REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCIONES DE EJECUCION
EXTENSION BARLOVENTO
Guarenas 18 de Mayo de 2004
194° Y 145°
Corresponde a este Tribunal hacer el pronunciamiento correspondiente en lo referente a la Extinción de la Pena Corporal Principal y en consecuencia Libertad Plena del ciudadano ORTEGA BORGES JOSE ALBERTO, titular de la Cédula de Identidad No V- 13.251.397. Al efecto, quien suscribe hace las siguientes consideraciones:
PUNTO PREVIO
Se corrobora de la decisión proferida por este tribunal en fecha: 08-04-03, que el ciudadano ORTEGA BORGES JOSE ALBERTO, Titular de la Cédula de identidad No V- 13.251.397, ha dado cumplimiento a la pena principal corporal de la cual fue impuesto por el delito de HURTO CALIFICADO CON FRACTURA, previsto y sancionado en el artículo 455 ordinal 1º del Código Penal, por el extinto Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien le impuso pena de, CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN; igualmente se pudo constatar que el supra nombrado, se encuentra disfrutando a la fecha del Beneficio Confinamiento a partir del 10-03-03 el cual cumpliría hasta el día 07-04-04 fecha en que cumplió la pena principal; y consta de igual forma en las presentes actuaciones, que al Ciudadano ORTEGA BORGES JOSE ALBERTO, que el mismo cumplió con el beneficio como consta a los folios 116 y 117, de la segunda pieza del expediente y a quién solo le restaría cumplir la pena accesoria correspondiente a la Sujeción a la Vigilancia.
DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER
El Legislador ha contemplado una serie de de normas y preceptos legales aplicables a la competencia funcional de los Tribunales de la República y entre ellas, en materia penal se establecieron principios reguladores específicos en cuanto a la Jurisdicción y la materia, entre ellos cabe señalar los siguientes:
El Título III del Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal señala la Jurisdicción ordinaria, al decirnos que corresponde a los Tribunales ordinarios el ejercicio de la jurisdicción para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, conforme a lo establecido en el Código Orgánico, Leyes Especiales, y en fin los asuntos penales cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Venezolanos según el Código Penal, los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la República.
Es aún más específico Nuestro Legislador patrio, al señalar la competencia por la materia, y al efecto, en el Capítulo III del artículo 64 último aparte de la Norma Adjetiva Rectora señala, que es competencia del Tribunal de Ejecución velar por la ejecución de la pena o medidas de seguridad impuestas.
El artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal establece el margen de competencia de los Jueces de Ejecución, y al efecto el mismo preceptúa entre otras cosas lo siguiente:
“Al tribunal de Ejecución le corresponde la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas mediante sentencia firme. En consecuencia, conoce de: 1.-Todo lo concerniente a la libertad del penado, las formulas alternativas de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena. 2.- La acumulación de penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas en procesos distintos contra la misma persona.3.- El cumplimiento adecuado del régimen penitenciario. A tales fines entre otras medidas, dispondrá de las inspecciones de establecimientos penitenciarios que sean necesarias, y podrá hacer comparecer ante sí a los penados con fines de vigilancia y control (…)” (Subrayado y resaltado nuestro).
Además del Art. 105 de nuestro Código Penal, el cual establece de manera clara lo siguiente:
“El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal (…)”.
Facilita el tenor anterior, el espíritu de lo que hoy este Tribunal se dispone a decidir; dando la posibilidad a cualquier persona que haya cometido falta o delito, de reinsertarse en una sociedad a la cual ya le ha respondido por la falta o delito cometido; sin que esta pueda ser de ninguna manera causa nuevamente para la exigibilidad de alguna responsabilidad por su parte. Es decir; una vez se haya cumplido con una pena impuesta, queda extinta de todas las formas conocidas, la responsabilidad que en algún momento de la vida haya podido acarrear la misma.
Determinado y comprobado como fue el CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PENA PRINCIPAL CORPORAL por parte de ORTEGA BORGES JOSE ALBERTO, solo queda decretar EXTINCIÓN DE LA PENA y en consecuencia su LIBERTAD PLENA. Quedando por cumplir solamente la Sujeción a la vigilancia como pena accesoria hasta el día 18-12-04; tal y como lo refleja computo de pena realizado por este Tribunal en fecha: 08-08-02. Todo ello dando acatamiento a lo contemplado en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal que regula la materia que hoy dirimimos y el 105 del Código Penal Venezolano. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en Funciones de Ejecución DECRETA LA LIBERTAD PLENA Y RESTITUCIÓN DE TODOS LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DEL CIUDADANO: ORTEGA BORGES JOSE ALBERTO Titular de la Cedula de Identidad No V- 13.251.397, de conformidad con lo estatuido en el artículo con los artículos 479 del Código Orgánico Procesal; y 105 del Código Penal Vigente. Y ORDENA que el ciudadano antes nombrado de cumplimiento a la pena accesoria, sujeción a la vigilancia, hasta el día 18-12-04.-
En virtud de que esta Sentencia podrá adquirir el carácter de cosa juzgada, SE ORDENA: notificar a las partes; y librar los oficios legales correspondientes. CUMPLASE.
LA JUEZA SEGUNDO DE EJECUCION
DRA. NANCY TOYO YANCY.
LA SECRETARIA
ABG. ALEJANDRA BONALDE
En esta misma fecha se registró y notificó la anterior decisión.
LA SECRETARIA
ABG. ALEJANDRA BONALDE
ACT. 2E654-99.-
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