REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO LOS TEQUES
Los Teques, 23 de Enero de 2006
195° y 146°
CAUSA No. 2U-866/04
JUEZ: YANETT RODRIGUEZ CARVALHO
SECRETARIA: EILYN CAROLINA CAÑIZALEZ
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
FISCAL: Dr. ORLANDO EFRAÍN PADRÓN, Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.
ACUSADO: JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, titular de la cédula de identidad personal número V-16.146.571.
DEFENSA: Dra. MERCEDES ADRIÁN ALVAREZ, adscrita a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques.
DELITO: OCULTACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la hoy derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificado y castigado actualmente en el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Visto el escrito presentado por la ciudadana MERCEDES ADRIAN ALVAREZ, profesional del derecho actuando en su condición de defensora del ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, mediante el cual solicita, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra de la persona del precitado, requiriendo, en consecuencia, su sustitución por medida cautelar sustitutiva menos gravosa en alguna de las modalidades establecidas en el artículo 256 ejusdem; al respecto, este Tribunal para decidir lo solicitado previamente observa:
I
DE LA CAUSA
En fecha nueve (09) de Julio del año dos mil cuatro (2004), el Dr. JESÚS ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con ocasión de la aprehensión practicada por funcionarios policiales respecto de la persona del ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, titular de la cédula de identidad personal Nro. V-16.146.571, presentó al mismo ante el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 05, con sede en la ciudad de Los Teques, fijando tal órgano jurisdiccional como oportunidad para la realización de la audiencia de presentación del aprehendido a que se contrae el artículo 373 del texto adjetivo penal patrio el mismo día a las dos horas de la tarde (02:00 p.m.), y, en la data indicada, cumplidas las formalidades de ley y una vez oídas las partes, se pronunció la juzgadora calificando, a tenor del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia del hecho, ordenando, así mismo, la aplicación del procedimiento ordinario en la continuación de la investigación, decretando, además, por encontrarse llenos los extremos del artículo 250 ejusdem, en relación con el artículo 251 numerales 2 y 3, así como su parágrafo primero ibidem, la privación preventiva de libertad del imputado, por la presunta comisión de los delitos de Ocultamiento (sic) de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y ocultamiento (sic) de armas de fuego, previstos y sancionados en el artículo 34 de la entonces vigente Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 278 del Código Penal, respectivamente, ordenando la reclusión del mismo en el Internado Judicial de Los Teques, librando para la ejecución de tal mandato boleta de encarcelación respectiva. En tal sentido, se lee en el auto fundado de la resolución judicial lo que de seguidas se transcribe:
“…(omissis)…Así pues, analizado como ha sido el caso in commento, aprecia este Tribunal que la aprehensión de los ciudadanos HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO y MAXIMO AQUILES RANGEL GARCÍA, encuadra perfectamente en los supuestos previstos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que de las actuaciones llevadas al conocimiento de la Juzgadora por la parte fiscal…(omissis)…respecto de las circunstancias en que se efectuó visita domiciliaria en residencia ubicada en el barrio Rómulo gallegos de esta ciudad de Los Teques, Estado Miranda, lugar en el cual se incautara gran cantidad de presunta droga, dinero en efectivo, armas y otros objetos, lo que motivara la aprehensión de los ciudadanos que quedaran identificados como HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO y MAXIMO AQUILES RANGEL GARCÍA; así como vistos los objetos incautados y exhibidos – en parte – en audiencia por el representante de la Vindicta Pública. En tal sentido, este Tribunal comparte el criterio fiscal y califica la aprehensión de los imputados como flagrante, pues los ciudadanos HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO y MAXIMO AQUILES RANGEL GARCÍA fueron retenidos en el mismo momento en que se cometían hechos punibles, esto es, los tipos penales de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tipificado en el artículo 35 (sic) de la Ley Orgánica Sobre (sic) Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y ocultamiento de armas de fuego, tipificado en el artículo 278 del Código Penal…(omissis)…este Tribunal, de conformidad con el artículo 373, último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 ejusdem, acuerda se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO…(omissis)…aprecia este Tribunal que han quedado cubiertos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal para la procedencia del decreto de privación judicial preventiva de libertad del imputado, ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, toda vez que existen elementos que conducen el hecho acaecido en fecha ocho (08) de Julio del año en curso, en horas de la noche (sic), a unos esquemas de delitos, cuales son, los tipos penales del ocultamiento (sic) de sustancias estupefacientes y psicotrópicas…(omissis)…y ocultamiento (sic) de armas de fuego…(omissis)…hecho punible que prevé pena de prisión, no encontrándose prescrita la acción penal por cuanto el hecho acaece en la fecha supra indicada; deviniendo tal acreditación de las siguientes actuaciones…(omissis)…existen suficientes y fundados elementos de convicción para estimar que el imputado, ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO es partícipe de los hechos delictivos que previamente ha dado por acreditado este órgano jurisdiccional…(omissis)…todo lo cual denota o acredita la participación de los imputados en el suceso acaecido en la noche (sic) de la fecha ya indicada…(omissis)…en cuanto a la exigencia de una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación, observa