raíz de acontecimientos mal sustanciadas (sic) llevados a cabo en la primera instancia, y que debieron ser corregidos por el Juzgado Superior, que conoció en alzada de este asunto (…).
Es de observar que los Tribunales Superiores del Trabajo han sentado jurisprudencia tendente a clarificar las situaciones que pudieran presentarse como consecuencia de la oposición de cuestiones previas y la oportunidad en que deberá contestarse el fondo de la demanda (…)”.
Por su parte, la doctrina de la Corte, ha asentado entre otros, en fallo del 8 de marzo de 1.995 (Luis Moays Dos Santos c/Grandes Molinos de Venezuela, C.A (Gramoven), lo siguiente:
“(…) En virtud de los dispositivos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, las excepciones dilatorias y de inadmisibilidad, ahora cuestiones previas, tienen su procedimiento particular, por lo cual se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, y, concretamente, por disposiciones sobre el juicio breve, sólo en lo no expresamente previsto en esa ley...”... Omissis... Al determinarse que la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, por haber sido promulgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, tiene rango igual al de las leyes ordinarias, dentro de las cuales está el Código de Procedimiento Civil, hay que llegar a la conclusión de que una ley vigente desde el año 1959 está hoy día menos actualizada que una ley del año 1987, por lo que, entre dos declaraciones de voluntad del legislador, dictadas por los mismos trámites formales y aparentemente contradictorios entre sí, debe prevalecer la que ha sido dictada en último lugar....Omissis... Los particulares narrados evidencian una diferenciación de este procedimiento breve con el ordinario y, como quiera que la tendencia jurisprudencial del Alto Tribunal gira en torno a la unificación procedimental civil, la brevedad y economía procesal que persigue el procedimiento especial no debe prevalecer sobre la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa.
Si las normas de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo han quedado prácticamente derogados por los nuevos preceptos del Código de Procedimiento Civil, al quedar eliminadas en éste el régimen de las excepciones dilatorias y de inadmisibilidad al cual remitía el artículo 64 de la mencionada Ley Orgánica, no queda más que ampliar la doctrina integradora de la Sala en este campo específico, dejando establecido que a partir de la fecha de publicación del presente fallo, el procedimiento aplicable en los procesos contenciosos especiales laborales y agrarios, será el contenido en las disposiciones respectivas de las cuestiones previas consagradas en los artículos 346 y siguientes del Código de Procedimiento Civil(...) ...Omissis...
La decisión del Juez sobre estas cuestiones previas no tendrá apelación. En estos casos, la contestación de la demanda deberá producirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que la parte subsane voluntariamente el defecto u omisión; en caso contrario, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la resolución del Tribunal, salvo el caso de extinción del proceso a que se refiere el artículo 354 ibidem (…).
Las razones desarrolladas ampliamente en esa sentencia determinan que el Juez de Alzada ante la subversión procedimental acaecida en este proceso, ha debido reponer la causa al estado en que se fijara oportunidad para dar contestación a la demanda y como ello no fue la conducta asumida por él, incurrió en la infracción de los artículos 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil que la Sala declara de oficio (…)”.
A su vez la sentencia de fecha 10 de noviembre de 1.999 del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción judicial de Área Metropolitana de Caracas (vid. M. E López contra Servicios Aeronáuticos Jag S.A (SAJAGSA) y otro, expone:
“Si la demandada, que opuso cuestión previa, guardó silencio sobre la subsanación hecha por la actora, lo que procede es la contestación de la demanda.
...Omissis...
