REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSION BARLOVENTO, SECCION ADOLESCENTES GUATIRE TRIBUNAL DE JUICIO Nº 1 CAUSA: 1JU-66-03. JUEZ PRESIDENTE: ANA MILENA CHAVARRIA S. FISCAL: Dra. TERLIA CHARVAL Nº 18 del Ministerio Público. (encargada) VICTIMA: URBINA MOLINA DAVID ALEJANDRO. ACUSADO: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, titular de la Cédula de Identidad V-17.372.747, de nacionalidad venezolana, natural de Caucagua, nacido en fecha 01-04-86, de 17 años de edad, soltero, hijo de Mireida Quintana (v); y de Hermes Machado (v), de profesión u oficio comerciante, (laborando por su cuenta), residenciado en: Las Casitas del Cementerio, Casa s/n, color azul, Mamporal, Municipio Eulalia Buróz. DEFENSA PUBLICA: Dra. CAROLINA PARRA. SECRETARIA: Dra. ELENA VICTORIA PRADO. CAPITULO I IMPUTACION FISCAL La Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial (encargada), presentó en su oportunidad correspondiente escrito acusatorio en contra del adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, en virtud que en fecha 11 de abril de 2003, siendo aproximadamente la 1:00 horas de la tarde, funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía Municipal Eulalia Buroz, aprehendieron al referido adolescente, luego que un ciudadano quien quedo identificado como Emilio Bencomo, les informara que el adolescente en mención se encontraba despojando de sus pertenencias a un estudiante de nombre DAVID URBINA, de 14 años de edad, portando arma de fuego y bajo amenaza de muerte, en la Calle Eulalia Buróz, diagonal a la Calle el Río, los funcionarios rápidamente se trasladan al lugar, y avistan al adolescente Machado Quintana Albert Gabriel, quien al ver la comisión policial emprende veloz huída, logrando capturarlo, al realizarle la inspección se le localizó en el bolsillo del lado derecho del short playero, un arma de fuego y una cadena de color amarillo con dos dijes. Posteriormente es trasladado a la sede policial. Por los hechos antes narrados el Ministerio Público lo acuso por la comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 460 y 278 ambos del Código Penal, requiriendo sea condenado a cumplir la sanción de tres (3) años de Privación de Libertad; absteniéndose de señalar figura alternativa por cuanto no existen dudas en la comisión de los delitos. CAPITULO II DE LOS HECHOS Se le atribuye al adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL; la comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 460 y 278 ambos del Código Penal, en virtud de la acusación interpuesta por el Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, en perjuicio del adolescente: URBINA MOLINA DAVID ALEJANDRO, por los hechos expuestos por el Ministerio Público. En fecha 13-04-03, se llevó a cabo el acto de la AUDIENCIA DE PRESENTACION, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en donde fue declarada la calificación de flagrancia, ordenándose la realización del Juicio Oral y Privado, en atención a los hechos por los cuales fue presentado el adolescente supra mencionado, siendo remitida posteriormente la causa a este Tribunal de Juicio. Recibida como fue la presente causa se acordó darle el tramite correspondiente a los fines de la constitución del Tribunal para la posterior realización del Juicio Oral y Privado, tal y como lo establecen los artículos 545 y 546 ambos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Una vez constituido el Tribunal en Función de Juicio, y siendo el día y hora fijado para que tuviera lugar la celebración del Juicio Oral y Privado, se le concedió la palabra a la Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público (encargada) quien acusó al adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL; por la comisión de los delitos de: ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 460 y 278 ambos del Código Penal, solicitando su enjuiciamiento y consecuente sanción. Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la defensa pública penal del referido adolescente, Dra. CAROLINA PARRA, manifestando que una vez oída la exposición del Representante de la Vindicta Pública, requería se le concediera la palabra a su defendido quien le había manifestado su decisión de admitir los hechos. Acto seguido toma la palabra la Juez Presidente, y expone visto el escrito acusatorio, presentado por la Fiscal del Ministerio Público, se admite en su totalidad conforme a derecho por cuanto el mismo reúne los requisitos exigidos en el artículo 570 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, admitiendo como calificación jurídica los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en los artículo 460 y 278 ambos del Código Penal. Se admiten totalmente los medios de prueba ofrecidos, por cuanto fueron obtenidos en forma idónea, ser legales, lícitos, y por ser pertinentes y necesarios para la realización del Juicio Oral y Reservado. En tal sentido la Juez Presidente procedió a imponer al acusado del precepto constitucional contenido en el artículo 49, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los derechos y garantías previstos en los artículos 538 al 549, y 594 todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, y del carácter educativo del presente juicio. Así mismo se le impuso de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, como lo es el procedimiento especial por admisión de los hechos, previsto en el artículo 