CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, SECCIÓN ADOLESCENTES EXTENSIÓN BARLOVENTO GUATIRE JUZGADO DE CONTROL No. 1 Guatire, 06 de Noviembre de 2003 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA. REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCAL DÉCIMO OCTAVO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN ADOLESCENTES. DEFENSOR: DRES. EDGAR JOSÈ PERDOMO DELGADO Y KAREL EMPERATRIZ MARTINEZ MONTAÑA defensores de confianza del adolescentes. LOS HECHOS En fecha 14 de febrero de 2002 La fiscalìa Quinta del Ministerio Pùblico iniciò averiguación por notificación policial con motivo de la presunta comisiòn de uno de los delitos contemplados en la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotròpicas donde se viò involucrado el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, quien fue aprehendido por funcionarios adscritos al cuerpo policial del Estado Miranda Regiòn No. 6 en fecha 14 de febrero de 2002 siendo aproximadamente las doce y cincuenta horas de la mañana en la entrada principal de las Barrancas, cuando avistaron al adolescente quien al notar la presencia policial tratò de evadir la comisiòn y a practicarle la inspección corporal le fue incautado en la mano derecha un fragmento de sustancia sòlida de presunta droga, asì como tambièn en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón que vestìa para ese momento se localizò restos de semilla y vegetales. En fecha 14 de febrero de 2002, la fiscal quinta del Ministerio Pùblico puso a la orden y disposición de este tribunal al referido adolescente precalificando los hechos como POSESIÒN ILÌCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS prevista en el artìculo 36 de la Ley Orgànica Sobre Sustancias Estupefacientes y psicotròpicas. En esa misma fecha el juzgado admitiò la precalificación jurìdica esgrimida por el Ministrio Pùblico e impuso al joven las medidas cautelares contenidas en los literales B y C del artìculo 582 de la Ley Orgànica Para la Protecciòn del Niño y del adolescente. En fecha 31 de octubre de 2003 el representante del Ministerio Pùblico consignò sendo escrito de sobreseimiento definitivo a favor del adolescente argumentando que en las actas procesales solo consta el acta policial y la experticia de la droga no fue posible recavarla y que estos son elementos insuficientes para el enjuiciamiento del adolescente imputado, pues ni siquiera se pudo determinar que efectivamente estuvièramos en presencia de una sustancia prohibida por la Ley. Considera la representación fiscal que las actas policiales no aportan bases para solicitar el enjuiciamiento del adolescente, pues no hay testigos en el presente procedimiento ni tampoco existe otra prueba que vincule al adolescente con el hecho punible, faltando asì una condiciòn necesaria para imponer la sanciòn correspondiente tal y como se desprende del artìculo 561 literal D concatenado con el artìculo 318 ordinal cuarto del Còdigo Orgànico Procesal Penal. EL DERECHO Dispone el artículo 561, en su literal “D” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE: “Finalizada la investigación, el Fiscal del Ministerio Público deberá: D) SOLICITAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO SI RESULTA EVIDENTE LA FALTA DE UNA CONDICIÒN NECESARIA PARA IMPONER LA SANCIÒN” Establece el legislador patrio, que cuando FINALIZADA LA INVESTIGACIÒN, el Fiscal del Ministerio Pùbicò Deberà solicitar el sobreseimiento si falta una condiciòn para imponer una sanciòn, es decir, si falta alguno de los elementos por los cuales no es posible exigir responsabilidad penal a un joven, tales serìan los supuestos, como carecer de hecho punible, no poder atribuir el mismo al adolescente, la falta de imputaciòn objetiva o de relaciòn de causalidad entre el hecho punible y el sujeto entre otros. La representación fiscal como titular de la acciòn penal y representante del Estado Venezolano, està obligado a ejercer la acciòn penal y debe investigar como parte de buena fe, tanto los elementos que inculpen al adolescente como los elementos que lo exculpen de los mismos. La búsqueda de la verdad consagrada en el artìculo 13 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, es uno de los principios rectores en nuestra materia penal, es decir que la fiscalìa tiene que investigar todos los hechos punibles a objeto de establecer la responsabilidad penal de los mismos y la reparaciòn social del daño causado. Dispone igualmente el artìculo 318 del Còdigo Orgànico Procesal Penal: “ El sobreseimiento procede cuando: “…1.- El hecho objeto del proceso no se realizò o no pueda atribuìrsele al imputado…” En el caso en estudio, se procede a un análisis exhaustivo de las Actas Procesales y de las mismas se evidencia que sòlo se cuenta con el acta policial de aprehensiòn del adolescente. No existe prueba plena que indique la responsabilidad del adolescente en los hechos narrados, no hay una prueba contundente que desvirtue la presunciòn de inocencia que asiste a los adolescentes por imperativo Constitucional. Para que exista responsabilidad penal de un adolescente, es menester en primer lugar, UN HECHO TÌPICO, ANTIJURÌDICO Y DAÑOSO que le pueda ser atribuido al joven en cualquiera de sus modalidades, como autor, coautor, partìcipe, o copartìcipe. En el caso en estudio se ha evidenciado que no puede serle atribuida responsabilidad a los adolescente por carecer de elementos de convicción la fiscalìa que asì lo demuestre y por lo tanto debe prevalecer el principio de Presunciòn de Inocencia pues siendo el Estado quien debe desvirtuar la misma, no lo ha conseguido en este caso, pues no tiene pruebas plenas de que efectivamente el adolescente fue autor o partìcipe del delito de Posesión Ilìcita de Sustancias Estupefacientes y Psicotròpicas, al ni siquiera poderse determinar que efectivamente estuvièramos en presencia de una sustancia estupefaciente o psicotròpica. Es imperante para este tribunal al no existir la IMPUTACIÒN OBJETIVA o relaciòn de causalidad entre el presunto hecho punible cometido y el sujeto, SOBRESEER la causa tal y como lo ha solicitado la representación fiscal en la modalidad que establece nuestra legislación especial de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por no haber podido imputàrsele al adolescente el hecho punible que en sus inicios señalò la representación fiscal. Asì se decide.- DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho que han quedado explanados es por lo que este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL ACTUANDO EN NOMBRE DE LA REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECRETA: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la presente causa seguida al adolescente, IDENTIDAD OMITIDA de conformidad con lo previsto en el literal “D” del artículo 561 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE en concordancia con lo previsto en el ordinal primero del artìculo 318 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, por la presunta comisiòn del delito de POSESIÒN ILÌCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS previsto en el artìculo 36 de la Ley Orgànica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotròpicas Penal. A partir de la presente fecah, Cesa la medida cautelar impuesta en los literales B y C del artìculo 582 de la Ley Orgànica Para la Protecciòn del Niño y del Adolescente y queda el adolescente IDENTIDAD OMITIDA EN LIBERTAD PLENA. Notifìquese a las partes. Lìbrese boleta de notificación. Regìstrese, publìquese y diarìcese.- Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala del Juzgado Primero de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, extensión Barlovento, secciòn Adolescentes con sede en Guartire a los seis (06) dìas del mes de noviembre del año dos mil tres (2003). 193ª y 144ª LA JUEZ DE CONTROL NO. 1 DRA. MARÍA TERESA SÁNCHEZ ORELL EL SECRETARIO, Abg MARCO ANTONIO GARCÍA En esta misma fecha se diò cumplimiento a lo ordenado en autos.- EL SECRETARIO, MARCO ANTONIO GARCÌA ACT N° 1C 165-02 MTSO/Mtso