este Tribunal que los hechos punibles acreditados, ameritan penas de prisión, por tanto, de magnitud considerable el daño que su comisión acarrea, lo que en definitiva se constituye en circunstancia de consideración a los fines de decidir acerca del peligro de fuga. Además, de conformidad con el Parágrafo Primero del artículo 251 del texto adjetivo penal patrio, que prevé…(omissis)…se advierte que el hecho encuadra en un tipo penal cuyo término máximo de pena excede al establecido en la norma antes transcrita, por lo que en la causa seguida en contra del ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, la presunción razonable de fuga está presente por las circunstancias expresadas (numerales 2 y 3 del artículo 251) además de llenarse la exigencia del referido precepto en su parágrafo primero…este Tribunal a los fines de garantizar la presencia del investigado en los actos sucesivos del proceso y no evadir la acción de la Justicia frustrando la eventual ejecución de una decisión condenatoria, y vista la proporcionalidad existente entre la medida de coerción personal consistente en privación preventiva de libertad y el hecho punible cometido, considera procedente y ajustado a derecho DECRETAR la Privación Preventiva de Libertad del ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO…(omissis)…de conformidad con los artículos 9, 243, 244, 247, 250 y 251 numerales 2 y 3, así como su Parágrafo Primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que el imputado deberá permanecer en el Internado Judicial de Los Teques a la orden de este Tribunal…(omissis)…Líbrese boleta de encarcelación correspondiente…(omissis)…”
En fecha nueve (09) del mes de Agosto inmediato, como acto conclusivo de la averiguación el representante de la Vindicta Pública presenta escrito de formal acusación en contra del referido imputado, precisando en su contenido atribuir a éste autoría en los tipos penales de ocultamiento (sic) de droga (sic) y ocultamiento (sic) de armas de fuego, previstos y castigados en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 278 del Código Penal, respectivamente.
Luego, en data veintiocho (28) de Septiembre del año en comento, llegada la oportunidad procesal penal para la realización del acto central de la fase intermedia del proceso, se llevó a cabo la audiencia preliminar, acto en el cual emitió pronunciamiento la juzgadora admitiendo parcialmente la acusación fiscal, esto es, admitiendo tan sólo por el ilícito penal establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a saber, OCULTACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS. Asimismo, con ocasión de tal audiencia se pronunció la juzgadora admitiendo parcialmente las pruebas ofrecidas por el representante fiscal en tanto que admitió en su totalidad las promovidas por la defensa, para luego, una vez oída la manifestación de voluntad del entonces acusado de no admitir los hechos por la calificación jurídica provisional dada a los mismos, ordenar la apertura del juicio oral y público. De igual manera, dada la solicitud de la defensa de ser revisada la medida de coerción personal decretada y vigente respecto del ya acusado, acordó el Tribunal en función de control ratificar el mecanismo de aseguramiento procesal manteniéndose, por tanto, la privación preventiva de libertad, enfatizando al respecto no haber variado las condiciones de tiempo, modo y lugar que fueran consideradas al proferirse tal decreto judicial, aunado ello a la admisión que se hiciera de la acusación fiscal por el delito de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así pues, de las decisiones dictadas en el acto se elaboró auto de apertura a juicio del tenor que parcialmente se transcribe a continuación:
“…(omissis)…Este Tribunal Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 330 y 331 del Código Orgánico Procesal Penal declara: PRIMERO: ADMITE PARCIALMENTE la acusación presentada por el Fiscal del Ministerio Público, considerando que no existen suficientes elementos para admitir en su totalidad la misma, es por lo que este Juzgado le atribuye al acusado RANGEL CORNEJO JARRY (sic) JOHAN solamente la calificación del delito de OCULTACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Sobre (sic) Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. SEGUNDO: SE ADMITEN las pruebas presentadas por la Representación (sic) del Ministerio Público, a EXCEPCION (sic) de la experticia de las armas, por cuanto NO SE ADMITIO LA ACUSACIÓN POR EL DELITO DE OCULATCIÓN DE ARMA DE FUEGO (sic)…(omissis)…igualmente SE ADMITEN las pruebas acotadas por la defensa…(omissis)…Se ratifica la medida de PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano RANGEL CORNEJO JARRY JOHAN, toda vez que considera que no han variado las condiciones de tiempo, modo y lugar decretada por este Juzgado. El acusado quedará recluido en el Internado Judicial de Los Teques a la orden del Tribunal de Juicio correspondiente …(omissis)…ORDENA ABRIR EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO en contra del ciudadano RANGEL CORNEJO JARRY (sic) JOHAN…(omissis)…”
En fecha once (11) de Octubre del mismo año, recibidas las actuaciones en este Tribunal Segundo de Juicio previa distribución en la oficina de servicio de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y sede, se dicta auto acordando fijar oportunidad para la realización del sorteo de escabinos para la consecuente constitución definitiva del Tribunal Mixto que habrá de conocer el asunto, precisándose para ello la data del veintidós (22) inmediato siguiente, siendo que arribada tal fecha se verificó tal sorteo indicándose como data para la realización de la audiencia pública a que se contrae el artículo 164 del texto adjetivo penal, el día ocho (08) de Noviembre siguiente, sin embargo, arribada tal fecha así como las que continuadamente se fueron fijando para la verificación del acto en comento no se llevó a cabo el mismo, por diversas razones que revelan las actas cursantes al expediente y que hicieron viable el dictado de decisión atinente a ser conocido el asunto por Tribunal unipersonal, y de la cual se hará referencia en lo adelante.
