TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO. JUEZ PROFESIONAL No.1

Los Teques, 14 de noviembre de 2005

SIN CONCLUSIONES DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: ANA WUILERMA BELISARIO BLANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.6.878.140, quien actuó en representación de su hijo OSCAR GABRIEL COVA BELISARIO, por medio de apoderado.

APODERADA JUDICIAL: CLARA PONCE ROCA, abogada en ejercicio e inscrita en el IPSA bajo el No.23837.

DEMANDADO: OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.6.868.050.

APODERADO JUDICIAL: No constituyó apoderado.

FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO: Undécima del Ministerio Público con competencia en Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial.

MOTIVO: FIJACIÓN DEL QUANTUM DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA.

I

Se inició el presente asunto con ocasión a la demanda interpuesta por la apoderada de la ciudadana ANA BELISARIO BLANCO, en representación de su hijo OSCAR GABRIEL COVA BELISARIO, el 02.07.02, mediante la cual requiere se fije el quantum de la obligación alimentaria que debe sufragar el ciudadano OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES, a favor de aquel, por cuanto “…Desde el nacimiento del niño mi representada siempre lo ha atendido en todas sus necesidades ya Que tiene la guarda…desde hace tres (3) años el padre del niño…le pasa por pensión alimentaria…la cantidad de…Bs.40.000, cuando se acuerda, es decir de una forma irregular…Constantemente mi mandante le reclama para que cumpla con su obligación alimentaria para con su hijo y el padre hace caso omiso…el niño cursa estudios de Segundo Grado…y es muy poco lo que aporta su padre, para el pasaje, comida, merienda, calzado, etc.…presta sus servicios en IPOSTEL…la misma sea fijada en la cantidad de cien mil bolívares…y en los meses de julio y diciembre…sea pagada doble…sea aumentada anualmente…”. Con el libelo consignó documental consistente en copia certificada de la partida de nacimiento del niño y, al cumplir la prevención, promovió prueba de informes a recabar de IPOSTEL (F.01 al 05).

En fecha 02.07.02, se le previno para que corrigiera el libelo conforme al artículo 511 de la LOPNA, lo que cumplió el 15.07.02, por lo que se admitió el 12.08.02 y se recibió la comisión conferida para la citación personal cumplida el 13.09.04, dejándose constancia el 16.09.04, que no compareció a contestar (F.6, 8, 9, 36, 56).

En fecha 28.09.04, se emitió pronunciamiento sobre las pruebas y, en fecha 25.11.04, se declaró desierto el acto de la declaración de los ciudadanos ARIAS ANA, MARINOR RODRÍGUEZ, SUSANA GIL, SALVADOR JULIO CARLOS; posteriormente el 29.11.04, el demandado consignó escrito de promoción de pruebas consistentes en documental de planillas de depósitos bancarios, facturas varias y recibos de pago, emitiéndose pronunciamiento el 06.12.04; señalando por diligencia obrante al folio 261-1ra pieza, nuevamente lo relacionado con el poder y lo inválido de las actuaciones del abogado VICTOR MEJIAS, así como que la parte actora no impugnó la documental en su debida oportunidad (F.48).

En 23.11.04, se recibió la información requerida a IPOSTEL, informando que el precitado ciudadano laboraba como repartidor postal, con un total de asignaciones de Bs.325.696,50 mensuales y Bs.1825,00 por prima de antigüedad, para un total de Bs.327.521,50, con deducciones por Bs.96.485,79, para un neto mensual de Bs.231.035,71; informando el 09.12.04, el Diario La Religión, que el accionado había renunciado en mayo de 2004 (F.54, 61).

En fecha 22.12.04, se fijó la oportunidad de conclusiones, siendo notificada la última de las partes el 25.10.05, dejándose constancia el 28.10.05, que no comparecieron a rendirlas, difiriéndose el plazo para sentenciar el 04.11.05 (F.62, 82, 83).

