REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA. 194° y 146° EXPEDIENTE N° 0292/2005 PARTE ACTORA: MIGUEL ANGEL MARTINEZ YANEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 622.072, en su carácter de representante legal de la ADMINISTRADORA CENTRO MIRANDA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 13, Tomo 38-A de fecha 4 de agosto de mil novecientos ochenta y seis. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: NESTOR OBREGON, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 2345. PARTE DEMANDADA: HUMBERTO GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 613.670. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado debidamente constituido. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. I Se inicia la presente acción mediante libelo de demanda, por medio del cual el ciudadano MIGUEL ANGEL MARTINEZ YANEZ, antes identificado, en representación de la ADMINISTRADORA CENTRO MIRANDA, C.A., también antes identificada, debidamente asistido por el abogado NESTOR OBREGON, igualmente antes identificado, interpone acción de Resolución de Contrato de Arrendamiento, en contra del ciudadano HUMBERTO GOMEZ, plenamente identificado, a fin de que conviniera o en su defecto fuese condenado por este Tribunal a PRIMERO: A la resolución del contrato celebrado con la ADMINISTRADORA CENTRO MIRANDA, C.A., sobre el apartamento distinguido con el N° 1 del edificio Roberto, ubicado en la calle Cecilio Acosta. SEGUNDO: Al pago de la cantidad de BOLIVARES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTÍMOS (BS. 82.460,00), mensuales por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la ocupación indebida del inmueble y la celebración de un nuevo contrato con terceras personas; y el pago de las mensualidades que se sigan venciendo mientras dure la ocupación indebida. TERCERO: A pagar las costas del presente proceso. Como fundamento jurídico de su acción, la parte actora invocó los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.579, 1.592, 1.616 del Código Civil; los artículos 1 y 33 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliario. En fecha 28 de febrero de 2005, el Tribunal admitió la demanda por el procedimiento breve y emplazó al demandado para que al Segundo día (2do) día de despacho siguiente de la constancia en autos de haberse practicado su citación, dentro de las horas de Despacho comprendidas y fijadas por este Tribunal entre las 8:30 a.m. a 1:30 p.m., para que diera contestación a la demanda u opusiera las defensas que creyere convenientes. En cuanto a la Medida solicitada el Tribunal proveería por auto separado, en cuaderno de medidas el cual se abriría en su oportunidad respectiva. En fecha 03 de marzo del año en curso, se libró la compulsa respectiva a los fines de practicar la citación. Siendo esta la última actuación que consta en el expediente (folio 11).- II El Código de Procedimiento Civil, establece la Perención de la Instancia y señala que toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y en el ordinal 1° se incluye que cuando haya transcurrido treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. Tanto la doctrina patria, como la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, señalan que la Perención persigue sancionar la inactividad de las partes con al extinción de la Instancia, una vez verificado el supuesto, que la permite, puede declararse de oficio. Son dos los supuestos que hacen procedente la Perención, a saber: 1) Cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido; 2) Cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinado plazo, a requerimiento del Tribunal a Instancia de su contraparte. Para que corra la Perención, la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentre en tal situación puede ocurrir la Perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes. No obstante lo anterior, es importante destacar que la jurisprudencia constante y reiterada, de la extinta Corte Suprema de Justicia, a través de sus diferentes Salas, y antes de la entrada en vigencia del Principio de Gratuidad de la Justicia, estableció que las obligaciones legales a que se refiere el ordinal 1° del artículo 267 de la Ley Adjetiva, correspondía al pago, por parte del demandante, de los derechos de compulsa y citación para lo cual se establece un lapso perentorio. Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 30 de Diciembre de 1999, se consagró el principio de la Gratuidad de la Justicia, y en el artículo 254 dispone que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios; en consecuencia se desaplican aquellos artículos de la Ley de Arancel Judicial que coliden con esta disposición constitucional, como por ejemplo aquellas que se refieran al pago de Compulsas, Boleta de Citación, Carteles, Copias Certificadas, etc. Este argumento nos lleva a concluir que la obligación legal que se le había impuesto al actor, jurisprudencialmente, con respecto al pago de la planilla de aranceles cesó. Sin embargo no ocurre lo mismo con la obligación impuesta al demandante de solicitar oportunamente al órgano jurisdiccional su activación ya que le corresponde a las partes impulsar el proceso a tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto le corresponde a éste realizar los actos necesarios para que pueda lograrse la citación del demandado, pues con la práctica efectiva de esta queda trabada la relación jurídico procesal o como también es llamada la litis. Ahora bien, para la procedencia de la Perención de la Instancia es necesario que se desprendan de las actas que integran el expediente, de forma contundente e inequívoca, la falta de interés para la continuación del proceso. En el caso de marras se deberá revisar las actuaciones a fin de determinar, si se dieron los supuestos requeridos para la existencia de la pérdida de interés. En fecha 03 de marzo de 2004, se libró la compulsa respectiva, es decir que hasta la presente fecha ha transcurrido más de treinta (30) días, sin que la parte actora haya realizado ningún acto de procedimiento orientado a lograr la citación de la demandada, por lo que debe declararse de Oficio la Perención de la Instancia por la inactividad de la parte actora, para cumplir las diligencias relativas a lograr la citación del demandado o cualquier otro acto de impulso procesal que interrumpiera dicha Perención. Y así se declara.- III Por todas las anteriores consideraciones, este JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, con sede en San Diego de Los Altos, administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en el presente proceso de Resolución de Contrato de Arrendamiento, interpuesta por el ciudadano MIGUEL ANGEL MARTINEZ YANEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 622.072, en su carácter de representante legal de la ADMINISTRADORA CENTRO MIRANDA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 13, Tomo 38-A de fecha 4 de agosto de mil novecientos ochenta y seis en contra del ciudadano HUMBERTO GOMEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 613.670, por inactividad de la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1° en concordancia con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Por la naturaleza del presente fallo y a tenor de lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas. Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en San Diego de Los Altos, a los doce (12) días del mes de abril de dos mil cinco (2005). Años 194 de la Independencia y 146 de la Federación. LA JUEZ TITULAR DRA. JACQUELINE VEGA ALVAREZ EL SECRETARIO ACC. YORMAN BALDINI En esta misma fecha siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) se publicó la presente decisión.- EL SECRETARIO ACC. YORMAN BALDINI JVA/yb/jn EXP N° 0292/2005