TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, veinticuatro de mayo de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO: MP21-P-2005-001222
Revisadas como han sido las presentes actuaciones, este Tribunal para decidir sobre el mantenimiento o no de la medida impuesta al investigado: CARLOS ENRIQUE MUÑOZ de Nacionalidad Venezolana, Natural de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, Nacido en fecha 26/08/1981, de 23 años de edad, de Estado Civil Soltero, Profesión u Oficio Artesano, Residenciado en San Francisco de Yare, Sector Quebrada Seca, Calle el Ejercito, Casa sin Número, Municipio Simón Bolívar, Estado Miranda, Portador la Cédula de identidad N° V-14.839.153, hijo de Mercedes Muñoz (V) y Alcides Ramón Cisneros (F), cuya defensa esta representada por el Defensor Público abogado: LUZ MARINA TATIS; a tales fines para decidir previamente se observa:

En fecha Veintitrés (23) de Abril del 2005, este Tribunal celebró la Audiencia Oral con motivo de la solicitud presentada por el ciudadano Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por encontrarlo incurso en la presunta comisión del delito de HURTO CON ESCALAMIENTO, previsto y sancionado en el Artículo: 453 Ordinal 6° de la Reforma del Código Penal, en la cual se acuerda Primero: Continuar por la presente Investigación por los trámites del Procedimiento Ordinario todo de conformidad con lo establecido en los artículos 373 y 283 ejusdem. SEGUNDO: Se decreta al ciudadano: CARLOS ALBERTO RANGEL de Nacionalidad Venezolana, Natural de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, Nacido en fecha 14.09/1980 , de 24 años de edad, de Estado Civil Soltero, Profesión u Oficio Indefinida , Residenciado en Cúa, Calle Vista Alegre, Casa sin número, Municipio Urdaneta, Estado Miranda, Portador la Cédula de identidad N° V- 17.686.099 , hijo de NARCISA CENOVIA RANGEL (V); la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal por considerar quien decide que están llenos los extremos de Ley para tal efecto así como también en virtud de que de la revisión efectuada al Sistema Juris 200 se evidencia que el ciudadano antes mencionado presenta una conducta predelictual, ya que se le siguen dos causas por ante los tribunales Cuarto de Control de este Circuito Judicial y sede, signada bajo el Número MP21-P-2004-002404 llevada por la Fiscalia 9° del Ministerio Público, por el mismo delito que se le ha precalificado en esta Audiencia Oral, y por ante el Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial y sede, signada bajo el número MK21-P-2000-000115 llevada por la Fiscalia 14° del Ministerio Público por uno de los delitos contra La Moral y Las Buenas Costumbres por lo cual está actualmente bajo Medidas Cautelares Sustitutiva de Libertad. Se acuerda como lugar de reclusión el Centro Penitenciario Región Capital Yare II, donde quedará recluido a la orden de este Tribunal. .

Ahora bien, dispone el artículo 250, en su tercer y sexto aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal, deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial…Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva…”.-”

Por su parte los Artículos: 8, 9, 13, 244, 247 y 264 ejusdem, igualmente disponen:
ARTICULO: 8.- "Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme."

ARTICULO: 9.-"Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación deber ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta."

Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela."

ARTICULO: 13.- “El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación de el derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión.”

ARTICULO: 244.- “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años….”

ARTICULO: 263.- “El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el Artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.”

ARTICULO: 264.- “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas,”

En consecuencia, con vista al contenido de las normas anteriormente transcritas, siendo el fundamento del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, la JUSTICIA, que tal como se define desde tiempos memorables es “LA CONSTANTE Y PERPETUA VOLUNTAD DE DAR A CADA UNO LO SUYO (Justicia est Constans et Perpetua Voluntas Jus suum cuique Tribuendi)”, esto es, dar a cada uno lo suyo o lo que le corresponde, quiere decir, según su mérito o demérito. De la misma manera, en la Justicia es un condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad, hay que pesar todas las circunstancias y por eso se simboliza la justicia con una balanza, esta implica en términos de justicia ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas, estas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un crimen, la impunidad es injusticia. Empero, aquella definición Latina de ULPIANO sobre justicia, tiene una conexión lógica y ética con otra, también Latina: “SUMMUN JUS, SUMMA INJURIA, esto es, “EXCESO DE JUSTICIA, EXCESO DE INJUSTICIA” (CICERON).

