EXP: 00-4141 Parte Demandante: Ciudadano JOSÉ ANTONIO CAMERO MONAGAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-2.743.207, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 12.015. Parte Demandada: Ciudadano WILMER ADÁN TOVAR NEGRIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-6.440.270. Motivo: INTIMACIÓN DE HONORARIOS Conoce este órgano jurisdiccional del recurso de apelación interpuesto por el abogado José Antonio Camero Monagas, quien actúa en su propio nombre, contra el auto dictado en fecha 14 de agosto de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. El auto recurrido en apelación declara: “Visto el contenido de la anterior demanda de cobro de honorarios Profesionales incoada por el abogado JOSÉ ANTONIO CAMERO MONAGAS, de este domicilio e inscrito en el INPREABOGADO con el N° 12.015, contra el ciudadano WILMER ADÁN TOVAR NEGRÍN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No.V-6.440.270. Observa el Tribunal que el artículo 22 de la Ley de Abogados consagra el derecho del abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, la misma Ley pauta distintos procedimientos para el reclamo de dichos honorarios, según sean judiciales o extrajudiciales, es decir, para el cobro de los gastos causados extrajudicialmente, los honorarios serán demandados por la vía del juicio breve (contestación de demanda, lapso probatorio y la sentencia de mérito) y el cobro de los honorarios judiciales serán reclamados mediante una incidencia de diez (10) días de despacho, y en cualquie (Sic) cvaso (Sic) este cobro judicial de honorarios deberá ser efectuado en el mismo expediente del juicio donde consten los trabajos judiciales, por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley y a tenor del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, declara INADMISIBLE la demanda incoada por el abogado JOSE ANTONIO CAMERO MONAGAS contra el ciudadano WILMER ADÁN TOVAR NEGRIN. Ambos identificados en esta decisión. Recurrido en apelación el auto dictado, fue oído el recurso interpuesto libremente, en consecuencia fueron remitidas las actas originales a este Juzgado Superior, por lo que de conformidad a lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, se fijó oportunidad para la presentación de los informes. Siendo la oportunidad para decidir, esta juzgadora realiza las siguientes consideraciones: M O T I V A Este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección de Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en ejercicio de su potestad sentenciadora, la cual conlleva al estudio tanto de los alegatos expuestos por el recurrente, así como de la sentencia impugnada, al realizar el pertinente análisis en el sub judice, observa: Fundamenta su apelación el abogado actor recurrente, en los siguientes términos: • Que sus actuaciones profesionales realizadas en el juicio dieron como resultado que la sentencia se encuentra definitivamente firme, y se declaró como reconocido el documento que fundamentó la acción. • De las copias certificadas del expediente, que cursan en autos se desprende que no fue un procedimiento simple de reconocimiento, el mismo se torno contencioso en todas sus fases, por los artificios y recursos interpuestos por la parte demandada WILMER NEGRIN, al extremo que negó su propia firma para pretender burlar la acción, siendo necesario recurrir a expertos para apoyar el alegato de su asistido y desvirtuar de esa manera la temeraria conducta de la parte demandada. • Después de varios meses en espera para que la demanda por Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales fuera admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, la misma no fue aceptada conforme al auto que niega el ingreso de la causa. • La negativa de la admisión fue sustentada por el ciudadano Juez de la causa, en el contenido del artículo 22 de la Ley de Abogados sin mayores razonamientos o justificación. • El cobro judicial de honorarios profesionales de abogados una vez concluido el juicio donde se originan los mismos, es autónomo y ejecutivo toda vez, que existe un título que así lo sustenta, dicho título emana de las actuaciones profesionales del abogado en el juicio, sea en calidad de apoderado o de asistente y, que en el presente caso concluye con un dictamen positivo. Analizada como ha sido la situación de autos, esta Juzgadora observa que en el presente caso la estimación e intimación de Honorarios, nace en virtud de las actuaciones judiciales que dice el accionante haber realizado, como abogado asistente del ciudadano Pedro Luís Tovar Negrín, en el juicio que incoará por Reconocimiento de Documento contra el ciudadano Wilmer Adán Tovar Negrin, ante el Juzgado del Distrito Urdaneta del estado Miranda, representación que concluyó con la sentencia condenatoria para el demandado en Segunda Instancia, por lo que intima al ciudadano WILMER ADÁN TOVAR NEGRIN, para que le pague sus honorarios profesionales, fundamentado su acción en el artículo 22 de la Ley de Abogado y el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Precisado lo anterior, imperioso es señalar: La Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 13 de marzo de 2003, estableció: “…la doctrina de la Sala ha sido reiterada, en sentencia de fecha 13 de abril de 2000, juicio María Compagnone y otra contra Iral, S.R.L., expediente N° 00-056, sentencia N° 79, en la cual dispuso: “...En el procedimiento por cobro de honorarios profesionales, se encuentran claramente definidas dos (2) etapas: la declarativa, en la cual el sentenciador sólo determina la procedencia o no del derecho de los abogados a cobrar los honorarios reclamados; y la ejecutiva, que comienza con la sentencia definitivamente firme que declara procedente el derecho a cobrar los honorarios y concluye con la determinación del quantum de dichos honorarios. Es la etapa de retasa. Ha sido doctrina pacífica y reiterada de este Supremo Tribunal (Sent. S.C.C. N° 3 de 15 de enero de 1998; S.C.C. N° 155 de 20 de mayo de 1998; S.P.A. N° 293 de 26 de mayo de 1998; S.C.C. N° 315 de 24 de septiembre de 1998; S.C.C. N° 813 de 22 de octubre de 1998, entre otras), que en la primera etapa, es decir, la declarativa, la parte perdidosa tiene derecho a que le sea revisada la decisión que le ha resultado adversa, no sólo por el tribunal de alzada sino incluso por el Tribunal Supremo de Justicia, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley...”. Así como también en decisión Nº 67, del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, de fecha 5-4-01, caso Ada Bonnie Fuenmayor Viana, contra el Banco República C.A., expediente Nº 00-081, indicó: “...Como lo señala el formalizante, y lo sostiene esta Sala en su doctrina, la segunda fase o fase ejecutiva comienza a partir de la sentencia declarativa del derecho a cobrar los honorarios o a partir del momento en que la intimada se acoge al derecho de retasa. En este último supuesto, efectivamente no se haría necesario esperar un pronunciamiento sobre el derecho que pudiera existir en el abogado intimante, ya que el mismo estaría siendo reconocido, de manera voluntaria, por quien estaría obligado. La retasa, como lo señala Arístides Rengel Romberg, en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano" volumen II, editorial Arte, segunda edición, Caracas 1992, pág 515, es la impugnación de la estimación de honorarios que hace la parte intimada por considerar a los honorarios exagerados. Lo que indica que, con la retasa se pretende impugnar el quantum, pero no el derecho en sí de cobrar los honorarios profesionales. Por tanto, si el ejercicio del derecho de acogerse a retasa se practica, conforme al artículo 25 de la Ley de Abogados, dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago, se estaría reconociendo que existe el derecho del cobro de los honorarios intimados, mas no la conformidad con la cantidad de los mismos. Y por éllo, en estos casos, lo procedente, conforme a los artículos 22 y 25 de la Ley de Abogados es dar por terminada la fase declarativa, sin entrar a resolver sobre la intimación en si, por existir, por parte del intimado, la aceptación del derecho de su contraria, y comenzar la fase ejecutiva, mediante el decreto pertinente y el nombramiento de los retasadores....” En lo que respecta a la oportunidad de la estimación de los honorarios profesionales de abogados el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, establece: “En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados”.(Resaltado de la Sala) Del artículo trascrito se desprende que, en cualquier estado del juicio podrá el abogado estimar sus honorarios y exigir su pago. Cabe diferenciar en este punto lo que ha de entenderse por estado del proceso, por una parte y, por la otra, lo que debe entenderse por grado, dentro de un procedimiento judicial. Dado el principio del doble grado o instancia estipulado en nuestro ordenamiento jurídico, el estado deviene especificado por el iter procesal que se desarrolla en una de las instancias referido al momento procesal en el cual se encuentra, desde el libelo de demanda admitido hasta la ejecución de sentencia y, el grado, es determinado por la posibilidad de revisión que tiene el tribunal de alzada con respecto a las decisiones adoptadas por el juez de la cognición. Esto significa que el estado del proceso se inicia desde el momento de la admisión de la demanda y culmina con la sentencia y consecuencialmente su ejecución. Dentro de estas actuaciones podrá el abogado estimar sus honorarios profesionales y exigir su pago; pero, si la controversia ha sido remitida a un Tribunal Superior, es decir, uno de grado jerárquico superior, entonces no pueden ser estimados allí los honorarios causados por actuaciones realizadas ante la primera instancia directamente, ya que si esto hubiese sido la intención del legislador, éste habría dispuesto como encabezado del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, expresamente que, “En cualquier estado y grado del juicio”, con lo cual los abogados podrían estimar y exigir el pago de sus honorarios profesionales, tanto en primera instancia como en la alzada, por su actividad profesional realizada en aquélla; pero, como la norma no lo establece, el interprete no puede hacerlo en apego al aforismo “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, donde la ley no distingue, no debe distinguirse y “Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”, cuando la ley quiere, lo dice; cuando no quiere, calla, de otro modo consecuencialmente, se le estaría atribuyendo un sentido diferente al que aparece del significado propio de las palabras, ya que ello, no se desprende de las utilizadas por el legislador, por una parte y por la otra, se les estaría violando a las partes, el derecho a la defensa, al no permitírsele la revisión de la causa cercenándoles una instancia. En ese sentido oportuno es reiterar el criterio actual de la Sala, establecido en sentencia Nº 359 de fecha 30 de julio de 2002, expediente