REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y DE MENORES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
EXPEDIENTE: 01-4475
SECRETARIA TITULAR INHIBIDA: Abogado María Alejandra Rondón N.
JUZGADO: Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
I
SITUACIÓN PROCESAL QUE SE DESPRENDE DE LOS AUTOS
De la revisión de las actas, se observa que, mediante acta de fecha 03 de diciembre de 2001, se inhibió de conocer en funciones en funciones de Secretaria de la presente acción de amparo constitucional, basado en el artículo 82 numeral 18° del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 09 de marzo de 2005, asumí el conocimiento de la presente solicitud de amparo, por virtud de mi designación por ante la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para ocupar el cargo de Juez de éste Tribunal Superior, resolviendo en esa misma fecha la inhibición planteada por la Dra. Gina Mardonia Mireles, la cual fue declarada inoficiosa.
Ahora bien, consta de los autos acta de Inhibición, de fecha tres (03) de diciembre de 2001, donde la Secretaría Inhibida expresó lo siguiente:
"...por cuanto de la revisión de las actas y autos del presente expediente observo que los abogados Polo Isidrio Montes y Carmen Teresa López de Montes son parte en el juicio principal que da génesis al presente Amparo Constitucional, y toda vez que en 26 de Septiembre de 2001, la abogada Carmen Teresa López de Montes, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 10.171, profirió amenazas contra de mi persona, en presencia del personal adscrito a este Juzgado Superior, causa por la cual me encuentro incursa en el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”….
Para decidir, el Tribunal observa:
II
FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN
Entre los fundamentos orientadores de la actividad jurisdiccional se encuentra el principio de la imparcialidad rigurosa de los funcionarios a quienes corresponde la ardua y delicada función de administrar justicia en las causas que por razón de su cargo deban conocer.
El Estado se encuentra interesado, como base fundamental de su organización en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de Jueces o Magistrados, aparte de su idoneidad para el desempeño de ella la que implica una apropiada versación en los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a su consideración, que estos detenten verdadera capacidad subjetiva para hacerlo, la cual consiste, en que al ejercer la actividad encomendada puedan desempeñarse con la independencia y la objetividad necesarias, porque como lo expresa el tratadista EDUARDO J. COUTURE: "Los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez; pero tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la responsabilidad del juez" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil - Ediciones De Palma - Buenos Aires 1978, Págs. 41 y 42).
Esa absoluta serenidad de espíritu que requieren para ocuparse de los cometidos confiados, puede verse a veces afectada por vínculos afectivos o de intereses de diversa naturaleza, que tienden sombras de duda sobre la recta imparcialidad que tales agentes incapacitándolos para asumir su labor en un determinado caso.
Es por ello, que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios mediante la declaración de su impedimento (inhibición) separarse del análisis de la causa. Cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien concurre el obstáculo impediente de su imparcialidad los interesados en desvincularlo del asunto puesto a su examen se encuentran facultados para hacerlo por la vía de la recusación.
La inhibición, que es el caso que nos ocupa, es el acto en virtud del cual el Juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificado por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, T.I., p.292).
La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar que se le recuse, es decir, que el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes.
En tal sentido, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
"El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin guardar a que se le recuse, a fin de que las partes dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares.
La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento".
Sin embargo, no cualquier motivo da base para un impedimento o para presentar una recusación, ya que si esto fuese así se entorpecería frecuentemente la administración de justicia. Por ello, el legislador pasó a establecer, a través del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, las causales taxativas para hacerlo. En los 22 motivos indicados en dicho artículo, se compendian los fundamentos de la inhibición y la recusación, ninguna otra razón o consideración da lugar a separar del conocimiento al funcionario que legalmente lo ha recibido para su examen.
La inhibición tiene su trámite específico: declarada o manifestada la inhibición, debe aguardar el lapso de dos (2) días para el allanamiento (Art. 86 ejusdem), entendido este último, como el acto por medio del cual una o ambas partes manifiestan su voluntad de que el funcionario inhibido o impedido siga conociendo del asunto. El allanamiento presume, que a pesar del impedimento, la parte a quien afecta tiene confianza en la imparcialidad del funcionario y por ello pide que siga actuando.
Vencido dicho lapso, sin que fuera obviado el impedimento o si se le insistiere en no conocer, remitirá el expediente (Art. 93 ejusdem) al Tribunal Distribuidor de turno para que éste, por sorteo, lo asigne. Y enviará copia certificada de lo conducente al Juez competente, para que dirima la incidencia (Art. 89 CPC; 46, 47 y 48 LOPJ), dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las actuaciones.
No obstante tenemos que, tratándose el presente asunto de una solicitud de amparo constitucional, el procedimiento antes señalado se omite, por virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es del tenor siguiente:
“Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere una causal de inhibición prevista en la Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente levantará un acta y remitirá las actuaciones, en el estado en que se encuentren al tribunal competente.
Si se tratare de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala convocará de inmediato al Suplente respectivo, para integrar el tribunal de Amparo.
En ningún caso será admisible la recusación.
Bajo tales premisas debe examinarse la inhibición interpuesta, y en tal sentido se observa.
III
CONCLUSION DEL TRIBUNAL
Una vez aclarado lo anterior, pasa el Tribunal a verificar la procedencia de la inhibición planteada:
De la revisión del expediente donde cursa la presente incidencia, se pudo constatar que en fecha 03 de diciembre de 2001, fue suscrita el Acta de Inhibición formulada por la abogada María Alejandra Rondón N., en su condición de Secretaria Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con fundamento en el ordinal 18° del artículo 82.
Ahora bien, considera quien decide que, cualquier pronunciamiento con respecto a la inhibición planteada por la abogada María Alejandra Rondón N, resulta inoficiosa, toda vez que consta del libro de Actas llevado por este Tribunal que, las funciones de la mencionada secretaria cesaron el 23 de enero de 2002, por cuanto fue removida de su cargo por ser el mismo de libre nombramiento y remoción, es por ello que, al no existir incompetencia subjetiva en la Secretaría de este Juzgado lo procedente es que se continúe conociendo del mismo. Así se declara.
IV
DECISIÓN
A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley; declara:
PRIMERO: INOFICIOSO resolver la inhibición planteada en fecha 03 de diciembre de 2001, formulada por la abogada María Alejandra Rondón N, en su condición de Secretaria Titular del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de haber cesado en sus funciones, como Secretaria Titular de dicho Tribunal, por cuanto fue removido de dicho cargo en fecha 23 de enero de 2002.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Los Teques, a los catorce (14) días del mes de marzo dos mil cinco (2.005). Años 194° de la Independencia y 146° de la Federación.
LA JUEZ
Dr. HAYDEE ALVAREZ DE SOLTERO
LA SECRETARIA ACC.,
Abg. HERCILIA LINDARTE MERCHÁN
En esta misma fecha, siendo las 1:26 p.m., se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente No. 01-4475, como está ordenado.
LA SECRETARIA ACC.,
Abg. HERCILIA LINDARTE MERCHÁN
HAdeS/lesbia*
Exp. No. 01-4475
|