TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO.
TRIBUNAL SEGUNDO DE CONTROL

Guarenas, 27 de Octubre de 2004
194º y 144º

CAUSA 2C-14230-03

JUEZ : DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ P.

FISCAL: Dra. JUANA D’ELIAS, Fiscal Cuarta del Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda

DEFENSA PUBLICA: DOCTORA YOSMAR HERNANDEZ

ACUSADOS:, Sector Colinas del Cepa, frene al Cuidado Diario, Casa S/N, Guarenas, Municipio Plaza, del Estado Miranda.
JOSE GREGORIO CAMPOS LIZARAZO, venezolano, natural de Maracaibo, nacido el 29/07/82, de 22 años de edad, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.139.391, hijo de Carmen Rosa Lizarazu (v) y de Luis Antonio Campos (v), residenciado en Brisas de Guacarapa, Terraza Nro. 01, casa Nro. 14, Guarenas Municipio Plaza del Estado Miranda.

KELVI EDUARDO SOLORZANO FLORES, venezolano, natural de Caracas, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad nro. 18.366.228, hijo de Belkis Josefina Flores (v) y de Oswaldo Ricardo Solórzano (f), residenciado en; Guarenas, sector Las Casitas del Nazareno, casa Nro. 70, Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda.

FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA; venezolano, natural de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.821.313, hijo de Belkis Tibisay Cartaza (v) y de Joel Sánchez Milano (v) residenciado en Las Clavellinas
VICTIMAS: CRUZ ORTA DAISY ODALIS Y APONTE GOMEZ MARIA ESTHER

SECRETARIA: Abg. KARLA SANTIN

El Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal, en función de Control del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en la ciudad de Guarenas, a cargo de la DRA. ELIADE MARGARITA ISTURIZ PALACIOS, procede a dictar sentencia conforme a lo establecido en el Artículo 330.6° del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de la ADMISIÓN DE LOS HECHOS, en Audiencia Preliminar celebrada en fecha 27-de octubre de 2004, en la causa 2C22209/04, seguida en contra de los acusados CAMPOS LIZARAZO JOSE, FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA Y SOLORZANO KERVI EDUARDO, asistido por la Defensora Pública Penal Dra. YOSMAR HERNANDEZ, acusados por el Estado venezolano a través de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, representada por la DRA. JUANA D’ELIAS, por el delito de ROBO SIMPLE, previstos y sancionados en los artículo 457 del Código Penal, no habiendo comparecido las víctimas a pesar de estar notificadas, este Tribunal para decidir observa:

En Audiencia Preliminar de fecha 27 de octubre de 2004, los ciudadanos antes identificados, previo cumplimiento de la formalidades de ley, una vez formulada la acusación en su contra admitida la misma, y libre de apremio y coacción ADMITEN LOS HECHOS que le imputa la Representación Fiscal y la Defensa, en virtud de lo expuesto por sus representados, por separado, manifiestan optar por la alternativa procesal de admisión de los hechos, solicitando la imposición de la pena con la rebaja que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y solicitaron se le impusiera la pena invocando a favor de sus defendidos las atenuantes establecidas en al Artículo 74.4 del Código Penal. Que se tome en consideración que los mismos no tienen antecedentes penales.

La presente investigación se inicia el día 17 de enero del año 2003, por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, quienes señalan haber sido abordados por dos ciudadanas que se identificaron como CRUZ ORTA DAISY ODALIS Y APONTE GOMEZ MARIA ESTHER, quienes le manifestaron que tres sujetos desconocidos le habían despojado de tres anillos, una cadena y cincuenta mil quinientos bolívares , usando un arma de fuego amenazándolas de muerte… y que se habían ido corriendo , procediendo los funcionarios policiales a realizar un recorrido en compañía de las ciudadanas por el sector logrando ver a tres ciudadanos… los funcionarios le dan la voz de alto y son señalados por las víctimas procediendo a su aprehensión, … incautándole en el bolsillo un facsímile de arma de fuego de color negro…”

MOTIVA

Estima este Tribunal previo análisis de las circunstancias antes narradas que la conducta desplegada por los ciudadanos CAMPOS LIZARAZO JOSE, FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA Y SOLORZANO KERVI EDUARDO, encuadra dentro de la norma contenida en el artículo 457 del Código Penal, el cual establece:
“El que por medio de la violencia o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas, haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que le entregue un objeto mueble o a tolerar que se apodere de éste, será castigado con presidio de cuatro a ocho años”

Por cuanto quedó demostrado que el arma utilizada era un arma de juguete de los denominados facsímil de pistola, instrumento que no pone en riesgo la integridad física del sujeto pasivo, uno de los bienes jurídicos tutelados en éste delito, y que constituye la agravación de la pena en el caso del delito de robo cometido con arma de fuego, por ser amenazados dos bienes jurídicos tutelados la propiedad y la vida, la cual no está en riesgo en los casos de ser utilizados en la comisión de dicho delito un arma de juguete, en consecuencia la acción desplegada constituye el tipo contenido en el artículo 457 del Código Penal, delito de acción pública, cuya acción no se encuentra prescrita y analizados como lo han sido suficientemente los elementos de convicción y los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público fundamenta la acusación y analizados por este Tribunal conforme a las reglas del Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, dan por demostrada la existencia de tal hecho punible. Asimismo, existen fehacientes elementos de convicción para considerar a los acusados responsables del ilícito penal en referencia; y admitida la acusación penal y los medios de prueba, y oída la declaración de los acusados de su deseo de ser sentenciada este Tribunal pasa a considerar:
De conformidad con lo previsto en el Artículo 532, 330.6 y 376 todos del Código Orgánico Procesal Penal, es competencia del juez de control, sentenciar conforme al procedimiento por Admisión de los Hechos.
Los acusados CAMPOS LIZARAZO JOSE, FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA Y SOLORZANO KERVI EDUARDO, manifestaron su voluntad expresa de acogerse al procedimiento por Admisión de los Hechos, previsto como solución alternativa a la prosecución del proceso; en consecuencia seguidamente pasa el tribunal a sentenciar conforme al procedimiento por Admisión de los Hechos, observando que la Representante Fiscal, calificó los hechos como ROBO SIMPLE, previsto y sancionado en el Artículo 457 del Código Penal y tal efecto considera:

