TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, veintinueve de junio de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO: MP21-P-2005-000927

Revisadas como han sido las presentes actuaciones, este Tribunal para decidir sobre el mantenimiento o no de la medida impuesta a los investigados: AMICAR JOSE VELAZQUEZ POLANCO, venezolano, con fecha de nacimiento (desconoce), soltero, de 23 años de edad, de oficio obrero, hijo de Catalina Polanco (v) y Ernesto Polanco (v), titular de la Cédula de Identidad N°V-22.563.264; residenciado en Santa Teresa, Dos Lagunas, casa s/n, Estado Miranda, venezolano, natural de Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, con fecha de nacimiento: 31-08-77, de 27 años de edad, de profesión u oficio obrero, residenciado en: Dos Lagunas, Las Parcelas, casa s/n, hijo de: JUAN FRANCISCO CISNERO (V) y JUNAR HERRERA (V); titular de la Cédula de Identidad N°V-18.185.617; cuya defensa esta representada por el Defensor Público abogado: MICHELL TATIANA SARMIENTO, quien interpuso escrito en el cual entre otros expresa:

"En virtud de que mi defendido se encuentra detenido desde fecha 12-04-05, por haber le acordado medida cautelar sustitutiva de libertad conforme a lo dispuesto en el artículo 256, ordinales 3°, 5°, 6° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal debiendo presentar dos (2) fiadores que acrediten la capacidad económica de ciento veinte (120) unidades tributarias en su conjunto. Ahora bien ciudadano Juez a mis defendidos les ha sido imposible cumplir con lo exigido por este Tribunal, ya que tanto ellos como sus familiares son de escasos recursos, lo que se evidencia con la representación de la Defensa Pública y sin que hasta la presente fecha el Fiscal del Ministerio Publico haya presentado acusación en su contra es por lo que solicito muy respetuosamente conforme a lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la medida Cautelar Sustitutiva y en su lugar sea impuesta una medida menos gravosa y de posible cumplimiento pudiendo ser la contemplada en el articulo 259 Ejusdem. (CAUCION JURATORIA), o revocar la Medida Cautelar prevista en el Artículo 256, ordinal 8° Ibidem, suficientemente para garantizar las resultas del proceso.”

Para Decidir previamente se observa:

En fecha Doce (12) de abril del 2005, este Tribunal celebró la Audiencia Oral con motivo de la solicitud presentada por el ciudadano Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por encontrarlo incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y LESIONES PERSONALES, previsto y sancionado en los Artículos: 458 y 413 del Código Penal reformado, en la cual se dictaron los siguientes pronunciamientos: Se acordó proseguir las presentes actuaciones por los tramites del Procedimiento Ordinario de conformidad con lo establecido en los Artículos: 283 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se desestima la solicitud de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad hecha por el Ministerio Publico y en su lugar se impone con vista a los Principios de afirmación de Libertad, proporcionalidad e interpretación restrictiva de toda medida que restrinja la libertad del ciudadano, a los imputados las MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LIBERTAD, previstas en los Ordinales: 3°, 5°, 6° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en: 3°.- Presentación por ante la Oficina de Alguacilazgo cada ocho días por un lapso de 6 meses: 8°.- La presentación de dos (02) fiadores que reúnan en su conjunto la cantidad de Ciento Veinte (120) Unidades Tributarias, ósea cada uno devengue sesenta (60) Unidades Tributarias; 6°.- La prohibición de comunicarse con la victima y 5°.- La prohibición de concurrir al lugar donde ocurrió el hecho.

Ahora bien, dispone el artículo 250, en su tercer y sexto aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal, deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial…Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…”.-”

Por su parte los Artículos: 8, 9, 13, 244, 247 y 264 ejusdem, igualmente disponen:
ARTICULO: 8.- "Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme."

ARTICULO: 9.-"Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación deber ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta."

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela."

ARTICULO: 13.- “El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación de el derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.”

ARTICULO: 244.- “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años….”

ARTICULO: 263.- “El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el Artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.”

ARTICULO: 264.- “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas,”

En consecuencia, con vista al contenido de las normas anteriormente transcritas, siendo el fundamento del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, la JUSTICIA, que tal como se define desde tiempos memorables es “LA CONSTANTE Y PERPETUA VOLUNTAD DE DAR A CADA UNO LO SUYO (Justicia est Constans et Perpetua Voluntas Jus suum cuique Tribuendi)”, esto es, dar a cada uno lo suyo o lo que le corresponde, quiere decir, según su mérito o demérito. De la misma manera, en la Justicia es un condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad, hay que pesar todas las circunstancias y por eso se simboliza la justicia con una balanza, esta implica en términos de justicia ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas, estas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un crimen, la impunidad es injusticia. Empero, aquella definición Latina de ULPIANO sobre justicia, tiene una conexión lógica y ética con otra, también Latina: “SUMMUN JUS, SUMMA INJURIA, esto es, “EXCESO DE JUSTICIA, EXCESO DE INJUSTICIA” (CICERON).

