REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CON FUNCIONES DE JUICIO
N° 01
EXTENSIÓN BARLOVENTO

Guarenas, 09 de Diciembre de 2005

EXPEDIENTE: 1M 547-04
ACUSADO: ENRIQUE ABELARDO MONSALVE, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N ° V- 12.399.499.
DEFENSA: ABG. FRANCISCO ESCAR
FISCAL: OCTAVO DEL MINISTERIO PÚBLICO.


Visto la solicitud interpuesta por el acusado: MONSALVE ENRIQUE MONSALVE, quien expuso en su solicitud: “…Acudo ante Usted., muy respetuosamente con la finalidad de hacer uso de mi derecho establecido en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49, numeral 8, artículo 51, y solicitarle sea estudiada la causa que se me sigue y se aclare mi situación judicial, por cuanto llevo privado de mi libertad un tiempo de 2 años, 11 días, lapso este que ha transcurrido sin que haya un pronunciamiento de sentencia condenatoria y sin celebrarse el JUICIO ORAL Y PÚBLICO, lo que conlleva a la violación del debido Proceso. Es por ello que tomando en consideración lo establecido en el Artículo 244, del Código Orgánico Procesal Penal…”

En tal sentido, y luego de revisar las presentes actuaciones se observa que en el presente caso se dicto Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad en fecha 31-07-2003, y a la fecha ha se encuentra privado de su libertad habiendo en consecuencia transcurrido hasta la presente fecha DOS(02) AÑOS, CUATRO (04) MESES Y OCHO (08) DÍAS, de la Privación Judicial de Libertad, tiempo este establecido por el legislador en aplicación del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo esta Privación ininterrumpida por algún acto que pudiere acordar alguna Medida de Sustitución de la Privación.


ANTECEDENTES

Se realizó Audiencia Preliminar (folio 131 de la primera pieza).
En fecha 15-06-2004 fue recibida la presente causa por este Tribunal Primero de Juicio emanado del Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal. (folio 140 primera pieza)
En fecha 02-07-2004, se fijó Sorteo de Escabinos. (folio 144 primera pieza)
En fecha 27-07-2004 se difirió el Acto de Depuración de Escabinos en virtud de la incomparecencia del fiscal del Ministerio Público. ( folio 148 primera pieza)
En fecha 17-08-2004 se difirió el Acto de Depuración de Escabinos en virtud de la incomparecencia las partes. ( folio 152 primera pieza).
En fecha 14-09-2004 se difirió el Acto de Depuración de Escabinos en virtud de la incomparecencia de los escabinos, el fiscal del Ministerio Público, el traslado. (folio 156 primera pieza).
En fecha 07-10-2004 se difirió el Acto Depuración de Escabinos, en virtud de la incomparecencia de las partes.(folio 165 primera pieza)
En fecha 02-11-04 se difirió el Acto de Depuración de Escabinos, en virtud de la incomparecencia del los escabinos. ( folio 186 primera pieza)
En fecha 22-02-05 se difirió el acto de Depuración de Escabinos en virtud de la incomparecencia, el fiscal del ministerio público y los escabinos. ( folio 197 primera pieza)
En fecha 10-03-05 se difirió el acto de Depuración de escabinos en virtud de la incomparecencia de defensa privada Dra. Enma Fernández y los escabinos. (folio 201 primera pieza)
En fecha 01-04-05 se difirió el acto de Depuración de escabinos en virtud de la incomparecencia de la defensa privada Dra. Enma Fernández y los escabinos. (folio 2 segunda pieza)
En fecha 22-04-05 se difirió el acto de Depuración de escabinos en virtud de la incomparecencia de la defensa privada Dra. Enma Fernández y los escabinos. (folio 7 segunda pieza)
En fecha 02-08-05 se difirió el acto de Depuración de escabinos en virtud de la incomparecencia de la defensa privada Dra. Enma Fernández y el fiscal del Ministerio Público (folio 29 segunda pieza)
En fecha 16-09-05 se difirió el acto de Depuración de escabinos en virtud de la incomparecencia de la defensa privada Dra. Enma Fernández y los escabinos. ( folio 38 segunda pieza)
En fecha 19-09-05 se dicto decisión en donde se constituyó como Unipersonal.(folio 39 segunda pieza).
En fecha 17-10-05 se difirió el acto de Juicio Oral y Público en virtud de la incomparecencia del Fiscal Ministerio Público. (folio 149 segunda pieza)
En fecha 16-11-05 se difirió el acto de Juicio Oral y Público en virtud de la incomparecencia del traslado. (folio 154 segunda pieza).


MOTIVACIÓN A DECIDIR

Igualmente El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“...Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, la circunstancia de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años ...”.




El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas...”. (Subrayado y negrillas nuestras).

Artículo 2 y 26 de la Constitución Bolivariana de Venezuela:

Artículo 2: “ Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de su administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedida, sin dilataciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles”.

Así tenemos:
Artículo 243. “Estado de Libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código.

La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.”.