En fecha veintiuno (21) de Diciembre de tal año dos mil cuatro (2004), previa solicitud realizada en tal sentido por la defensa del encausado, este órgano jurisdiccional, entonces a cargo de la Dra. EDITH DELGADO, emitió decisión de revisión de medida cautelar decretada en contra del ciudadano RANEGL CORNEJO HARRY JOHAN declarando sin lugar el requerimiento de sustitución de la privación preventiva de libertad por una medida menos gravosa y de posible cumplimiento, expresando la juzgadora mantenerse las circunstancias que motivaron el pronunciamiento de la medida de aseguramiento extrema, siendo que en el tenor de la decisión se lee lo que sigue:
“…(omissis)…por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso, es declarar SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la profesional del derecho MERCEDEZ (sic) ADRIAN ALVAREZ, en su carácter de defensor privado (sic) del ciudadano RANGEL CAMEJO (sic) JARRY (sic) JOHAN, titular de la cédula de identidad Nro. V-16.146.571, acusado en la causa signada bajo el N° 2M-866/04, por cuanto no han variado las circunstancias que motivaron al Tribunal Quinto de Control de este mismo Circuito Judicial penal (sic) a Decretar (sic) su Detención Judicial (sic); en consecuencia, se NIEGA LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD para el referido ciudadano, toda vez que las mismas son insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, por existir una presunción razonable de peligro de fuga, determinado por la magnitud del daño causado y la pena que se le podría llegar a imponer; razón por la cual se mantiene la Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en contra del ciudadano RANGEL CAMEJO (sic) JARRY (sic) JOHAN…(omissis)…a tenor de lo establecido en los artículos 9, 243, 244, 247, 250 y 251 numerales 2 y 3, así como el parágrafo primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre (sic) Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…(omissis)…”
Asimismo, en data doce (12) de Agosto del año dos mil cinco (2005), ante nuevo requerimiento de la defensa, se pronunció una vez más este Tribunal acerca de la revisión de la medida cautelar de privación preventiva de libertad del encausado, siendo que se declaró sin lugar la petición planteada a la consideración de la juzgadora, ratificándose, en consecuencia, el decreto judicial proferido en el sentido indicado, en fecha nueve (09) de Julio del año dos mil cuatro (2004), por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 05, de este Circuito Judicial Penal y sede.
