TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO MIRANDA.

194° y 145°
EXPEDIENTE N° 0152/2004

PARTE ACTORA: MYRIAM URBINA DE FREITES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la Cédula de Identidad Nº 2.988.754.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JOSÉ SANTIAGO RODRIGUEZ SIMANCAS. Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°.75.289.
PARTE DEMANDADA: SANCHEZ F. DECORACIONES, Sociedad Mercantil, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de mil novecientos noventa y cinco, bajo el Nº 78, tomo 185-A-Pro, en la persona de su Director RAMÓN JAIRO SÁNCHEZ FERRE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad Nro.V-14.121.400.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene Apoderado Judicial constituido en autos.
MOTIVO: DESALOJO.
I

Se inicia la presente acción mediante libelo de demanda, por medio del cual el ciudadano JOSÉ SANTIAGO RODRIGUEZ SIMANCAS. Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°.75.289, actuando en su carácter de Apoderado judicial de la ciudadana MYRIAM URBINA DE FREITES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la Cédula de Identidad Nº 2.988.754, interpone acción de DESALOJO, en contra de la Sociedad Mercantil SANCHEZ F. DECORACIONES, anteriormente identificada, a fin de que conviniera o en su defecto fuese condenado por este Tribunal a lo siguiente; PRIMERO: El Desalojo del inmueble dado en Arrendamiento, constituido por un Local destinado al comercio ubicado en la calle de San Rafael a Quebrada, distinguido con el numero dos (02), mediante contrato celebrado entre la ciudadana MYRIAM URBINA DE FREITES Y SANCHEZ F. DECORACIONES, C.A. y como consecuencia de ello la entrega de dicho bien totalmente libre de bienes y personas y en el mismo buen estado de mantenimiento en que le fue entregado; SEGUNDO: En pagar la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 360.000,00), como justa indemnización de las mensualidades vencidas correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003, y las que se sigan venciendo hasta su definitiva entrega, o hasta que se dicte sentencia por el Tribunal TERCERO: En indemnizar a su representada, con la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS ONCE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 1.400.311,20) por concepto de cláusula penal diaria calculada a razón de Diez Mil Bolívares, (Bs.10.000,00) diarios mas el incremento del Indice de Precios al Consumidor (I.P.C) de los años 2001 y 2002. Igualmente demanda el pago de las sumas de dinero por concepto de cláusula penal se sigan causando hasta la entrega definitiva del inmueble arrendado y CUARTO: Al pago de las costas y costos del presente proceso así como los honorarios profesionales.
Como fundamento jurídico de su acción, la parte actora invocó los artículos 33, 34 literal A y 35 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Los artículos 890 y 891 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 1.579, 1.592, 1.594, 1.595, 1.159 todos del Código Civil.
En fecha 19 de enero de 2004, este Tribunal admitió la demanda por el procedimiento breve y emplazó a la parte demandada para que al Segundo (2do) días de despacho siguiente de constar en autos su citación, en las horas de Despacho comprendidas y fijadas por este Tribunal entre las 8:30 a.m a 1:30 p.m, para que diera contestación a la demanda u opusiera las defensas que creyere convenientes. En esa misma fecha se ordenó librar exhorto a cualquier Juzgado del Área Metropolitana de Caracas para que gestionara la citación. En cuanto a la medida solicitada, el Tribunal proveería por auto separado, en cuaderno de medida el cual se abriría en la oportunidad respectiva.
En fecha 29 de enero del mismo año, el Tribunal dictó auto mediante al cual ordenó aperturar el respectivo Cuaderno de Medidas.
En fecha 06.02.2004, la Juez titular de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la causa.
En fecha 12 de febrero de 2004, el apoderado judicial de la parte actora diligenció a los fines de recibir las copias certificadas solicitadas por éste en fecha 11 del mismo mes y año, siendo esta la última actuación que consta en el expediente (folio 47).-
II
El Código de Procedimiento Civil, establece la Perención de la Instancia y señala que toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y en el ordinal 1° se incluye que cuando haya transcurrido treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.
Tanto la doctrina patria, como la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, señalan que la Perención persigue sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la Instancia, una vez verificado el supuesto, que la permite, puede declararse de oficio.
Son dos los supuestos que hacen procedente la Perención, a saber: 1) Cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido; 2) Cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinado plazo, a requerimiento del Tribunal a Instancia de su contraparte.
Para que corra la Perención, la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentre en tal situación puede ocurrir la Perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes.
No obstante lo anterior, es importante destacar que la jurisprudencia constante y reiterada, de la extinta Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes Salas, y antes de la entrada en vigencia del Principio de Gratuidad de la Justicia, estableció que las obligaciones legales a que se refiere el ordinal 1° del artículo 267 de la Ley Adjetiva, correspondía al pago, por parte del demandante, de los derechos de compulsa y citación para lo cual se establece un lapso perentorio.
Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 30 de Diciembre de 1999, se consagró el principio de la Gratuidad de la Justicia, y en el artículo 254 dispone que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios; en consecuencia se desaplican aquellos artículos de la Ley de Arancel Judicial que coliden con esta disposición constitucional, como por ejemplo aquellas que se refieran al pago de Compulsas, Boleta de Citación, Carteles, Copias Certificadas, etc. Este argumento nos lleva a concluir que la obligación legal que se le había impuesto al actor, jurisprudencialmente, con respecto al pago de la planilla de aranceles cesó.
Sin embargo no ocurre lo mismo con la obligación impuesta al demandante de solicitar oportunamente al órgano jurisdiccional su activación ya que le corresponde a las partes impulsar el proceso a tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto le corresponde a éste realizar los actos necesarios para que pueda lograrse la citación del demandado, pues con la práctica efectiva de esta queda trabada la relación jurídico procesal o como también es llamada la litis.
Ahora bien, para la procedencia de la Perención de la Instancia es necesario que se desprendan de las actas que integran el expediente, de forma contundente e inequívoca , la falta de interés para la continuación del proceso. En el caso de marras se deberá revisar las actuaciones a fin de determinar, si se dieron los supuestos requeridos para la existencia de la pérdida de interés.
En fecha 12 de febrero de 2004, el apoderado judicial de la parte actora diligenció a los fines de recibir las copias certificadas solicitadas por éste en fecha 11 del mismo mes y año, es decir que hasta la presente fecha han transcurrido cinco (05) meses, sin que la parte actora haya efectuado ningún acto de procedimiento orientado a lograr la citación del demandado, por lo que debe declararse de Oficio la Perención de la Instancia por la inactividad de la parte actora, para cumplir las diligencias relativas a lograr la citación del demandado o cualquier otro acto de impulso procesal que interrumpiera dicha Perención. Y así se declara.-

