TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal QUINTO de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, 13 de Enero de 2005
194º y 145º
ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2004-002263
ASUNTO : MP21-P-2004-002263

Compete a este Juzgado emitir pronunciamiento en virtud del escrito interpuesto por la AB. EVELISSE HARTING, en su carácter de Defensora de la Imputada CARMEN BEATRIZ SANCHEZ CHAPARRO, en el cual solicita lo siguiente:

“… En fecha 01-11-04 el tribunal que usted dirige dicto decisión en la cual acordó la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, conforme a los dispuesto en el artículo 256, ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo presentar mi defendida dos (02) o mas fiadores que acrediten en su conjunto ingresos equivalentes a CIEN (100) Unidades Tributarias, como condición para obtener su libertad…/…en virtud que a mi representada se le ha hecho imposible ubicar alguna persona que perciba ingresos iguales o superiores a los estipulado, esta defensa, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, SOLICITA LA REVISION de la medida antes señalada…”.

A los fines de decidir, este tribunal previamente considera y observa:

La ciudadana CARMEN BEATRIZ SANCHEZ CHAPARRO, fue detenida el día 30 de Octubre de 2004, por funcionarios adscritos a la Brigada de Orden Público del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda.

En fecha 01 de Noviembre de 2004 se llevó a cabo la Audiencia de Presentación de Imputado de la referida ciudadana, por ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de este mismo Circuito Judicial, en la cual el Ministerio Publico precalifico los hechos como el delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas decretando el Tribunal el Procedimiento Ordinario y la MEDIDA CAUTELAR prevista en los ordinales 3° y 8° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal las cuales consisten en la presentación cada 08 días por ante la Oficina del Alguacilazgo, previo cumplimiento de la presentación de DOS (2) ó TRES (3) FIADORES que en su conjunto acrediten un sueldo ó salario equivalente a CIEN (100) UNIDADES TRIBUTARIAS, y que además cumplan con lo requisitos exigidos en el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA SOLICITUD DE REVISION DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 12 de Septiembre del año 2.001, según expediente Nº 01-1016 dejó sentado el siguiente criterio:

“El artículo 29 constitucional, para determinados delitos, niega los beneficios que puedan llevar a su impunidad; por lo que con relación a dichos delitos, el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal no es apreciable ante el mandato expreso de la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 29 constitucional, reza:

«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».

Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:

“...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...”.

Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:

“...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,

Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...”.

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.”

De conformidad con el criterio establecido en la sentencia anteriormente transcrita, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual considera que en los delitos de drogas se debe negar los beneficios que puedan llevar a su impunidad; interpretación de obligatorio cumplimiento y acatamiento por los demás Tribunales de la República, a tenor de lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

En virtud de lo expuesto y por cuanto ya se le otorgó una Medida Cautelar a pesar de lo anteriormente señalado, considera esta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, en el sentido de que le sea revisada la Medida Cautelar Sustitutiva acordada en fecha 01 de Noviembre de 2004, a la Imputada CARMEN BEATRIZ SANCHEZ CHAPARRO y por tanto acuerda MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITIVA impuesta es decir, deberá presentar DOS (2) ó TRES (3) FIADORES que en su conjunto acrediten un sueldo ó salario equivalente a CIEN (100) UNIDADES TRIBUTARIAS, y que además cumplan con lo requisitos exigidos en el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal y una vez cumplido dicho requisito deberá presentarse cada ocho (08) días ante la sede del alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA:

Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial del Estado Miranda-Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la solicitud de la Defensa, en el sentido de que le sea revisada la Medida Cautelar Sustitutiva acordada en fecha 01 de Noviembre de 2004, a la Imputada CARMEN BEATRIZ SANCHEZ CHAPARRO y por tanto acuerda MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITIVA impuesta es decir, deberá presentar DOS (2) ó TRES (3) FIADORES que en su conjunto acrediten un sueldo ó salario equivalente a CIEN (100) UNIDADES TRIBUTARIAS, y que además cumplan con lo requisitos exigidos en el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal y una vez cumplido dicho requisito deberá presentarse cada ocho (08) días ante la sede del alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y déjese copia.
EL JUEZ QUINTO DE CONTROL

Dra. ROSALBA MUÑOZ FIALLO
LA SECRETARIA

Ab. MARLUIZOR GARCIA.