El día veinte (20) del mes inmediato siguiente, atendidas las circunstancias particulares del caso concernientes a las actuaciones realizadas en aras de la constitución del Tribunal Mixto para el conocimiento de la presente causa, y de acuerdo a sentencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictó decisión esta juzgadora acordando prescindir de los escabinos, debiendo ser llevado el juicio por la juez profesional en Tribunal unipersonal, quedando fijada, consecuencialmente, en el cuerpo decisorio correspondiente, oportunidad para la celebración del juicio oral y público. En tal sentido, la dispositiva de tal pronunciamiento quedó plasmada de la manera que sigue:
“…(omissis)…Por las razones de hecho y derecho anteriormente expuestas este Tribunal de primera instancia en función de juicio, No. 02, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Dadas las circunstancias particulares del caso y en estricto acato de la decisión que con carácter vinculante para las otras Salas del Máximo Tribunal y demás Tribunales de la República dictara en fecha veintidós (22) de Diciembre del año dos mil tres (2003) la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ratificada en fallo proferido por igual Sala el día dieciséis (16) de Noviembre del año inmediato siguiente, se acuerda prescindir de los escabinos para el conocimiento del presente asunto seguido en contra del ciudadano HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, titular de la cédula de identidad personal número V-16.146.571, por la presunta comisión del delito de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siendo que no fue posible constituirse el Tribunal en su forma mixta después de realizadas las convocatorias correspondientes, asumiendo, por tanto, la juez profesional que hubiera presidido aquel Tribunal, el total poder jurisdiccional sobre la causa llevando adelante el juicio de manera unipersonal, esto es, sin la participación ciudadana en la figura de la institución de los escabinos. SEGUNDO: Como consecuencia del pronunciamiento por el cual pasa el juicio a ser conocido por el Tribunal unipersonal, se fija, en consecuencia, como oportunidad para la realización de tal debate oral y público el día martes veinticinco (25) de Octubre del año en curso, a las once horas de la mañana (11:00 a.m.), ordenándose, de conformidad con el artículo 342 del texto adjetivo penal, la citación de los órganos de prueba ofrecidos o promovidos por las partes y admitidos por el Tribunal de primera instancia en función de control en la oportunidad de pronunciarse en el acto de la audiencia preliminar, librándose, además, boleta de traslado a nombre del encausado y dirigida al director del Internado Judicial de Los Teques a objeto de que aquél sea conducido a la sede de este órgano jurisdiccional en la oportunidad precisada…(omissis)…”
Luego, denotan las actuaciones insertas al expediente que, por razones diversas, no ha sido posible hasta la fecha la realización del acto central del proceso, esto es, el juicio, el debate oral, siendo que se encuentra fijada como próxima oportunidad para su verificación el día veintitrés (23) de Febrero de este año dos mil seis (2006).
Finalmente, se tiene de pendiente pronunciamiento solicitud de revisión de medida presentada por la profesional del derecho MERCEDES ADRIÁN ALVAREZ, defensora del acusado HARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, versando su petición en la sustitución del decreto judicial de privación preventiva de libertad recaído respecto de la persona del precitado por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, invocando, entre otros, los principios de juzgamiento en libertad y presunción de inocencia. En tal sentido, y por lo que respecta a la petición de la referida defensora se lee en el escrito lo que sigue:
“…(omissis)…Mi defendido se encuentra detenida (sic) desde el 09 de Julio del 2.004 (sic), por decisión del Tribunal Quinto de Control. En Audiencia Preliminar (sic), celebrada el 28 de Septiembre de 2.004 (sic), se admitió la Acusación Fiscal (sic) y se ordeno (sic) la apertura a juicio oral y Público (sic), por el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre 8sic) Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para la fecha de la referida audiencia Preliminar (sic). Para el momento de presentación del presente escrito mi defendido permanece detenido, sin que se haya celebrado el Juicio Oral y Público (sic). Es el caso, que con fecha 05 de Octubre de 2.005 (sic), Gaceta Oficial Número 38.287, entro (sic) en vigencia la nueva Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y cambiaron las condiciones que dieron lugar a la Privación Judicial Preventiva de Libertad.
Establece el nuevo instrumento legal para el delito imputado, por la Fiscalía del Ministerio Público de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en su artículo 31, una pena de prisión de ocho a diez años, bajando ostensiblemente la pena, contenida en la ley derogada, que dio lugar a la Privación Judicial de Libertad (sic), aunado, a que en el aparte tercero del artículo 31 de la nueva Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se establece lo siguientes: “Si la cantidad de drogas no excede de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, veinte gramos de de (sic) derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas sintéticas, la pena será de seis a ocho años de prisión”. