TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, veintinueve de abril de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO: MJ21-P-2000-000118

Juez: DRA. FLOR ELIZABETH COLMENARES

Secretaria: ABOG. YAMILETH GONZALEZ.

Fiscal: CARLOS RESTREPO RUIZ, Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda

Imputado: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N°V-12.388.321.

Víctima: La Colectividad.

Delito: Presuntamente uno de los contemplados en la Ley Orgánica sobre Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas.

MOTIVO: SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 318 NUMERAL 4º DE LA LEY ADJETIVA PENAL.
El 14 de Marzo del 2005, el ciudadano Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, presentó escrito ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal, a través del cual señala que:
• Descripción del hecho objeto de la investigación:
Se hace constar en escrito de fecha 13 de Marzo del 2000, proveniente del DRA. CARLOS JOSE RESTREPO RUIZ, actuando en su carácter de Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y dirigido a este Tribunal lo siguiente; “En fecha 12 de Marzo de 2.000, siendo las 01:50 am. Aproximadamente, los funcionarios adscritos a la COMISARIA OCUMARE DE LA REGION POLICIAL # 2, del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda de Ocumare del Tuy, en la vía pública avistaron aun ciudadano quien al notar la presencia de la comisión policial adoptó una actitud irregular, por lo que a darle la voz de alto, y a practicarle la inspección corporal respectiva lograron incautarle un (01) envoltorio, de material sintectico de color rojo atado por su unico estremo por un hilo de color rojo, contentivo en su interior de un polvo de color blanco presunta droga, el ciudadano quedó identificado como LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, de 23 años de edad, titular de la cédula de identidad N°V-12.388.321, nacido en fecha 11-07-76, residenciado en Parque Central, Torre A, piso 03, Apartamento 31, Ocumare del Tuy, Estado Miranda, hijo de ARELIS ORTINZ (V) y de SAMUEL LAVARTE. En virtud de lo expuesto SOLICITO se aplique el procedimiento ORDINARIO, SOLICITO por lo demás, se le imponga al aprehendido las medidas cautelares sustitutivas que contempla el artículo 265, Ordinal 3°, del código Orgánico Procesal Penal.”

En fecha 12 de marzo del 2000, con fundamento en lo establecido tanto en el primer aparte del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal como en el encabezamiento y en el ordinal 5° del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con relación a lo establecido en el Articulo: 3 de la Ley de Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, ordena asignársele al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, Seccional Ocumare del Tuy, las investigaciones correspondientes a las que alude tal norma, el Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda ordenó se iniciara la investigación respectiva.

En fecha 13 de Marzo del 2000, el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Los Valles del Tuy, Estado Miranda, con sede en la ciudad de Ocumare del Tuy, en la audiencia correspondiente, aplicando la libre convicción establecida en el artículo 22 ejusdem. DECLARA CON LUGAR la aplicación del Procedimiento Ordinario solicitada por la Vindicta Pública e igualmente acordó la LIBERTAD PLENA del mismo. En consecuencia se ordena la remisión de las presentes actuaciones por el procedimiento ordinario.

Asimismo, el 17 de marzo del 2000, atendiendo a lo ordenado con fundamento en lo establecido tanto en el encabezamiento del artículo 237 como en el artículo 283, ambos, del Código Orgánico Procesal Penal, funcionarios adscritos a la Dirección de Toxicología Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, practicaron la experticia correspondiente. Se determinó, en ese entonces, que la sustancia sometida a peritaje era: COCAINA EN FORMA DE CLORHIDRATO. El peso que a correspondiente es de VEINTE (20) MILIGRAMOS.

• Argumentos esgrimidos por el Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento de la causa:
Sostiene el Representante del Ministerio Público como fundamento para solicitar el sobreseimiento de la causa seguida al ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, ya identificado, que no existe, razonablemente, la posibilidad de incorporar nuevos datos a la averiguación. No hay bases, por lo demás, para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, pues el resultado obtenido una vez concluida la investigación, es insuficiente para ello. No han sido acopiados, en definitiva, elementos de convicción que sirvan de pilares a tal fin. La aprehensión del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, no fue presenciada por persona alguna. Tampoco lo fueron el hallazgo y la incautación de lo que se asevera se encontró en su poder. Acusar irreflexivamente, supondría someter al infractor a un proceso prescindiendo de todo fundamento. Irremediablemente, tal actuación generaría la desestimación de la acusación, eventualmente presentada o emisión de una sentencia absolutoria, exponiéndolo, no obstante, igualmente, a los rigores propios de la celebración de un Juicio Oral y Público.

