CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCIONES DE EJECUCION
EXTENSION BARLOVENTO
Guarenas 24 de Febrero de 2003
192° Y 143°
Corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la procedencia de la medida de pre-libertad DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO, a favor del penado JOEL ANTONIO PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° 11.567.825, a quien este Juzgado ordenó la practica del correspondiente pronunciamiento Técnico a los fines antes descritos, y a tal efecto para decidir se Observa:
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER
El Legislador ha contemplado una serie de de normas y preceptos legales aplicables a la competencia funcional de los Tribunales de la República y entre ellas, en materia penal se establecieron principios reguladores específicos en cuanto a la Jurisdicción y la materia, entre ellos cabe señalar los siguientes:
El Título III del Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal señala la Jurisdicción ordinaria, al decirnos que corresponde a los Tribunales ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el Código Orgánico, Leyes Especiales, y en fin los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Venezolanos según el Código Penal, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la República.
Es aún más específico Nuestro Legislador patrio, al señalar la competencia por la materia, y al efecto, en el Capítulo III del artículo 64 último aparte de la Norma Adjetiva Rectora señala, que es competencia del Tribunal de Ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas.
El artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal establece el margen de competencia de los Jueces de Ejecución, y al efecto el mismo preceptúa entre otras cosas lo siguiente:
“Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1.-Todo lo concerniente a la libertad del penado, las formulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2.- La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona.3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines entre otras medidas, dispondrá de las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control…”
De igual manera, el artículo 501 de la Norma Adjetiva que regula la materia establece lo siguiente:
“El Destino a Establecimiento Abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado hubiere cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta.”
En este sentido igualmente la Ley de Régimen Penitenciario establece en su artículo 65 lo siguiente:
“El destino a establecimiento abierto podrá concederse por el tribunal de ejecución a los penados que hayan extinguido por lo menos, una tercera parte de la pena impuesta, que hayan observado conducta ejemplar y que pongan de relieve espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad”
Dilucidada pues, la potestad jurisdiccional de quien suscribe, pasa a determinar si es procedente o no la medida de pre-libertad a la cual opta el penado JOEL ANTONIO PEREZ.
DE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA
Se corrobora de la certitud del cómputo realizado que cursa al presente expediente, que el penado JOEL ANTONIO PEREZ, cumple con el lapso de tiempo requerido por el Legislador para solicitar la medida de pre-libertad Destino a Establecimiento Abierto, beneficio procesal que procede a favor del penado de pleno derecho. Ahora bien, cabe señalar que en autos existe la Carta de Buena Conducta, emanada del Internado Judicial de San Juan de Los Morros de fecha 19 de agosto de 2002.
Analizados los puntos anteriores, queda revisar si el penado, cumple con los otros parámetros contemplados en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, y al respecto:
La existencia de pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario, encabezado preferentemente por un psiquiatra forense. En este supuesto, cursa en la actuación Informe Técnico de fecha 21 de Enero de 2003, signado bajo el No 033-03, donde después de un pormenorizado estudio se concluye, y se cita textualmente:
DIAGNOSTICO CRIMINOLOGICO:
“Concluida la exploración psico-social aplicada al penado Pérez Joel Antonio, podemos destacar lo siguiente: se percibe como una persona que aún mantiene el consumo de drogas, no cuenta con recursos para ejecutar un trabajo productivo ya que sus experiencias laborales no reflejan progresividad y estabilidad. Sus responsabilidades son mínimas, sólo se ha atendido a si mismo. Aún cuando plantea compartir con familiares y amigos del cual se duda su veracidad ya que no acudieron a la entrevista familiar, su trayectoria de vida y las características de personalidad no permiten asegurar una convivencia adecuada en el contexto.
PRONOSTICO:
Tomando en cuenta los elementos negativos tales como daño orgánicos cerebrales, altos niveles de agresividad, metas poco planificadas, falta de apoyo familiar, no posterga la gratificación, no asume la realidad del delito cometido; el equipo técnico emite opinión DESFAVORABLE para la medida solicitada.”
De los componentes anteriormente analizados, se desprende que no cumple con el requisito señalado en el numeral 3° del artículo 501 de la Norma Adjetiva que regula la materia, que a modo de ver de quien decide, es de carácter vinculante, ya que son estos profesionales que laboran en nombre del estado, aquellas personas que de sus conocimientos adquiridos por su aprendizaje a través del tiempo y estudio son capaces de inferir un mal comportamiento a posteriori, y en conclusión, una medida alternativa que queda ilusoria para la reinserción efectiva del penado a la sociedad, que clama ciudadanía y convivencia, ya que en definitiva, lo que se busca es proteger al penado de una sociedad que no se encuentra apta para recibirlo por su misma condición de no progresividad dentro del cumplimiento de su condena. Así las cosas, no cabe duda dilucidar que la presente decisión deberá ser la negativa del beneficio de Destacamento de Trabajo, por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 501, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, con relación al artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA EL BENEFICIO DE PRELIBERTAD, DE DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO al penado JOEL ANTONIO PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° 11.567.825 por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 501, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, con relación al artículo 65 de la Ley de Régimen Penitenciario.
Ofíciese a la Dirección General Sectorial de Defensa y Protección Social de la Dirección de Prisiones.
Regístrese, Diarícese, Notifíquese a las partes, trasládese y remítase copia certificada de la presente decisión a los fines de que sea agregado al expediente carcelario del penado.
LA JUEZ PRIMERO DE EJECUCIÓN
DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P.
LA SECRETARIA
ABG. KARLA SANTIN
En esta misma fecha se libró traslado y sendas boletas de notificación.
LA SECRETARIA
ABG. KARLA SANTIN
ACT 1E1191/00
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