REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN Guarenas, 27 de Septiembre de 2004 Corresponde a este Tribunal pronunciarse en cuanto a la solicitud de la Dra. CLEOTILDE HERNANDEZ, Defensora Pública Penal, en su carácter de abogado Defensora del penado LUNA HERNANDEZ FRANKLIN ANTONIO, en la cual solicita se sirva ordenar la practica del Informe Psicosocial, para que sea estudiado, anexado a su expediente y surta sus efectos legales, y al respecto se observa lo siguiente: En fecha 26 de Junio de 2003, este Tribunal de Ejecución procedió a dictar auto mediante el cual acumulo las penas resultantes de las dos sentencias condenatorias recaídas en su contra, siendo la primera de ella de fecha 26-10-99, por la camisón del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, y la segunda, de fecha 23-4-02, por la comisión del delito de ROBO GENERICO FRUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 460 en relación con el 80., ambos del Código Penal. Por otra parte, en la misma decisión el Tribunal señaló las fecha cuando proceden los beneficios, señalando el Juzgador, que el penado sólo podrá optar por el beneficio de Confinamiento, toda vez que al habérsele revocado el beneficio de Suspensión Condicional de Ejecución de la Pena, perdió la oportunidad de optar por los beneficios de Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto y Libertad Condicional, ello conforme lo preceptuado en el artículo 501 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal . Asimismo indicó que el Confinamiento procede al cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código Penal y cumplir con las tres cuartas partes de la pena impuesta, que en definitiva es CINCO (05) AÑOS CUATRO (04) MESES QUINCE (15) DIAS, que operó el día 6 de Septiembre de 2004. Así las cosas, es procedente indicar lo que al respecto señala el artículo 20 del Código Penal vigente, el cual se transcribe a continuación: “La pena de confinamiento consiste en la obligación impuesta al reo de residir, durante el tiempo de la condena, en el municipio que indique la sentencia firme que la aplique, no pudiendo designarse al efecto ninguno que diste a menos de cien kilómetros, tanto de aquél donde se cometió el delito como aquéllos en que estuvieron domiciliados, el reo al tiempo de la comisión del delito, y el ofendido para la fecha de la sentencia en primera instancia...El penado estará obligado, en comprobación de estar cumpliendo la sentencia y mientras dure la condena, a presentarse a la Jefatura Civil del Municipio con la frecuencia que el Jefe Civil indique, la cual no podrá ser más de una vez cada día ni menos de una por semana”. Del referido artículo se evidencia, que el confinamiento es una pena corporal restrictiva de la libertad, ya que condiciona al penado, a estar delimitado al radio del municipio donde se le confina, es decir, no puede salir de esa jurisdicción, que debe distar a por lo menos cien kilómetros del lugar donde se cometió el hecho delictuoso, o de donde reside la víctima del delito o sus familiares, y esto por una razón de ser, se busca la protección efectiva de la persona del reo, que podría correr peligro al encontrarse con el sujeto pasivo, o sus familiares, para quienes la sanción corporal no fue suficiente en el resarcimiento del daño sufrido. En el caso concreto, si bien es cierto que penado cumple con las tres cuartas partes de la pena impuesta, no es menos cierto que exige el artículo antes transcrito que el penado tiene que residir a cien (100) kilómetros del lugar donde se cometió el delito. Al respecto, no consta en autos , CONSTANCIA DE RESIDENCIA, de la persona donde va a pernoctar o hacer su vida social el penado, no obstante ello, obviar en el presente caso, uno de los requisitos previstos en el artículo 20 del Código Penal vulneraría el espíritu, propósito y razón del Legislador, motivo por el cual este Tribunal considera que lo procedente en el presente caso es SOLICITAR a la defensa del penado LUNA HERNANDEZ FRANKLIN ANTONIO, consigne la constancia de Residencia antes aludida, a los fines de emitir el pronunciamiento que corresponda. Y ASI SE DECLARA DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, este Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, con sede en Guarenas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA a la defensa del penado LUNA HERNANDEZ FRANKLIN ANTONIO, consigne la constancia de Residencia de la persona donde va a pernoctar o hacer su vida social el penado, a los fines de emitir el pronunciamiento que corresponda, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 20 del Código Penal. Diarícese, regístrese y notifíquese la presente decisión a las partes legitimadas en la presente causa. Líbrese boleta de traslado al penado a los fines de imponerlo de la decisión. CUMPLASE. EL JUEZ TERCERO DE EJECUCION, DR. VICTOR JULIO GAMERO CASTRO EL SECRETARIO, ABG. JOSUE ZERPA En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior. EL SECRETARIO, ABG. JOSUE ZERPA Exp. N° 3E576