TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA SEDE OCUMARE DEL TUY. Ocumare del Tuy, Veintiocho (28) de Abril del dos mil cinco (2005).- 195º y 146° Vista la solicitud planteada en el libelo de demanda presentada, en fecha 21 de Abril del 2005, por el abogado CARLOS EDUARDO NUÑEZ, Inpreabogado Nro. 25.099, apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, ciudadana YNGRID YANETH DIAZ MENDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.418.841, mediante la cual solicita se decrete medida de embargo preventivo sobre el cincuenta por ciento (50%) del monto que por concepto de Prestaciones Sociales le corresponde al demandado, CESAR AUGUSTO OLIVAR BUENO, por ser trabajador activo del Banco Mercantil, Banco Universal, y Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el inmueble constituido por el lote de terreno, ubicado en Jurisdicción del Municipio Paz Castillo del Estado Miranda, carretera que conduce la población de Charallave hasta la población de Santa Teresa , sitio denominado Gran Posesión Tomuso, y que tiene un área aproximada de Un Mil Nueve Metros Cuadrados (1.009 Mts. 2), que pertenece a la parte demandada. Al respecto el Tribunal observa: Las medidas preventivas son un instrumento necesario para la eficiencia de la justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia preventiva sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al segundo de los requisitos, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Dicho lo anterior y revisadas las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal observa que la solicitud de la medida provisional solicitada, no llena los extremos legales contenidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, por lo que conforme al artículo 23 ejudem, este Tribunal NIEGA las medidas provisionales solicitadas por la parte actora. Y ASÍ SE DECIDE.- LA JUEZ. DRA. AIZKEL ORSI EL SECRETARIO. ABG. MANUEL GARCÍA. AO/ ysabel EXP. 503-05 / PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONYUGAL