TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
JUZGADO TERCERO DE EJECUCION

Guarenas, 23 de Marzo 2004

Revisadas Exhaustivamente las presentes actuaciones contentivas de la causa signada con el número 3E-1687/03, seguida al penado JESÚS QUINTANA LOPEZ, (Indocumentado), procede de seguidas este Juzgador en funciones de Ejecución, de conformidad con lo pautado expresamente en los artículos 479 y 482 del Código Orgánico Procesal Penal, a ejecutar la sentencia, practicar el cómputo respectivo de la condena y demás circunstancias establecidas en dicha norma, por encontrarse la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 26-05-03, DEFINITIVAMENTE FIRME, conforme lo estatuye expresamente el artículo 178 ejusdem, haciéndolo en los términos siguientes:

PRIMERO: Consta en las presentes actuaciones, a los folios 31 al 32 del expediente, Sentencia Condenatoria de fecha 3 de Febrero de 2004, dictada por el Juzgado Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual se condenó al penado JESÚS QUINTANA LOPEZ, a cumplir la pena corporal de TRES (03) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinales 3°, 4° y 6° del Código Penal, todo conforme a lo estatuido en los artículos 37 del Código Penal, y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también fue condenado a cumplir con las penas accesorias conforme al artículo 16 del Código Penal, y exonerado del pago de las costas procesales, conforme al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: Igualmente se evidencia que el penado JESÚS QUINTANA LOPEZ, fue detenido por primera y única vez el 30 de Noviembre de 2003 y ha permanecido en esa situación hasta la presente fecha, estando por ende privado de su libertad por un lapso de TRES MESES VEINTITRÉS DIAS, que restado a la pena corporal definitiva impuesta, resulta que el cálculo matemático arroja que le falta por cumplir DOS AÑOS OCHO MESES SIETE DIAS, para satisfacer la pena a la cual fue condenado, la cual cumplirá conforme a lo establecido en el articulo 105 del Código Penal, en fecha 30 de Noviembre del 2006.-
Ahora bien, señala el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:
“Los condenados por los delitos de homicidio intencional, violación, actos lascivos violentos, secuestro, desaparición forzada de personas, robo en todas sus modalidades, hurto calificado, hurto agravado, narcotráfico y hechos punibles contra el patrimonio público, excepto, en este último caso, cuando el delito de no exceda de tres años en su límite superior, sólo podrán optar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y a cualquiera de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, luego de haber estado privados de su libertad por un tiempo no inferior a la mitad de la pena que se le haya impuesto”

De la norma transcrita, se evidencia que la misma colide o es incompatible con el texto de los artículos 19 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo pertinente aplicar con preferencia la disposición constitucional, conforme lo preceptúa el artículo 334 ejusdem y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es menester señalar aquí lo siguiente:
La Ley de Beneficios Sobre el Proceso Penal, señala en su artículo 14 los siguiente: “Para que el Tribunal acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá: … 2.- Que la pena correspondiente no exceda de ocho (08) años… 4.- Que no hubiere sido condenado por la comisión de los delitos de violación, hurto agravado, hurto calificado, robo agravado o secuestro, tipificados en los artículos 375, 454, 455, 460, 462 del Código Penal”. La reforma del Código Orgánico Procesal Penal de Noviembre de 2001, incluyó en su Libro Quinto, referido a la Ejecución de la Sentencia, en el Capítulo III todo lo concerniente a la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a las Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de la Pena y a la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, quedando en consecuencia derogado todo lo concerniente a la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena que pautaba la Ley de Beneficios en el Proceso Penal.
Al analizar el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, se puede observar que el proceso de reforma se hizo no con el objeto de asegurar la rehabilitación del interno, el respeto a sus derechos humanos, y en definitiva a una pronta libertad, sino que privó la idea de desmejorar la situación procesal del penado, bloqueando su acceso a las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad, las cuales siempre deben aplicarse con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria, tal como lo prevé el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalando la norma adjetiva penal que solo puede hacerlo luego de haber estado privado de su libertad por lo menos la mitad de la pena impuesta. Pues bien, la condición o situación procesal de una persona no puede variar, sufrir cambios o modificaciones, que signifiquen o puedan significar un retroceso, perjuicio, lesión o desmejora “dentro de cualquier especie de proceso o supuesto jurídico con relación a los niveles que haya alcanzado precedentemente por obra de la Ley (...), esto significa que todo cambio legislativo se debe mover, en lo que atañe a los derechos humanos, dentro de los límites vigentes, los que deben ser respetados, bien cualitativa como cuantitativamente”. (VECCHIONACCE, FRANK E. El Derecho a la Libertad Personal según la reforma del Código Orgánico Procesal penal. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2002).

Y en este sentido, las reformas procesales deben ser vistas en sentido concreto, como una mejora, como una inserción positiva de exigencias o requisitos procesales tocantes a la esencia misma de los derechos humanos, que en este caso particular, atañe al derecho a la libertad, al mecanismo de acceso y obtención de ese derecho, lo que se logra, aparte de otros mecanismos, con las fórmulas alternativas al cumplimiento de las penas.
Los derechos humanos son de interpretación extensiva y progresiva al momento de su ejecución, no puede concebirse una interpretación restrictiva que limite su aplicación. Corresponde a los Jueces, de sobremanera, que tal interpretación sea la que prevalezca en situaciones de duda. La progresividad de los derechos humanos es uno de los principales componentes de la doctrina, lo cual quiere decir, que su desarrollo será siempre en avance, no puede concebirse un retroceso o una interpretación regresiva en caso alguno, por lo que la interpretación de los derechos humanos debe ser siempre de forma más desarrollada y profunda.
La figura de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, ciertamente fue perfeccionada por el legislador de Noviembre del año 2001 en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, al abarcar aspectos no incluidos en la Ley de Beneficios Sobre el Proceso Penal; pero sin embargo, adicionó unas limitaciones a la obtención de los beneficios por parte de los penados, señalando como limitante que para la obtención de cualquiera de ellos, el penado debe haber estado privado de su libertad por lo menos la mitad de la pena que le haya sido impuesta, constituyendo así la reforma del Código de Noviembre del año 2001, una desmejora o mejor dicho un empeoramiento procesal del penado, que se tradujo en un cambio normativo negativo, con relación a la norma señalada en la Ley Sobre Beneficios en el Proceso Penal y en la Ley de Régimen Penitenciario específicamente en sus artículos 65 y 67, relativos a los beneficios de Destacamento de Trabajo y Régimen Abierto, los cuales corresponden al haber cumplido la cuarta y la tercera parte, respectivamente, de la pena impuesta.

Todo cambio legislativo debe traducirse en una mejora o favorecimiento de las condiciones de la persona dentro de cualquier proceso. El principio de progresividad de los derechos humanos no admite involución ni retrocesos en la estructura legislativa de los mismos. Conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, no puede haber desmejora o disminuciones en los derechos que consagran los textos legales, y el derecho del penado aquí conculcado toca el derecho humano a la libertad y a su acceso.
Así entonces, determinado como ha sido que lo dispuesto en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal de noviembre de 2001, es contrario y colide con el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos, este Juzgado, conforme lo establecido en los artículos 19 ejusdem y 7, 23, 272 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procede a desaplicar de oficio por el control difuso de la Constitución el mencionado artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo uso de un mecanismo de justicia constitucional, y aplica con preferencia el principio de progresividad de los derechos humanos contenido en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; tomando en cuenta, por ende las disposiciones contenidas en la Ley de Beneficios Sobre el Proceso Penal.

Hechas todas las consideraciones anteriores, observa esta Juzgadora que los hechos ocurridos y la pena impuesta al penado JESÚS QUINTANA LOPEZ, hacen procedente la aplicación del artículo 13 de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal y 494 del Código Orgánico Procesal Penal, y este Juzgador, garante de la Constitución y las leyes debe velar por la incolumidad de las mismas, y al ser de esta manera y estando conforme a Derecho, este Juzgador en funciones de Ejecución, procede como en efecto lo hace a ORDENAR al Ministerio de Interior y Justicia, a través de la Coordinación Zonal respectiva, la práctica del Informe Psico-Social del penado en referencia, a los fines de decidir en el lapso establecido en el artículo 12 de la Ley de Beneficios Sobre el proceso Penal, sobre la procedencia o no del Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA
En tal sentido, y en virtud de los hechos y el derecho antes citado, este Tribunal Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA: Primero: la Ejecución de la Sentencia Condenatoria dictada en fecha 3 DE Febrero DE 2004, por el Juzgado Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, en contra del penado JESÚS QUINTANA LOPEZ, (Indocumentado) de TRES (03) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinales 3°, 4° y 6° del Código Penal, todo conforme a lo estatuido en los artículos 37 del Código Penal, y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también fue condenado a cumplir con las penas accesorias conforme al artículo 16 del Código Penal, y exonerado del pago de las costas procesales, conforme al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo: ORDENAR al Ministerio del Interior y Justicia a través de la Coordinación Zonal respectiva, el correspondiente INFORME PSICO-SOCIAL del penado ut-supra señalado a los fines de decidir la procedencia o no del Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, conforme al artículo 13 de la Ley de Beneficios en el Proceso Penal y 494 del Código Orgánico Procesal Penal.
Notifíquese a la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Interior y Justicia. Oficina de Antecedentes Penales, anexando copia certificada del presente cómputo, a los fines legales consiguientes.
Notifíquese al penado, librándose Boleta de traslado. Notifíquese al Fiscal con Competencia Penitenciaria, y al Defensor de los Penados.
Remítase copia certificada del presente cómputo a los fines de que sea agregado al expediente carcelario de los penados. Asimismo líbrese el correspondiente oficio a la Coordinación Zonal del Ministerio del Interior y Justicia. CUMPLASE.
El JUEZ TERCERO DE EJECUCION

DR. VICTOR JULIO GAMERO CASTRO
EL SECRETARIO,

ABG. JOSUE ZERPA
En esta misma fecha se dio cabal cumplimiento a lo ordenado.

EL SECRETARIAO,

ABG. JOSUE ZERPA
ACT: 3E-1687