TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 24 de Julio de 2003.
193° y 144°

Causa N° 6C-20402/03

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

IMPUTADO: SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, venezolano, natural de Guaica, Estado Trujillo, fecha de nacimiento 01-11-1966, hijo de Maria Morales y Freilan Perdomo, titular de la cédula de identidad personal N° V-10.536.396, de 36 años de edad, profesión u oficio mecánico, laborando en el kilómetro 34, Paracotos, Estado Miranda, y domiciliado en el Kilómetro 34, cerca de la estación de servicios, casa N° 27, de color azul, Paracotos, Estado Miranda.
FISCAL: FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, DR. EDDI GILBERTO ROSALES SANNAZZARO.
DEFENSA PÚBLICA: Abg. NANCY SUAREZ, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Estado Miranda.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
En el día de hoy, jueves veinticuatro (24) de Julio del año dos mil tres (2003), vista la presentación que del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES hiciera ante este Tribunal de Primera Instancia en función de control N° 06, el Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a los fines de emitirse pronunciamiento en cuanto a la detención del referido imputado, y al procedimiento a seguirse en la investigación; encontrándose presentes todas las partes, se declaró abierta la audiencia, concediendo el Juez el derecho de palabra a la representación fiscal, quien explana los hechos que motivaron la presentación del imputado, esto es, que el día veintitrés (23) de Julio del año en curso, siendo aproximadamente las 06:20 horas de la mañana, funcionarios policiales adscritos a la Comisaría de Paracotos, del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda (IAPEM), en momentos en que realizaban labores patrullaje a la altura del kilómetro 34 de la Autopista Regional del Centro, Municipio Guaicaipuro, Estado Miranda, avistaron a un ciudadano que transitaba por el hombrillo y el mismo al notar la presencia policial adoptó una actitud irregular, motivo por el cual procedieron a darle la voz de alto, y al realizarle la respectiva inspección de personas, amparados en el contenido del artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, lograron incautarle en el bolsillo delantero derecho del pantalón de color azul que vestía, la cantidad de un (01) envoltorio de papel de aluminio contentivo en su interior de una sustancia compacta de presunta droga, y una (01) pipa de fabricación casera de un tubo cilíndrico de aproximadamente ocho (08) centímetros de longitud con un trozo de papel de aluminio adherido a uno de sus extremos, motivo por el cual se practicó la aprehensión del mismo quedando identificado como SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, indocumentado para el momento. A continuación, expresa el representante de la Vindicta Pública apreciar que no se encuentran llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para considerar los hechos narrados como flagrantes; por lo que solicita se decrete la aplicación del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 ejusdem, y, solicita, finalmente, se acuerde la libertad plena del imputado pues hasta la fecha no se acopiado ningún otro elemento de convicción.
El investigado, una vez impuesto del hecho que le atribuye la representación fiscal, del contenido del artículo 49, ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las disposiciones consagradas en el Código Orgánico Procesal Penal, artículos 130 y 131, de conformidad con los artículos 126 y 127 ejusdem, suministró sus datos de identificación, expresando ser SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, venezolano, natural de Guaica, Estado Trujillo, fecha de nacimiento 01-11-1966, hijo de Maria Morales y Freilan Perdomo, titular de la cédula de identidad personal N° V-10.536.396, de 36 años de edad, profesión u oficio mecánico, laborando en el kilómetro 34, Paracotos, Estado Miranda, y domiciliado en el Kilómetro 34, cerca de la bomba, casa N° 27 de color azul, Paracotos, Estado Miranda. Y, al ser interrogado acerca de su voluntad de declarar, manifestó su deseo de no hacerlo.
La defensa del investigado, representada por la profesional del Derecho, NANCY SUAREZ, adscrita a la Unidad de Defensoria Pública de este Circuito Judicial Penal y sede, manifestó que no se encuentran llenos los extremos de los artículos 248 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir testigo alguno que pueda demostrar lo presuntamente incautado a su defendido, violentándose de esta forma el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que solicitó la nulidad del acta policial conforme a lo previsto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo solicitó conforme a lo establecido en el artículo 282 del texto adjetivo penal la practica de examen toxicológico a la persona de su defendido o que en su defecto se inste al representante del Ministerio Público para que practique el mismo.
Seguidamente, vista la exhibición que de lo incautado hiciera el Fiscal del Ministerio Público en el desarrollo de esta audiencia y, a los fines de dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, en decisión proferida en fecha cuatro (04) de Noviembre del año dos mil dos (2002), con ponencia del Magistrado ANTONIO J. GARCIA GARCIA, se procedió a verificar, acercándose al estrado, Fiscal del Ministerio Público, defensa e investigado, la cantidad, tipo de envoltura, así como cualquier otra circunstancia observable respecto de lo incautado, a fin de dejarse constancia de ello en Acta levantada a tales efectos, siendo que revisado su contenido y hechas las precisiones atinentes, las partes no hicieron objeción alguna a los datos plasmados en el Acta en cuestión, de la cual se hicieron tres ejemplares de un mismo tenor, dos de ellas que fueron entregadas al representante fiscal a los fines legales consiguientes, agregándose la restante a las actuaciones que conforman la investigación.