No es menos cierto que si dentro de ese lapso el actor subsana voluntariamente los defectos denunciados, la incidencia de cuestiones previas concluye, porque con esta conducta procesal está admitiendo, expresa o implícitamente, que realmente la demanda adolecía de los defectos u omisiones que se le imputaron y fueron develados por la contraparte, por lo que es lógico que se entienda que ya no se requiere ni la apertura a pruebas de la incidencia ni el pronunciamiento del Tribunal acerca de ninguna circunstancia relacionada con tales cuestiones previas en particular, ya que si quien las opuso se conforma con la actuación desarrollada por la parte actora, al guardar completo silencio al respecto, ya no hay discusión de las partes sobre el punto en cuestión, por lo que debe inferirse que se está de acuerdo con tal actividad procesal, y lo procedente conforme a derecho es que en su debida oportunidad tenga lugar el acto de la contestación de la demanda, dentro de los cinco días de despacho siguientes, como lo dispone el Artículo 358, ordinal 2º), del Código de Procedimiento Civil, una vez que haya precluido el lapso previsto en el Artículo 354, en concordancia con el artículo 350 de dicho texto legal.”
Este Juzgado Superior Primero del Trabajo, señaló en la sentencia de fecha quince (15) de diciembre de 2.003, dictada en el expediente N° 00-4403 (nomenclatura interna de este juzgado) en el juicio incoado por el ciudadano ESCOBAR JOSÉ LUIS contra DESARROLLOS METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN C.A. e INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A. por prestaciones sociales y otros conceptos, lo siguiente:
“La norma aplicable es lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y no la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, (sic) ya que esta fue derogada por el procedimiento aplicable en el Código de Procedimiento Civil, así como lo señala reiteradamente la Jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de 1.999, y las distintas decisiones dictadas por este Juzgado. El artículo 350 del Código de Procedimiento Civil aplicable a este caso, por lo que hubo una subsanación voluntaria. En fecha 17 de junio de 2.003, la parte actora consigna escrito de promoción de pruebas de conformidad con el 352 ejusdem. En la presente causa existe una laguna procesal, ya que no hay norma expresa en la ley en los casos en que se da la subsanación voluntaria de las cuestiones previas. Es aplicable en este caso los 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil (sic). La falta de decisión por parte del a-quo cercenó el derecho de la defensa de las partes. (...)”ojojojojo
Y la sentencia dictada por este Juzgado Superior Primero del Trabajo de fecha nueve (09) de diciembre del año 2.002 en el expediente N° 02.2227 (nomenclatura interna de este Juzgado Superior), contentivo de la incidencia surgida en el juicio incoado por el ciudadano LORENZO ATILIO GARCIA en contra de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE COLECTIVO SANTA MARIA por PRESTACIONES SOCIALES, establece lo siguiente:
“El Código no lo resuelve, pero este Juzgador considera que si la ley adjetiva establece que se abrirá una articulación probatoria en caso de no subsanación y la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterada al señalar que en caso de subsanación voluntaria no es necesario dictar sentencia o un auto que las declare subsanadas, ya que si la parte demandada no se opone se tendrá por aceptada dicha subsanación, por consecuencia, en el caso de autos el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a través del auto de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil dos (2.002) violo las normas constitucionales denunciadas, ya que a criterio de este Sentenciador, en caso de ser promovidas las Cuestiones Previas de los ordinales 2º al 6º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora tiene cinco (5) días de despacho, es decir en el caso de autos, los días 18,20,21,22 y 25 de noviembre del año dos mil dos (2.002) para subsanar voluntariamente y una vez vencido ese lapso y a falta de disposición legal expresa que regule el caso subjudice, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 en concordancia con el artículo 15 ibídem a la parte demandada debió otorgársele un lapso de tres (3) días de despacho para oponerse a dicha subsanación, y como quiera que en el caso de autos, una vez vencidos los cinco (5) días de despacho, al primer día el Juez a-quo dicto el Auto recurrido, sin siquiera dar la oportunidad a la parte demandada a que fuera escuchada y alegase lo correspondiente sobre si la subsanación estaba mal hecha, violándose con ello su derecho a la defensa. ASI SE ESTABLECE (…).”
