REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCIONES DE EJECUCION
EXTENSION BARLOVENTO

Guarenas 07 de julio de 2003
192° Y 143°

De la revisión de rigor se observa que el penado; OMAR JULIAN BERROTERAN, titular de la Cédula de Identidad Número 6.519.665, fue condenado a cumplir pena de presidio de OCHO (08) AÑOS, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407, del Código Penal, en sentencia proferida por el Tribunal Sexto de Primera Instancia del Código Penal, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

Igualmente se observa del cómputo de pena efectuado en fecha 09 de octubre de 1998; que el ciudadano; OMAR JULIAN BERROTERAN, fue detenido en fecha 24/07/96, encontrándose privado de su libertad, hasta la fecha en que fue practicado el cómputo, para un tiempo de detención de UN (01) AÑO, NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DIAS, en consecuencia para la fecha del cómputo practicado cumplía la pena que le había sido impuesta en fecha 24/12/2004, por aplicación del artículo 40 del Código Penal.

Cursa a las presentes actuaciones decisión de fecha 30 de diciembre de 1999, emanada del Juzgado Sexto de Ejecución del Área metropolitana de Caracas, mediante la cual se le redimió al penado un tiempo de pena de UN (01) AÑO, SIETE (07) MESES, CUATRO (04) DIAS Y DOCE (12) HORAS, que sumado al tiempo anterior en consecuencia cumplía la pena que le había sido impuesta en fecha 19/12/2002, concediéndole el beneficio de Libertad Condicional.

Cursa igualmente a la presente causa, actuaciones emanadas del a Coordinación Regional de Tratamiento o Institucional Región Capital, donde se deja constancia que el penado se mantiene estable en sus áreas, observándose receptivo y colaborador en su régimen de prueba.

Cursa igualmente a las presentes actuaciones, Informe de culminación emanado de La Coordinación Regional, donde dejan constancia que el penado cumplió con la medida de prelibertad de Libertad Condicional.

Si bien es cierto de las actuaciones que cursan a la presente causa no consta que al penado le fuera otorgado el beneficio de Confinamiento, no consta igualmente que estuviera sometido a otra sanción penal, en consecuencia se observa que el penado ya identificado, cumplió la pena que le fue impuesta. Ahora bien, se corrobora de la sentencia proferida en su oportunidad que al referido se le impuso igualmente de las penas accesorias a la sanción principal, tal y como son las referidas a la pena de presidio, contenidas en el artículo 13 del Código Penal. Como son la Inhabilitación política mientras dure la pena, la interdicción civil durante el tiempo de la pena y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por un tiempo DE UNA CUARTA (1/4) parte del tiempo de la condena terminada esta.

En este orden de ideas, se hace necesario emitir la providencia correspondiente tomando las siguientes consideraciones:

De lo antes descrito, se corrobora el cumplimiento de la sanción principal, con las características propias al cumplimiento de la pena, como sería la readquisición de los derechos suspendidos, como la inhabilitación política, el penado cumplió con las obligaciones inherentes a la pena que le fue impuesta, hay que señalar la gran satisfacción que siente el decisor, ya que se logró el fin último de la pena, que no es otra que la reinserción efectiva del condenado a la sociedad, el respecto a las instituciones del estado, al orden jurídico y el respeto a los demás. La Nación garante del estado de derecho y la seguridad de sus administrados, en este caso logró su propósito, al incluir a un sujeto que reconoció su autoría, en un hecho delictivo y su voluntad de ser un hombre para bien dentro de unos esquemas sociales permitidos; y sobre todo, se alcanzó adquirir el miedo al carácter punitivo de la sanción al trasgresor de la norma.
En este orden de ideas, el penado OMAR JULIAN BERROTERAN, además de la pena principal hoy expirada, fue condenado a las accesorias derivadas a la pena de presidio, establecidas en el artículo 13 del Código Penal Vigente, como la inhabilitación política, la interdicción civil y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte 1/4 del tiempo de la condena finalizada esta.
Como colorario de lo expuesto, es competencia atribuida a los Tribunales de Ejecución el pronunciamiento relativo a la extinción de la pena, vale decir, por cumplimiento de esta, por lo que no abunda en asunto el transcribir el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal que establece:

“Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1.-Todo lo concerniente a la libertad del penado, las formulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2.- La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona.3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines entre otras medidas, dispondrá de las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control (…)” (Subrayado y Resaltado del Tribunal)

La observancia efectiva de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena, presupone un total seguimiento y evolución del caso concreto, para poder el decisor pronunciarse sobre el cumplimiento de la sanción principal, e imponer de las accesorias de ley, o penas dependientes de la principal, ya que el sujeto que se encuentra en esta situación, sigue ante la justicia en condición de reo de delito, y mal se podría mantenérsele en este escenario, si sobre todo consumó con el estado su sentencia y en consecuencia su compromiso. El Juez de Ejecución es responsable de decretar el cumplimiento total de la pena, y en tal sentido diligenciar todo lo necesario para corroborarlo.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Ejecución, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Mandato de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento.

DECRETA

PRIMERO: El cumplimiento de la pena principal que le fue impuesta a los penados OMAR JULIAN BERROTERAN, titular de la Cédula de identidad Número 6.519.665 y las accesorias derivadas de esta, como lo son la inhabilitación política durante el tiempo de la condena, la interdicción civil durante el tiempo de la pena.

SEGUNDO: En relación a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad de conformidad a lo establecido en el artículo 13 numeral 3°, Por cuanto a la presente fecha aún el penado no ha sido citado a los fines de dar cumplimiento a esta pena accesoria, SE ACUERDA librar Boleta de Citación, a los fines de que el penado quede sujeto a la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad, por el lapso de DOS (02) AÑOS, que constituye una cuarta parte de la pena impuesta, el cual se iniciara a contar a partir de su primera presentación por ante la autoridad civil, a la cual sea asignada la vigilancia Y ASI SE DECIDE.

Diarícese, Regístrese y Notifíquese a las partes en el proceso.
Cítese con carácter de urgencia al penado, para imponerle de la presente decisión.
Ofíciese al Jefe del Departamento de Vigilancia y Ejecución de Sanciones Penales del Ministerio del Interior y de Justicia.
Ofíciese al Consejo Nacional Electoral.
Ofíciese al Director de Registro y Notarías
LA JUEZ PRIMERO DE EJECUCION

DRA. ELIADE M. ISTURIZ P.

LA SECRETARIA

ABG. KARLA SANTIN


ACT. 1E124/99