El delito de ROBO SIMPLE, imputado a los acusados, prevé pena de presidio de 04 a 08 años cuyo termino medio es SEIS (06) años, de conformidad a lo previsto en el artículo 37 del Código Penal, ahora bien por cuanto los acusados no tienen antecedentes penales, le es aplicable la atenuante genérica prevista en el Artículo 74.4 del Código Penal y vista admisión de los hechos efectuada por los acusados considera que quien aquí decide que de la interpretación autentica y legal del Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal en su segundo aparte el cual es el siguiente tenor

Artículo 376. “En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio…”

El procedimiento por admisión de los hechos exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

-Que el acusado admita los hechos objeto del proceso en forma personal, libre de coacción y apremio solicitando la imposición inmediata de la pena.
-Que esté demostrada la culpabilidad del acusado.
-Que esté demostrada la materialidad del los hechos objeto del juicio

De esta norma se deduce que en los casos en los cuales haya habido violencia contra las personas, el juez solo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio, en el presente caso quedó demostrado que el arma utilizada era de juguete, en consecuencia y por cuanto la pena máxima para el delito atribuido no excede de Ocho (08) años, se hace procedente aplicar la rebaja de la pena contenida en el artículo antes citado y por cuanto es hasta un tercio, considera éste Tribunal pertinente rebajar UN (01) AÑO, atendiendo las circunstancias de comisión del hecho punible y la conducta desplegada por los acusados, es decir que la pena a imponer sería de TRES (03) años,,por cuanto esta institución jurídica tiene por finalidad, propósito y alcance del legislador patrio en la norma es que el juez imponga una justa pena por la comisión del hecho punible, debidamente rebajada considerando las circunstancias en las cuales se perpetro el bien jurídico afectado. Tomando en consideración las atenuantes previstas en al Artículo 74.4 del Código Penal las cuales establecen:

Artículo 74.- “Se consideraran circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar ‚esta en menos del termino medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley, las siguientes:
4.- Cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del Tribunal aminore la gravedad del hecho”.

Las cuales son de aplicación discrecional del juez
Este Tribunal concluye que la pena en definitiva que deben cumplir los acusados: CAMPOS LIZARAZO JOSE GREGORIO, FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA Y SOLORZANO KERVI EDUARDO, por la comisión del delito de ROBO SIMPLE, es de TRES (O3) AÑOS de presidio mas las accesorias de ley contenidas en el Artículo 13 del Código penal las cuales son:

“Son penas accesorias de la de presidio:
1.- La interdicción civil durante el tiempo de la pena.
2.- La inhabilitación política mientras dure la pena.
3.- La sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte del tiempo de la condena, desde que esta termine”.

DISPOSITIVA

Por los razonamientos precedentes, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en la ciudad de Guarenas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, con fundamento en los Artículos 532, 330.6 y 376 todos del Código Orgánico Procesal Penal, en APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS, CONDENA a los ciudadanos JOSE GREGORIO CAMPOS LIZARAZO, venezolano, natural de Maracaibo, nacido el 29/07/82, de 22 años de edad, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad Nro. 17.139.391, hijo de Carmen Rosa Lizarazu (v) y de Luis Antonio Campos (v), residenciado en Brisas de Guacarapa, Terraza Nro. 01, casa Nro. 14, Guarenas Municipio Plaza del Estado Miranda., KELVI EDUARDO SOLORZANO FLORES, venezolano, natural de Caracas, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad nro. 18.366.228, hijo de Belkis Josefina Flores (v) y de Oswaldo Ricardo Solórzano (f), residenciado en; Guarenas, sector Las Casitas del Nazareno, casa Nro. 70, Guarenas, Municipio Plaza, Estado Miranda y FRANKLIN SANCHEZ CARTAYA; venezolano, natural de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Nro. 16.821.313, hijo de Belkis Tibisay Cartaza (v) y de Joel Sánchez Milano (v) residenciado en Las Clavellinas A CUMPLIR LA PENA DE TRES (03) AÑOS DE PRESIDIO MAS LA ACCESORIAS DE LEY CONTENIDAS EN EL ARTICULO 13 DEL CÓDIGO PENAL; por la comisión del delito de ROBO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 457 del Código Penal.
Diarícese, Regístrese, Déjese copia. Firme la presente sentencia remítanse las presentes actuaciones al Juez de Ejecución que corresponda de conformidad con lo establecido en el Artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente remítase copia certificada a la División de Antecedentes Penales del Ministerio de Interior y Justicia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de Antecedentes Penales.
Dada firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, Extensión Barlovento con sede en la ciudad de Guarenas, a los 27 días del mes de Octubre de dos mil cuatro (2004).
LA JUEZ DE CONTROL

Dra. ELIADE M. ISTURIZ P.

LA SECRETARIA

ABG. KARLA SANTIN
CAUSA 2C14230-03