A su vez, este Juzgado Superior Primero del Trabajo, expresó en la sentencia interlocutoria de fecha trece (13) de agosto de 2.002, dictada en el expediente N° 01-1825 (nomenclatura interna de este juzgado) contentivo de la incidencia surgida en el juicio incoado por el ciudadano Ángel Alexander Rodríguez Santana contra la Asociación Cooperativa de la Comunidad de Santa Lucia por prestaciones sociales y otros conceptos, lo siguiente:
“Considera este Juzgador, que el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la Ciudad de Los Teques, al dictar el Auto de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil (2.000), incurrió en un error de interpretación y de aplicación del derecho o actuó en total desconocimiento del criterio que han venido sosteniendo los Tribunales de Instancia y el Tribunal Supremo de Justicia (criterio sostenido por este Juzgador), ya que de las anteriores sentencias citadas, se deduce que la norma procesal aplicable en el caso de ser opuestas Cuestiones Previas en un juicio laboral, es la contenida en el Código de Procedimiento Civil vigente, por cuanto la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo es una ley dictada en el año 1.959 y que en su articulo 64 están consagradas las cuestiones previas con la antigua denominación de excepciones dilatorias y de inadmisibilidad, siguiendo para la fecha el Código de Procedimiento Civil vigente desde el año 1.916 al referirse a las Cuestiones Previas que las señalaba como excepciones dilatorias y excepciones de inadmisibilidad, por lo que el Tribunal Supremo de Justicia consideró que al ser derogado el Código de Procedimiento Civil del año 1.916 y entrar en vigencia en el año 1.987 dicho Código, y al establecer en los artículos 346 y siguientes el término de Cuestiones Previas, y que siendo ambas normas de igual jerarquía, debe aplicarse la más reciente, es decir, el Código de Procedimiento Civil, y en el caso de marras, al ser opuestas las Cuestiones Previas de defecto de forma y al ser las mismas subsanadas por la Parte Actora, el Tribunal A-quo debió establecer que el lapso de contestación para la demanda es dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la subsanación del defecto de forma por la parte, y no al tercer día de despacho como indicó el Tribunal A-quo (…)”.
Ahora bien, en virtud de lo expresado por las partes y por cuanto así lo ha establecido en las distintas jurisprudencias emanadas de este Juzgado y del máximo tribunal, lo aplicable en el presente caso, a los fines de la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes actuantes en este juicio, son las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. ASI SE ESTABLECE.
Observa este Juzgador que ante la subsanación voluntaria de las cuestiones previas realizada por la parte actora lo procedente es que la parte accionada manifieste su desacuerdo con tal subsanación, de no hacerlo debe considerarse como que aceptó tácitamente dicha subsanación y corre el lapso establecido de 5 días hábiles para la contestación de la demanda y efectivamente esto es señalado por el Juez a-quo en su sentencia (folios 148 al 150), pero la diferencia surge en el hecho de que en el caso subiudice la cuestión previa fue opuesta en fecha 09 de junio de 2003 (día lunes), hecho un cómputo en el calendario sin tomar en cuenta si hubo o no despacho, la subsanación se llevó a cabo en fecha 16 de junio (día lunes), lo que significa que dicha subsanación se realizó dentro del tiempo oportuno de conformidad con lo señalado en el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, hecha esta subsanación en fecha 16 de junio de 2003, la parte accionada presenta en fecha 17 de junio de 2003 (al día siguiente) escrito de promoción de pruebas en el que señala lo siguiente: “estando dentro de la oportunidad legal para que tenga lugar el Acto probatoria de la presente incidencia de conformidad con el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil como en efecto promuevo lo siguiente (sic): - - - - - - - - - - - -
CAPITULO I
Reproduzco el merito (sic) favorable de autos que benefician a mi Representada. - -
CAPITULO II
Reproduzco, invoco y hago valer el merito (sic) favorable a mi Representada que se desprende del Escrito de Oposición de Cuestiones Previas presentado por ante este Tribunal, en fecha 9 de Junio del 2003 cursante a los folios 60-61-62. Pido que el presente escrito de Promoción de Pruebas sea agregado a los autos, sustanciado conforme a derecho y declarado con lugar en la definitiva. (...)