II

En tal virtud, la accionante, en su escrito de solicitud inserto al folio 1, señaló:

“…Desde el nacimiento del niño mi representada siempre lo ha atendido en todas sus necesidades ya Que tiene la guarda…desde hace tres (3) años el padre del niño…le pasa por pensión alimentaria…la cantidad de…Bs.40.000, cuando se acuerda, es decir de una forma irregular…Constantemente mi mandante le reclama para que cumpla con su obligación alimentaria para con su hijo y el padre hace caso omiso…el niño cursa estudios de Segundo Grado…y es muy poco lo que aporta su padre, para el pasaje, comida, merienda, calzado, etc.…presta sus servicios en IPOSTEL…la misma sea fijada en la cantidad de cien mil bolívares…y en los meses de julio y diciembre…sea pagada doble…sea aumentada anualmente...”.

Ahora bien, la obligación alimentaria es consecuencia de la filiación, como lo dispone el artículo 366 ibídem, al establecer:

“La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando...no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto...”

Esta obligación resulta absolutamente necesaria para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, al ser la única fuente para cubrir su manutención y, consecuentemente, de gran importancia para su desarrollo integral y, precisamente por ello, el Constituyente de 1999 acogiendo la Doctrina de la Protección Integral, desarrollada en la Convención sobre los Derechos del Niño, le da rango constitucional, constituyendo un derecho humano de los beneficiarios, al establecer expresamente en el artículo 76, aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”

Con esto se da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de niñez y adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, pues la mencionada Convención dispone expresamente en su artículo 27:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres...les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño...
...4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres...”.

Así las cosas, la obligación alimentaria respecto de los padres cuya filiación esta legalmente establecida, no requiere declaratoria de existencia previa, toda vez que es efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento y, consecuentemente, el juez lo que procede a determinar es el monto que corresponde cancelar por tal concepto. Por supuesto, niñez y adolescencia no tendrían preservados sus derechos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, a la vida, a la salud, entre otros, si el quantum de la obligación alimentaria se mantuviese incólume, invariable, a pesar del alza en la cesta básica y los índices de inflación, los cuales también involucran a niños y adolescentes como habitantes y ciudadanos del país; tampoco se lograría esta efectividad si se establece el quantum de manera contraria a lo dispuesto en la Ley especial, en el entendido de que sea el coobligado quien, caprichosamente, determine la suma a pagar al hijo o en condiciones tales exigidas por aquel que ejerza la custodia, que, para el padre obligado, resultaría de imposible cumplimiento, acarreando como consecuencia la insatisfacción de la misma, con grave perjuicio para el hijo, de allí que se prevea la acción por Fijación de Obligación Alimentaria.

En este orden de ideas y apreciando la prueba con base a la libre convicción razonada, la filiación invocada es un hecho que esta juzgadora debe dar por acreditado plenamente y, por tanto, que los ciudadanos OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES y ANA WUILERMA BELISARIO BLANCO, son los padres de OSCAR GABRIEL COVA BELISARIO, como quedó probado con la copia certificada de la partida de nacimiento obrante al folio 05, la cual se aprecia por tratarse de documento público, idónea para probar el vínculo filial paterno, así como aparece útil para acreditar la condición de niño de OSCAR GABRIEL, a los efectos del artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En tal virtud, la actora peticiona la fijación de la obligación alimentaria al padre de su hijo antes identificado, por cuanto le suministra Bs.40.000,00 cuando se acuerda, es decir, de manera irregular, haciendo caso omiso de los reclamos de la madre, siendo criterio de la sentenciadora que, respecto de la fijación lo que efectivamente procede a determinar la jueza es el quantum alimentario, como quiera que al estar establecida legalmente la filiación, como quedó acreditado supra, queda establecida la obligación misma por ser efecto de aquella filiación, a cuyos efectos debe considerarse que los gastos de manutención y crianza de los hijos, traducidos éstos en el derecho a recibir todo lo necesario para su desarrollo integral, deben ser satisfechos por el padre de manera concurrente con la madre, consecuencia del principio de coparentalidad adoptado constitucional y legalmente, conforme al cual padre y madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, mantener y educar a sus hijos.

En tal virtud ha quedado probado, que el ciudadano OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES, realiza una actividad laboral dependiente para IPOSTEL, con la información rendida por la gerencia de Relaciones Industriales de dicho Instituto Postal Telegráfico, inserta al folio 54, la cual se aprecia por no haber sido desvirtuada con ningún otro medio de prueba, emanando de la persona que tiene a su cargo la materia relacionada con el personal de IPOSTEL, no existiendo en su contenido elementos que la impregnen de parcialidad hacia alguna de las partes y resultando idónea para probar, además de la relación laboral con dependencia del demando, que tal actividad le genera recursos económicos suficientes para atender las necesidades de su hijo, por cuanto, para el 03.11.04, devenga una remuneración mensual de Bs.1327.521,50, con deducciones por Bs.96.485,79, para un neto a cobrar de Bs.231.035,71 mensuales, habiendo aumentado el salario mínimo a Bs.405.000,00, durante el año 2005.

