REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCION EXTENSION BARLOVENTO Guarenas 25 de julio de 2003 192° Y 143° Corresponde a este Tribunal hacer el pronunciamiento correspondiente en lo referente a la muerte del penado JOSE LUIS GALINDO AVILA, titular de la Cédula de Identidad No V- 11.489.027, Al efecto, quien suscribe hace las siguientes consideraciones: PUNTO PREVIO Se corrobora de la sentencia proferida por el extinto Juzgado Superior Tercero Accidental de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que el penado JOSE LUIS GALINDO AVILA, fue sentenciado a sufrir la sanción de DOCE (12) AÑOS, DIEZ (10) MESES CUATRO (04) DIAS Y DIECISEIS (16) HORAS DE PRESIDIO, por haber sido declarado culpable en la comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, tipificados en los artículos 460, y 175 ambos del Código Penal. En fecha 06 de noviembre de 2001, es recibida comunicación de la Penitenciaría general de Venezuela, mediante la cual remiten copia de la Partida de Defunción correspondiente al penado GALINDO AVILA JOSE LUIS, señalando que el mismo falleció en fecha 24-07-1999, a consecuencia de ANEMIA AGUDA POR HERIDA POR ARMA DE FUEGO.- Cursa igualmente al folio setenta y cinco de la tercera pieza, Informe que presenta El Jefe de Régimen de la Penitenciaría General de Venezuela, en relación a los hechos donde falleciera el penado GALINDO AVILA JOSE LUIS, quien recibió cuatro heridas por arma de fuego en el interior del penal en fecha 24 de julio de 1999.- DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER El Legislador ha contemplado una serie de de normas y preceptos legales aplicables a la competencia funcional de los Tribunales de la República y entre ellas, en materia penal se establecieron principios reguladores específicos en cuanto a la Jurisdicción y la materia, entre ellos cabe señalar los siguientes: El Título III del Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal señala la Jurisdicción ordinaria, al decirnos que corresponde a los Tribunales ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el Código Orgánico, Leyes Especiales, y en fin los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Venezolanos según el Código Penal, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la República. Es aún más específico Nuestro Legislador patrio, al señalar la competencia por la materia, y al efecto, en el Capítulo III del artículo 64 último aparte de la Norma Adjetiva Rectora señala, que es competencia del Tribunal de Ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas. El artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal establece el margen de competencia de los Jueces de Ejecución, y al efecto el mismo preceptúa entre otras cosas lo siguiente: “Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1.-Todo lo concerniente a la libertad del penado, las formulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2.- La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona.3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines entre otras medidas, dispondrá de las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control (…)” (Subrayado y resaltado nuestro) DE LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Nuestro Legislador previó la circunstancia del deceso de cualquier penado cumpliendo la sanción. Al respecto, cabe señalar el contenido del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente: Artículo 48: “Son causas de extinción de la acción penal: 1.- La muerte del imputado (…)” (Subrayado y resaltado del Decisor) No abunda en contenido sustentar lo anteriormente señalado, y así el artículo 103 del Código Penal Vigente establece: Artículo 103: “La muerte del procesado extingue la acción penal (…) La muerte del reo extingue también la pena, aún la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma. Pero no impide la confiscación de los objetos o instrumentos con que se cometió el delito ni el pago de las costas procesales que se harán efectivas contra los herederos (…)” (Subrayado y Resaltado Nuestro) Así las cosas, y a este tenor Nuestro Código Orgánico Procesal Penal prevé las causales de sobreseimiento de la causa en el artículo 318, por lo que también vale trascribirlo de la siguiente manera: Artículo 318: “Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando: 1. El hecho del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado (…) 2.El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad; (…) 3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada; (…) 4. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado; (…) Así lo establezca este Código (…)” (Resaltado y Subrayado del Tribunal) Como observamos la Ley estipula la situación de que en un proceso, o un penado fallezca, con las características propias a la extinción de la acción penal, que en el caso que nos ocupa es el cese de las consecuencias penales derivadas del delito, o mejor dicho de una sentencia definitivamente firme. De tales expresiones del legislador, subsumiéndolo en el caso concreto, el penado JOSE LUIS GALINDO AVILA, fue sentenciado e impuesto de una condena, donde la materialización o fin último del estado era la aplicación del coercitivo necesario para la reinserción efectiva del penado a la sociedad; sin embargo, dicho fin no se consiguió, ya que por razones independientes a la voluntad de cualquiera de los organismos de administra justicia se produjo la muerte de quien en vida respondiera a título de culpa de sus actos ilícitos. En este orden de ideas, la extinción de la acción, que en este caso es la penal trae consigo una serie de consecuencias propias a la potestad de imponer sanciones a cargo del estado, que deja hasta allí su persecución, ya que las acciones penales son personales, solo se castiga al individuo trasgresor de la norma, dejándose la autoridad de acudir en primer orden al pago de las costas del proceso a los herederos o coherederos a título universal. En este punto, y en referencia a que la pena solo sigue a la persona del trasgresor de la norma, es clara Nuestra Carta Magna al indicar en el artículo 44, numeral 3° que la pena o sanción no puede trascender a la persona del condenado, y esto por una razón lógica, ya que mal puede responsabilizarse a otro sujeto, o imponerle la continuidad de una condena, cuando éste por su condición de parentesco o afinidad se le vincula con el autor del hecho antijurídico, como si procedería en el orden civil, donde los herederos o coherederos a título universal adquieren todas las acciones derivadas. De tal manera que apreciada la muerte del penado este Tribunal pasa a decidir en consecuencia. El artículo 173 de Nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece los tipos de providencias proferidas por los órganos de la administración de justicia, al decirnos que los fallos del Tribunal serán emitidos mediante sentencias o autos fundados bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación. Acerca de esto, el mismo artículo instaura que se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer, tal y como sería el pronunciamiento que hoy se hace. Determinada y comprobada como fue la muerte del penado JOSE LUIS GALINDO AVILA, solo queda decretar el Sobreseimiento de la Causa seguida en contra de este penado y continuar la misma en relación al otro penado GALINDO AVILA FERNANDO ISMAEL, por Extinción de la Acción Penal, por muerte del penado JOSE LUIS GALINDO AVILA. Y ASI SE DECIDE. Dando acatamiento a lo contemplado en el artículo 342 de la Norma Orgánica que regula la materia, se procede en este sentido y por consiguiente se emite la presente providencia. DISPOSITIVA Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Ejecución DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA SEGUIDA AL PENADO JOSE LUIS GALINDO AVILA, titular de la Cédula de Identidad No V- 11.489.027, quien cumplía la pena DOCE (12) AÑOS, DIEZ (10) MESES, CUATRO (04) DIAS Y DIECISEIS (16) HORAS DE PRESIDIO, por haber sido declarado culpable en la comisión del delito de ROBO A MANO ARMADA Y PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD, tipificados en los artículos 460 y 175, del Código Penal, por haber operado LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR MUERTE DEL PENADO; y CONSECUENCIALMENTE PONE FIN A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA, en relación a este penado de conformidad con lo estatuido en el artículo 44, numeral 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 173, 48, numeral 1°, 318 numeral 3° y 319 todos del Código Orgánico Procesal , con relación al artículo 103 del Código Penal Vigente. En virtud de que esta Sentencia podrá adquirir el carácter de cosa juzgada, SE ORDENA: Notificar a las partes en el proceso, dejando transcurrir íntegramente el lapso establecido para que se pueda ejercer los recursos que establezca la ley. SE ORDENA: Oficiar al Ministerio del Interior y de Justicia (Dirección del Sistema Penitenciario, y División de Antecedentes Penales, a los fines legales consiguientes. Diarícese, Regístrese, Déjese copia. CUMPLASE. LA JUEZA PRIMERO DE EJECUCION DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P. LA SECRETARIA ABG. KARLA SANTIN En esta misma fecha se registró y notificó la anterior decisión. LA SECRETARIA ABG. KARLA SANTIN ACT. 1E 160/99