TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO DEL MUNICIPIO PEDRO MARIA UREÑA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA.-

195º y 146º

PARTE DEMANDANTE: CUBIDES LOMBANA, MARITZA, venezolana, mayor de edad, con la cedula de identidad N° - V. 17.818.345; domiciliada en Ureña, Estado Táchira y hábil.

PARTE DEMANDADA: ALVIAREZ VIVAS WILLIAMS ALEXANDER, venezolano, mayor de edad, con la cedula de identidad N° V.- 10.894.848.

MOTIVO: fijación de obligación alimentaria.

EN BENEFICIO DE: EDWIN ALEXANDER.

EXPEDIENTE: 252-2002.

I
PARTE NARRATIVA.

Asumidas como han sido las funciones de quien suscribe como Jueza suplente de este Juzgado.- ME AVOCO al conocimiento de la presente causa y con fundamento al artículo 26 y 257 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se continua el proceso en el estado en que se encuentra.
Se inicia el presente por diligencia que data del 25 de septiembre de 2002., suscrita por la ciudadana CUBIDES LOMBANA, MARITZA, quien solicita que se fije la obligación alimentaria a favor de su hijo, manifiesta que sólo ha sido quien ha aportado lo concerniente para los gastos de su hijo desde que nació, finalmente solicita que se fije una pensión alimentaria a favor del adolescente EDWIN ALEXANDER. Agregó fotocopia simple de las partidas de nacimiento de su hijo, de las cedulas de identidad de la solicitante y de su hijo, y constancia de estudio de su hijo. (f. 1-5).
Este tribunal, vista la solicitud, por auto que data del día veinticinco (25) de septiembre de 2002, la admite y ordena citar al ciudadano: ALVIAREZ VIVAS WILLIAMS ALEXANDER, para que comparezca a este tribunal al tercer (3er) día de despacho siguiente al que conste en autos dicha citación. En esa misma fecha, se emite la boleta de notificación al fiscal especializado en Protección del Niño y del Adolescente.
En fecha 26 de septiembre de 2002., el alguacil del tribunal informó que el demandado en esa misma fecha firmó boleta de citación. (f. 8-9).
En fecha primero de octubre de 2002., se hicieron presentes los ciudadanos CUBIDES LOMBANA, MARITZA y ALVIAREZ VIVAS WILLIAMS ALEXANDER, este último manifestó que no tiene trabajo y que no niega que es su hijo, que si estuviera trabajando lo ayudaría, que ella le solicita ayuda de una manera muy vulgar, que no quiere que se meta con él. Seguidamente la solicitante manifestó que espera que se decida al respecto.

II
PARTE MOTIVA.

A pesar de haber transcurrido el tiempo en la presente causa, esta juzgadora hace uso de las facultades contenidas en el artículo 12 del Código de Procedimiento civil en el que consagra el principio de la verdad y de la legalidad procesal. Aún más, que en el código civil venezolano, en el artículo 1354, dispone acerca de la distribución de la carga de la prueba, en éste caso, quien pide la ejecución de una obligación debe probarla, y así mismo nuestro código de procedimiento civil establece en el artículo 506 que quien pretenda que ha sido liberado de una obligación debe probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. En el caso de autos está probada la obligación, más no su extinción ó su pago.
De igual manera, en el artículo 365 de la Ley de protección del Niño y del adolescente consagra que la obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, atención medica, medicinas y recreación del niño y en el caso que nos ocupa se encuentra claramente que el padre no satisface de ninguna manera las necesidades de sus hijos por cuanto a su decir no posee la capacidad económica, sin tomar en cuenta que a pesar de sus dificultades sus hijos siguen generando necesidades a las cuales es deber de los padres el satisfacerlas a pesar de las dificultades.
Ahora bien, es un hecho notorio el alto costo de la vida, la disminución del poder adquisitivo por el aumento de los alimentos. Así mismo, desde el año 2002, no consta en autos el cumplimiento de la responsabilidad que como padre le corresponde al obligado, específicamente lo relacionado a la obligación alimentaria, pero de igualmente, no consta en autos prueba alguna de la capacidad económica del obligado, situación esta que no exime de su cumplimiento.
Por tal motivo este tribunal acuerda la fijación de la OBLIGACIÓN ALIMENTARIA en favor del adolescente EDWIN ALEXANDER. y así se decide.

III
PARTE DISPOSITIVA.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal del Municipio Pedro María Ureña, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la solicitud de FIJACIÓN de obligación alimentaria en favor del adolescente EDWIN ALEXANDER y en consecuencia el ciudadano ALVIAREZ VIVAS WILLIAMS ALEXANDER, deberá cancelar a favor de su prenombro hijo la siguientes cuotas:
PRIMERO: el veinte por ciento (20%) del ingreso mensual del obligado, como cuota mensual de la alimentación.
SEGUNDO: el doble de la cuota mensual en el mes de agosto, para los gastos de septiembre por útiles escolares y en noviembre para los gastos decembrinos.
Notifíquese a las partes de la presente decisión.
Regístrese, publíquese y déjese copia para el archivo del tribunal.-
Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado del Municipio Pedro María Ureña, a los veinte días del mes de octubre de dos mil cinco.
LA JUEZA PROVISORIA,

Abog. NELITZA N. CASIQUE MORA.
EL SECRETARIO,

JOSÉ RAFAEL JAIMES.

En esa misma fecha previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la anterior sentencia siendo las dos y quince minutos de la tarde.
El secretario,