TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 06 de Noviembre de 2003.-
193° y 144°
Causa N° 3C-25668/03
Juez: Dra. Rosa Elena Rael Mendoza
Secretaria: Abg. Marzolayde Chacón
Fiscal 1° Auxiliar del Ministerio Público: Dra. Mónica Brito
Víctima: Maria Isabel de Sousa Fernández
Defensa Pública: Dra. Eucaris Florido
Imputado: Pérez Hernández Johany Ildemaro
Delito: Aprovechamiento de cosas provenientes del delito; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal.

Siendo la oportunidad legal a los fines de decidir sobre la medida cautelar sustitutiva de libertad, solicitada por la Fiscal 1° Auxiliar del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en contra del imputado Pérez Hernández Johany Ildemaro, éste Juzgador lo hace con base en los siguientes fundamentos
La Fiscal del Ministerio Público presentó al imputado, de conformidad con los artículos 248 y encabezamiento del artículo 373, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por estar incursa en la presunta comisión del delito de Aprovechamientos de cosas provenientes del delito; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal; manifestando que fue detenido aproximadamente a la 01:48 p.m., del día 05/11/2003, por funcionarios adscritos al Instituto autónomo de Policía del Estado Miranda, quienes al momento de desplazarse a la altura de la bodega de nombre Mercadito, en la esquina Alegre, se les acerco una ciudadana identificada con el nombre de Maria Isabel de Sousa, quien les manifestó que el día 03 de noviembre del presente año, le arrebataron su teléfono celular y que posteriormente realizo llamada a su número y le contesto una persona, manifestando que ese celular lo había comprado por la cantidad de 60.000 Bs.,y que si quería se encontraran en algún sitio, y la misma le indico que se encontrarían en la calle Acueducto, sector El Barbecho, en la bodega de nombre Mercadito, la esquina Alegre en el cual ella labora, por lo los funcionarios procedieron a esperar al ciudadano, el cual avistaron y procedieron a realizarle la respectiva inspección en el cual se le incauto en el bolsillo derecho del pantalón un teléfono celular marca Motorola, modelo 182C, talkabout, serial 52EF86DOCQJ, de color azul con su respectiva batería, el cual fue reconocido por la persona agraviada como de su propiedad..
Ahora bien, siendo la oportunidad de decidir, éste Tribunal previamente observa lo siguiente:
El artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
“…El aprehensor dentro de las doce horas siguientes a la detención pondrá al aprehendido a la disposición del Ministerio Público, quien… lo presentará ante el Juez de control a quien expondrá como se produjo la aprehensión… solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Analizado como ha sido el pedimento Fiscal, quien solicitó la aplicación del procedimiento ordinario, y siendo que el Legislador, confiere tal facultad al titular de la acción penal, de conformidad con los artículos 11 y 373 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y analizados los supuestos en el presente caso, se observa que efectivamente tales hechos deben ser investigados, es por lo que en consecuencia, se acuerda que prosiga la presente causa, por la vía del procedimiento ordinario, a tenor de lo dispuesto en el último aparte del artículo 373 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 280, 282 y 300 ibidem y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal correspondiente. Y así se declara.-

Por otra parte, corresponde a este Tribunal, entrar a analizar los supuestos establecidos en el artículo 248 del texto adjetivo penal; el cual es del tenor siguiente:
Artículo 248. “...Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. En estos casos cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión...” (resaltado del Tribunal).

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela enuncia una serie de derechos fundamentales cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, consagrando así en su artículo 44 como derecho civil inviolable, el derecho a la libertad personal, derivando del mismo cinco preceptos o consecuencias que de manera importante garantizan un estado de seguridad para todo ciudadano. Así, en el numeral 1 se establece como requisito sine qua non para arrestar o detener a una persona, el presupuesto de una orden judicial, esto es, un decreto de privación preventiva de libertad pronunciado por el órgano jurisdiccional competente, previa acreditación de la concurrencia de los extremos requeridos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en los casos de flagrancia donde no se requiere tal orden judicial y la persona es presentada ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención, quedando igualmente precisados en el artículo 248 del texto adjetivo penal patrio los supuestos por los cuales un delito ha de calificarse como flagrante.
En el presente caso, se observa de la revisión de las actuaciones, que el ciudadano Pérez Hernández Johany Ildemaro, fue detenido por funcionaros adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, al momento en que se disponía a entregar un teléfono celular proveniente del delito; en consecuencia esta Juzgadora califica su aprehensión como flagrante; por lo que nos encontramos en el supuesto de excepción a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual legitima el acto de la detención del referido ciudadano. Y así se declara.-
Respecto a la medida de coerción personal, es necesario analizar los supuestos contemplados en el artículo 250 del texto adjetivo penal vigente, el cual establece:
Artículo 250. “...El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación...” (Negrillas del Tribunal).

