TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, quince de abril de dos mil cinco
194º y 146º

ASUNTO: MJ21-P-2002-000913

Juez: DRA. FLOR ELIZABETH COLMENARES

Secretaria: ABOG. JOSE MORENO.

Fiscal: DR. JESUS ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ, Fiscal Séptimo (A) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda

Imputado: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N°V-7.820.419.

Víctima: La Colectividad.

Delito: Presuntamente uno de los contemplados en la Ley Orgánica sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas.

MOTIVO: SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 318 NUMERAL 4º DE LA LEY ADJETIVA PENAL.
El 26 de Febrero del 2002, el ciudadano Fiscal Séptimo (a) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, presentó escrito ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal, a través del cual señala que:
• Descripción del hecho objeto de la investigación:
“En fecha 26-02-02, siendo las 09300 am fue puesto a disposición de la Fiscalia Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, titular de la cédula de identidad N°V- 7.820.419, quien en fecha 25 de febrero del 2002, fue aprehendido por funcionarios adscritos Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, y se encuentra actualmente detenido en la sede de la Comisaría de Ocumare del Tuy, del ente policial precedentemente referido. De conformidad con lo establecido en el primer aparte del articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y con el fin de que fije la fecha en que tendrá la audiencia respectiva, le remito anexas, constante de cuatro (04) folios útiles, copias del acta policial y la orden de inicio de la investigación correspondiente. En dicha audiencia, quien suscribe, expondrá lo concerniente a las circunstancias de modo, tiempo y lugar relativas a la aprehensión y solicitará aquello a lo que hubiere lugar.
Se hace constar en Acta Policial, de fecha: 25 de febrero del 2002, levantada por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía, del Estado Miranda, Comisaría de Ocumare, Región Policial Dos, por el funcionario: AGENTE: CONTRERAS LUIS, titular de la Cédula de Identidad N°V- 10.379.602, Placa:02018,….”En momentos cuando realizábamos un recorrido por el sector de parosca, específicamente en la capilla, aviste a un ciudadano que se encontraba agachado en la zona boscosa, motivo por el cual le di la voz de alto y de acuerdo con lo establecido en el articulo 205 y 206 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, procedí a realizarle la inspección personal, no encontrándole nada ilegal en su vestimenta que tenia para el momento, realice una inspección en suelo donde se encontraba el ciudadano agachado logrando recolectar un envoltorio de papel de aluminio contentivo de una sustancia compacta de presunta droga,….., donde dijo ser y llamarse como queda escrito: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, de 38 años de edad, indocumentado, quien dijo ser titular de la cédula de identidad numero: V-7.820.419, natural de Maracaibo, Estado Zulia donde nació el día 08-07-1964, de profesión u oficio Desempleado, de estado civil soltero, Residenciado en Parosca, vereda 12, sector 02, casa numero 02, Ocumare del Tuy, hijo de los ciudadano: BARBARA HERNANDEZ Y RAMON PAREDES, ambos vivos…”

En fecha 26 de febrero del 2002, con fundamento en lo establecido tanto en el primer aparte del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal como en el encabezamiento y en el ordinal 5° del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con relación a lo establecido en el Articulo: 3 de la Ley de Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, ordena asignársele al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, Seccional Ocumare del Tuy, las investigaciones correspondientes a las que alude tal norma, el Fiscal Séptimo (a) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda ordenó se iniciara la investigación respectiva.

En fecha 27 de Febrero del 2002, el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Los Valles del Tuy, Estado Miranda, con sede en la ciudad de Ocumare del Tuy, en la audiencia correspondiente, declara Con lugar la solicitud de aplicación de Procedimiento Ordinario y ordena la Libertad Plena del investigado ut supra identificado.
Asimismo, el 11 de Marzo del 2002, atendiendo a lo ordenado con fundamento en lo establecido tanto en el encabezamiento del artículo 237 como en el artículo 283, ambos, del Código Orgánico Procesal Penal, funcionarios adscritos a la Dirección de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, practicaron la experticia Química correspondiente, determinándose que la sustancia sometida a peritaje es: COCAICANA BASE (CRACK) con un peso de veinte (20) miligramos. El peso que a ella se atribuye es de 20 (20) miligramos.