Así, la obligación alimentaria es un derecho humano fundamental de niños, niñas y adolescentes y el interés superior de éstos está determinado por su derecho a recibir todo lo necesario para su manutención y, por consiguiente para su desarrollo integral, que debe ser protegido con prioridad absoluta, por tanto, es contrario a ese interés permitir que dicho derecho quede ilusorio, previendo la Ley especial un elemento a través del cual puede fijarse el quantum alimentario, por tratarse de una referencia general conocida por todos, como lo es el salario mínimo, conforme lo dispone el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que a la presente fecha esta fijado en cuatrocientos cinco mil bolívares (Bs.405.000,00), a este elemento se suma la circunstancia que, el ciudadano OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES, labora con relación de dependencia, como quedó probado con la información rendida por IPOSTEL e inserta al folio 54, antes apreciada, que sirve para determinar la capacidad económica del accionado, capacidad ésta que no se ve incrementada por relación laboral alguna con el diario La Religión, por cuanto en fecha 09.12.04, informaron que renunció al cargo, como se desprende al folio 61, la que resulta útil para probar, que el demandado renunció el mes de mayo de 2004, información que no fue desvirtuada con ningún medio de prueba.

En tal sentido, considerando los elementos antes determinados y atendiendo a las necesidades del niño, debe fijarse el quantum alimentario a su favor, no solo por razones de elemental humanidad, sino, además, por tratarse de una obligación constitucional y legal, como se explicara antes. En este orden de ideas, como se dijera en párrafos anteriores, se ha cumplido con el análisis de los extremos referidos a la capacidad económica del demandado, como elemento a considerar para establecer la cantidad que, por concepto de obligación alimentaria debe sufragar el progenitor que no ejerce la custodia, pues, respecto del que la ejerce, en este caso concreto la madre, ya la jurisprudencia y el propio texto constitucional reconocen y valoran la labor que ésta desempeña en el hogar, cuando está dedicada a la crianza de sus hijos y en ejercicio de la custodia como contenido de la guarda, como se desprende, entre otros, del artículo 88 constitucional, pero ello en modo alguno debe significar que la satisfacción de las necesidades materiales de los hijos comunes deban ser cubiertas exclusivamente por el progenitor que no ejerce la custodia, puesto que el propio constituyente de 1999 estableció la responsabilidad compartida en este sentido, al señalar en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas…La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”.

De todo lo anterior resulta que, aún cuando la fijación del quantum se exige del padre de OSCAR GABRIEL, la fijación debe efectuarse con fundamento al deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, pues el deber de dar efectividad y materialización a los derechos reconocidos a favor de su hijo para preservarlos en su derecho a recibir todo lo necesario para su manutención, formación y crianza, corresponde compartidamente a los ciudadanos OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES y ANA WUILERMA BELISARIO BLANCO, consecuencia del principio de coparentalidad, aunque no en la misma proporción, considerando que ya la madre con el cuidado de aquel realiza un aporte que debe ser prorrateado al estimarse el quantum aludido.

En tal sentido, el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señala expresamente:

“El juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e interés del niño o adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado...”

Con relación a las necesidades del beneficiario sus necesidades básicas no requieren prueba, toda vez que basta con conocer su edad para deducir que está en pleno desarrollo y en edad de formación escolar; por lo que, además, requiere deporte, vestido, alimentación, educación, calzado e, incluso, lo atinente a la recreación y distracción, puesto que a esto último también tiene derecho, conforme lo establece el artículo 63 ejusdem, siendo que el legislador ha eximido de la prueba de tales necesidades expresamente, cuando los alimentos se reclaman de los ascendientes, por mandato legal expreso contenido en el artículo 295 del Código Civil, en concordancia con el artículo 294 ejusdem.