583, de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, explicándole de seguidas lo que consistía el procedimiento especial por admisión de los hechos contenido en el artículo 583 eiusdem, manifestando el adolescente su libre deseo de ADMITIR LOS HECHOS que le son imputados por el Ministerio Público y requiriendo la imposición inmediata de la sanción correspondiente. PROCEDIMIENTO POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS El procedimiento especial por Admisión de los Hechos, es una Institución por la cual el imputado solicita la imposición inmediata de la sanción, figura que se encuentra regulada en el Capítulo II, Sección Tercera – artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente - de la Institución por Admisión de Los Hechos, en el mismo el legislador no hace distinción sobre los delitos, por lo que el procedimiento es aplicable a todos los delitos, pero si hace distingo en la rebaja de la sanción aplicable al delito que va desde un tercio a la mitad de la sanción que haya debido imponerse en los casos en los que proceda la privación de libertad, es decir, la sanción en concreto, ya que debe atenderse a todas las pautas para la determinación y aplicación de la misma, además de la obligación de tomar en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado. Cabe señalar que la institución de la Admisión de los Hechos supone que los hechos por los cuales se acusa, sean aceptados por el imputado en las condiciones como fue planteada la acusación por el Ministerio Público o la víctima en su querella, y es deber del Juez advertirle que de admitir la acusación, será por el delito planteado, y que su manifestación debe ser total y no relativa, clara, sin apremio ni coacción alguna, a los fines de que sea impuesta la sanción de manera inmediata de acuerdo a los hechos por los cuales se le acusa, como lo fue en el caso de autos. CAPITULO III FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO El artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, establece que admitidos los hechos objeto de la acusación, el acusado podrá solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la sanción. Y en el presente caso la Juez Presidente una vez analizada la solicitud observó que efectivamente es procedente tal admisión, realizada por el adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, quien había reconocido haber cometido los hechos que el Ministerio Público le imputó, y solicitaba la imposición inmediata de la sanción. El procedimiento de Admisión de Los Hechos, exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que el acusado en la Audiencia Oral admita los hechos históricos imputados por el Fiscal del Ministerio Público en forma personal y voluntaria, estando sin juramento alguno y libre de toda prisión, coacción y apremio solicitando la imposición inmediata de la sanción ante el Juzgado de la Causa.- 2.-Que la oportunidad del pedimento, sea previa acusación presentada por la Vindicta Pública. 3.- Que éste plenamente demostrada la responsabilidad del acusado. 4.-Que éste plenamente demostrada la materialidad de los hechos objeto de juicio. De modo tal, que cumplidas como han sido todas las formalidades de procedencia en cuanto al procedimiento por admisión de los hechos solicitado, este Juzgado procede a imponer la sanción mediante sentencia en el presente caso por mandato expreso de lo establecido en el artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, en los siguientes términos: CAPITULO IV SANCION El artículo 620 eiusdem, prevé el tipo de sanción a imponer por el Tribunal, el artículo 622 ibídem, establece y fija las pautas para la determinación y aplicación de la misma, debiendo tenerse que la sanción tiene como finalidad preventiva especial una conducta futura socialmente proactiva. Así tenemos que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado; b) La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo; c) La naturaleza y gravedad de los hechos; d) El grado de responsabilidad del adolescente; e) La proporcionalidad e idoneidad de la medida; f) La edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida; g) Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños; h) Los resultados de los informes clínico y sico-social; De modo tal, es evidente que está plenamente demostrado en las actas que conforman la presente causa, que se realizó un acto delictivo como lo fue los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en los artículos 460 y 278 ambos del Código Penal, el cual generó un daño a la víctima de la causa. Así mismo quedó comprobado que el adolescente fue participe en el hecho delictivo. En relación a la naturaleza y gravedad de los hechos; es innegable que estamos en presencia de un delito grave, cuya protección resulta indispensable y necesaria para una vida armónica en sociedad, como lo es el derecho a la propiedad y a la vida, entre otros. Demostrado como fue el grado de responsabilidad del adolescente, pues la conducta desplegada por el mismo fue contraria a la norma, lo cual lo hace responsable de su comportamiento, toda vez, que el hecho es punible, y al haber sido declarado responsable el mismo está obligado a cumplir con la sanción que se le ha de imponer. En cuanto a la proporcionalidad e idoneidad de la medida, es de observar que el legislador patrio, consideró que algunos delitos fueren merecedores de privación de libertad, en virtud de la