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto hay una presunción de inocencia a favor de mi defendido y un futuro contradictorio sobre la existencia real de los elementos probatorios aportado (sic) por la Fiscalía del Ministerio Público, no obstante, en el caso que nos ocupa, en la Audiencia Preliminar, se acuerda abrir el juicio oral y Público y en ella se señala, el presunto hallazgo de cocaína base crack, con una cantidad de ocho (8) gramos con ochocientos noventa (890) miligramos y dos (2) gramos con quinientos (500) miligramos de Marihuana (cannabis sativa). Señala la defensa el presunto hallazgo, por cuanto las cantidades señaladas en la misma, se encuentran dentro de las previsiones del aparte tercero del artículo 31 de la Nueva Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en donde se establece para el delito imputado una pena mucho menor de seis a ocho años…(omissis)…son elementos que debe considerar el juez, para la aplicación de medidas cautelares, ya que nuestro ordenamiento procesal, señala, como elemento a considerar para el peligro de fuga la pena que podría llegarse a imponer y la presunción del peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años…(omissis)…Los artículos 8, 9, 243 y 247 del Código Orgánico Procesal Penal establecen…(omissis)…Solicito en consecuencia, la revisión de la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad (sic9 impuesta, en base al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y los principios y garantías tales como la presunción de Inocencia (sic), afirmación de la libertad e interpretación restrictiva de ella, y la entrada en vigencia de una nueva Ley con penas inferiores a las previstas para el momento de Privación Judicial Preventiva de Libertad (sic)m, por una medida cautelar sustitutiva de posible cumplimiento que le permita obtener su libertad…(omissis)…”
II
DE LA NORMATIVA
Previo a la revisión y examen de la necesidad de mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada respecto de la persona del acusado, ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, requiere precisar este Tribunal que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho civil inviolable de la libertad personal, instituyendo así mismo el principio de la afirmación de la libertad, desarrollado legalmente en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, no presentándose, sin embargo, absoluta la garantía de la inviolabilidad de ese derecho pues si bien queda establecida como regla el juzgamiento en libertad igualmente el constituyente dejó abierta la posibilidad, por vía de excepción, de ser decretada la privación judicial preventiva de libertad o ser impuestas medidas cautelares sustitutivas, respondiendo tales mecanismos de coerción personal a necesidades del proceso orientados al logro de las finalidades del mismo y a la consecuente preservación del orden y paz sociales, esto es, asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo, debiendo, por tanto, adoptarse las medidas cautelares para que las finalidades del proceso sean cumplidas, en interés de la víctima y de la pretensión punitiva del Estado, constituyendo tales mecanismos un límite a los derechos del procesado con el objetivo de garantizar su presencia en el proceso y el normal desarrollo de éste en forma tal que no se frustren sus resultados y las expectativas que la comunidad tiene en relación al sistema de Justicia, en orden a que se imponga la ley, se sancionen los delitos y no se favorezca la impunidad, sin que ello signifique, claro está, sacrificar los derechos del acusado y, fundamentalmente, su status de inocencia, que sólo podrá ser desvirtuado por una sentencia firme condenatoria. Así pues, aún consagrando el legislador patrio tal derecho de la libertad personal permite, no obstante, restricciones o imposición de medidas de coerción personal sometidas a parámetros precisos que prevén su excepcionalidad, proporcionalidad, interpretación restrictiva, judicialidad, temporalidad, provisionalidad y ejecución humanitaria, todo lo cual se corresponde con el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49 numeral 2 del Texto Fundamental y en el artículo 8 del instrumento adjetivo penal patrio. En consecuencia, los lineamientos trazados en esta materia extreman el celo por la afirmación de la libertad en el proceso penal y limitan al mínimum las restricciones a dicho derecho, por lo que, sólo de manera excepcional, por exigencias de otro valor igualmente salvaguardado por la Carta Magna, como lo es el de la Justicia, se hace necesario tomar medidas imprescindibles de coerción personal que afectan el derecho fundamental a la libertad y que están destinadas a hacer posible la realización del proceso y evitar que se vean frustradas las exigencias de tal valor siendo que la imposición de estas medidas de naturaleza cautelar responde a características de necesidad y proporcionalidad, esto es, debe atenderse a la relación existente entre la medida a ser aplicada, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, orientadas exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva, sus consecuencias se garanticen, sin que se desnaturalicen en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento. Así, en razón de la necesidad y de la proporcionalidad, únicamente cuando una medida de coerción personal específica es exigida por el proceso, debe imponerse para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva, debiendo ser sustituida por otra menos gravosa, adecuada a las circunstancias, cada vez que el caso in concreto así lo indique, constituyendo otra nota característica de estos mecanismos cautelares, su provisionalidad y temporalidad, lo cual impone que las medidas de coerción personal se mantengan vigentes durante el proceso atendiendo a la permanencia o variación de las circunstancias que le sirvieron de fundamento – regla rebus sic stantibus -, por lo que, de verificarse un cambio o modificación en las condiciones, procede la sustitución de la medida en cuestión, previendo en tal sentido el artículo 264 del instrumento adjetivo penal la obligación del Juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares y sustituirlas por otras menos gravosas cuando lo estime prudente atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, así como la facultad que tiene el imputado para solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, estableciendo, así mismo, la normativa legal un tiempo de duración máximo de la medida de coerción personal, el cual no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para el delito ni exceder del plazo de dos años, salvo la prórroga que pueda ser concedida por el tribunal competente a solicitud fiscal y por vía de excepción durante el término de ley.
