TSJ Regiones - Decisión

LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
EXPEDIENTE N° 1339
Mediante libelo de demanda de fecha 04 de Febrero de 1999 la Ciudadana MAGALY COROMOTO VALDEZ. de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.788.432, en su carácter de apoderado del ciudadano: GREGORIO URBANO GALICIA, representación que consta de instrumento poder que le fuera conferido por ante la Notaría Pública de Punto Fijo, Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 25/09/1998, bajo el N° 1, Tomo 143, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha notaría y que acompaño a estos autos Marcado “A”, debidamente asistida por el Abogado RUBEN JOSE GOMEZ TOVAR, mayor de edad, de tránsito, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 61.439, demandó a la Ciudadana: ISABEL TERESA MARQUEZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y portadora de la Cédula de Identidad N° V-10.698.875, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA
LIBELO DE DEMANDA
Dice la parte actora que en fecha 01 de enero de 1998 celebró un contrato de arrendamiento con la ciudadana: ISABEL TERESA MARQUEZ GONZALEZ, sobre un apartamento ubicado en la Urbanización Manuel Martínez Manuel Bloque 06, Apartamento 0202, ubicada en la Ciudad de Guarenas, Municipio Autónomo Plaza del Estado Miranda.
Sigue diciendo la parte actora que de acuerdo al contrato celebrado el tiempo de duración del mismo era de un (1) año fijo, contado a partir del 1° de enero de 1998, improrrogable. Además de acuerdo a la Cláusula Tercera del Contrato la Arrendataria debía pagar un canon mensual de arrendamiento de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00).
Con fundamento en los artículos 1.159 y 1.167 del Código Civil, concluye demandando el pago de la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00) correspondiente a los cánones pagados, mas los intereses legales por su moratoria culposa.-

Admitida la demanda por auto de este Tribunal de fecha 04 de Febrero de 1999, se ordenó la Citación de la parte demandada para que compareciera al segundo (2°) día de Despacho siguiente a su citación a fin de que de contestación a la demanda.
PUNTO PREVIO:
PRIMERA: Mediante diligencia de fecha 04 de Marzo de 1999, el Alguacil del Tribunal, ciudadano ERNESTO JOSE BERMUDEZ VERA, informa haber practicado la citación de la demandada y que la misma se negó a firmar el recibo correspondiente, procediendo en dicha diligencia a consignar en los autos la respectiva compulsa. Madiente auto del 26 de Marzo de 1999, el tribunal ordenó la notificación prevista en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, informando en fecha 15 de Abril de l999, la Secretaria del tribunal, ciudadana MARIA MILAGROS SOTO, haber entregado dicha boleta a la demandada.
SEGUNDA: Observa el Sentenciador: conforme dispone el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, para que exista citación personal la compulsa con la orden de comparecencia debe ser "entregada por el Alguacil a la persona o personas demandadas", esto es, debe ser puesta en manos de la persona o personas que se pretende citar, pues si no es así no habrá para el demandado o demandados un conocimiento efectivo de los términos de la demanda y por consiguiente se afectaría su derecho a la defensa, al no poder preparar su contestación; no siendo excusa para el alguacil el hecho de que el demandado le manifieste que no va a firmar o a otorgar recibo para no hacerle entrega de la compulsa, pues si la recibe, aunque no firme u otorge el recibo siempre habrá citación y el tribunal deberá ordenar en consecuencia la notificación al demandado de las declaraciones del Alguacil referentes a la citación para ser ejectuada dicha notificación por el Secretario a los fines de que una vez conste en autos tal diligencia, comience a decursar el respectivo lapso de comparecencia; otra cosa sería si la persona que se pretende citar se negare a recibir la compulsa, situación sobre la cual no previene la ley, caso en el cual a criterio del Sentenciador debe seguirse el procedimiento de citación por carteles
En el presente caso se observa que al folio dieciseis (16) de este expediente cursa diligencia del ciudadano ERNESTO JOSE BERMUDEZ VERA, alguacil de este Despacho, donde informa haberse entrevistado con la ciudadana ISABEL TERESA MARQUEZ, en la oportunidad y dirección que señala y que la misma se negó a firmar el recibo correspondiente, sin embargo a los folios trece (13) al quince (15) ambos inclusive, cursa inserta la respectiva compulsa de citación de la demandada, lo que significa que el alguacil no entregó en ningún momento la compulsa, produciéndose una falta absoluta de citación, por lo que mal podía el tribunal ordenar la notificación del demandado conforme lo dispuso en el auto de fecha 26 de Marzo de 1999, inserto al folio diecinueve (19), auto el cual se produce como consecuencia de un error procesal al haberse considerado como buena la citación del demandado, cuando en realidad se estaba en presencia de una falta absoluta de citación y así los actos subsiguientes, resultarían improcedentes.
Señala el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que:
"Los jueces procurarán la establidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad nose declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado."
En este orden de ideas, resulta claro para el Sentenciador que en el presente juicio hubo falta absoluta de citación, y que procedería en principio la reposición de la causa, a fin de salvaguardar el ejercicio del derecho a la defensa que le corresponde a la demandada. Si embargo se observa que al folio veintiocho (28) del expediente, cursa diligencia de fecha 11 de Agosto de 1999, de la parte actora, donde le solicita al tribunal dicte sentencia, al considerar que la demandada se encuentra a derecho. Es esta la última actuación de la parte actora en los autos, habiendo transcurrido desde dicha fecha cuatro (04) años, nueve (09) meses y quince (15) días, sin que la parte actora haya instado el proceso, produciendo un abandono injustificado del mismo.
Por ello considera el Sentenciador que resulta a todas luces contrario a la economía procesal y a lo dispuesto en el único aparte del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala:
"El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles." (Subrayado del tribunal)
reponer la presenta causa al estado de que practique la citación de la demandada en la forma que establece la ley, si la parte actora no ha demostrado interés en el proceso.- De esta forma queda igualmente salvaguardado el derecho a la defensa, pués si la parte actora demuestra nuevamente su interés en la tutela judicial efectiva, deberá demandar de nuevo. ASI SE DECLARA.