gravedad de los hechos realizados por el adolescente, y otros no, pues previó que tales delitos debían ser sancionados de otra forma, a los fines de contribuir con su desarrollo en sociedad, en cuyo caso se hace necesario imponer una sanción en proporción al hecho y sus consecuencias, como en efecto se hace, teniéndose como norte que la medida tiene una finalidad primordialmente educativa, toda vez, que la misma coadyuvará a su desarrollo integral, lo que le permitirá la modificación de su comportamiento y la comprensión del delito cometido y del daño social producido por el mismo, lo cual le ayudará a integrarse a la sociedad. En función a la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida; es de considerar que el mismo se encuentra en el segundo grupo etario, por cuanto cuentan con 17 años de edad, es decir, están en plena capacidad como para cumplir con la medida que se le ha de imponer, tiene plena conciencia de entender sus actos y rectificar sobre los mismos. En relación a los esfuerzos del adolescente por reparar los daños; en el curso del proceso el mismos se mostró arrepentido por su conducta, manifestando la intención de modificarla. En relación a los resultados de los informes psiquiátricos; los mismos indican que el adolescente está orientado en tiempo, espacio y persona. Ahora bien, demostrada la lesividad ocasionada por parte del adolescente, como resultado de su comportamiento, lo procedente y ajustado a derecho es imponerle al adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, a cumplir la SANCION de PRIVACIÓN DE LIBERTAD por el lapso de DOS (02) AÑOS, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 460 del Código Penal, en perjuicio del adolescente URBINA MOLINA DAVID ALEJANDRO. Y una vez terminada ésta deberá cumplir la SANCION DE SEIS (06) MESES DE LIBERTAD ASISTIDA, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 eiusdem, en perjuicio de la colectividad, delitos que les fueran imputados por el Representante del Ministerio Público. Para lo cual deberá someterse a la supervisión, asistencia, y orientación de una persona capacitada designada por el Juez de Ejecución correspondiente. Y ASI SE DECLARA. Ahora bien, por cuanto el mencionado acusado, ADMITIO LOS HECHOS, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 583 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, el tipo delictivo por el cual presentara acusación el representante del Ministerio Público, como lo es el delito de ROBO AGRAVADO, y teniendo en consideración las pautas del artículo 622 eiusdem, es por lo que se rebaja de la sanción en concreto un tercio, resultando la misma en UN (01) AÑO y CUATRO (04) MESES, siendo ésta la sanción que en definitiva habrá de cumplir el acusado: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, en el establecimiento que designe el Juez de Ejecución. Y ASÍ SE DECIDE. CAPITULO V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Unipersonal de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guatire, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y conforme a lo previsto en el artículo 603 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA al adolescente: MACHADO QUINTANA ALBERT GABRIEL, titular de la Cédula de Identidad V-17.372.747, de nacionalidad venezolana, natural de Caucagua, nacido en fecha 01-04-86, de 17 años de edad, soltero, hijo de Mireida Quintana (v); y de Hermes Machado (v), de profesión u oficio comerciante, (laborando por su cuenta), residenciado en: Las Casitas del Cementerio, Casa s/n, color azul, Mamporal, Municipio Eulalia Buroz; a cumplir la SANCION DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por el lapso de UN (01) AÑO y CUATRO (04) MESES, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 460 del Código Penal; en perjuicio del adolescente URBINA MOLINA DAVID ALEJANDRO, sanción que ha de cumplir en el centro que designe el Juez de Ejecución, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 620 Literal “f”, en relación con el artículo 622 y 628 Parágrafo Segundo, Literal a), todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Y una vez terminada ésta deberá cumplir la SANCION DE SEIS (06) MESES DE LIBERTAD ASISTIDA, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto en el artículo 278 del Código Penal, en perjuicio de la colectividad, delitos que les fueran imputados por el Representante del Ministerio Público en la oportunidad correspondiente, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 620 Literal “d”, en relación con el artículo 622 y 626, todos de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Para lo cual deberá someterse a la supervisión, asistencia, y orientación de una persona capacitada designada por el Juez de Ejecución correspondiente. SEGUNDO: Las partes quedan debidamente notificadas de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente sentencia. Dada, sellada, firmada y refrendada en la Sede del Tribunal Unipersonal de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guatire, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil tres (2003). Años 193° de la Independencia y 144° de la Federación. LA JUEZ PRESIDENTE, ANA MILENA CHAVARRIA S. LA SECRETARIA, ELENA VICTORIA PRADO. En la misma fecha, conforme a lo ordenado, siendo la una y veinte (1:20) horas de la tarde, se publicó y registró la anterior Sentencia. LA SECRETARIA, ELENA VICTORIA PRADO. AMCH/EVP.- CAUSA: 1JU-66-03.