DECISION DEL TRIBUNAL
Oídas como fueron las exposiciones de las partes, este Tribunal de Primera Instancia en función de control, N° 6, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECIDE:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia una serie de derechos fundamentales cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, consagrando así en su artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Así, en el numeral 1 se establece como requisito sine qua non para arrestar o detener a una persona, el presupuesto de una orden judicial, esto es, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano jurisdiccional competente, previa acreditación de la concurrencia de los extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en los casos de flagrancia donde no se requiere tal orden judicial y la persona es presentada ante la autoridad judicial, quedando igualmente precisados en el artículo 248 del texto adjetivo penal patrio los supuestos por los cuales un delito ha de calificarse como flagrante. Por tanto, toda situación de detención o arresto practicada en contravención a lo preceptuado en la norma constitucional, es ilícita y se constituye en una arbitrariedad atentatoria de los principios fundamentales que rigen el sistema acusatorio en donde el juzgamiento en libertad es la regla y la prisión provisional la excepción.
Así pues, dado que no fue emitida orden por órgano jurisdiccional en los términos del artículo 250 del texto adjetivo penal vigente a los fines de practicarse la aprehensión del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, se impone determinar si las circunstancias por las cuales resultara aprehendido el mismo, permiten señalar que se está ante la presencia de un delito flagrante, por lo que debe esta Juzgadora, primeramente, atender al contenido del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, norma que reza:
“...Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. En estos casos cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión...”
Siendo que para la imposición de medidas cautelares es necesaria la concurrencia de los presupuestos esenciales de la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, además de contar con fundados elementos de convicción que permitan suponer que el imputado ha tenido participación en la perpetración del hecho delictivo; condiciones que en su conjunto, y aunado al peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, fundamentan el derecho del Estado a perseguir y solicitar la imposición de medidas de aseguramiento sobre el investigado (fumus boni iuris), y visto que la flagrancia, por su parte, tiene lugar cuando una o varias personas son sorprendidas en la comisión de un hecho con evidentes caracteres de delito, por tanto, se requiere para cualquiera de los dos supuestos de excepción al derecho a la libertad individual que autoriza la Carta Magna, la existencia de un hecho punible, y como quiera que en el caso objeto de análisis, revisadas como fueron las actuaciones cursantes a la investigación, se carece de suficientes elementos de convicción que acrediten la existencia de un tipo penal de los previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, además que no ha sido traído a la investigación resultado de experticia precisando que la sustancia incautada es estupefaciente o psicotrópica, así como su cantidad, al igual que otras experticias y diligencias que resultan pertinentes en el esclarecimiento de los hechos y consecuente búsqueda de la verdad a los fines de la aplicación de la justicia; considerando, así mismo que el titular de la acción penal no ha imputado hecho punible alguno a la persona del investigado. Así pues, las actuaciones cursantes a la investigación hasta la presente fecha, las cuales fueran debidamente revisadas y analizadas por este Tribunal carecen del sustento necesario a los fines de acreditar la existencia de un tipo penal, así como no se cuenta con diligencias de impretermitible práctica cuyas resultas permitirían, eventualmente, subsumir los hechos expuestos por la parte fiscal en un esquema de delito que pueda serle atribuido al imputado SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES como su autor responsable. ASÍ SE DECLARA.
En este mismo orden de ideas, atendiendo a la petición fiscal de ser acordada la libertad del supra mencionado ciudadano y visto que igualmente no se encuentra dado el extremo previsto en la norma constitucional a fin de legitimar una detención, esto es, la existencia de una orden judicial de privación de libertad; a tenor de la norma del artículo 250 del texto adjetivo penal vigente, con fundamento en los artículos 44 numeral 1 y 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, disposiciones que consagran uno de los principios rectores del debido proceso, cual es, la presunción de inocencia; y los artículos 9 y 243 del mismo texto adjetivo penal patrio, que recogen el estado y afirmación de libertad, todos estos principios fundamentales en materia de justicia penal contenidos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que por imperativo constitucional adquieren esta jerarquía y prevalecen en el orden interno, siendo