Habiendo transcurrido desde el 11 de Agosto de 1999 hasta el presente Cuatro (4) años, Nueve (9) meses y quince (15) días sin que conste en autos que la parte actora haya dado impulso procesal a la presente causa.-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
PRIMERA: Establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezamiento:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa no producirá la perención.”
SEGUNDA: La perención es una sanción que la Ley impone a los litigantes negligentes que no impulsan debidamente el proceso, en tal sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 956, con Ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el juicio seguido por F.V GONZALEZ y otro en Amparo, Exp: N° 00-1491 al señalar:
“Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad especifica en determinados plazos (caso del Artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo:) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte: o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (Artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.
Estos términos no son otros que los indicados en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: 1) El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes… (omissis).”

CONCLUSION:
En el caso bajo estudio consta fehacientemente conforme al cómputo señalado anteriormente que ha transcurrido con largueza el tiempo previsto en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que conste en estos autos que la parte actora haya impulsado el proceso, lo que hace incurrir en el supuesto de la perención anual. ASI SE DECLARA.-

DISPOSITIVA:
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO PLAZA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, Administrando Justicia en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PERIMIDA LA INSTANCIA en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentara el ciudadano GREGORIO URBANO GALICIA COLINA. contra la ciudadana: ISABEL TERESA MARQUEZ GONZALEZ, y en consecuencia de ello se da por terminado el procedimiento y se ordena el archivo de estas actuaciones.-
No hay imposición de costas de conformidad con el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
PUBLIQUESE.
Déjese copia de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Guarenas, a los Veintiseis (26) días del mes de Mayo de Dos Mil Cuatro (2004). Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.-
EL JUEZ

ABGD. WILMER HERNANDEZ OROPEZA

LA SECRETARIA

ABGD. LAURA ROWINA SOLIS HERNANDEZ

En fecha 20/05/2004, siendo las 11:30 AM., se publicó la anterior sentencia.-
LA SECRETARIA

Abg. LAURA ROWINA SOLIS HERNANDEZ

EXPEDIENTE N° 1339
WHO/LRSH