Es importante señalar para este Juzgador y así lo han sostenido las sentencias transcritas ut supra que debe considerarse que la presentación del escrito por parte de las personas accionadas, es decir de las empresas demandadas en fecha 17 de junio de 2003 en el cual se reproduce y hace valer el escrito de oposición de cuestiones previas presentado en fecha 09 de junio de 2003 constituye un rechazo a la subsanación realizada y una demostración de parte de la accionada de que consideró que la accionante no subsanó correctamente el defecto u omisión imputada al libelo, en pocas palabras entiende este Juzgador que dicha parte demandada entendió como no subsanada las cuestiones previas opuestas y así lo hizo ver en el escrito de promoción de pruebas de las cuestiones previas opuestas incorporado al expediente; como consecuencia de ello, es que entendió que se tenía que abrir el lapso probatorio a que se contrae el artículo 352 del Código de Procedimiento a los efectos de que se procediera al pronunciamiento derivado del principio de certeza jurídica que debe prevalecer en todo item procesal por parte del juez a-quo, a efectos de que una vez pronunciada la sentencia por parte de este juez procediera lo conducente. En consecuencia, lo procedente era que el Juez que conocía de dicha causa, es decir, el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Charallave bajo el Principio de Certeza o Seguridad Jurídica, se pronunciase de manera expresa sobre la subsanación realizada de conformidad con lo señalado en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil a efectos de establecer con certeza cuando correspondía o cuando se comenzaba a computar el lapso para la contestación de la demanda, siendo en consecuencia, dicha ausencia un vicio que afecta gravemente el Derecho a la Defensa de las partes y el debido proceso.
Expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, lo siguiente:
“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. (...)”
Vistas las consideraciones anteriores y como quiera que es fundamental y se considera que es de orden público, que el Juez que conoció de la causa se pronuncie sobre las cuestiones previas o de la subsanación de las mismas hecha por la parte demandante, tal como se señaló con anterioridad, este Juzgado Superior Primero del Trabajo debe declarar NULOS todos los actos subsiguientes al 17 de junio de 2003 de conformidad con lo establecido en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil que por aplicación analógica y por vía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo este Juzgador aplica a la presente causa, toda vez que considera que la nulidad aquí señalada afecta gravemente el Derecho a la Defensa de la parte accionada ya que el Juez a-quo tenía la obligación de pronunciarse sobre las cuestiones previas subsanadas y fijar el lapso para la contestación de la demanda siendo esto un quebrantamiento de normas de orden público. ASI SE DECIDE.
Expresan los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
“Artículo 206.- Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”
“Artículo 211.- No se declarará la nulidad total de los actos consecutivos a un acto írrito, sino cuando éste sea esencial a la validez de los actos subsiguientes o cuando la ley expresamente preceptúe tal nulidad. En estos casos se ordenará la reposición de la causa al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y la renovación del acto írrito.”
“artículo 212.- No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes; o cuando la parte contra quien obre la falta no se le hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citado, de modo que pudiese ella pedir la nulidad.”
Por su parte, expresa el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:
“Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el juez del trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el juez del trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley.”
La sentencia de fecha 06 de abril del año 2.000, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia No. 101, AUTO LITORALCAR, S.A. contra ANTONIO SABAS DENISCO PEREZ, al respecto señala:
“En este sentido, la doctrina ha sido pacífica y constante "...tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento, entendiendo el proceso civil, como el conjunto de actos del órgano jurisdiccional, de las partes, y de los terceros que eventualmente en él intervienen, preordenados para la resolución de una controversia, el cual está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales. Esto indica, como lo enseña Chiovenda, que no hay un proceso convencional, sino, al contrario, un proceso cuya estructura y secuencia se encuentran preestablecidas con un neto signo impositivo, no disponible para el juez, ni para las partes. Así, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es obligatoria en un sentido absoluto, tanto para las partes como para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos.
