TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

San Cristóbal, 17 de marzo de 2005
194º y 146º

Procede este tribunal a resolver la petición del Defensor Abg ROMULO MEDINA VILLAMIZAR, presentada en fecha 04 de Marzo de 2005 y agregada en la misma fecha, donde se solicita se revise las condiciones impuestas en la Medida Cautelar decretada al ciudadano FERNANDEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO, Venezolano, natural de Calí, República de Colombia, Titular de la cédula de identidad N° V- 18.599.414, comerciante, soltero, domiciliado en la Guacara, Calle 1, Pasaje Jáuregui, casa N° 9-4, San Cristóbal, Estado Táchira, quien es imputado en la causa N° 3JU- 924-05, a tal efecto para resolver observa:

ANTECEDENTES

En fecha 19 de enero de 2005, se realizó la Presentación del aprehendido ciudadano GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ DÍAZ, ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 7, de este Circuito Judicial Penal.
En fecha 20 de enero de 2005, se realizó la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal; ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 6, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira; por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO O ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; en la misma se calificó La Flagrancia, se decretó Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al referido imputado, y se ordenó la prosecución del Proceso por el Procedimiento Abreviado.
En fecha 01 de febrero de 2005, este Tribunal se avoca al conocimiento de la causa.
En fecha 11 de febrero de 2005, se recibe la Acusación de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, en contra del referido ciudadano por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO O ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
En fecha 21 de febrero de 2005, se difirió el Juicio Oral y Público por cuanto el defensor privado solicitó el diferimiento del mismo.
En fecha 04 de marzo de 2005, se recibió el referido escrito por parte de la defensa solicitando la ampliación de las presentaciones del imputado.
En fecha 08 de marzo de 2005, este Tribunal oficia a la Oficina de Alguacilazgo para que se le informe a este Juzgador si el referido ciudadano ha cumplido con las presentaciones impuestas por el Tribunal de Primera instancia en funciones de Control N° 6.
En fecha 15 de marzo de 2005, la Oficina de Alguacilazgo, remite oficio informando que el referido ciudadano se ha presentado en las siguientes fechas:
27-01-2005, 03-02-2005, 10-02-2005, 17-02-2005, 24-02-2005, 03-03-2005, 10-03-2005.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 17 de julio de 2002, dictó decisión en la cual dejó determinado lo siguiente:

“... (omissis)... el transcurrir del tiempo en forma tan prolongada sin la realización del juicio – mas de dos años- sobre el argumento reiterativo de que se había fijado una próxima fecha para celebrar el debate oral y público, desbordó el principio de proporcionalidad que debe regir en la imposición de medidas de coerción personal contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual éstas deben tener un máximo de duración de dos años, por lo que al haber transcurrido ese tiempo con el mantenimiento de la detención, se constituyó una vulneración del derecho fundamental a la libertad y la garantía constitucional al debido proceso, toda vez que se traduce en el cumplimiento de una pena anticipada que es la negación del principio de presunción de inocencia, por la que esta Sala dictamina que la presente acción de tutela constitucional, ha debido declararse con lugar, como en efecto se declara. Así se decide.
En tal sentido, se ordena ...(omissis)... o al Tribunal que se encuentre conociendo de la causa, decretar las medidas cautelares que considere pertinentes a favor del ciudadano...(omissis)..., a los fines de asegurar su comparecencia al juicio hasta su terminación. Así se declara. (omissis)”. Resaltado nuestro.

En sentencia más reciente, en el expediente 02-1036 de fecha cuatro (04) de julio de 2003 (caso Palacios Vivas), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón, plasmó lo siguiente:

