REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA EXTENSION BARLOVENTO, SECCION ADOLESCENTES GUARENAS TRIBUNAL DE CONTROL Nº 2 CAUSA N° 2C-424-03. JUEZ: ANA MILENA CHAVARRIA S. SECRETARIO: MARCO ANTONIO GARCIA. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES IMPUTADO: IDENTIDAD OMITIDA, titular de la Cédula de Identidad V-19.305.037, de nacionalidad venezolana, de estado civil soltero, natural de Achaguas, Estado Apure, donde nació en fecha 09-10-87, de 15 años de edad para la fecha de los hechos, de profesión u oficio estudiante, hijo de Julia Dominga Falcón (v) y de padre desconocido, residenciado en: La Trinidad, Calle los Chaguaramos, Casa Nº 13, Municipio Eulalia Buroz, Mamporal, Estado Miranda. DEFENSA PUBLICA: Dr. NESTOR PEREYRA. VICTIMA: LA COLECTIVIDAD. FISCAL: Dr. OMAR FRANCISCO JIMENEZ, Fiscal Décimo Octavo Especializado del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Efectuada como ha sido la solicitud por parte del Dr. NESTOR PEREYRA, actuando en su carácter de defensor público penal del adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, mediante la cual requiere sea decretado el sobreseimiento definitivo de la causa seguida a su defendida, de conformidad con lo establecido en el artículo 562 del la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Cumplidos como han los trámites procedimentales del caso hasta la presente fecha, este Tribunal pasa a dictar sentencia en los términos siguientes: Establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la garantía fundamental del debido proceso. Siendo el debido proceso ese conjunto de garantías que protegen al adolescente sometido a cualquier proceso, e igualmente a la víctima, en virtud del principio de igualdad que les asiste, a los fines de asegurarles a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que les afirmen la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o figura del cual dimanan todos y cada uno de los principios rectores del Derecho Procesal Penal. El artículo 19 de la Constitución establece el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. HISTORIALES Origino la presente causa el hecho ocurrido en fecha 07 de julio de 2003, en donde funcionarios del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda, Región Policial de Caucagua, en momentos que se encontraban en labores de patrullaje vehicular, cuando realizaban recorrido por la Calle Principal del Sector la Trinidad de Mamporal, cuando avistan a dos ciudadanos quienes al notar la presencia policial se tornan nerviosos, les dan la voz de alto y al revisarlos le incautan un envoltorio de material sintético atado en su único extremo, contentivo en su interior de restos de semillas y vegetales de presunta droga, quedando identificado el adolescente como IDENTIDAD OMITIDA. Siendo puesto a la orden del Ministerio Público quien precalifico los hechos como POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. DEL DERECHO Es de considerar quien aquí decide que en el presente caso no es necesario la realización de la audiencia oral a la que se refiere el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, por ser evidente que en fecha 13 de abril de 2004, fue dictado pronunciamiento de Sobreseimiento Provisional, remitiéndosele las actuaciones al Ministerio Público en fecha 25 de junio de 2004, y aunado al hecho cierto de no cursar en las actuaciones, elemento alguno, en donde el Ministerio Público pudiese presentar otro acto conclusivo distinto al hoy requerido por la defensa pública penal, y tomando en cuenta que la deficiencia de pruebas paralizó la causa, lo que generó la solicitud del acto conclusivo de la investigación, no teniendo sentido mantener en suspenso una causa que en definitiva conllevará a que el Ministerio Público prescinda de la acción penal por falta de elementos serios que puedan sustentar un acto distinto al hoy requerido. Así las cosas, que habiéndose dictado sobreseimiento provisional en fecha 13 de abril de 2004, previa solicitud por parte del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 561 Literal “E” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 318 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Es de observar, que siendo exigible que la actuación instada sea resuelta y no mantenida en suspenso, a los fines de dar una tutela judicial efectiva, tal y como lo exige el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que se concluye en dictar el pronunciamiento correspondiente . De tal suerte, establece el artículo 562 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo siguiente: “Si dentro del año de dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez de control pronunciará el sobreseimiento definitivo”. Negrillas y subrayado nuestros. Ahora bien, desde la fecha en que fue dictado el sobreseimiento provisional requerido por el Ministerio Público, a la presente fecha ha transcurrido por demás el lapso previsto en la norma en comento, es decir, más de un año, sin que el Ministerio Público haya solicitado la reapertura del procedimiento, tal y como lo prevé la norma en referencia. Siendo que en efecto, nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4°, de la Constitución, 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). Y observado que al no haber existido la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, siendo por ello que considero procedente solicitar el Sobreseimiento Provisional en su oportunidad, en consecuencia este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA, Y DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión del delito de: POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de: LA COLECTIVIDAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 562 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Y ASI SE DECLARA.- DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento, con Sede en Guarenas, Sección Adolescentes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA, Y DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, seguida en contra del adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, titular de la Cédula de Identidad V-19.305.037, de nacionalidad venezolana, de estado civil soltero, natural de Achaguas, Estado Apure, donde nació en fecha 09-10-87, de 15 años de edad para la fecha de los hechos, de profesión u oficio estudiante, hijo de Julia Dominga Falcón (v) y de padre desconocido, residenciado en: La Trinidad, Calle los Chaguaramos, Casa Nº 13, Municipio Eulalia Buroz, Mamporal, Estado Miranda, por la presunta comisión del delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio de: LA COLECTIVIDAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo establecido en el artículo 562 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Regístrese, publíquese, déjese copia y notifíquese a las partes. Dada, sellada, firmada y refrendada en la Sede del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Barlovento, Sección Adolescentes, con sede en Guarenas, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación. LA JUEZ, ANA MILENA CHAVARRIA S. EL SECRETARIO, MARCO AONTONIO GARCIA. En esta fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. EL SECRETARIO, MARCO ANTONIO GARCIA.- CAUSA 2C-424-03. AMCH/MAG.