REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL LOS TEQUES

Los Teques, 23 de Julio de 2004 194º y 145º ACTUACIÓN NRO.: 1C-29332/04 JUEZ: IRIS MORANTE HERNANDEZ., Juez Primera de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en los Teques. SECRETARIA: ADDA YUMAIRA ESPINOZA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES IMPUTADO: LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO, titular de la cedula de identidad n° 4.407.639. FISCAL: Dra. BETZI K BLANCO MUJICA, Fiscal del Ministerio Público Para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en los Teques. VICTIMA: BEATRIZ GRACIELA SANTANA Por recibido el presente expediente y vista la solicitud efectuada por el Fiscal del Ministerio Público Para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con Sede en los Teques, en el sentido de que sea DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del ciudadano LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido este Tribunal para decidir hace las siguientes observaciones: Tomando en consideración que la titularidad de la acción penal en los delitos de acción pública corresponde exclusivamente al Estado a través del Fiscal del Ministerio Público, principio contenido en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya acción deberá ser ejercida por él ante los Tribunales de Instancia correspondientes, salvo que sólo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento. En el caso que nos ocupa la representante del Ministerio Público solicitó el Sobreseimiento de la presente causa, fundamentándose en el numeral 3 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el numeral 8 del artículo 48 ejusdem a tenor de lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 108 del Código Penal, por considerar que la acción penal se extinguió a causa de la prescripción y en consecuencia tiene efecto de cosa juzgada, aun cuando existen elementos convincentes en cuanto a la participación de la ciudadana LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO, en los hechos investigados, sin embargo al prescribir la acción penal ya no hay mas actuaciones que realizar en la misma causa, y el tiempo que ha transcurrido es suficiente para la prescripción de la acción penal. Se evidencia que la presente causa se inició en fecha 29-06-93, tal y como se desprende del auto de apertura, inserto al folio 1 de las actuaciones, por otra parte se observa, tal y como lo manifestó la Representante del Ministerio Público, que el hecho investigado encuadra dentro del tipo penal establecido en el artículo 422 ordinal 2 en concordancia con el artículo del Código Penal Venezolano, como lo es el delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES. Al respecto, este Tribunal de Control considera importante señalar el contenido del artículo 108 ordinal 4° de la Norma Sustantiva Penal Vigente, el cual dispone lo siguiente: “... Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:... 4° Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años...” (negrillas y subrayado nuestro). En tal sentido, resulta evidente que en la presente causa ha operado la prescripción de la acción penal, en virtud de que no solo se ha prolongado el juicio, sin culpa del procesado, sino que además desde el día 29-06-93, hasta el día de hoy inclusive ha transcurrido más de ONCE (11) AÑOS , tiempo necesario establecido en el artículo 108 ordinal 4° del Código Penal Venezolano. Al respecto el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, consagra que: “...El sobreseimiento procede cuando:... 3° La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada...” (subrayado y negrillas nuestras) En el mismo orden de ideas, el ordinal 8° del artículo 48 ejusdem, establece que: “...Son causas de extinción::... 8° La prescripción, salvo que el imputado renuncie a ella...” (subrayado y negrillas nuestras) Ahora bien, analizadas como han sido las normas anteriormente transcritas, es evidente que al encontrarse prescrita dicha acción penal, lo que trae como consecuencia jurídica es la extinción de la acción penal, en consecuencia este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de la ciudadana LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO, titular de la cédula de identidad 4.407.639, por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 422 ordinal 2 en concordancia con el artículo 417 del Código Penal Venezolano, en agravio de BEATRIZ GRACIELA SANTANA, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 ordinal 8° ejusdem, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 108 ordinal 4° del Código Penal Venezolano. De conformidad con lo previsto en el artículo 319 ejusdem el Sobreseimiento Decretado pone término al procedimiento. Impide por el mismo hecho, toda nueva persecución en contra de la ciudadana LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO y hace cesar todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas. PARTE DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de los Teques, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra de la ciudadana LILIA RAMONA HURTADO DE OBERTO venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 4.407.639, residenciada en el Parque, piso 12, Apto 12-B, Torre A calle Libertador. Por la presunta comisión del delito de LESIONES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 422 ordinal 2° en concordancia con el articulo 417 del Código Penal Venezolano, en agravio de BEATRIZ GRACIELA SANTANA, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3°, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 ordinal 8°, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y a tal efecto de conformidad con lo previsto en el artículo 319 ejusdem cesan todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas. Regístrese, publíquese, déjese copia certificada, notifíquese a las partes. LA JUEZ IRIS MORANTE HERNANDEZ. LA SECRETARIA ADDA YUMAIRA ESPINOZA En esta fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.- LA SECRETARIA ACT. NRO. 1C-29332/04 IMH/DOG/rs.-