Es por lo expresado que la Sala ha considerado tradicionalmente que la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario de todo juicio.” (Sentencia del 22 de octubre de 1997, en el juicio seguido por Ciudad Industrial La Yaguara, C.A. y otras, contra el Banco Nacional de Descuento). Pierre Tapia Oscar. Repertorio Mensual de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo 10, año 1997, pág. 377.
Establecido lo anterior, la Sala extremando sus deberes y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, se permite reiterar doctrina aplicada en un caso similar, según sentencia de fecha 25 mayo de 1995, que dice:
“El artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se fundamenta la sentencia de reposición según se evidencia del párrafo de la misma, arriba inserto, se expresa así:
‘No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado de procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de la partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se la hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada de modo que ella pudiere pedir la nulidad ‘ (subrayados de la Sala).
(...)Cuando en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil se habla de “leyes de orden público” se hace uso de la figura retórica denominada sinécdoque, pues se toma ese todo que se define con la idea abstracta de “orden público” para caracterizar una simple norma. Si se entiende la expresión “orden público” como conjunto orgánico de principios y valores ordenadores de íntegro sistemas de normas de derecho positivo, tal como debe entendérselo, no existiría en verdad ningún obstáculo en armonizar la concreta norma (o ley) del ordenamiento procesal destinada a aplicar en la específica situación del principio de la economía procesal, como lo es la que ordena sustancial por el procedimiento breve de los juicios derivados de una venta con reserva de dominio, con esa otra situación en que ese mismo principio de la economía procesal exige no repetir, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero, actos procesales que resultan absolutamente inútiles para realizar en su plenitud el derecho constitucional al debido proceso que garantiza el artículo 68 de la Constitución. En materia de orden público procesal es ello lo que resume el principio rector en materia de reposición contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil,….Omissis……
No existiendo, pues ninguna finalidad útil en la reposición de esta causa, considera esta Sala no existir en el caso de autos el quebrantamiento del orden público, necesario según el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil para que puede ordenarse la reposición de oficio y sin instancia alguna de parte de un íntegro proceso cumplido, en que se han respetado las formas sustanciales que garantizan el debido proceso. Por tal motivo considera también esta Sala que al apoyarse la recurrida para decretar la reposición ordenada infringió el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil al invocar una inexistente razón de orden público procesal y consiguientemente el artículo 15 eiusdem, por permitirse una extralimitación con menoscabo de las condiciones adquiridas por las partes en el proceso. Así se decide.” Pierre Tapia Oscar. Repertorio Mensual de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo . Año 1995. Págs. 318 a la 320.
En el presente caso aprecia la Sala, que los lapsos procesales fijados por el Juzgado Superior fueron respetados y cumplidos a cabalidad, alterándose el procedimiento, únicamente en relación con la falta de aplicación del artículo 893 del Código de Procedimiento Civil, constituyendo al efecto un motivo de nulidad procesal, esto es, "la que tiene su origen en el empleo de un procedimiento distinto, como sería adelantar un proceso especial siendo el caso utilizar el ordinario..., (ello) no sucede a contrario sensu, vale decir, cuando debiendo utilizarse un procedimiento especial se utilizó el trámite ordinario, en virtud de que este último, por ser de mayor cobertura procesal y probatoria, garantiza con holgura el derecho de defensa. (Cfr. Canosa Torrado, Fernando, Las Nulidades en el Derecho Procesal Civil, Librería Doctrina y Ley, Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia, Primera Edición, 1993). (…)
Finalmente, la Sala en cumplimiento de su función pedagógica, le hace saber, al juez de la recurrida que en la sustanciación de los procesos debe tener presente la noción doctrinaria del “debido proceso”, en base al principio de que el procedimiento está establecido estrictamente en la ley y no puede ser alterado o subvertido por el juez ni las partes, ya que de no acatarse, se subvierte el orden lógico procesal, y, por consiguiente se quebranta la citada noción doctrinaria, así como también el principio del orden consecutivo legal con etapas de preclusión por el cual se rige el proceso civil venezolano. Por ello, se le advierte, sobre la ilegalidad de su actuación al quebrantar normas legales que interesan el orden público y al debido proceso, con la intención de que en sucesivas ocasiones se abstenga de incurrir nuevamente en situaciones como la reseñada en la presente causa, que ocasionan gastos innecesarios a las partes con el consiguiente retardo en la aplicación de una justicia rápida y eficaz que dirima la controversia y ponga fin a los litigios en la forma adecuada, conforme a la ley.” (Subrayado de este Tribunal Superior).