Nº 00-290, en el juicio de Carmen Elena Villarroel contra Banunión N.V., cuyo tenor es el siguiente: “...Como se señaló anteriormente, el Juzgado Superior que sustanció y decidió el presente procedimiento, lo hizo en única instancia, lo que implica que a las partes se les ha negado su derecho a apelar de la sentencia definitiva, limitándoseles el ejercicio de los recursos al extraordinario de casación. Por tanto, por una conducta imputable al Juez, se han limitado los derechos y recursos que la ley concede a las partes, lo que, según reiterada jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, constituye uno de los supuestos típicos de indefensión. Por otra parte, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil contempla la posibilidad de que el abogado proponga su reclamación por honorarios profesionales por actuaciones judiciales en cualquier estado y grado de la causa, lo que significa que el abogado no debe aguardar a que finalice el proceso judicial en el que ha prestado sus servicios para hacer efectivo el pago de los honorarios profesionales causados por sus actuaciones en el mismo. Esa disposición es consecuencia de lo que para el abogado representan sus honorarios profesionales y el derecho que a ellos tiene en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Abogados. Así, el referido artículo 167 del Código de Procedimiento Civil no puede interpretarse en el sentido de que, la reclamación que haga el abogado se tramitará y decidirá en una o dos instancias, dependiendo que el juicio principal en el que aquél ha prestado sus servicios, se encuentre en el primero o en el segundo grado de jurisdicción. Por tanto, a los fines de mantener incólume el derecho de las partes al doble grado de jurisdicción en el juicio que se suscita con ocasión de la reclamación que haga el abogado a su cliente por actuaciones judiciales, y ésta se proponga cuando el juicio principal se encuentre en segunda instancia, el respectivo juzgado deberá limitarse a desglosar el escrito contentivo de tal reclamación, formar el respectivo cuaderno y remitirlo al juzgado que hubiere conocido de la causa principal en primera instancia a los fines de su sustanciación y decisión, siendo carga de las partes acreditar en el mismo las pruebas en que basen sus respectivas posiciones procesales. En el presente caso, como se ha dejado establecido , el Juzgado Superior que conoció del presente expediente, en vez de proceder en la forma aquí indicada, sustanció y decidió la controversia en única instancia, quebrantando el principio de la doble instancia consagrado en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil y en menoscabo del derecho a la defensa de las partes desarrollado adjetivamente en el artículo 15 del mismo Código, lo que impone que la Sala ejerza la facultad que le confiere el artículo 320 eiusdem y case de oficio el fallo recurrido, pues no le es dable a las partes, ni al juez, subvertir las formas procesales con que el legislador ha revestido la tramitación de los procesos judiciales, lo que constituye materia que interesa al orden público....” En ese orden de ideas es de necesaria obligación darle a la ley el sentido que aparece evidente de las palabras. Ese ha sido en criterio pacífico de este Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha permanecido vigente en el tiempo, tal y como se expresa en la sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 16 de junio de 1969, reiterada en fecha más reciente, el 12 de mayo de 1992 (caso de Gilberto Gripa Acuña) en la cual estableció: “...Siendo las leyes expresión escrita de la experiencia humana, acumulada, a veces, durante muchos años, o fruto de un cuidadoso proceso de elaboración en el que han participado especialistas, comisiones técnicas y órganos de los poderes públicos, sería absurdo suponer que el legislador no trate de usar los términos más precisos y adecuados para expresar el propósito y alcance de sus disposiciones, u omita deliberadamente, elementos que son esenciales para la cabal inteligencia de ellas. Por esta razón, no debe menospreciarse la interpretación llamada gramatical, ni contraponer a ésta la interpretación lógica, como si la letra de la ley no fuera, en todo caso, el obligado punto de partida de toda indagación dirigida a esclarecer, recionalmente (sic), lo que es la mente del legislador. Los jueces y los órganos de la Administración Pública tergiversarían, además la función que les toca cumplir como instrumentos de un estado de derecho, si al aplicar la ley no lo hiciera teniendo en cuenta, antes que todo y principalmente, los términos en ella (sic) empleados, so pretexto de que otra ha sido la mente del legislador. No sin motivo el codificador patrio, en el artículo 4 del Código Civil, dispone que debe atribuirse a las leyes el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas (sic) entre si y la intención del legislador...” En conclusión, no puede atribuírsele otro sentido al contenido del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, diferente al que aparece “...del significado propio de las palabras, según la conexión entre ellas...” Sin desvirtuar las precedentes consideraciones esta Sala, cumpliendo funciones pedagógicas o monofilácticas, se permite puntualizar lo referente a las diferentes situaciones en los cuales puede presentarse una pretensión por cobro de honorarios profesionales y por vía de consecuencia, del tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello para establecer