• Argumentos esgrimidos por el Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento de la causa:
Sostiene el Representante del Ministerio Público como fundamento para solicitar el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, que no existe, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos datos a la averiguación, no hay bases, por lo demás, para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, pues el resultado obtenido una vez concluida la investigación, es insuficiente para ello. No han sido acopiados, en definitiva, elementos de convicción que sirvan de base cierta a tal fin. La aprehensión del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, no fue presenciada por persona alguna. Tampoco lo fueron el hallazgo y la incautación de lo que se asevera se encontró en su poder. Acusar en estos términos, además de irresponsable por parte del Ministerio Público, supondría someter al imputado a un proceso prescindiendo de todo fundamento. Irremediablemente, tal actuación generaría la desestimación de la acusación, eventualmente presentada o emisión de una sentencia absolutoria, exponiéndolo, no obstante, igualmente, a los rigores propios de la celebración de un Juicio Oral y Público.
En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el 1° de los supuestos a los que se alude en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 320 ejusdem; y; en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, SOLICITO se decrete el SOBRESEIMIENTO respecto al ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, precedentemente identificado; ello, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo solicito que una vez dictada la decisión respectiva, se emitan las correspondientes boletas de notificación, y se remitan dos (02) copias certificadas del auto fundado de la Decisión, a los fines de dar cumplimiento al procedimiento de incineración de la droga.
Establecido el contenido y las circunstancias de la solicitud formulada por el Representante del Ministerio Público, este Tribunal para decidir previamente OBSERVA:
PRIMERO: Este Tribunal observa que conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, se prevé que: “Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate“.
Respecto de la celebración de esta audiencia para debatir los fundamentos de la petición de sobreseimiento, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que cuando el Juez prescindiere de la celebración de la misma, debe explicar razonada y motivadamente las circunstancias por las cuales no celebra dicha audiencia, so pena de nulidad del auto por el cual se decreta el sobreseimiento, conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal (En este sentido vid sentencia No 1195 de 21 de junio de 2004, Caso: José Arriechi Mendoza contra Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, especialmente el punto 3.6 de dicha decisión).
En tal virtud, quien aquí decide considera que el citado artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, faculta al Juez para prescindir de la celebración de la audiencia oral cuando estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate; por tal razón la verificación de la audiencia oral va a depender del motivo que se invoque como fundamento de la petición de sobreseimiento, ya que en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, trae dentro de los motivos que hacen procedente el sobreseimiento algunas circunstancias basadas en supuestos objetivos que tornan innecesario su debate en audiencia oral, tal como sucede con el numeral 3º del artículo 318, referido a la extinción de la acción penal y a la cosa juzgada, pues en el primer supuesto el artículo 48 prevé cuáles son los supuestos que extinguen la acción penal, los cuales como es obvio se trata de presupuestos objetivos que comprueba el Juez sin necesidad de la celebración de la audiencia oral, más aún cuando dicha extinción se basa en la prescripción de la acción penal, puesto que para la verificación de ésta basta una simple operación matemática, para establecer el quantum de pena asignada al delito y en base a ello determinar la prescripción o no de la acción penal, conforme las reglas del artículo 108 del Código Penal.
Igualmente, en otras circunstancias (caso del numeral 4º del artículo 318) las resultas de la investigación puede demostrar de manera fehaciente la ausencia de acervo probatorio que demuestre que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, como sucede en el caso de autos, pues no tendría sentido llevar a cabo la realización de una audiencia oral, si en definitiva el acervo probatorio resulta invariable, por lo que ante tales eventos también le es dado al Juez prescindir de la realización de dicha audiencia para debatir el fundamento de solicitud de sobreseimiento, por lo que en el caso de autos este Tribunal estima innecesario la realización de la audiencia en cuestión, por estar suficientemente demostrado en autos, la carencia de medios probatorios que permitan al Ministerio Público solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
SEGUNDO: Ahora bien, el Ministerio Público con fundamento a lo establecido en el artículo 318 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, ha solicitado el sobreseimiento de la presente causa a favor del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, por estimar que el resultado de la investigación no aportó bases sólidas para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
En efecto, este Tribunal al hacer una revisión a las actas que conforman la presente causa, ha podido constatar que únicamente obra como elemento incriminatorio en contra del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, es el contenido del Acta Policial, de fecha: 25 de febrero del 2002, levantada por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía, del Estado Miranda, Comisaría de Ocumare, Región Policial Dos, por el funcionario: AGENTE: CONTRERAS LUIS, titular de la Cédula de Identidad N°V- 10.379.602, Placa:02018,….”En momentos cuando realizábamos un recorrido por el sector de parosca, específicamente en la capilla, aviste a un ciudadano que se encontraba agachado en la zona boscosa, motivo por el cual le di la voz de alto y de acuerdo con lo establecido en el articulo 205 y 206 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, procedí a realizarle la inspección personal, no encontrándole nada ilegal en su vestimenta que tenia para el momento, realice una inspección en suelo donde se encontraba el ciudadano agachado logrando recolectar un envoltorio de papel de aluminio contentivo de una sustancia compacta de presunta droga,….., donde dijo ser y llamarse como queda escrito: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, de 38 años de edad, indocumentado, quien dijo ser titular de la cédula de identidad numero: V-7.820.419, natural de Maracaibo, Estado Zulia donde nació el día 08-07-1964, de profesión u oficio Desempleado, de estado civil soltero, Residenciado en Parosca, vereda 12, sector 02, casa numero 02, Ocumare del Tuy, hijo de los ciudadano: BARBARA HERNANDEZ Y RAMON PAREDES, ambos vivos…” y de la EXPERTICIA QUIMICA, practicada a la sustancia presuntamente incautada al mismo, respecto a la cual se determinó, Química correspondiente, determinándose que la sustancia sometida a peritaje es: COCAICANA BASE (CRACK) con un peso de veinte (20) miligramos. El peso que a ella se atribuye es de 20 (20) miligramos.
