REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA

Los Teques, tres (03) de junio de 2003


192° y 143°

En el presente juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, seguido por la ciudadana LISBET DE LA TRINIDAD GARCIA, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.826.876 representada por la abogado BELQUIS MONTERREY GONZALEZ, inscrita en el inpreabogao bajo el Nº 32.745, contra INVERSIONES SAILUS & DAILUS S.R.L., inscrita ante el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 39, tomo 20-A GDO., de fecha 13 de julio de 1.993, cuyo objeto es el inmueble ubicado en el lugar denominado LAS GUAMAS, Municipio San Pedro de Los Altos Estado Miranda, identificado con el Nº L-11.-
En fecha 08/01/97 la presente acción es admitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial y sede, y en virtud de no haberse logrado la citación del demandado en fecha 31/03/97 se libró cartel de citación de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, transcurrido el lapso concedido a la parte demandada para darse por citada sin haberlo hecho, en fecha 07/10/97 fue designado defensor judicial de la parte demandada al abogado FRANCISCO DUARTE ARA QUE, a quien se libró boleta de notificación en fecha 04/11/97. Conforme consta en autos la Juez titular del mencionado tribunal se inhibió de seguir conociendo la presente causa, por lo cual el expediente es remitido a este tribunal. En fecha 29/11/01 el Juez Provisorio de este tribunal para esa fecha Dr. Freddy Alvarez Bernee, se avocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de las partes.-
En fecha 19 de mayo de 2003, el suscrito se avoca al conocimiento de la causa, por haber sido designado Juez titular por el Tribunal Supremo de Justicia. No hallando, quien suscribe la presente decisión, motivo alguno para que su competencia subjetiva se vea comprometida en este proceso, OBSERVA:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; y el artículo 269 eiusdem dispone:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”.
En las disposiciones antes transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde 04 de noviembre de 1.997, fecha en la cual fue librada la boleta de notificación al defensor judicial de la parte demandada abogado FRANCISCO DUARTE ARAQUE, quien aparece firmando al pie de la misma en esa misma fecha, hasta el día 18 de junio de 2001, fecha en la cual la abogado EMILIA DE LEON DE ANDREA, en su carácter de apoderada de la parte actora ciudadana LISBET DE LA TRINIDAD GARCIA, diligenció solicitando la continuación del juicio, no se ha realizado en el presente expediente algún acto de procedimiento capaz de interrumpir la perención, efectivamente la causa estuvo paralizada MÁS DE UN AÑO sin que las partes realizaran ningún acto de procedimiento, por lo que, en consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación del demandado o verificar cualquier otro acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención.
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. NOTIFÍQUESE la presente decisión. Publíquese y regístrese.
EL JUEZ

HUMBERTO J. ANGRISANO SILVA
LA SECRETARIA

ISABEL CRISTINA BLANCO CARMONA


HJAS/mbr
EXP Nº 17.847