REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1 Los Teques, 24 de mayo de 2004 Vista la solicitud de homologación de acuerdo conciliatorio planteado por ante la Defensoría del Niño y del Adolescente del Municipio Guaicaipuro de este Estado, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA: I Se inició el presente procedimiento con ocasión a la solicitud interpuesta por el citado Defensor, recibida por vía de distribución el 14.05.04, a fin de que se homologue el acuerdo propuesto (F.1). A tal efecto consignan acta contentiva del acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos JUDITH HERRERA DE LIENDO y ALFREDO LIENDO, en términos tales que el padre sufragará a favor de su hijo concebido, una suma mensual equivalente al 80.93% del salario mínimo, para la fecha del acuerdo asciende a Bs.200.000,00 mensual, para el sustento de aquella, siendo cubiertos los gastos extras destinados para el embarazo en un 50%. II Ahora bien, la obligación alimentaria resulta impretermitiblemente necesaria para garantizar los derechos de niños y adolescentes, puesto que es la única fuente para cubrirles su manutención y desarrollo integral y, precisamente por ello, el constituyente de 1999, acogiendo la doctrina de la protección integral contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, le da rango constitucional a la misma, con lo que constituye un derecho humano de los beneficiarios, aún cuando se trate del hijo concebido y aún no nacido, al establecer expresamente en el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que: “...La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.” Con ello, el Constituyente venezolano da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, puesto que la mencionada Convención, dispone expresamente en su artículo 27 que: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres...les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño... ...4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres...”. Así las cosas, para la obligación alimentaria debe garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de los progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento, aún respecto del hijo aún en gestación, siendo la obligación alimentaria es de carácter personal, como se desprende, sin duda alguna, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y, con mayor contundencia y claridad, con rango constitucional, del artículo 76, aparte único, constitucional, al disponer que: “...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos...”. Ahora bien, examinado el acuerdo planteado entre los citados ciudadanos, tomando en consideración que, en el caso concreto, lo planteado entre aquellos puede solventarse recurriendo a una comunicación armónica, logrando soluciones equilibradas y en consenso para resolver el desacuerdo que pueda ocurrir entre ellos y, considerando, igualmente, que la intención del legislador al establecer los acuerdos conciliatorios fue la de evitar procesos mas traumáticos y, en virtud, por lo demás, que tal acuerdo redunda en la economía y celeridad procesal, es por lo que esta Sala de Juicio considera procedente y ajustado a derecho HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad con el articulo 315, en relación con el artículo 317 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE. III Por todas las consideraciones precedentemente expuestas, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado entre los ciudadanos ALFREDO ANTONIO LIENDO ESPINOZA y JUDITH MARGARITA HERRERA ZACARIAS, titulares de las cédula de identidad No.5569076 y 10570157, conforme al artículo 317, en relación con el artículo 315, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Regístrese la presente decisión. Extiéndase a las partes que las soliciten, copias certificadas del presente fallo. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, a los 24 días del mes de mayo de 2004. Años 193 de la Independencia y 144 de la Federación. LA JUEZ, DRA. ZULAY CHAPARRO EL SECRETARIO, ABG. NICOLAS MORANTE En la misma fecha se cumplió lo ordenado. EL SECRETARIO, ABG. NICOLAS MORANTE Exp. S-2748-04