Así pues, en estricta correspondencia con lo hasta ahora indicado, si bien el Texto Fundamental en su artículo 44 consagra el derecho a la libertad como derecho civil inviolable, imperativo que es igualmente establecido en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestra República y que como tal adquiere jerarquía constitucional y prevalece en el orden interno, no menos cierto resulta que el legislador patrio igualmente autoriza, con carácter excepcional e interpretación restrictiva, la imposición de medidas preventivas de coerción personal, procedentes en las oportunidades y bajo las formas y exigencias contempladas en el ordenamiento jurídico, no contraviniendo ello el principio de presunción de inocencia que continúa operando a favor del encausado durante todo el proceso y hasta tanto sea dictada sentencia condenatoria firme en su contra, quedando recogidos todos estos principios y situaciones de excepción en normas expresamente contenidas en la Carta Magna y en el texto adjetivo penal, a saber:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: ...(omissis)...2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario...(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Código Orgánico Procesal Penal:
Artículo 8. Presunción de inocencia. Cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme.
Artículo 9. Afirmación de la libertad. Las disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta.
Las únicas medidas preventivas en contra del imputado son las que este Código autoriza conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (resaltado del Tribunal)
Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso.” (resaltado del Tribunal)
Artículo 244. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años...(omissis)… (resaltado del Tribunal)
Artículo 246. Motivación. Las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución fundada. Esta se ejecutará de modo que perjudique lo menos posible a los afectados...(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Artículo 247. Interpretación restrictiva. Todas las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán interpretadas restrictivamente.
Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…(omissis)...(resaltado del Tribunal)
Artículo 251. Peligro de Fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1- Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2- La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3- La magnitud del daño causado;
4- El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5- La conducta predelictual del imputado.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años...(omissis)…Parágrafo Segundo: La falsedad, la falta de información o de actualización del domicilio del imputado constituirán presunción de fuga, y motivarán la revocatoria, de oficio o a petición de parte, de la medida cautelar sustitutiva que hubiere sido dictada al imputado (resaltado del tribunal).
Artículo 252. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado:
1- Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de
convicción;
2- Influirá para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.
Artículo 253. Improcedencia. Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas (resaltado del Tribunal).
Artículo 256. Modalidades. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene;
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal;
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe;
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal;
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares;
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa;
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o niños, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado;
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas o garantías reales;
9. Cualquiera otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria…(omissis)... (resaltado del Tribunal)
Artículo 263. Imposición de las medidas. El tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación.
Artículo 264. Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación (resaltado del tribunal)
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Atendidas las disposiciones constitucionales y legales ut supra referidas se observa, primeramente, que la defensa del ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO presentó a la consideración de este órgano jurisdiccional solicitud de revisión de la medida de privación preventiva de libertad que en fecha nueve (09) de Julio del año dos mil cuatro (2004) decretara en contra del precitado el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 05, del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, en oportunidad de realizarse la audiencia de presentación a que se contrae el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ejerciendo así la defensa el derecho incuestionable que a favor del encausado establece el artículo 264 ejusdem, resultando, por tanto, procedente entrar esta juzgadora a examinar las circunstancias particulares del caso a fin de determinar la necesidad de mantenimiento de tal medida extrema de coerción personal; advirtiéndose, seguidamente, que tal requerimiento de revisión enfatiza la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con señalamiento de la modificación de pena impuesta al delito de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en referencia a la establecida en la hoy derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ilícito penal este atribuido a la persona de su defendido en ejercicio de la acción por parte de la Vindicta Pública.