De la norma antes transcrita se observa:
Primero: En el presente caso, nos encontramos en presencia de la presunta comisión del delito de Aprovechamiento de cosas provenientes del delito; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal. En este sentido este tipo penal, establece una pena privativa de libertad de Tres (03) meses a Un (01) año de prisión; y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; toda vez que el hecho ocurrió en fecha 04/11/2003.-
Segundo: Existen fundados elementos de convicción que hacen posible estimar la autoría o participación del imputado en los hechos antes narrados, lo cual surge del contenido de los documentos acreditados por el Ministerio Público, consistente en el Acta Policial, y acta d entrevista a la victima y a un testigo; quienes corroboraron el contenido del acta policial, al manifestar que efectivamente el imputado le entregaría el teléfono celular del cual había sido despojada; a cambio de dinero; situación que produjo la posterior aprehensión de la referido imputado.-
Tercero: Existe peligro de fuga, en virtud de la magnitud del daño causado por el imputado respecto a su víctima; sin embargo el Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar prevista en el artículo 256 numerales 3°, 5° y 6° del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo, estima este Tribunal, en virtud de la leve pena que se le podría llegar a imponer por el delito presuntamente cometido, que los supuestos que motivan la medida de privación judicial preventiva de libertad, puede ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada; siendo lo procedente y ajustado a derecho en la presente causa, imponer al ciudadano Pérez Hernández Johany Ildemaro, de una medida cautelar sustitutiva de libertad. Y así se declara.-

En este sentido, en virtud de lo antes expuesto, revisada como ha sido la presente causa, se evidencia la posibilidad de garantiza la sujeción de la imputada al proceso, con la imposición de una medida cautelar de posible cumplimiento, como lo es a través de sus presentaciones periódicas por ante la sede del Tribunal correspondiente, cada quince (15) días; así mismo prohibición de salir de la jurisdicción del Estado Miranda, y finalmente a través de la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, ciudadana Maria Isabel de Soua; de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3°, 4° y 6°; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 253, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se declara.-

DECISIÓN:

Por todo lo antes expuesto este Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda con sede en la ciudad de Los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Se califica la flagrancia del hecho por el cual resultó aprehendido el ciudadano Pérez Hernández Johany Ildemaro; por encontrarse llenos los extremos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 373 ejusdem; hecho este que se subsume en la comisión del delito de Arovechamiento de cosas provenientes del delito; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal; situación esta que implica que nos encontramos en el supuesto de excepción a la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 44 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual legitima el acto de la detención del referido ciudadano. Segundo: Se acuerda que la presente causa se siga por los trámites del procedimiento penal ordinario, de conformidad con el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 13, 280, 282 y 300 ejusdem; y artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia se acuerda la remisión de las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal correspondiente. Tercero: Se declara Con Lugar la medida cautelar sustitutiva de libertad solicitada por la Fiscal del Ministerio Público, en consecuencia se impone al ciudadano Pérez Hernández Johany Ildemaro, venezolano, natural de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad No. V-12.159.287, nacido el 22-0671, de 32 años de edad, residenciado en Tejerías, Estado Aragua, Sector Curiepe, Calle Principal casa 48; la medida cautelar sustitutiva consistente en presentaciones periódicas por ante la sede del Tribunal correspondiente, cada quince (15) días; así mismo, la obligación de no ausentarse de la jurisdicción del Estado Miranda; y finalmente la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, ciudadana Maria Isabel de Sousa; hasta la finalización del proceso seguido en su contra, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3°, 4° y 6°, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 253, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; por existir fundados elementos de convicción para estimar su autoría o participación en la comisión del delito de Aprovechamiento de cosas provenientes del delito; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal; y por existir fundados elementos para apreciar peligro de fuga, determinado por la magnitud del daño causado a la víctima-
Líbrese Boleta de Excarcelación relativa al ciudadano: Pérez Hernández Johany Ildemaro, titular de la cédula de identidad N° V-12.159.287 y remítase con oficio al Director del Instituto Autónomo Policía del Estado Miranda.-
Quedaron notificadas las partes en la audiencia respectiva, de conformidad con el encabezado del artículo 175 Ejusdem.-
Regístrese, publíquese y déjese copia. Cúmplase.-
La Juez de Control N° 3

Dra. Rosa Elena Rael Mendoza
La Secretaria
Abg. Marzolayde Chacón

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. Y así lo certifico

La Secretaria
Abg. Marzolayde Chacón

Act: N° 3C-25668/03
RER/MCH.