TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda - Extensión Valles del Tuy
Valles del Tuy, 9 de Agosto de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : MP21-P-2006-001112
ASUNTO : MP21-P-2006-001112

De la revisión de las presentes actuaciones, se evidencia que en fecha 14 de junio de 2006, la Fiscalía Novena del Ministerio Público, DRA. MARIA ELENA TIRADO, presenta al ciudadano JOSE LUIS IBARRA MORALES por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO de conformidad con el artículo 455 ordinal 6° del Código Penal, solicitando la PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD vista la conducta delictual reincidente del mismo, acordándose con lugar dicha solicitud, no obstante, transcurridos los treinta días para la presentación del acto conclusivo la fiscal del Ministerio público no ejerce su carga procesal, por lo que de conformidad con lo establecido en el quinto aparte del artículo 250 del Código Orgánico procesal Penal se revoca la privación judicial preventiva de libertad y se impone la medida cautelar prevista en el ordinal 8° del artículo 256 ejusdem, la cual hasta la fecha no ha podido ser cumplida por el imputado, efectuadas tales consideraciones es por lo que este tribunal, emite su pronunciamiento de la forma siguiente:

Dispone el artículo 264 Ejusdem, lo siguiente:
“Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”.-

Se evidencia del contenido de la norma up supra trascrita que, el Juez de Control como garante de los derechos constitucionales de todo individuo, debe asegurar que la imposición de las medidas cautelares no se desnaturalice, convirtiéndolas en una pena anticipada, totalmente contrarias al derecho de ser juzgado en libertad y al debido proceso contemplado en nuestra Carta Fundamental en el artículo 49.

En efecto en el presente caso, el ciudadano JOSE LUIS IBARRA, es presentado por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, no obstante le es impuesta la privación judicial preventiva de libertad en virtud de haberle sido impuestas medidas cautelares en otros procesos seguidos en este mismo Circuito Judicial, ello a la luz del parágrafo segundo del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que no se podrán imponer de forma contemporánea más de dos medidas cautelares.

Sin embargo, la fiscalía del Ministerio Público a pesar de haber solicitado la Privación Judicial del mencionado ciudadano, no presenta el acto conclusivo en el lapso ordenado en la ley, por lo que en aseguramiento de los derechos procesales y constitucionales del imputado se le impone una medida cautelar de las contempladas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual hasta la fecha no ha cumplido, evidenciándose la imposibilidad de cumplimiento de la misma.

Debemos analizar el contenido del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal:

Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. (Subrayado del tribunal).

El fiscal del Ministerio Público en la audiencia de fecha 15 de octubre de 2005, califica provisionalmente los hechos en el delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 ordinal 6° del Código Penal Venezolano, lo cual hace estimar a quien aquí decide, que es desproporcional, mantener la detención del imputado de autos, bajo una medida cautelar sustitutiva, cuyo cumplimiento se ha evidenciado, no puede lograrse aunado a la circunstancia del transcurso de DOS (02) MESES sin que se haya presentado acto conclusivo, por lo que no puede quien decide, como juez destinado a vigilar el cumplimiento de las normas fundamentales de todo ciudadano, permitir la ejecución anticipada de una pena, a través de una medida cautelar cuyo fin es esencialmente procesal.

Así mismo es menester señalar el contenido del artículo 263 ejusdem, que establece:

“Imposición de Medidas. El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.”

Por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que considera quien aquí decide que, la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad impuesta al ciudadano JOSE LUIS IBARRA MORALES, de conformidad con el ordinal 8° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, puede ser satisfecha razonablemente con la imposición de la medida establecida en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es la CAUCION JURATORIA, por lo que se ordena su traslado ante el tribunal el día 10 de agosto de 2006 a las 9:00 am, a los fines de suscribir acta de compromiso en la cual se comprometerá a NO AUSENTARSE DE LA JURISDICCION DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS y DEL ESTADO MIRANDA, A PRESENTARSE POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO CADA QUINCE (15) DIAS, Y A NO CONCURRIR AL LUGAR DE LOS HECHOS, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.- Y ASI SE DECIDE.-
D E C I S I O N
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Valles del Tuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que la Ley le confiere, ACUERDA Modificar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, impuesta al imputado JOSE LUIS IBARRA titular de la cédula de identidad N° 14.326.077, en fecha 17 DE JULIO DE 2006, y le impone la CAUCION JURATORIA, establecida en el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, en la cual el imputado deberá COMPROMETERSE A NO AUSENTARSE DE LA JURISDICCION DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, A PRESENTARSE POR ANTE LA OFICINA DE ALGUACILAZGO CADA QUINCE (15) DIAS, Y A NO CONCURRIR AL LUGAR DE LOS HECHOS, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.-
Regístrese. Déjese copia autorizada. Notifíquese. Líbrese traslado URGENTE para el día 10 de agosto de 2006.
Líbrese las correspondientes boletas de notificación, Oficio y traslado.-
La Juez CUARTO de Control
El Secretario
SANDRA SATURNO MATOS

VERONICA PETER

En esta misma fecha se le dio cumplimiento a lo ordenado.

El secretario
VERONICA PETER