En tal sentido, aprecia quien decide, que respecto del decreto de privación preventiva de libertad dictado al ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO consideró la jueza que profiriera tal pronunciamiento estar llenos los extremos establecidos en la norma del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, estimó encontrarse acreditada la existencia del hecho punible de la ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como del delito de ocultación de armas de fuego, previstos y sancionados en los artículos 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y 278 del Código Penal, respectivamente, existir, además, fundados elementos de convicción para apreciar que el imputado es autor en la comisión de tales esquemas delictivos, y verificarse una presunción razonable de peligro de fuga en atención a la pena que podría llegarse a imponer en el caso y la magnitud del daño causado, indicando, además, estar dada esta presunción de acuerdo a la previsión contenida en el parágrafo primero del artículo 251 del instrumento adjetivo penal patrio. Y, luego, con ocasión de la acusación presentada como acto conclusivo de la investigación por parte del Fiscal del Ministerio Público, en audiencia preliminar, se pronunció la juzgadora admitiendo parcialmente tal acusación, esto es, únicamente por la calificación jurídica de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas dada a los hechos, no acogiendo, en consecuencia, la imputación que hiciera igualmente la Vindicta Pública a la persona del ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO por el delito de ocultación de armas de fuego, ordenando así la apertura del juicio oral y público correspondiente, no obstante, posterior a tal admisión parcial y dada la solicitud planteada por la defensa al Tribunal en cuanto a revisión de la medida de privación preventiva de libertad y su sustitución por modalidad más gravosa, en igual acto se pronunció, además, la juzgadora ratificando el mecanismo de aseguramiento procesal al cual se encontrara sujeto el encausado indicando respecto de tal particular no haber variado las circunstancias que fueran estimadas al momento de dictarse el decreto judicial de privación de libertad, aunado al hecho de haber sido ya admitida la acusación fiscal por delito tipificado y castigado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Ahora bien, tal y como fuera referido por la defensa del acusado en su escrito de solicitud de revisión de la medida in commento, para la data de realización de las audiencias de presentación del aprehendido y preliminar se encontraba en vigencia la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, normativa esta que fuera observada por la representación fiscal así como por la juez del Tribunal de primera instancia en función de control en el transcurso de las etapas primeras del proceso penal, esto es, fases de investigación e intermedia, advirtiéndose al respecto que, con ocasión del pronunciamiento de admisión de la acusación se precisó como calificación jurídica dada a los hechos y atribuida al ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, la de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, calificación esta provisional por la que se acordara la apertura de un juicio, de un debate oral y público, y por la cual ratificara la juzgadora el decreto de privación preventiva de libertad del justiciable, teniendo atribuido tal esquema delictivo, de acuerdo al artículo 34 de la Ley especial vigente para entonces, pena de prisión de diez (10) a veinte (20) años. Es el caso que, ya encontrándose las actuaciones correspondientes en conocimiento de este órgano jurisdiccional y en espera de realización del acto del juicio, en fecha cinco (05) de octubre del año dos mil cinco (2005), en Gaceta Oficial No. 38.287, entró en vigencia nueva Ley reguladora de la materia in commento, intitulada “Ley Orgánica contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”, reimpresa en Gaceta Oficial No. 5.789 Extraordinario, el día veintiséis (26) del mismo mes, instrumento legal que deroga de manera expresa, en su disposición derogatoria única, la ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ut supra mencionada y en el que se advierten diversas modificaciones en cuanto al quantum de las sanciones establecidas a los hechos punibles en tal texto tipificados y castigados, verbigracia, el caso de la ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para el cual ha quedado indicada como pena la de prisión de ocho (08) a diez (10) años, con precisión de disminución de la misma a prisión de seis (06) a ocho (08) años atendiendo la cantidad de la sustancias, esto es, de no exceder de mil gramos de marihuana, cien gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias a base de cocaína, veinte gramos de derivados de la amapola o doscientos gramos de drogas sintéticas, denotando, por tanto, la nueva normativa, en su artículo 31, distinto tratamiento en la sanción para el ilícito penal en cuestión, a saber, disminuida en relación a lo que fuera el castigo establecido en la Ley especial derogada.
En este orden de ideas, ante la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuyo texto revela un tratamiento penal diferente en cuanto al delito de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas respecto de lo que fuera el quantum de su sanción en la Ley derogada y vigente para la fecha en que se indican por la Vindicta Pública como ocurridos hechos atribuidos al encausado, se impone precisar por esta juzgadora que, ciertamente, en materia penal puede presentarse el problema de la sucesión de leyes, dentro de lo cual es dable verificarse la situación antes señalada, esto es, que la nueva ley modifique el tratamiento penal de un hecho considerado como punible en la legislación anterior, presentándose entonces la nueva ley como una ley penal modificativa, debiendo tenerse presente que en el ordenamiento jurídico patrio la sucesión de leyes se rige, como regla general, por el principio de la irretroactividad de la ley, lo que se resume en la máxima del tempus regit actum, esto es, los hechos se regulan por la ley vigente para el momento de su realización, es decir, la ley sólo se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia, constituyendo el referido principio de irretroactividad, el cual tiene plena vigencia en nuestra legislación, como una exigencia del principio de legalidad, sin embargo, respecto del principio general de la irretroactividad se establecen excepciones, admitiéndose así la retroactividad de la ley nueva cuando ésta sea más favorable al reo. En tal sentido señala el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, precisando, por su parte, el artículo 2 del instrumento sustantivo penal que las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena. Así pues, en