En efecto, la rígida y estricta justicia requiere ser impartida con animo más ecuánime, pues de lo contrario será difícil discernir lo que merecen las acciones ajenas o de los justiciables, y pueden cometerse iniquidades sí, olvidando esa ponderación, se aplica la Ley con exceso de rigurosidad, por ello la constitución hacer privar la Justicia sobre toda otra consideración y en su artículo 257 dispone:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los tramites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público….”

Siendo que, hasta la presente fecha el Representante del Ministerio Público no ha presentado la acusación a que se contrae la norma arriba transcrita, ni solicitado prórroga alguna, es por lo que, quien aquí decide, considera que lo procedente y ajustado a derecho con vista al contenido de las mismas y los Principios consagrados en ellas, es, Revisar y Modificar la decisión dictada en fecha Doce (12) de abril del 2.005, por este Tribunal, a los imputados: AMICAR JOSE VELAZQUEZ POLANCO, venezolano, con fecha de nacimiento (desconoce), soltero, de 23 años de edad, de oficio obrero, hijo de Catalina Polanco (v) y Ernesto Polanco (v), titular de la Cédula de Identidad N°V-22.563.264; residenciado en Santa Teresa, Dos Lagunas, casa s/n, Estado Miranda y RAMON ALFREDO CISNERO HERRERA, venezolano, natural de Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, con fecha de nacimiento: 31-08-77, de 27 años de edad, de profesión u oficio obrero, residenciado en: Dos Lagunas, Las Parcelas, casa s/n, hijo de: JUAN FRANCISCO CISNERO (V)y JUNAR HERRERA (V); titular de la Cédula de Identidad N°V-18.185.617, en cuanto, a la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD del Ordinal 8° del Articulo: 256 del Código Orgánico Procesal Penal y en su lugar, imponer las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, contempladas en el artículo 256 ordinales 2°, consistente: 2°.- En colocarlo bajo los cuidados y vigilancia de dos (2) Personas Responsables, quienes se encargaran de informar al Tribunal Mensualmente, con relación a la conducta, actividades y ocupación del investigado, los cuales deberán ser personas idóneas y responsables a los fines de poder asumir ante este Tribunal la obligación a ellos encomendada, y más requisitos exigidos por el Tribunal. Asimismo, se le mantienen las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad de los Ordinales: 3°, 5° y 6° del Articulo 256 ejusdem, impuestas en la Decisión que se revisa consistentes en: 3°.- Presentación por ante la Oficina de Alguacilazgo cada 8 días por un lapso de 6 meses; 5°.- La prohibición de acercarse al lugar de los hechos; 6°.- La prohibición de acercarse a la victima, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 sexto a parte, 8, 9, 13, 243, 244, 247, 263, 264, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el Artículo: 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ASI SE DECIDE.-
DECISION

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide: REVISAR y MODIFICAR la decisión dictada por este Tribunal en fecha Doce (12) de abril del 2.005, a los imputados: AMICAR JOSE VELAZQUEZ POLANCO, venezolano, con fecha de nacimiento (desconoce), soltero, de 23 años de edad, de oficio obrero, hijo de Catalina Polanco (v) y Ernesto Polanco (v), titular de la Cédula de Identidad N°V-22.563.264; residenciado en Santa Teresa, Dos Lagunas, casa s/n, Estado Miranda y RAMON ALFREDO CISNERO HERRERA, venezolano, natural de Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda, con fecha de nacimiento: 31-08-77, de 27 años de edad, de profesión u oficio obrero, residenciado en: Dos Lagunas, Las Parcelas, casa s/n, hijo de: JUAN FRANCISCO CISNERO (V)y JUNAR HERRERA (V); titular de la Cédula de Identidad N°V-18.185.617; en cuanto, a la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD del Ordinal 8° del Articulo: 256 del Código Orgánico Procesal Penal y en su lugar, imponer las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, contempladas en el artículo 256 ordinales 2°, consistente: 2°.- En colocarlo bajo los cuidados y vigilancia de dos (2) Personas Responsables, quienes se encargaran de informar al Tribunal Mensualmente, con relación a la conducta, actividades y ocupación del investigado, los cuales deberán ser personas idóneas y responsables a los fines de poder asumir ante este Tribunal la obligación a ellos encomendada, y más requisitos exigidos por el Tribunal. Asimismo, se le mantienen las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad de los Ordinales: 3°, 5° y 6° del Articulo 256 ejusdem, impuestas en la Decisión que se revisa consistentes en: 3°, 5° y 6° del Articulo 256 ejusdem, impuestas en la Decisión que se revisa consistentes en: 3°.- Presentación por ante la Oficina de Alguacilazgo cada 8 días por un lapso de 6 meses; 5°.- La prohibición de acercarse al lugar de los hechos; 6°.- La prohibición de acercarse a la victima JUNAR HERRERA, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 sexto a parte, 8, 9, 13, 243, 244, 247, 263, 264, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el Artículo: 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Regístrese. Déjese copia autorizada. Notifíquese, librese boleta de traslado a los fines de la imposición de la presente Decisión.
El Juez Tercero de Control,

DRA. FLOR COLMENARES

El Secretario,

ABOG. JOSE MORENO

En la misma fecha se registró la presente decisión.

El Secretario

ABOG. JOSE MORENO