Visto lo transcrito ut supra, este Tribunal Superior deberá reponer la causa al estado en que se encontraba para el 17 de junio de 2003, es decir, antes de la contestación de la demanda y previo al pronunciamiento por parte del Juez de Primera Instancia, como quiera que en fecha 06 de agosto de 2003 se suprimió el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Charallave mediante resolución emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y se creó el Juzgado de Sustanciación Mediación y Ejecución con competencia para el régimen procesal transitorio y remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación Mediación y Ejecución a fin de que conozca de la presente causa y se pronuncie sobre la subsanación de la cuestión previa denunciada y señalada como subsanada por la parte accionante a los fines de que una vez decidida la cuestión previa se proceda con la Audiencia Preliminar, fijando en consecuencia para ello, la hora y día para la realización de la Audiencia Preliminar de conformidad con lo señalado en el artículo 197 ordinal 1ª de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ASI SE DECIDE.
El artículo 197 ordinal 1ª de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo expresa lo siguiente:
“Artículo 197. Las causas que se encuentren en primera instancia, según la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo derogada por esta Ley, se le aplicarán las siguientes reglas:
1. Todas aquellas causas en donde no se hubiese dado contestación al fondo de la demanda serán remitidas al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de esta Ley. (...)”
-II-
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Manuel Galindo actuando como apoderado judicial de empresas DESARROLLO METALSER C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 25, tomo 249-A-Sgdo, de fecha 20-06-95; INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 33, tomo 32-A-Sgdo, de fecha 04-02-98 E INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A., inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 63, Tomo 187-A-Pro, en fecha 25-10-2000. contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial de los Valles del Tuy el dia 08 de octubre del año 2003 en consecuencia, REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Primero de Juicio de la Circunscripción Judicial de los Valles del Tuy el día 08 de octubre del año 2003 en la demanda incoada contra la sociedad mercantil DESARROLLO METALSER C.A., INDUSTRIAS METALURGICAS SABIAN., E INDUSTRIAS METALINOX 2000 C.A. y REPONE la causa al estado en que el Juez de Primera Instancia se pronuncie sobre la subsanación de los defectos alegados a los fines de fijar el día y hora para la celebración de la audiencia preliminar de conformidad con lo señalado en el artículo 126 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo y como consecuencia de ello se ordena en aplicación de lo señalado en el artículo 197 ordinal primero de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la remisión de esta causa al Juzgado de Sustanciación Mediación y Ejecución con competencia en Transición de la ciudad de Charallave región de los Valles del Tuy. No hay condenatoria en costas. Publíquese en la pagina electrónica de éste Juzgado Superior y Regístrese en los libros respectivos.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda en los Teques a los catorce días del mes de enero del año 2004. Años: 193º y 144º.-
EL JUEZ SUPERIOR
DR. HERMANN VASQUEZ FLORES
SECRETARIA
........................
ABOG. ISBELMART CEDRÉ TORRES
Nota: En la misma fecha siendo las dos y cuarenta de la tarde (2:40 p.m.) se público y se registro la anterior sentencia previo el cumplimiento de Ley.
SECRETARIA
........................
ABOG. ISBELMART CEDRÉ TORRES
HVF/XXX/gr.
EXP N° 0045 03.
|