TSJ Regiones - Decisión

Los Teques, 01 de abril de 2005
195° y 146°

Las presentes actuaciones han ingresado a este Tribunal, en fecha 29 de Marzo de 2005 por remisión que hiciera el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes hecho como ha sido el estudio y revisión exhaustiva de las actuaciones que conforman la presente causa, en su forma original, este tribunal observa una irregularidad en la decisión dictada en fecha 17 de Marzo de 2005 por la Juez de Control en el acto de la Audiencia Preliminar.

A los fines de emitir un pronunciamiento al respecto, este despacho para decidir, previamente observa:

En fecha 18 de Enero de 2005 la Doctora BLANCA ZORAIDA RODRIGUEZ, en su carácter de Fiscal (Encargada), Décima Quinta del Ministerio Público, presentó formal acusación en contra del Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, de catorce años de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-IDENTIFICACION OMITIDA, de profesión estudiante, hijo de IDENTIFICACION OMITIDA y IDENTIFICACION OMITIDA, por la presunta comisión del delito de VIOLACION, previsto y sancionado en el articulo 375 Ordinal 1 del Código Penal venezolano, con las circunstancias agravantes previstas en el articulo 77, ordinales 5, 8, 9 12 y 14 Ejusdem, la cual riela a los folios uno (01) al siete (07) de la Primera Pieza. y entre otras cosas solicitó:

(…) “ se le decrete la medida cautelar prevista en el articulo 581 ( Literales “ A y C ” ) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ya que existe el riesgo razonable de que el adolescente pueda evadir el proceso, existe peligro grave para la niña IDENTIFICACION OMITIDA (victima), y a todo evento para asegurar su comparecencia a juicio (…)

Solicitud esta que fue ratificada en la celebración de la Audiencia Preliminar en fecha 17 de Marzo de 2005.

En fecha 17 de Marzo de 2005 el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el acto de la Audiencia Preliminar realizo el siguiente pronunciamiento:

(…) SEGUNDO: Se declara Sin lugar la solicitud de imponer al adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, la medida cautelar prevista en el artículo 581 Literales A y C) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en su lugar se Acuerda la imposición de las Medidas Cautelares establecidas en el artículo 582 Literales “B, C, D y F” consistentes en: La Primera: Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de su Defensora Privada Dra. MARIA ANDREINA PERDOMO, quien informara regularmente al Tribunal en fecha 17 de Marzo de 2005 por la Juez de Control en el acto de la Audiencia Preliminar, La Segunda: Presentación ante este tribunal cada tres (03) días, a partir del día viernes 18-03-2005.(…)

Ahora bien, este decisor observa que, el Tribunal de Control al emitir su pronunciamiento, en cuanto a la solicitud de la representación Fiscal en cuanto a la imposición de la medida cautelar prevista en el articulo 581 (Literales “A y C ” ) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el Tribunal de Control no emitió una decisión motivada del porque se apartaba del pedimento Fiscal, lo que jurídicamente acarrearía la Nulidad. Para que no quede duda el Juez de Control al decretar una privativa de Libertad o al aplicar una medida sustitutiva en su lugar, debe emitir una decisión motivada, so pena de nulidad, (según el articulo 173 del Código Orgánico Procesal Penal), conforme al 447 ordinal 4, por mandato expreso del articulo 246, ejusdem, los cuales serian aplicables por remisión expresa del 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Dichos artículos establecen lo siguiente:

Articulo 173. “Clasificación. Las decisiones del Tribunal serán emitidas mediante sentencia o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación. (…).”

Artículo 447. Decisiones recurribles: “Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: (…)”
4°. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva; (…).

Artículo 246. Motivación. “Las medidas de coerción personal solo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada.
Esta se ejecutara de modo que perjudique lo menos posible a los afectados.
El Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos a quienes les haya sido impuestas medidas de coerción personal”.
Si bien es cierto que, el juez es autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones, tampoco es menos cierto que, el Tribunal de Control es el órgano purificador del proceso, indica el contenido del artículo 283 de Código Orgánico Procesal Penal:

“A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidas en este Código, en la Constitución de la Republica, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la Republica; (…)”

En este mismo orden de ideas establece el artículo 532 del Código Orgánico Procesal Penal:

Articulo 532. Funciones Jurisdiccionales. “OMISSIS…El juez de Control, durante las fases preparatoria o intermedia, hará respetar las garantías procesales…”

(La enunciación y trascripción de estos artículos se hace por remisión expresa del 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente).

El articulo 7, ordinal 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José de Costa Rica” dispone:

“OMISSIS… Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez y otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continué el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio…”

Pues bien en atención a lo antes expuesto considera este decisor, que la juez de Control al imponer la medida Cautelar contenida en el literal B), del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente la cual es del tenor siguiente:

(…) “obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informará regularmente al tribunal, “ (…)

Las medidas Cautelares contenidas en el articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que le impuso al Adolescente el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes,, son las contenidas en los literales B y C, entre otras, son las consistentes en:

LA PRIMERA; Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de su Defensora Privada Dra. MARIA ANDREINA PERDOMO, quien informará regularmente al tribunal, y LA SEGUNDA: Presentación ante este tribunal cada tres (03) días, a partir del día viernes 18-03-2005.

El Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes, emitió un pronunciamiento totalmente fuera de lugar y no acorde con el verdadero fin que persigue esta medida, el cual no es otro que la vigilancia y cuidado del Adolescente por el núcleo familiar, cuyo rol es de suma importancia como comprometida primaria. En el caso de ser otra la persona (as) o institución (es) la designada por el juez para hacer cumplir esta medida, indiscutiblemente debe estar capacitada para realizar este trabajo con el Adolescente. Todo Adolescente que esta siendo juzgado y a quien se le impone una medida Cautelar sustitutiva, la misma constituye una limitación al derecho de libertad. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing), en su disposición 13.2, corrobra esta institución: “ Siempre que sea posible, se adoptaran medidas sustitutorías de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa”

En este mismo orden de ideas, uno de los objetivos del estado es garantizar la finalidad del proceso, por cuanto las medidas cautelares sustitutivas a los que se refiere el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, son a todas luces insuficientes para garantizar tales resultados. Las medidas cautelares dictadas dentro de un proceso judicial responden a la necesidad de garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva desde el inicio mismo del proceso y, en tal sentido, operan, precisamente, como garantía de la eficacia de la futura decisión de fondo, la cual podría verse comprometida por el indispensable transcurso del tiempo para tramitar el proceso que concluirá con tal decisión de fondo. Así, las medidas cautelares son, por su naturaleza, instrumentales, están preordenadas a la decisión definitiva cuyas resultas aseguran y, por tanto, se extinguen con dicha decisión, puesto que con esta cesa su finalidad.

La medida Cautelar. Prevista en el literal B) del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, impuesta por la juez de Control es a todo evento, y a futuro de imposible cumplimiento, ya que si bien es cierto la Dra. ANDREINA PERDOMO, es una profesional del derecho, no es la persona idónea para hacer cumplir esta medida, ya que la misma tiene como función especifica la de asistir técnicamente al adolescente, en el ejercicio de su derecho a la defensa, por nombramiento que hiciera el propio Adolescente en fecha 03 de Febrero de 2005, deduciéndose de la profesión que desempeña que no, puede supervisar perennemente y estrictamente al Adolescente, ya que su labor es netamente jurídica, aunado al hecho que posiblemente no pertenece al núcleo familiar del imputado. Así las cosas la Juez de Control no previno el hecho de las circunstancias que rodean la función de la profesional de derecho, es impredecible saber con certeza hasta cuando dura en el ejercicio de sus funciones un abogado privado con su cliente, sumado a estos los casos fortuitos o de fuerza mayor que pudieran presentarse. Así mismo siendo la Dra. ANDREINA PERDOMO, la abogado defensora del Adolescente, su designación para el cuidado y vigilancia y posterior informe al tribunal, trae como consecuencia intereses contrapuestos, al caso su examine, y no esta ajustada a derecho.

Así las cosas, tenemos que el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes le impuso al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, la medida Cautelar. Prevista en el literal C) del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, argumento de la decisión, es el extracto que se transcribe a continuación:

“Presentación ante este tribunal cada tres (03) días, a partir del día viernes 18-03-2005”. (Trascrita textualmente de la decisión de la juez).

Esta presentación del Adolescente por ante el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes cada tres días es violatoria del debido proceso, ya que al remitir el tribunal de Control, al tribunal de juicio las actuaciones, por haber ordenado el Enjuiciamiento del Adolescente, el tribunal de Control pierde la función jurisdiccional sobre esa causa, cuyas fases de Control comprenden la fase preparatoria e intermedia, quedando en consecuencia el Adolescente a la orden de este despacho, siendo su juez natural el juez de Juicio, por lo que, sería IMPROCEDENTE su presentación ante el juez de Control.

Esta decisión del Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes de imponer al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, la obligación de Presentarse por ante el Tribunal de Control cada tres (03) días, después de haber emitido el pase a Juicio VIOLENTA FLAGRANTEMENTE, el debido proceso del Adolescente de su Juez Natural y la Tutela Judicial Efectiva, contemplados en los artículos 49 cardinal 4 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no ser el Tribunal de Control el Juez Natural.

Es de resaltar el contenido de los artículos 49 cardinal 4° y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales textualmente rezan lo siguiente:

Artículo 49: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
(…) Derecho al Juez Natural

4. Toda persona tiene derecho a ser Juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la Ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por Tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. (…)”.

Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, (…). El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles”.