Jurisprudencia de fecha 24-05-2005 sentencia 949. Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales.
Artículo 244: “..proveído la prórroga establecida en el caso que sea aplicable lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho decaimiento. Esa pérdida de la vigilancia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveído, de oficio sin celebración de una audiencia…”. (Subrayado y negrillas nuestras).

Sentencia 1212 fecha 14-06-2005 Magistrado Ponente: Francisco Carrasqueño López:
“… artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, nada obsta a que pueda imponérsele a esa persona cualesquiera de las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 256 ejusdem, siempre y cuando los extremos de procedencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad, contemplados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, estén cumplidos en el caso concreto, todo a su vez que dichos requisitos de procedencia también le son aplicables a las medidas cautelares sustitutivas, de conformidad con el artículo 256 ibídem. Aceptar lo contrario, a ser, declarar automáticamente la libertad sin restricción una vez que el lapso de dos años anteriormente citado se haya vencido, atentaría contra la propia ratio de las medidas cautelares, toda vez que éstas constituyen un medio para asegurar los fines del proceso, que son lograr la búsqueda de la verdad y la aplicación de la ley penal sustantiva al caso concreto, siendo dichas medidas un mecanismo para neutralizar los peligros que puedan obstaculizar la consecución de tales fines. De igual forma, tal proceder, acarrearía consecuencias político- criminales sumamente negativas, toda vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar su vez que conllevaría a la impunidad; pudiendo implicar a su vez un alto costo individual, especialmente con relación al peligro que ello pueda implicar para la víctima del delito (tomando en cuenta que el artículo 30 de la propia Constitución establece el deber del Estado de brindarle protección) y para la parte acusadora, así como también un alto costo social”. (Subrayado y negrillas nuestras).


Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional mediante Sentencia de interpretación de fecha 18 de marzo del dos mil dos (2.002) entre otras cosas dicho fallo establece “…Estima la Sala oportuna la ratificación de lo que se dijo en sentencia n° 1626, del 17 de julio de 2002, (Caso: Miguel Ángel Graterol Mejías); ello, con relación al principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal: “ Dicho principio se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio razonable, imponer alguna de dichas medidas; ello para evitar que quede enervada la acción de la justicia. No obstante, tal providencia debe, necesariamente, respetar los límites que contiene el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, antes artículo 253, la cual es la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó que dos años era un lapso más razonables- aun en los casos de los delitos más graves- para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de una decisión definitivamente firme …”

Ahora bien, de acuerdo a la fecha indicada, se observa están satisfecho los extremos del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que da origen al cambio de medida, y el lapso del artículo 264 ejusdem, donde indica que las medidas deberán ser revisadas cada tres meses. Quien aquí decide observa que considera que lo más procedente y ajustado a derecho en el presente caso, es DECLARAR CON LUGAR, la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA, interpuesta por acusado ENRIQUE ABELARDO MONSALVE, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N ° V- 12.399.499, en consecuencia se Acuerda la Sustitución de la Medida Privativa de Libertad decretada en fecha 31-07-2003 por el Tribunal Primero de Control y en su lugar se DECRETA Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme lo dispuesto en el artículo 256 numerales 8°,como lo es la presentación de dos (02) fiadores los cuales deberán presentar noventa (90) unidades tributarias cada uno de ellos, siendo en su conjunto ciento ochenta unidades tributarias (180). Una vez presentados dichos fiadores deberá cumplir con lo establecido en el numeral 3º, como lo será la obligación de presentarse tres veces por semana ante este Tribunal Primero de Juicio, y lo establecido en el numeral 4º, de Nuestra ley Adjetiva Penal. Y ASÍ SE DECLARA.-

PARTE DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial del Estado Miranda, con Sede en Guarenas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARAR CON LUGAR, la solicitud de REVISIÓN DE MEDIDA, interpuesta por acusado ENRIQUE ABELARDO MONSALVE, TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N ° V- 12.399.499, en consecuencia se Acuerda la Sustitución de la Medida Privativa de Libertad decretada en fecha 31-07-2003 por el Tribunal Primero de Control y en su lugar se DECRETA Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad conforme lo dispuesto en el artículo 256 numerales 8°,como lo es la presentación de dos (02) fiadores los cuales deberán presentar noventa (90) unidades tributarias cada uno de ellos, siendo en su conjunto ciento ochenta unidades tributarias (180). Una vez presentados dichos fiadores deberá cumplir con lo establecido en el numeral 3º, como lo será la obligación de presentarse tres veces por semana ante este Tribunal Primero de Juicio, y lo establecido en el numeral 4º, de Nuestra ley Adjetiva Penal. Y ASÍ SE DECLARA.-
Regístrese, publíquese, notifíquese líbrese los respectivos oficios y déjese constancia en el Libro Diario de la presente decisión.
LA JUEZ,

DRA. NANCY TOYO YANCY

EL SECRETARIO,

ABG. NATHALIA PEREZ SALAS


En la misma fecha, se le dio cumplimiento a lo ordenado, en la presente decisión.


EL SECRETARIO,

ABG. NATHALIA PEREZ SALAS