TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS URIBANTE Y SUCRE DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA
San Antonio de Pregonero, 09 de Enero de 2006

IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
PARTE DEMANDANTE: LINA ROSA ROA VIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 10.166.626, y domiciliada en la población de La Fundación, Parroquia Cárdenas, Municipio Uribante del Estado Táchira,
PARTE DEMANDADA: CRISTOBAL SILVA MOLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.- 9.366.678, con domicilio en el Barrio Bolívar, Calle Principal, Casa N° 9, San Cristóbal Estado Táchira.

BENEFICIARIOS: (Omitido Art. 545 Lopna)
EXPEDIENTE N° 187/95

I PARTE NARRATIVA
En el curso de juicio que por aumento de obligación alimentaria incoara la ciudadana Lina Rosa Roa Vivas, en contra del ciudadano Cristóbal Silva Molina, identificados en autos, la parte actora en fecha 30 de enero de 2003 reinicia este procedimiento al solicitar por medio de diligencia el aumento de la cuota de obligación alimentaria.
En la misma fecha se admitió la solicitud y se acordó citar al ciudadano Cristóbal Silva Molina, para lo cual se libró exhorto de citación al Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira fechado 03 de febrero de 2003. Igualmente se notifico al fiscal especializado según telegrama 3200-041 y se libró oficio al Empleador, N° 3200/040, al Jefe de Personal de la Zona Educativa del Estado Táchira a fin de que informe el sueldo devengado por el demandado.
Riela al folio cincuenta y cinco (55) que en fecha 1º de septiembre de 2003, se recibió las resultas del exhorto de citación sin practicar, proveniente del Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes.
El 21 de abril de 2004 se recibió diligencia de la ciudadana Lina Rosa Roa Vivas, en la que aporta la nueva dirección del obligado alimentario y solicita que se continúe con el procedimiento de aumento de obligación alimentaria.
El 23 de abril de 2004, se admitió la solicitud y se libro exhorto al Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del Estado Táchira a fin de que practique la citación del demandado. Igualmente se libro nuevo oficio N° 3200/119 a fin de ratificar el contenido del oficio N° 3200/040.
Riela al folio sesenta y ocho del expediente sub examine, resultas del exhorto de citación sin practicar del ciudadano Silva Molina.

II PARTE MOTIVA
La regla general, en materia de perención expresa que el solo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina de pleno derecho la perención.
Por su parte, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil estatuye, en su parte pertinente:
“…También se extingue la instancia:…Omissis...
1º.- Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”
Sobre la interpretación que debe darse al alcance de este dispositivo, la Sala de Casación Civil, en sentencia del 3 de julio de 1998 (caso: José de Jesús Gabaldón contra Diómedes Méndez), ratificada el 11 de noviembre de 1998 (caso: Fernando Emilio González c/ Beatriz Ramona Plaza Bustillos y otros), y el 18 de marzo de 1999, (Rosa Jackeline Rincón contra Asmildo Nerio Silva y otros), dejó sentado el siguiente criterio:
“Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes:
Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte.
Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda instancia.
En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti:
‘…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer.’
Este carácter de impulso que tiene la instancia, aceptado con reticencia por el autor citado, dado que en general el Juez impulsa de oficio el proceso, resulta claro al leer el artículo 11 de nuestro Código de Procedimiento Civil:
‘En materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes.’
En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de ésta disposición legal, provocando su extinción.
De acuerdo con el principio dispositivo, expresado en el transcrito artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y reiterado por la necesidad de impulso de parte en los recursos, se requiere de la instancia de parte para la resolución de la controversia, inicial o incidental, por el Tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de casación Civil. Al no estimularse la actividad del Tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso, o al conocimiento del recurso por la casación.”
Estas normas de perención constituyen una de las manifestaciones del principio dispositivo que rige nuestro procedimiento civil, pues prevé el deber de las partes de “impulsar” el proceso para lograr su continuación, so pena de que la inactividad o incumplimiento de las obligaciones impuestas en la ley, determine la extinción del impulso y, por ende, del proceso.
Este Tribunal de Justicia requiere del impulso de las partes para cumplir con sus funciones, pues sólo puede conocer del juicio si éstas han ejercido los recursos que la ley les otorga. Este impulso puede extinguirse, si las partes no cumplen con las obligaciones previstas en la ley para la continuación del proceso.
Un ejemplo de ello, lo constituye el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la hipótesis de extinción de la instancia como consecuencia de haber transcurrido más de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda sin que el demandante hubiese cumplido con la obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
Esto es lo ocurrido en el presente caso, pues luego de admitida la demanda y librarse dos exhortos de citación al Tribunal exhortado que no pudo dar cumplimiento a la practica de citación por no localizar al demandado, la parte demandante no hizo las diligencias necesarias para lograr la practica de la misma.
En este orden de ideas y por cuanto el caso sub iudice es relativo a un procedimiento especial en el cual deben tutelarse y garantizarse los derechos de prioridad absoluta e interés superior de los niños y adolescentes, en virtud del principio de subsistencia de la obligación alimentaria, resulta oportuno traer a colación el criterio sentado por la Sala Constitucional en fecha 12 de mayo de 2003, con respecto a los efectos de la perención en los procesos de pensión alimentaria, que textualmente reza:
“… Si se toma en cuenta que el efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino a raíz de su declaración postergar por espacio de tres meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho, en principio, ningún perjuicio causa la declaratoria de perención al demandante, así se trate de un menor, y así se declara…”. (Subrayado del Tribunal; Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 5, Año 2003, página 445).
De manera que teniendo por norte el criterio normativo y jurisprudencial antes expuesto, la falta de impulso procesal durante un año y cuatro meses ha originado el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal en la presente causa y, como consecuencia de ello, la perención de la instancia, la cual es verificable de derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, por tratarse de un instituto procesal de orden público; razón por la cual resulta imperativo concluir que esta inactividad de la parte constituye una renuncia implícita al impulso obtenido mediante la interposición de solicitud de aumento de obligación alimentaria, lo cual determina la extinción del proceso. En consecuencia, esta Juzgadora advierte que se verificó de pleno derecho la perención del impulso procesal y, por consiguiente, la extinción del proceso. Así se establece.

DECISION
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara EXTINGUIDA la solicitud interpuesta por la ciudadana Lina Rosa Roa Vivas en contra del ciudadano Cristóbal Silva Molina, en esta causa por aumento de obligación alimentaria. Por la índole de la decisión no hay condenatoria en costas.
Conforme lo establece el artículo 251 eiusdem, notifíquese a la parte demandante de la presente decisión y al Fiscal del Ministerio Público competente, toda vez que la parte demandada no ha sido citada y resultaría inoficiosa su notificación.
Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. Archívese el presente expediente.
Dada, firmada, sellada y refrendada en el Juzgado de los Municipios Uribante y Sucre de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Antonio de Pregonero a los nueve días del mes de Enero de 2006.

LA JUEZ TEMPORAL,
Abog. Yennith Coromoto Duque Zambrano

LA SECRETARIA,
Abog. Lizbeth del Valle Pernía Roa

En la misma fecha se libró notificación a las partes. Se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las 11:00 a.m., se dejo copia para el archivo del Tribunal.
La Secretaria,
Abog. Lizbeth del Valle Pernía Roa.

Exp. N° 187-95
09-01-2006
YCDZ/lvpr