de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso. Frente a la disposición contenida en el precitado artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 22 de la Ley de Abogados, establece que: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. De esta forma es claro que, la reclamación por concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho. Por ello, cabe distinguir de la redacción del mentado artículo 22, cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, de seguro, motivan trámites de sustanciación disímiles, a saber: 1) cuando, el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre en primera instancia; 2) cuando, se haya ejercido el derecho subjetivo procesal de apelación, y éste fue oído en el efecto devolutivo, es decir, el expediente se encuentra aún en el tribunal de cognición y, a la alzada, se remiten copias certificadas; 3) cuando, el recurso de apelación se haya oído en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia ha perdido la jurisdicción con respecto a ese procedimiento y, 4) cuando, el juicio haya quedado definitivamente firme. Planteadas como han sido las cuatro situaciones posibles que pueden surgir dentro de un proceso en el cual se demanda el pago de honorarios profesionales judiciales, la Sala, establece el siguiente criterio: 1) Para el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental. 2) Por lo que respecta al segundo supuesto, el cual se presenta cuando, se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo, por lo que el expediente se encuentra aún en el tribunal de cognición, remitiendo a la alzada, sólo copias certificadas, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia. 3) En el tercer supuesto, el cual se materializa, cuando ejercido el recurso ordinario de apelación en un determinado juicio, éste fue oído en ambos efectos, motivo por el cual el juzgado de primera instancia, ha perdido la jurisdicción con respecto a ese procedimiento, no obstante, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil, competente por la cuantía, todo esto con la finalidad dicha de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4) El último de los supuestos planteados sea tal vez el de menos complicación, pues basta que el juicio haya quedado definitivamente firme, con lo cual sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales si es el caso, ya que el artículo 22 de la Ley de Abogado dice: “...la reclamación que surja en juicio contencioso...”, denotándose que la preposición “en” sirve para indicar el lugar, el tiempo, la situación, el modo, lo que significa, dentro del contexto del artículo mentado, la clara necesidad de que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos 1 y 2 antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales vía incidental en el juicio principal. Así se establece…”. Aplicando el criterio trascrito, al caso de autos, se observa que, la pretensión interpuesta por el abogado José Antonio Camero Monagas, contra el ciudadano PEDRO LUÍS TOVAR NEGRÍN, es la estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales causados en el expediente signado con el N° 1278-99, nomenclatura del Juzgado de Municipio Urdaneta de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con motivo del juicio de Reconocimiento de Documento intentado contra el ciudadano Wilmer Adán Tovar Negrin, el cual concluyó con la sentencia condenatoria para el demandado en segunda instancia, actuaciones estas que fueron detalladas en el escrito libelar. Ahora bien, establecido así que los honorarios estimados e intimados son judiciales, y que la reclamación que se pretende se deriva de un procedimiento ya terminado, forzosamente debe esta juzgadora declarar con lugar el presente recurso de apelación, por estarse reclamando la pretensión de conformidad a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, de manera autónoma y ante el Tribunal competente por la cuantía, esto es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Miranda; en virtud de que el juicio se encuentra concluido y es necesario salvaguardar tal y como precedentemente se expuso el doble grado de jurisdicción y el debido ejercicio del derecho a la defensa de las partes. Así se establece. DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSÉ ANTONIO CAMERO MONAGAS, supra identificado. En consecuencia se revoca el auto dictado en fecha 14 de agosto de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 14 de agosto de 2000, a quien se le ordena emitir nuevo pronunciamiento respecto de la admisibilidad de la demanda, en atención a la doctrina contenida en la presente decisión. Segundo: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas. Tercero: De conformidad a lo establecido en los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de la parte actora en virtud de haberse dictado la presente decisión fuera de su oportunidad legal. Cuarto: Remítase las actuaciones al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en su oportunidad legal. Quinto: Regístrese, publíquese, incluso en la página Web de este despacho, notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Miranda en Los Teques a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil cuatro (2004). Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación. La Jueza Dra. Mardonia Gina Míreles. El Secretario Accidental, Raúl Alejandro Colombani En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.). El Secretario Accidental, Raúl Alejandro Colombani Exp. 00-4141.