REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL Expediente No. 05-5761 Parte Accionante: Ciudadana MARCIA GONZALEZ BASTIDAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 5.526.847; asistida por el abogado Hildegar Bustamante, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 30.229. Parte Accionada: Ciudadano JOSE CAMPILONGO CAPOZZOLI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 6.912.584. Acción: AMPARO CONSTITUCIONAL Motivo: Consulta Legal de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en fecha 04 de marzo de 2005. I ANTECEDENTES En fecha 04 de marzo de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, confirmó la decisión dictada por el Juzgado de Municipio Plaza de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual declaró terminado el procedimiento por abandono del trámite. Mediante auto de fecha 07 de abril de 2005, el referido Juzgado de Primera Instancia ordenó la remisión del presente expediente a esta Alzada a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, vigente en su totalidad para ese momento. Por auto de fecha 08 de abril de 2005, este Tribunal ordenó darle entrada al presente expediente, fijando un lapso de treinta (30) días calendario para dictar sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo diferida dicha oportunidad para dentro de los 10 días siguientes, en fecha 09 de mayo de 2005. II UNICO En fecha 22 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RONDON HAAZ, dictó sentencia en el expediente número 03-3267, concerniente con la solicitud de amparo constitucional que fuere formulada por la representación judicial de la ciudadana ANA MERCEDES BERMUDEZ, contra la sentencia proferida en fecha 9 de agosto del 2003, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en funciones de control de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en ocasión a la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la cual se estableció entre otras cosas lo siguiente: “…La Sala considera, después de un cuidadoso análisis del asunto y de la observación, a través del tiempo, de las circunstancias que fueron expuestas, que la consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se razonó, antagoniza con lo que disponen los artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se declara que ella, la consulta, fue derogada por la disposición Derogatoria Única de la Constitución vigente. Así se declara. …omissis… Es pertinente poner énfasis en que, con la eliminación de la consulta, no se limitó el acceso a la justicia –en alzada- a los particulares, pues éste se garantiza a través de un medio o instrumento procesal idóneo de impugnación de las decisiones de primera instancia como es el recurso ordinario de apelación. …omissis… “…Por cuanto la presente declaratoria de derogatoria tácita se formula por primera vez por este Tribunal Supremo de Justicia, no se aplica en el caso de autos y, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección al derecho a la tutela judicial eficaz que la Constitución garantiza a todos los justiciables y en respeto, por último, a la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ordena la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren pendientes en las circunstancias que se expusieron en el presente fallo, sino luego del transcurso de treinta (30) días posteriores a dicha publicación -en aplicación analógica del lapso que dispone el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese período, las partes manifiesten su interés en que la consulta que esté pendiente se decida. En el caso de que las partes no concurran, se remitirá el expediente al tribunal de origen mediante un auto, ya que quedará definitivamente firme la decisión que hubiere dictado. Así se declara”. (Destacado añadido de esta Alzada). Ahora bien, de la revisión efectuada a las presentes actuaciones, se evidencia que la presente consulta fue recibida en este Despacho en fecha 08 de abril de 2005, fecha en la cual le fue fijada oportunidad para dictar sentencia, siendo diferida dicha oportunidad mediante auto de fecha 09 de mayo del corriente; constatándose de las presentes que desde el 08 de abril de 2005 a la presente fecha, ninguna de las partes, ni por si, ni por medio de apoderado judicial manifestaron su interés en que se decidiera la consulta, y aunado a ello, desde la publicación del fallo parcialmente trascrito ut supra, hasta la presente, indefectiblemente han trascurrido más de treinta (30) días. Tal omisión en el proceso, de acuerdo con la citada sentencia, trae como consecuencia la remisión del presente expediente a su Tribunal de origen, quedando en consecuencia firme la sentencia dictada en primera instancia, pues, la consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha sido eliminada del ámbito jurídico procesal constitucional, mediante su derogatoria expresa. En consecuencia, al no existir en autos actuación alguna de las partes, tendentes a la revisión del fallo proferido por la primera instancia, y, atendiendo a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, forzoso es para este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente, actuando en sede constitucional, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declarar: Primero: Se ORDENA la devolución del presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques. Segundo: FIRME la sentencia dictada en fecha 04 de marzo de 2005, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques. Tercero: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay especial condenatoria en costas. Cuarto: Regístrese, publíquese, incluso en la página Web de este despacho y déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación. LA JUEZ DRA. HAYDEE ALVAREZ DE SOLTERO EL SECRETARIO MARIO ESPOSITO CASTELLANOS En la misma fecha, siendo las nueve y media (9:30 a.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión en el expediente 05-5761, como está ordenado. EL SECRETARIO MARIO ESPOSITO CASTELLANOS HAdeS/mab* Exp. No. 05-5761