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el 1° de los supuestos a los que se alude en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 320 ejusdem; y; en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, SOLICITO se decrete el SOBRESEIMIENTO respecto al ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, precedentemente identificado; ello, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo solicito se le de cumplimiento a la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, para la incineración de la droga.
Establecido el contenido y las circunstancias de la solicitud formulada por el Representante del Ministerio Público, este Tribunal para decidir previamente OBSERVA:
PRIMERO: Este Tribunal observa que conforme a lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, se prevé que: “Presentada la solicitud de sobreseimiento, el Juez convocará a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la petición, salvo que estime, que para comprobar el motivo no sea necesario el debate“.
Respecto de la celebración de esta audiencia para debatir los fundamentos de la petición de sobreseimiento, ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que cuando el Juez prescindiere de la celebración de la misma, debe explicar razonada y motivadamente las circunstancias por las cuales no celebra dicha audiencia, so pena de nulidad del auto por el cual se decreta el sobreseimiento, conforme a lo establecido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal (En este sentido vid sentencia No 1195 de 21 de junio de 2004, Caso: José Arriechi Mendoza contra Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, especialmente el punto 3.6 de dicha decisión).
En tal virtud, quien aquí decide considera que el citado artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, faculta al Juez para prescindir de la celebración de la audiencia oral cuando estime que para comprobar el motivo no sea necesario el debate; por tal razón la verificación de la audiencia oral va a depender del motivo que se invoque como fundamento de la petición de sobreseimiento, ya que en el artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, trae dentro de los motivos que hacen procedente el sobreseimiento algunas circunstancias basadas en supuestos objetivos que tornan innecesario su debate en audiencia oral, tal como sucede con el numeral 3º del artículo 318, referido a la extinción de la acción penal y a la cosa juzgada, pues en el primer supuesto el artículo 48 prevé cuáles son los supuestos que extinguen la acción penal, los cuales como es obvio se trata de presupuestos objetivos que comprueba el Juez sin necesidad de la celebración de la audiencia oral, más aún cuando dicha extinción se basa en la prescripción de la acción penal, puesto que para la verificación de ésta basta una simple operación matemática, para establecer el quantum de pena asignada al delito y en base a ello determinar la prescripción o no de la acción penal, conforme las reglas del artículo 108 del Código Penal.
Igualmente, en otras circunstancias (caso del numeral 4º del artículo 318) las resultas de la investigación puede demostrar de manera fehaciente la ausencia de acervo probatorio que demuestre que no existen bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado, como sucede en el caso de autos, pues no tendría sentido llevar a cabo la realización de una audiencia oral, si en definitiva el acervo probatorio resulta invariable, por lo que ante tales eventos también le es dado al Juez prescindir de la realización de dicha audiencia para debatir el fundamento de solicitud de sobreseimiento, por lo que en el caso de autos este Tribunal estima innecesario la realización de la audiencia en cuestión, por estar suficientemente demostrado en autos, la carencia de medios probatorios que permitan al Ministerio Público solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
SEGUNDO: Ahora bien, el Ministerio Público con fundamento a lo establecido en el artículo 318 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, ha solicitado el sobreseimiento de la presente causa a favor del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, ya identificado, por estimar que el resultado de la investigación no aportó bases sólidas para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.

En efecto, este Tribunal al hacer una revisión a las actas que conforman la presente causa, ha podido constatar que únicamente obra como elemento incriminatorio en contra del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, ya identificado, es el contenido del lo expuesto en su solicitud de fecha: 13 de marzo del 2000, por el Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ante este Tribunal, que se trascribe a continuación: “En fecha 12 de Marzo de 2.000, siendo las 01:50 am. Aproximadamente, los funcionarios adscritos a la COMISARIA OCUMARE DE LA REGION POLICIAL # 2, del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda de Ocumare del Tuy, en la vía pública avistaron aun ciudadano quien al notar la presencia de la comisión policial adoptó una actitud irregular, por lo que a darle la voz de alto, y a practicarle la inspección corporal respectiva lograron incautarle un (01) envoltorio, de material sintectico de color rojo atado por su unico estremo por un hilo de color rojo, contentivo en su interior de un polvo de color blanco presunta droga, el ciudadano quedó identificado como LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, de 23 años de edad, titular de la cédula de identidad N°V-12.388.321, nacido en fecha 11-07-76, residenciado en Parque Central, Torre A, piso 03, Apartamento 31, Ocumare del Tuy, Estado Miranda, hijo de ARELIS ORTINZ (V) y de SAMUEL LAVARTE. En virtud de lo expuesto SOLICITO se aplique el procedimiento ORDINARIO, SOLICITO por lo demás, se le imponga al aprehendido las medidas cautelares sustitutivas que contempla el artículo 265, Ordinal 3°, del código Orgánico Procesal Penal.”, y de la EXPERTICIA QUIMICA, practicada a la Sustancia presuntamente incautada al mismos, por los funcionarios adscritos a la Dirección de Toxicología Forense, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, respecto a la cual se determinó que era: COCAINA EN FORMA CLORHIDRATO. El peso que a correspondiente es de VEINTE (20) MILIGRAMOS.

