TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MIRANDA.

194° y 145°
EXPEDIENTE N° 0122/2003

PARTE ACTORA: JESÚS EDUARDO ORTEGA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad N°V.-5.623.306, actuando en su condición de Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL RIO ARRIBA.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GUSTAVO RAFAEL IZAGUIRRE FILGUEIRA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de identidad N°V.-12.416.675, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°88.051.
PARTE DEMANDADA: JESÚS HERI PÉREZ TALAVERA y ANA YASMIN PÉREZ DE PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y portadores de las Cédulas de Identidad Nros.V-6.363.276 y 6.527.213, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene Apoderado Judicial constituido en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (POR INTIMACIÓN)
I
Se inicia la presente acción mediante libelo de demanda, por medio del cual el ciudadano JESÚS EDUARDO ORTEGA MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad N°V.-5.623.306, actuando en su condición de Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL RIO ARRIBA, interpone acción de Cobro de Bolívares por la vía Intimatoria, en contra de los ciudadanos JESÚS HERI PÉREZ TAKAVERA y ANA YASMIN PÉREZ DE PÉREZ, plenamente identificados, a fin de que convinieran en pagar o en su defecto fuesen condenados por este Tribunal al pago de; PRIMERO: La cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.769.966,79) por concepto de recibos de condominio vencidos hasta el mes de agosto del año 2003. SEGUNDO: Las cantidades de dinero, que por nuevos recibos de condominio se vayan acumulando y venciendo hasta la total y definitiva terminación del presente juicio; TERCERO: Los intereses de la suma adeudada desde el mes que comenzó a correr dicha deuda, hasta la fecha de culminación. CUARTO: Las costas y costos que se causen con motivo del presente juicio y QUINTO: La indexación de los montos demandados, conforme a los índices del Banco Central de Venezuela , sobre el valor actualizado de la moneda y la depreciación de la unidad monetaria.
Como fundamento jurídico de su acción, la parte actora invocó los artículos 7, 11, 13, 14 en su último aparte y 20, de la Ley de propiedad Horizontal; los artículos 1.264, 1.271, 1.273 y 1.297 del Código Civil y los artículo 640 y 646 del Código de procedimiento Civil.
En fecha 30 de octubre de 2003, este Tribunal admitió la demanda por el procedimiento Intimatorio y emplazó a los demandado para que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la última Intimación y que constara en autos la misma, dentro de las horas de Despacho comprendidas y fijadas por este Tribunal entre las 8:30 a.m a 1:30 p.m, para que pagarán o acreditaran haber pagado a la parte actora las sumas de dinero que habían sido reclamadas en el libelo de la demanda. En cuanto a la medida solicitada, el Tribunal proveería por auto separado. Así mismo se libraron las respectivas Boletas de Intimación.
En fecha 29 de enero de 2004, el alguacil de este Tribunal consignó las Boletas de Intimación, con sus respectivas compulsas, en virtud de no haber podido localizar a los Intimados, siendo esta la última actuación que consta en el expediente (folios 46 y 56).-

II

El Código de Procedimiento Civil, establece la Perención de la Instancia y señala que toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y en el ordinal 1° se incluye que cuando haya transcurrido treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
Tanto la doctrina patria, como la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, señalan que la Perención persigue sancionar la inactividad de las partes con al extinción de la Instancia, una vez verificado el supuesto, que la permite, puede declararse de oficio.
Son dos los supuestos que hacen procedente la Perención, a saber: 1) Cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido; 2) Cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinado plazo, a requerimiento del Tribunal a Instancia de su contraparte.
Para que corra la Perención, la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentre en tal situación puede ocurrir la Perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes.
No obstante lo anterior, es importante destacar que la jurisprudencia constante y reiterada, de la extinta Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes Salas, y antes de la entrada en vigencia del Principio de Gratuidad de la Justicia, estableció que las obligaciones legales a que se refiere el ordinal 1° del artículo 267 de la Ley Adjetiva, correspondía al pago, por parte del demandante, de los derechos de compulsa y citación para lo cual se establece un lapso perentorio.
Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 30 de Diciembre de 1999, se consagró el principio de la Gratuidad de la Justicia, y en el artículo 254 dispone que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios; en consecuencia se desaplican aquellos artículos de la Ley de Arancel Judicial que coliden con esta disposición constitucional, como por ejemplo aquellas que se refieran al pago de Compulsas, Boleta de Citación, Carteles, Copias Certificadas, etc. Este argumento nos lleva a concluir que la obligación legal que se le había impuesto al actor, jurisprudencialmente, con respecto al pago de la planilla de aranceles cesó.
Sin embargo no ocurre lo mismo con la obligación impuesta al demandante de solicitar oportunamente al órgano jurisdiccional su activación ya que le corresponde a las partes impulsar el proceso a tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto le corresponde a éste realizar los actos necesarios para que pueda lograrse la citación del demandado, pues con la práctica efectiva de esta queda trabada la relación jurídico procesal o como también es llamada la litis.
Ahora bien, para la procedencia de la Perención de la Instancia es necesario que se desprendan de las actas que integran el expediente, de forma contundente e inequívoca , la falta de interés para la continuación del proceso. En el caso de marras se deberá revisar las actuaciones a fin de determinar, si se dieron los supuestos requeridos para la existencia de la pérdida de interés.
En fecha 29 de enero de 2004, el alguacil de este Tribunal consignó las Boletas de Intimación, con sus respectivas compulsas, en virtud de no haber podido localizar a los Intimados; es decir que hasta la presente fecha han transcurrido cinco (05) meses, sin que la parte actora haya realizado ningún acto de procedimiento orientado a lograr la citación del demandado, por lo que debe declararse de Oficio la Perención de la Instancia por la inactividad de la parte actora, para cumplir las diligencias relativas a lograr la citación del demandado o cualquier otro acto de impulso procesal que interrumpiera dicha Perención. Y así se declara.-

III
Por todas las anteriores consideraciones, este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, con sede en San Diego de Los Altos, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en el presente proceso de Cobro de Bolívares (Intimación), interpuesto por la ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “RIO ARRIBA”, en contra de los ciudadanos JESÚS HERI PÉREZ TAKAVERA y ANA YASMIN PÉREZ DE PÉREZ, venezolanos, cónyuges, mayores de edad, de este domicilio y portadores de las Cédulas de Identidad Nros.V-6.363.276 y 6.527.213, respectivamente, por inactividad de la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1° en concordancia con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del presente fallo y a tenor de los dispuesto en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en San Diego de Los Altos, a los Veintitrés (23) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004). Años 194 de la Independencia y 145 de la Federación.
LA JUEZ TITULAR

DRA. JACQUELINE VEGA ALVAREZ

LA SECRETARIA

MARGARITA SANTANA ESPINEL
En esta misma fecha siendo las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.) se publicó la presente decisión.-
LA SECRETARIA

MARGARITA SANTANA ESPINEL

JVA/mse/jhch*...-
EXP N° 0122/2003