III

Por todas las anteriores consideraciones, este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, con sede en San Diego de Los Altos, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en el presente proceso de Desalojo, interpuesto por el ciudadano JOSE SANTIAGO RODRIGUEZ SIMANCAS. Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°.75.289, actuando en su carácter de Apoderado judicial de la ciudadana MYRIAM URBINA DE FREITES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la Cédula de Identidad Nº 2.988.754, en contra de la Sociedad Mercantil SANCHEZ F. DECORACIONES, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de mil novecientos noventa y cinco, bajo el Nº 78, tomo 185-A-Pro, en al persona de su Director RAMÓN JAIRO SÁNCHEZ FERRE, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la Cédula de Identidad Nro.V-14.121.400, por inactividad de la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1° en concordancia con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
Por la naturaleza del presente fallo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en San Diego de Los Altos, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil cuatro (2004).- Años 194 de la Independencia y 145 de la Federación.
LA JUEZ TITULAR

DRA. JACQUELINE VEGA ALVAREZ

LA SECRETARIA

MARGARITA SANTANA ESPINEL
En esta misma fecha siendo las Once y treinta minutos de la mañana (11:30 am.) se publicó la presente decisión.-
LA SECRETARIA

MARGARITA SANTANA ESPINEL
JVA/mse/jhch*...-
EXP N° 0152/2004