de aplicación inmediata por los tribunales de la República; este Tribunal de Primera Instancia en función de control, No. 06, en estricta observancia a su ineludible obligación de asegurar la integridad de la norma suprema y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales se erige el derecho a la libertad, luego del derecho a la vida, como el más preciado y merecedor de todo respeto de los derechos inherentes a la persona, y atendiendo a las razones y normativa argüidas e invocadas por Fiscal del Ministerio Público y defensa, conjuntamente con el análisis de las actuaciones hasta ahora cursantes a la respectiva investigación, considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR LA INMEDIATA LIBERTAD del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, supra identificado, toda vez que no existe imputación por parte de la representación fiscal, quien además requirió la libertad del imputado a tenor de la norma del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE. Líbrese boleta de excarcelación correspondiente.
Y, en cuanto a la solicitud planteada por el representante del Ministerio Público respecto de la aplicación del procedimiento ordinario previsto en el cuerpo normativo procesal penal vigente, la cual fundara en la necesidad de investigación del hecho por él explanado y, en consecuencia, la práctica de diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión de un delito y la responsabilidad de su autor, entre otras, la experticia de la sustancia incautada; este Tribunal, teniendo por norte la finalidad del proceso de establecer la verdad de los hechos y la justicia en la aplicación del derecho, aunado a considerar que ciertamente deben practicarse diligencias cuyas resultas pudieran eventualmente conducir el hecho a un esquema de delito previsto en la Ley especial; de conformidad con el artículo 373, último aparte en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300, todos del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 257 de la Carta Magna, acuerda se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes a esta causa, en su oportunidad procesal legal, al Despacho de la Fiscalía presentante. Y ASÍ SE DECIDE.
Por último, ante la solicitud de la defensa de ser practicado examen toxicológico a la persona del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, este órgano jurisdiccional, atendidas las facultades que son atribuidas de manera expresa al representante de la Vindicta Pública y los derechos que asisten al imputado, muy especialmente la facultad contenida en el artículo 125 ordinal 5°, en relación con el artículo 305, ambos del instrumento adjetivo penal, aunado a la finalidad del proceso de establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y aplicar en justicia el derecho, insta al Fiscal del Ministerio Público actuante para que de conformidad con la disposición legal última referida considere el planteamiento que realiza la defensa del supra mencionado imputado. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en función de control, No. 06, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Acuerda la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373, último aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al contenido de los artículos 13, 280, 282 y 300 ejusdem, y 257 de la Carta Magna. En consecuencia, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Primera del Ministerio Público en su oportunidad procesal legal. SEGUNDO: Acuerda la LIBERTAD INMEDIATA Y SIN RESTRICCIÓN del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, venezolano, natural de Guaica, Estado Trujillo, fecha de nacimiento 01-11-1966, hijo de Maria Morales y Freilan Perdomo, titular de la cédula de identidad personal N° V-10.536.396, de 36 años de edad, profesión u oficio mecánico, laborando en el kilómetro 34, Paracotos, Estado Miranda, y domiciliado en el Kilómetro 34, casa número 27 de color azul, Paracotos, Estado Miranda; de conformidad con los artículos 44 numeral 1 y 49 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 8, 9, 243 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículo 7 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica”, disposiciones estas aplicables en observancia de los artículos 7, 19, 23 y 334 de la Carta Magna, en concordancia con el artículo 19 del texto adjetivo penal vigente. TERCERO: Se insta al Fiscal del Ministerio Público actuante para que de conformidad con lo establecido en el artículo 125 ordinal 5°, en relación con el artículo 305, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, considere el planteamiento que realiza la defensa del ciudadano SANTOS GREGORIO PERDOMO MORALES, a los fines de ser practicado examen toxicológico a la persona del supra mencionado imputado. Líbrese boleta de excarcelación.
Se declara CON LUGAR la solicitud fiscal.
Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión.
LA JUEZ,

YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO LA SECRETARIA

Abg. YULIMAR TORRES ACHAN
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, librándose boleta de excarcelación Nro. 151/2003
LA SECRETARIA

Abg. YULIMAR TORRES ACHAN
YRC/lila*
Causa No. 6C-20402/03