Por lo que, se hace procedente y ajustado a derecho, tomando en consideración lo antes expuesto, que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, emita el siguiente pronunciamiento: Decreta de Oficio y de conformidad con lo establecido en el articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión del articulo 537 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la REVOCATORIA de las medidas Cautelares Sustitutivas, contenidas en el literal B) y C), del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en lo que respecta al modo de cumplimiento de las mismas, las cuales fueron impuestas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente en fecha 17 de Marzo de 2005, al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, de catorce años de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-IDENTIFICACION OMITIDA, de profesión estudiante, hijo de IDENTIFICACION OMITIDA y IDENTIFICACION OMITIDA, consistentes en :

La Primera: La del literal B) : Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de su Defensora Privada Dra. MARIA ANDREINA PERDOMO, quien informara regularmente al Tribunal en fecha 17 de Marzo de 2005 por la Juez de Control en el acto de la Audiencia Preliminar,(…)

La Segunda: La del literal c) Presentación ante este tribunal cada tres (03) días, a partir del día viernes 18-03-2005.(…)

Por ser violatorias del debido proceso del Adolescente de ser juzgado por su Juez Natural y la Tutela Judicial Efectiva, contemplados en los artículos 49 cardinal 4 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por no ser el Tribunal de Control el Juez Natural., pero, por cuanto es menester garantizar la realización del presente juicio a fin de que llegue a su final con el pronunciamiento correspondiente, se estima procedente imponerle al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, las medidas cautelares sustitutivas siguientes: LA PRIMERA: contenida en el literal B) : “obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, que informará regularmente al tribunal, y “ LA SEGUNDA: contenida en el literal C) : “ Obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la Autoridad que este designe”.

Y que en lo sucesivo su cumplimiento será de la siguiente manera:

Consistente en: La Primera: la del literal B): “Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de la Madre, ciudadana IDENTIFICACION OMITIDA, quien deberá informarle a este despacho por escrito cada quince días, sobre el comportamiento y conducta del Adolescente, así como lo relativo a sus actividades escolares y extra-escolares realizadas de Lunes a Domingo “. Y ASI SE DECIDE.

La Segunda: La del literal “c” del artículo 582 Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente: “La obligación de presentarse cada ocho días por ante la sede de este Tribunal de Juicio ” . Y ASI SE DECIDE.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, quedan revocadas y sin efecto las medidas cautelares sustitutivas, contenidas en los literales B) y C), del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, impuestas en fecha 17 de Marzo de 2005, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente Por ser violatorias del debido proceso del Adolescente de ser juzgado por su Juez Natural y la Tutela Judicial Efectiva, contemplados en los artículos 49 cardinal 4 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decisión que se toma de conformidad con lo establecido en los artículos: 26 y 49 cardinal 4, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. A los fines de garantizar el debido Proceso y la Tutela Judicial efectiva al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos expuestos, esta Juez Primera de Juicio del Tribunal de Primera Instancia, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento : PRIMERO: Decreta de Oficio y de conformidad con lo establecido en el articulo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al articulo 264 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión del articulo 537 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la REVOCATORIA de las medidas Cautelares Sustitutivas, contenidas en el literal B) y C), del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en lo que respecta al modo de cumplimiento de las mismas, las cuales fueron impuestas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, en fecha 17 de Marzo de 2005, al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA, de catorce años de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-IDENTIFICACION OMITIDA, de profesión estudiante, hijo de IDENTIFICACION OMITIDA y IDENTIFICACION OMITIDA, consistentes en: La Primera: La del literal B) : Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de su Defensora Privada Dra. MARIA ANDREINA PERDOMO, quien informara regularmente al Tribunal en fecha 17 de Marzo de 2005 por la Juez de Control en el acto de la Audiencia Preliminar,(…), y La Segunda: La del literal c) Presentación ante este tribunal cada tres (03) días, a partir del día viernes 18-03-2005.(…) y se le impone las medidas cautelares sustitutivas contenidas en los literales B) y C) del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Y que en lo sucesivo su cumplimiento será de la siguiente manera: La Primera “Obligación de someterse al cuidado y vigilancia de la Madre, ciudadana: IDENTIFICACION OMITIDA, quien deberá informarle a este despacho por escrito cada quince días, sobre el comportamiento y conducta del Adolescente, así como lo relativo a sus actividades escolares y extra-escolares realizadas de Lunes a Domingo “ y La Segunda: “ La obligación de presentarse cada ocho (08) días por ante la sede de este Tribunal de Juicio”. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, quedan revocadas en lo que respecta al modo de cumplimiento de las mismas, las medidas cautelares sustitutivas contenidas en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, literales B) y C), impuestas por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente Por ser violatorias del debido proceso del Adolescente de su Juez Natural y la Tutela Judicial Efectiva, contemplados en los artículos 49 cardinal 4 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decisión que se toma de conformidad con lo establecido en los artículos: 26 y 49 cardinal 4, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. A los fines de garantizar el debido Proceso y la Tutela Judicial efectiva al Adolescente IDENTIFICACION OMITIDA. Y ASI SE DECIDE.

TERCERO: Se ordena fijar una Audiencia Especial para el lunes 04 de abril de 2005, a las 10:00 am, a los fines de imponer al adolescente de la presente decisión. Cúmplase

Librese boleta de Notificación a las partes. Notifíquese al Adolescente imputado.

Regístrese, diarícese, publíquese.

LA JUEZ DE JUICIO

DRA. AMARILYS DEL ROSARIO VELAZCO J.

EL SECETARIO

DR. CARLOS ARGENIS IZARRA.

En este misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado

EL SECETARIO
DR. CARLOS ARGENIS IZARRA
ACT/1JM-184-05
ADRVJ-cai/ag.