De donde a través de tales actuaciones dejan constancia de la forma y circunstancias como se produjo la aprehensión del prenombrado ciudadano, así como de la presunta incautación de la sustancia y cuáles fueron las instrucciones giradas por el Ministerio Público.
Aparte de estos dos elementos, no existe en autos ningún otro elemento que permita establecer la verosimilitud del procedimiento efectuado por los funcionarios de la Policía del Estado Miranda, pues del acta policial a que se hizo mención, la cual riela en autos, no hay constancia de que dicho procedimiento haya sido presenciado por testigos instrumentales buscados al efecto por los funcionarios policiales –como es su deber-, situación ésta que pone de manifiesto que en el caso de autos, una vez concluida la investigación por parte del Ministerio Público, no exista la mínima posibilidad de incorporar nuevos elementos de juicios que permitan establecer de manera fundada la responsabilidad penal del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, ya identificado, en la comisión del hecho punible investigado, con la agravante que la experticia botánica fue practicada sin ningún tipo de control probatorio por parte del imputado, ni de su defensa, lo cual resulta violatorio del derecho fundamental consagrado en el artículo 49 numeral 1º de la Constitución de la República, y menos aún que existiese algún tipo de control en la cadena de custodia de la evidencia, situación esta que pone de manifiesto que en el caso de autos no existen bases legales para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado.
Pero además de lo señalado anteriormente, debe agregarse que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia reiterada, en procedimiento en materia de drogas, tiene establecido que el solo dicho de los funcionarios policiales resulta insuficiente a los fines de establecer la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del acusado, como es el caso de autos, en donde como se deja establecido no hay elemento de juicio distinto al Acta Policial levantada por los funcionarios policiales del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Miranda, a través de la cual se explica la forma como se produjo la aprehensión del ciudadano, así como el hallazgo de la evidencia, tal como lo expresa el ciudadano Fiscal.
En este sentido en Sentencias Números: 371 de 18-12-1986, 164 de 21-05-1987, 198 de 10-06-1987, 106 de 28-04-1987, 256 de 31-05-1988 y 747 de 14-12-1988, entre otras, la Sala de Casación Penal del hoy Tribunal Supremo de Justicia, estableció:
“Las declaraciones de dos (2) o más funcionarios policiales que coinciden en afirmar que a determinada persona le decomisaron estupefacientes, constituyen solo un (1) indicio no suficiente para decretar la detención judicial de esa persona”.
Este criterio jurisprudencial, si bien está referido a la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, en criterio de este decidor, resulta aplicable bajo la vigencia del actual instrumento adjetivo penal, pues ciertamente el dicho de los funcionarios aprehensores por sí solo no es suficiente a los fines de establecer la responsabilidad penal de persona alguna, pues de permitirse dicha situación dejaríamos en manos de los funcionarios policiales el destino de la libertad de muchas personas, lo cual es intolerable en un Estado de Derecho y de Justicia como el que impera en Venezuela.
Por tales razones, este Tribunal estima que no existe fundamento ni elementos de convicción serios que permitan disentir del criterio fiscal para no acoger el acto conclusivo solicitado, por lo que ante estas circunstancias, este Tribunal comparte la posición del Ministerio Público.
DISPOSITIVA:
En fuerza a los razonamientos de hecho y de derecho precedente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Estado Miranda, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, Decide:
PRIMERO: Declara CON LUGAR la solicitud de SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL EDUARDO, de 23 años de edad, titular de la cédula de identidad N°V-12.388.321, nacido en fecha 11-07-76, residenciado en Parque Central, Torre A, piso 03, Apartamento 31, Ocumare del Tuy, Estado Miranda, hijo de ARELIS ORTINZ (V) y de SAMUEL LAVARTE, formulada por el Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, basado en el artículo 318 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, por no existir bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. SEGUNDO: Se ordena el cese inmediato de cualquier medida cautelar que pudiera haber existido como consecuencia del presente proceso, en contra del ciudadano: LAVARTE ORTIZ SAMUEL, todo conforme a lo establecido en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ORDENA con vista a la solicitud fiscal se lleve a cabo la INCINERACIÓN de la droga incautada debidamente peritada según Experticia N° 9700-130-2754, de fecha: 17 de Marzo del 2.000, realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas, División de Toxicología Forense, dando cumplimiento a lo establecido en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha: 4-11-2.002, N0. 01-1116, cuya ponencia es del Magistrado: ANTONIO JOSE GARCIA. Remítase a la Oficina de Archivo Judicial de este Circuito Judicial Penal a los fines de su archivo y resguardo. Notifíquese a las partes.
La Juez Tercero de Control,

DRA. FLOR ELIZABETH COLMENARES DE ROJAS

La Secretaria,

ABOG. YAMILETH GONZALEZ.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado y así lo certifico.

La Secretaria,
ABOG. YAMILETH GONZALEZ.