Por supuesto, a la luz del ordenamiento jurídico especializado debe protegerse el derecho de los niños, niñas o adolescentes, que han venido desarrollándose en un determinado nivel de vida, a fin de que no se vea afectado por la separación de los padres, aunado a la circunstancia que, dentro del concepto de obligación alimentaria ordinaria, se incluyen las necesidades básicas, esto es, el quantum alimentario deberá comprender los aspectos materiales imprescindibles para su desarrollo armónico e integral, es decir, no limitada a gastos de alimentos en sentido estricto, sino todos los aspectos fundamentales para su mantenimiento, educación y crianza, por tanto, la juzgadora debe prever dentro del quantum alimentario, lo necesario para satisfacer a los niños lo requerido para desarrollarse en un nivel de vida adecuado, lo que comprende lo relativo al sustento, entendido éste como la comida o la alimentación nutritiva y balanceada; el vestido, que comprende ropa y calzado adecuado al clima; la habitación, salvo que residan en un inmueble propiedad de cualquiera de los progenitores, supuesto en el cual los conceptos a considerar serán otros referidos al mantenimiento del inmueble; también comprende los gastos de uniformes, matrícula escolar, útiles escolares, gastos por merienda, transporte y actividades complementarias, los relativos al desarrollo cultural como complemento de la formación educativa; los gastos por asistencia médica ordinaria o regular y los gastos por recreación y deportes o actividades extracurriculares contributivas de su desarrollo físico y mental, gastos éstos que varían de acuerdo a la edad de los beneficiarios.

En el presente caso el beneficiario es niño, por tanto, requiere de todo lo necesario para las personas que están en pleno desarrollo y en esa fase vital, sin que haya quedado probado que resida en inmueble propiedad de la madre o del padre, por lo que debe considerarse este concepto para la estimación requerida, la que debe incluir necesariamente los servicios básicos para vivir en un nivel de vida adecuado, dentro de éste contar con una vivienda digna e higiénica, estando en edad de formación educativa y, por tanto, debe considerarse lo requerido para preservar su derecho a la educación, a la salud, a la recreación y deporte, a contar con vestido y calzado adecuado a su edad y al clima, en fin, todo lo adecuado para lograr el desarrollo armónico de su personalidad.

Sentado lo anterior es de advertir, que el demandado no alegó la existencia de otra persona dependiente económicamente de él; por consiguiente, resulta necesario preservar a OSCAR GABRIEL en su derecho a la salud, integridad personal, al desarrollo de su personalidad, a un nivel de vida adecuado, lo que se logra, estando sus progenitores separados, a través del cumplimiento exacto por parte de ambos de la obligación alimentaria, efecto de la filiación, a tenor del artículo 366 ejusdem, por razones, además de constitucionales y legales, de elemental humanidad, toda vez que los padres deben cubrir las necesidades de sus hijos con prioridad absoluta, entre ellas la relativa a contar con todo lo que requieren para contar con protección integral, la cual comprende, no solo la educación, sino todo lo relativo al sustento, ampliado por el legislador venezolano en el artículo 366 ibídem, al disponer expresamente:

“La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requerido por el niño y el adolescente.”

Sin embargo, la fijación debe ser proporcional a la capacidad económica del accionado, determinada como ha sido a través de uno de los elementos establecidos en el artículo 369 ejusdem, así como con vista a sus ingresos mensuales, y a las necesidades del niño beneficiario, pero esa protección debe brindarse sin lesionar el derecho del propio padre a contar con lo necesario para su propia manutención; por tanto, la fijación de buscar garantizar el disfrute efectivo de su derecho a un nivel de vida adecuado, el cual se vería seriamente comprometido si se establece una cantidad exorbitante, de suerte que el padre coobligado se encuentre en la imposibilidad de cumplirla, cumplimiento que sería seriamente obstaculizado de imponerse una cantidad exorbitante, impeditiva de la protección al mantenimiento de la propia persona del progenitor coobligado, obligación que, por lo demás, debe ser establecida con base a salarios mínimos, resultando evidente las necesidades de aquellos, debiendo respetar la sentenciadora los derechos que también asisten al propio padre a proveer su propio sustento aparece procedente, en consecuencia, DECLARAR CON LUGAR la solicitud incoada a favor de OSCAR GABRIEL, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.