En efecto, la rígida y estricta justicia requiere ser impartida con animo más ecuánime, pues de lo contrario será difícil discernir lo que merecen las acciones ajenas o de los justiciables, y pueden cometerse iniquidades sí, olvidando esa ponderación, se aplica la Ley con exceso de rigurosidad, por ello la constitución hacer privar la Justicia sobre toda otra consideración y en su artículo 257 dispone:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los tramites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público….”

Siendo que, hasta la presente fecha el Representante del Ministerio Público no ha presentado la acusación a que se contrae la norma arriba transcrita, ni solicitado prórroga alguna, en contra del ciudadano: : CARLOS ENRIQUE MUÑOZ de Nacionalidad Venezolana, Natural de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, Nacido en fecha 26/08/1981, de 23 años de edad, de Estado Civil Soltero, Profesión u Oficio Artesano, Residenciado en San Francisco de Yare, Sector Quebrada Seca, Calle el Ejercito, Casa sin Número, Municipio Simón Bolívar, Estado Miranda, Portador la Cédula de identidad N° V-14.839.153, hijo de Mercedes Muñoz (V) y Alcides Ramón Cisneros (F), es por lo que, quien aquí decide, considera que lo procedente y ajustado a derecho con vista a las normas trascritas y los Principios consagrados en la mismas, es, Revisar y Modificar la decisión dictada en fecha Veintitrés (23) de Abril del 2.005, por este Tribunal y en su lugar, imponer las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, contempladas en el artículo 256 ordinales 3° y 8° del Código Orgánico Procesal Penal, como lo son, la presentación por ante este Tribunal, Cada Ocho (8) días y la presentación de dos (02) fiadores, que acrediten por concepto de sueldo, en su conjunto la cantidad de CIENTO OCHENTA (180) UNIDADES TRIBUTARIAS AL VALOR ACTUAL; debiendo consignar para su verificación, los documentos que a continuación se señalan: Carta de Residencia, Carta de Buena Conducta, Constancia de Trabajo, todos recientes, así como fotocopia de la cédula de identidad y el último recibo de pago y la Prohibición de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos, sin que hecho en modo alguno afecte el derecho al libre transito, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 250 sexto a parte, 8, 9, 13, 243, 244, 247, 263, 264, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el Artículo: 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

DECISION

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide: REVISAR y MODIFICAR la decisión dictada por este Tribunal en fecha Veintitrés (23) de abril del 2.005, mediante la cual Decretó la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTA, del imputado: CARLOS ENRIQUE MUÑOZ de Nacionalidad Venezolana, Natural de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, Nacido en fecha 26/08/1981, de 23 años de edad, de Estado Civil Soltero, Profesión u Oficio Artesano, Residenciado en San Francisco de Yare, Sector Quebrada Seca, Calle el Ejercito, Casa sin Número, Municipio Simón Bolívar, Estado Miranda, Portador la Cédula de identidad N° V-14.839.153, hijo de Mercedes Muñoz (V) y Alcides Ramón Cisneros (F) y en su lugar, le IMPONE la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, contenida en el artículo 256 ordinales 3°, 8° y 6° del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en la presentación por ante la Oficina de Alguacilazgo, cada Ocho (8) días, así como la presentación de dos (2) fiadores, que acrediten en su conjunto la cantidad de CIENTO OCHENTA (180) UNIDADES TRIBUTARIAS, al valor actual por concepto de sueldo, debiendo consignar para su verificación, los documentos que a continuación se señalan: Carta de Residencia, Carta de Buena Conducta, Constancia de Trabajo, todos recientes, así como fotocopia de la cédula de identidad y el último recibo de pago y la Prohibición de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos, sin que hecho en modo alguno afecte el derecho al libre transito, todo ello de conformidad con lo establecido en el sexto aparte del artículo 250, 8, 9, 13, 243, 244, 247, 263, 264, 256 del Código Orgánico Procesal Penal, con relación al 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Regístrese. Déjese copia autorizada. Notifíquese, librese boleta de traslado a los fines de la imposición de la presente Decisión.
El Juez Tercero de Control,

DRA. FLOR COLMENARES

El Secretario,

ABOG. JOSE MORENO

En la misma fecha se registró la presente decisión.

El Secretario

ABOG. JOSE MORENO