TSJ Regiones - Decisión

Vista la solicitud formulada por la Dr. MIGUEL FERRER, en su carácter de Defensor del imputado JOSE DIAZ HIDALGO, de revisión de la Medida Privativa de Libertad contenida en el artículo 250. del Código Orgánico Procesal Penal, impuesta por éste Tribunal en fecha 17 DE MAYO DEL AÑO 2002, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 460 Y 278 del Código Penal, y a los fines de resolver sobre tal solicitud, este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:

La defensa fundamenta su solicitud en virtud de que hasta la presente fecha ha sido imposible realizar la audiencia preliminar y que dicha detención se ha constituido en ilegitima.

Ahora bien, las Medidas de Coerción personal obedecen a la regla REBUS SIC STANTIBUS, es decir:

“Las providencias Cautelares quedan sometidas a los cambios y modificaciones que presenten las condiciones que haya determinado su imposición. En virtud de ello se ha sostenido que la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron”.

En el presente caso se mantienen las condiciones que se tomaron en cuenta para decretar la Medida Cautelar Sustitutiva consagrada en el artículo 256 Ordinal 8vo. eiusdem, se mantienen, es decir que no han variado, por lo tanto, se debe mantener tal medida cautelar sustitutiva al imputado.

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud hecha por el Dr. MIGUEL FERRER, manteniéndose en consecuencia la Medida Privativa de Libertad contenida en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que fuera impuesta a dicho imputado en la oportunidad de la respectiva.

Notifíquese a las partes Cúmplase.

El Juez

ADRIAN DARIO GARCIA GUERRERO

El Secretario

ABG. FRANCISCO RUIZ