REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSION BARLOVENTO TRIBUNAL PRIMERO EN FUNCION DE JUICIO Guarenas, 16 de julio de 2004 194° y 144° Visto el escrito presentado por el Dr. IBRAHIN BASTARDO SUAREZ, en su carácter de Defensor de los acusados; HOMMY URBINA GONZALEZ, FRANKLIN URBINA Y CESAR ANTONIO MACHADO, plenamente identificados en autos, a quienes se le sigue proceso por ante éste Tribunal en la causa signada con el N° 1M548/04, mediante el cual solicita a éste Despacho, Revisión de La Medida Privativa de Libertad que pesa en contra de sus defendidos y se le modifique por una Cautelar Sustitutiva de Libertad, menos gravosa, este Tribunal a los fines de decidir observa: En fecha 09 de diciembre del año 2003, la ciudadana Fiscal Décima Tercera del Ministerio Público, presentó a los imputados, por ante el Tribunal Primero en función de Control, quien decretó Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, en contra de los ciudadanos; HOMMY URBINA GONZALEZ, FRANKLIN URBINA Y CESAR ANTONIO MACHADO, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica Sobre Protección del niño y del Adolescente. En fecha 20 de mayo del año 2004, se realizó la Audiencia Preliminar y el Tribunal primero en función de Control admitió la Acusación presentada por el Ministerio Público. En fecha 15 de junio del año 2004, fue admitida la presente causa por ante éste Tribunal primero en función de Juicio. Fijándose el Sorteo de Escabinos para el día 28-06-04 En fecha 02 de julio del año 2004, se realizó el Sorteo de Escabinos y se fijó la Constitución del Tribunal Mixto para el día 03/08/04. La presente causa se encuentra en estado de Constitución de Tribunal Mixto. De lo expuesto se observa que los acusados, no han permanecido detenidos por un lapso superior a los Dos (02) años de lo cual se pueda inferir que su causa ha sufrido Retardo Procesal. Ahora bien los hechos que se le imputan a los acusados, son de carácter grave, en consecuencia y de conformidad a lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece el principio de proporcionalidad cuando señala: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable” No se puede señalar que no exista proporcionalidad en relación ala medida privativa de libertad existente y el hecho imputado, como lo es el ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica Para La Protección del Niño y del Adolescente, tomando en consideración la gravedad del hecho imputado, y si bien es cierto en los Tratados Internacionales, La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, establecen el Estado de Libertad, es decir el derecho que tiene una persona a quien se le impute la participación en un hecho punible a permanecer en libertad, son los mismos Tratados, La Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, que establecen estas excepciones y al efecto tenemos. La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44 establece numeral 1°: Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de orden judicial, …Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso” Igualmente el artículo 9 de nuestra norma adjetiva penal establece el principio de Afirmación de la Libertad, pero igualmente establece excepciones a este principio. De manera, el sistema acusatorio establece como principio el derecho a ser juzgado en libertad, igualmente existen excepciones al mismo, tomando en consideración ciertas circunstancias, como lo son el peligro de fuga y la presunción de éste establecidos en el artículo 251 ejusdem. Fundamentados en la magnitud del daño causado y la pena que pudiera llegar a imponerse. Como se observa existe el derecho individual de ser juzgado en libertad, este derecho tiene sus excepciones e igualmente están contenidas en las normas legales antes señaladas, lo cual guarda estrecha relación con el principio de seguridad que debe brindarle el Estado ala ciudadanía en general, de autos se observa que el presente caso versa sobre la presunta comisión por parte de los acusados del delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, es decir si bien es cierto que a los acusados los ampara el principio de presunción de inocencia, existieron unos elementos de convicción que conllevaron a la privación judicial de libertad del mismo, esto no implica que este Tribunal los considere culpables de la presunta comisión del hecho punible atribuido, antes de la realización del juicio oral, donde es la oportunidad procesal en la que se emitirá pronunciamiento sobre su culpabilidad o inocencia, igualmente dada la entidad del bien jurídico afectado en el presente caso debe privar sobre el derecho de los acusados de ser juzgados en libertad, el interés colectivo de la sociedad de aseguramiento de los mismos. En consecuencia analizados los planteamientos precedentemente expuestos, considera este Tribunal, que la medida privativas de libertad que pesa sobre los acusados; FRANKLIN URBINA, HOMMY URBINA GONZALEZ Y CESAR ANTONIO MACHADO, está revestida del principio de proporcionalidad, tal y como lo establecen los artículos 244, 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, lo que corresponde por Ley y en Derecho, en aras de una recta, sana y oportuna administración de Justicia, es NEGAR la Medida Cautelar Sustitutiva solicitada por el abogado defensor Dr. IBRAHIN BASTARDO SUAREZ, En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal (Extensión Barlovento) de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia en Nombre de La República y Por Autoridad de La Ley NIEGA LA Medida Cautelar Sustitutiva, solicitada, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 44 numeral 1° de La Constitución de La República Bolivariana de Venezuela, 9, 244, 250 , 251 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Diarícese.- LA JUEZ PRIMERO DE JUICIO DRA. ELIADE M. ISTURIZ P. LA SECRETARIA ABG. KARLA SANTIN ACT. 1M548-04