A tal efecto, la sentenciadora observa, que establecido como ha sido que las necesidades imprescindibles de aquel no requieren prueba, habiéndose determinado antes la cantidad que, como referencia, para estimar el quantum se tiene, sin que se haya evacuado ningún medio de prueba idóneo para desvirtuar que el accionado labora con relación de dependencia y que, consecuentemente, cuenta con recursos que le permiten sufragar las necesidades de su hijo de manera concurrente con la madre de éste, además de garantizar lo que el propio accionado requiere para preservar su propia existencia, en criterio de la juzgadora, llevan a exigir el cumplimiento del deber de preservar los derechos de aquel, pero, igualmente, tal derecho debe ser preservado evitando imponer una obligación al padre que sobrepase su capacidad económica, en desconocimiento de la necesidad del propio padre de proveer a su propio sustento, de tal manera, considerando que la obligación alimentaria recae en ambos progenitores, conforme al artículo 366 ejusdem, desprendiéndose que ambos deben concurrir en la satisfacción del derecho de aquel a un nivel de vida adecuado, que comprende alimentación nutritiva y balanceada, vestido y vivienda digna y segura, resultando el aporte de la madre insuficiente para atender las múltiples necesidades de su hijo, quien tienen derecho a que su padre satisfaga sus necesidades, es por lo que se establece el quantum mensual de la obligación alimentaria en una cantidad mensual equivalente a una cuarta parte de un salario mínimo urbano, es decir en Bs.101.250,00, mensuales, que el padre coobligado deberá sufragar a favor de su hijo e, igualmente, a los fines de preservar la efectividad de los derechos de éste a un nivel de vida adecuado, en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, así como su derecho a recibir todo lo necesario para su desarrollo integral, que incluye la salud, la educación, la recreación, entre otros, el quantum fijado será aumentado automáticamente, a tenor del artículo 369 ibídem, en un 30% de la cantidad con la cual resulte efectivamente favorecido el accionado, cada vez que se decrete aumento de su remuneración mensual, e, igualmente, deberá cubrir el citado ciudadano el 50% de los gastos extraordinarios, es decir aquellos gastos que por salud, asistencia médica y medicinas se generen de manera extraordinaria o eventual, fijándosele una cantidad adicional equivalente a la fijada como quantum mensual ordinario por obligación alimentaria, durante el mes de agosto de cada año, para cubrir los gastos de inscripción escolar, útiles, uniforme y calzado escolar y, otra por el doble en el mes de diciembre de cada año, correspondiente a bonificación de fin de año. Tales cantidades deberán ser sufragadas por mensualidades adelantadas, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.

A los fines de evitar que quede ilusoria la ejecución del fallo, así como para preservar la efectividad de los derechos del beneficiario, deben dictarse medidas de embargo, a tenor del artículo 521 ejusdem, sobre los ingresos mensuales del accionado, por lo que el empleador deberá retener de mensualmente, una suma equivalente a una cuarta parte de un salario mínimo, que deberá entregar a la madre directamente; así mismo, deberá retener durante el mes de agosto de cada año, una suma adicional por igual monto y, en el mes de diciembre, deberá retener de la bonificación de fin de año una suma equivalente al doble de la mensualidad ordinaria; por último, deberá retener de las prestaciones sociales generadas a su favor, una cantidad equivalente a 36 mensualidades adelantadas, que deberá remitir a esta sala de Juicio, mediante cheque de gerencia, en caso de retiro o despido del demandado.

Considerando la especial naturaleza del asunto, no hay condenatoria en costas.

III

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de fijación del quantum mensual de la obligación alimentaria, conforme al artículo 520 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en relación con el artículo 366 ejusdem, interpuesta por la apoderada judicial de la ciudadana WUILERMA BELISARIO BLANCO, titular de la cédula de identidad No.6.878.140, en representación de su hijo, la cual deberá sufragar el ciudadano OSCAR ENRIQUE COVA FUENTES, titular de la cédula de identidad No.6.868.050, en los términos antes expuestos supra.

Regístrese y publíquese la presente sentencia. Extiéndasele copia certificada de la misma a las partes. Cúmplase.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despachos de esta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, a los 14 días del mes de noviembre de 2005. Años: 194 de la Independencia y 145 de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ZULAY CHAPARRO
LA SECRETARIA,

ABG. FRANCYS CASTILLO
En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia, siendo las 11:20 a.m.
LA SECRETARIA,

ABG. FRANCYS CASTILLO
Exp.7170-02