De donde a través de tales actuaciones dejan constancia de la forma y circunstancias como se produjo la aprehensión del prenombrado ciudadano, así como de la presunta incautación de la sustancia y cuáles fueron las instrucciones giradas por el Ministerio Público.
Aparte de estos dos elementos, no existe en autos ningún otro elemento que permita establecer la verosimilitud del procedimiento efectuado por los funcionarios de la Policía del Estado Miranda, pues del acta policial a que se hizo mención, la cual riela en autos, no hay constancia de que dicho procedimiento haya sido presenciado por testigos instrumentales buscados al efecto por los funcionarios policiales –como es su deber-, situación ésta que pone de manifiesto que en el caso de autos, una vez concluida la investigación por parte del Ministerio Público, no exista la mínima posibilidad de incorporar nuevos elementos de juicios que permitan establecer de manera fundada la responsabilidad penal del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, en la comisión del hecho punible investigado, con la agravante que la experticia botánica fue practicada sin ningún tipo de control probatorio por parte del imputado, ni de su defensa, lo cual resulta violatorio del derecho fundamental consagrado en el artículo 49 numeral 1º de la Constitución de la República, y menos aún que existiese algún tipo de control en la cadena de custodia de la evidencia, situación esta que pone de manifiesto que en el caso de autos no existen bases legales para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
Pero además de lo señalado anteriormente, debe agregarse que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia reiterada, en procedimiento en materia de drogas, tiene establecido que el solo dicho de los funcionarios policiales resulta insuficiente a los fines de establecer la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del acusado, como es el caso de autos, en donde como se deja establecido no hay elemento de juicio distinto al Acta Policial levantada por los funcionarios policiales del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, a través de la cual se explica la forma como se produjo la aprehensión del ciudadano, así como el hallazgo de la evidencia, tal como lo expresa el ciudadano Fiscal.
En este sentido en Sentencias Números: 371 de 18-12-1986, 164 de 21-05-1987, 198 de 10-06-1987, 106 de 28-04-1987, 256 de 31-05-1988 y 747 de 14-12-1988, entre otras, la Sala de Casación Penal del hoy Tribunal Supremo de Justicia, estableció:
“Las declaraciones de dos (2) o más funcionarios policiales que coinciden en afirmar que a determinada persona le decomisaron estupefacientes, constituyen solo un (1) indicio no suficiente para decretar la detención judicial de esa persona”.
Este criterio jurisprudencial, si bien está referido a la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, en criterio de este decidor, resulta aplicable bajo la vigencia del actual instrumento adjetivo penal, pues ciertamente el dicho de los funcionarios aprehensores por sí solo no es suficiente a los fines de establecer la responsabilidad penal de persona alguna, pues de permitirse dicha situación dejaríamos en manos de los funcionarios policiales el destino de la libertad de muchas personas, lo cual es intolerable en un Estado de Derecho y de Justicia como el que impera en Venezuela.
Por tales razones, este Tribunal estima que no existe fundamento ni elementos de convicción serios que permitan disentir del criterio fiscal para no acoger el acto conclusivo solicitado, por lo que ante estas circunstancias, este Tribunal comparte la posición del Ministerio Público.
DISPOSITIVA:
En fuerza a los razonamientos de hecho y de derecho precedente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Estado Miranda, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, Decide:
PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud de SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, de 38 años de edad, indocumentado, quien dijo ser titular de la cédula de identidad numero: V-7.820.419, natural de Maracaibo, Estado Zulia donde nació el día 08-07-1964, de profesión u oficio Desempleado, de estado civil soltero, Residenciado en Parosca, vereda 12, sector 02, casa numero 02, Ocumare del Tuy, hijo de los ciudadano: Bárbara Hernández y Ramón Paredes, ambos vivos, formulada por el Fiscal Séptimo (a) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, basado en el artículo 318 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. SEGUNDO: Se ordena el cese inmediato de cualquier medida cautelar que pudiera haber existido como consecuencia del presente proceso, en contra del ciudadano: HERNANDEZ JOSE GREGORIO, todo conforme a lo establecido en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ORDENA con vista a la solicitud fiscal se lleve a cabo la INCINERACIÓN de la droga incautada debidamente peritada según Experticia N° 9700-130- 14358, de fecha: 11 de Marzo del 2.002, realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, División de Toxicología Forense, dando cumplimiento a lo establecido en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha: 4-11-2.002, N0. 01-1116, cuya ponencia es del Magistrado: ANTONIO JOSE GARCIA y a tales fines, librense sendas copias certificadas a ese Despacho de la presente Decisión. Remítase a la Oficina de Archivo Judicial de este Circuito Judicial Penal a los fines de su archivo y resguardo. Notifíquese a las partes.
La Juez Tercero de Control,

DRA. FLOR ELIZABETH COLMENARES DE ROJAS

El Secretario,

ABOG. JOSE MORENO.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado y así lo certifico.

El Secretario,

ABOG. JOSE MORENO.