“...(omissis)... Al respecto, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy, 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía constitucional del juicio en libertad, cuando establece que “toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones que establezca este Código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (subrayado, por la Sala). Tales excepciones, las cuales derivan de los artículos 259, 260 y 261 (ahora, 250, 251 y 252), son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo –y siempre en procura de que, sólo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de la presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo 44 de la Constitución-, pueden ser atemperadas a través de la imposición de otras menos gravosas descritas en el artículo 265 (hoy, 256) del precitado Código Procesal. Por tanto, la privación o restricción en el ejercicio del derecho a la libertad, como medidas de excepción, requieren, del órgano jurisdiccional que las decrete, de ponderación y prudencia; ello, por una parte; por la otra, de diligente vigilancia durante el curso de la vigencia de tales medidas, con el fin de prevenir que las medidas se mantengan más allá del límite temporal que establece la ley; concretamente, el artículo 253 (hoy, reformado, 244) in fine del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 7.5 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José). El referido artículo 253 de nuestra ley procesal penal fundamental establecía, en su párrafo final, que, en ningún caso, las medidas de coerción personal –expresión en la cual quedan comprendidas tanto la privativa de libertad como las demás cautelares menos gravosas que la primera- podía sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder de dos años. En el caso de autos, se observa que, para la oportunidad cuando se ejerció la acción de amparo que impulsó el presente proceso, el actual quejoso se encontraba privado de su libertad por un término que ya excedía de cinco años. Ello representa una evidente infracción al límite temporal de vigencia de las medidas de coerción personal que, con carácter imperativo, establecía el artículo 253 (ahora, reformado, 244) del Código Orgánico Procesal Penal, antes de su reforma parcial de 2001, el cual era la ley aplicable al caso, en beneficio del referido encausado, de acuerdo con lo que disponen los artículo 24, de la Constitución, y 553, del Código Orgánico Procesal Penal actualmente en vigor, por cuanto su causa penal fue iniciada bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y, luego, comenzó a ser regido por el Orgánico Procesal Penal que entró a regir plenamente, a partir del 01 de julio de 1999. Dicha infracción constituye, igualmente, una grosera violación al derecho a la libertad personal que reconoce el artículo 44 de la Constitución. Tal anomalía supone adicionalmente, una inconstitucional ejecución prematura de una eventual sentencia condenatoria, en perjuicio de una persona a quien debe presumirse inocente, hasta cuando dicha presunción quede desvirtuada mediante sentencia condenatoria definitivamente firme; ello, según lo garantiza el artículo 49.2 de la Constitución. Las anteriores consideraciones deben llevar a la conclusión de que resultaron lesionaos los derechos fundamentales del mencionado ciudadano...(omissis)..., a la libertad personal y al debido proceso, en su específica manifestación de la presunción de inocencia, los cuales reconoce la Constitución en sus artículos 44 y 49.2 respectivamente; derechos estos que debieron ser tutelados, aun de oficio, tanto por el Tribunal de juicio como por la Corte de Apelaciones que, en primera instancia, conoció de este proceso, lo cual, implicó una seria inobservancia, por parte de los mencionados órganos jurisdiccionales, de sus deberes como jueces de control constitucional. (omissis)...”. Resaltado nuestro.

El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que a toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, si embargo, la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente, mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad de cumplimiento de la resultas.
El resultado del juicio, como es bien sabido puede potencialmente conllevar la aplicación de penas previstas en la legislación sustantiva penal, principales o accesorias, medidas de seguridad o la responsabilidad civil derivada de la comisión del hecho delictivo, dependiendo del caso específico sometido a examen, las cuales se podrían ver frustradas de no ser ordenadas oportunamente.
Las Medidas Cautelares tienen como carácter general asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo y la protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.
Ahora bien el acusado de marras se ha presentado ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, según Oficio N° 0611, recibido en este Tribunal en fecha 15 de marzo de 2005, cumpliendo con las presentaciones semanales impuestas en la Audiencia de Calificación de Flagrancia, e Imposición de Medida de Coerción Personal, por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control Nº 6, de esta Circunscripción Judicial.

En el mismo orden de ideas, tomando en consideración la Presunción de Inocencia, este Juzgador considera que procede la Ampliación de las presentaciones a cada quince (15) días por ante la referida Oficina de Alguacilazgo, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal; advierte este Tribunal al referido ciudadano que dicha Medida Cautelar es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, o de lo contrario se le revocará la misma, y se librará la correspondiente Orden de Aprehensión, y así se decide.

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas este Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Decreta ÚNICO: AMPLIAR LAS PRESENTACIONES AL IMPUTADO GUSTAVO ADOLFO FERNANDEZ DÍAZ, plenamente identificado en autos, a UNA VEZ CADA QUINCE (15) DÍAS , por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Circunscripción Judicial; por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DE HURTO O ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO,; todo de conformidad con el artículo 256 Ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal.
Notifíquese la presente decisión a las partes. Déjese copia debidamente certificada.

ABG. LUIS EDUARDO MONCADA IZQUIERDO
JUEZ TERCERO DE JUICIO

ABG. WILLIAM LOPEZ ROSALES
SECRETARIO

3JU- 924-05
Asunto: Ampliación de Presentaciones.