cuanto a las posibilidades que pueden darse con relación a la sucesión de leyes penales y a los principios que le son aplicables, se tiene que, en el caso de que la nueva ley modifique el tratamiento penal de determinados hechos delictivos considerados por la ley anterior, debe distinguirse si la nueva ley resulta desfavorable para el reo, en cuyo caso no puede ser aplicada, es irretroactiva, debiendo entonces aplicarse la ley vigente para el momento en que se cometió el hecho; y si la nueva ley resulta favorable al reo, tendrá efectos retroactivos, siendo que en esta regulación acogida por la ley privan criterios de justicia y equidad. Así pues, por cuanto la ley más favorable debe ser aplicada en materia penal con efecto retroactivo, y siendo esta situación referida por la defensa del acusado en lo que al caso sub examine concierne, se evidencia de una comparación entre la norma del artículo 34 de la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la actual disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ambas reguladoras de un mismo tipo penal, aunado a las circunstancias particulares del caso, verbigracia experticia química y botánica realizada a sustancia que se refiere como cocaína base (crack) y marihuana, que, ciertamente, resultaría más favorable al encausado la vigente para los actuales momentos siendo que trata con menos rigor al reo dada la duración de la pena, ello en base a lo que el maestro JIMÉNEZ DE ASÚA señalaba como fórmula más exacta, a saber, una mental aplicación de las dos leyes, la vieja y la nueva, para así usarse aquella que, en el caso concreto, arroje un resultado más favorable al reo. Por tanto, y en vía de consecuencia, de ser observada y aplicada con carácter retroactivo, en el presente asunto, la Ley especial vigente, y, atendiendo quien aquí decide a precisión contenida en la acusación fiscal admitida, en el sentido de ser las cantidades de sustancia por las cuales se imputa el delito de ocultación al ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, de ocho gramos con ochocientos noventa miligramos de cocaína base (crack) y dos gramos con quinientos miligramos de marihuana (cannabis sativa), resultaría menos gravosa la sanción de pena corporal que al esquema de delito en cuestión establece el legislador venezolano, esto es, en lugar de la sanción de diez (10) a veinte (20) años de prisión se prevé una pena de igual especia con duración de seis (06) a ocho (08) años.
De manera tal que, haciendo mención la defensa solicitante de la revisión de medida de haberse suscitado nuevas circunstancias que conllevan a un examen de las mismas a efectos de considerar el Tribunal la viabilidad de sustitución de la privación preventiva de libertad por modalidad menos gravosa de posible cumplimiento que permita a la persona del encausado su enjuiciamiento en estado de libertad, al respecto observa esta juzgadora que, no obstante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y así un nuevo tratamiento, disminuido en la pena, del esquema de delito de ocultación de tales sustancias, sin embargo, aun en el caso de observarse en el caso in concreto el tenor de la norma del artículo 31 de tal instrumento legal, por aplicación del efecto retroactivo, igualmente se advierte existir razones que indican necesidad de mantenimiento de la medida cautelar que pesa respecto del acusado JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, esto es, ha sido admitida acusación fiscal en contra del precitado por el delito de OCULTACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, ordenándose, consecuencialmente, la apertura de un juicio ante Tribunal competente, siendo que no se encuentra prescrita la acción penal derivada de tal esquema de delito, existiendo los mismos fundados elementos de convicción que fueran precisados por la juzgadora en la oportunidad de decretar la privación preventiva de libertad y que hicieran viable estimar que el ciudadano in commento pudo haber cometido el referido hecho punible, manteniéndose, por último, la presunción razonable de peligro de fuga, lo que deviene de la penalidad prevista para el ut supra mencionado ilícito imputado, que de acuerdo a la novísima Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, artículo 31, en su segundo aparte, es de prisión de seis (06) a ocho (08) años, sanción esta, que en su término medio, por aplicación del artículo 37 del Código Penal, es de siete (07) años, lo cual, sin bien no se ajusta al límite de pena referido en el parágrafo primero del artículo 251 adjetivo en lo que a la presunción legal de peligro de fuga concierne, sin embargo, es de importante quantum ante una eventual imposición, constituyéndose así en indicador a efectos del peligro de fuga en los términos que establece el legislador en el artículo 251 numeral 2 adjetivo penal; aunado ello a la magnitud del daño que conlleva la perpetración de este delito, pues se trata de una modalidad delictiva de carácter grave que lesiona intereses celosamente protegidos por el legislador que atañen directamente a la salud y tranquilidad de la colectividad, resultando, por tanto, de consideración tal circunstancia para este Tribunal al examinar la existencia del mencionado extremo de presunción de peligro de fuga. Así pues, en reiteración de lo antes indicado, se observa que posterior a la imposición de la medida de coerción personal con fines de aseguramiento procesal no se ha verificado alguna nueva circunstancia que permita desvirtuar los elementos apreciados para dar por acreditados los extremos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y muy particularmente para modificar las circunstancias a que se contraen los numerales 2 y 3 del aludido artículo 251, verificándose, por el contrario, como resultado de una de las fases del proceso penal, la admisión por parte del Tribunal en función de control de la acusación fiscal presentada como acto conclusivo en contra del ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO siendo acogida la calificación jurídica dada a los hechos y determinada como provisional de ocultación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, habiendo sido dictada orden de apertura a juicio oral y público al considerar la juzgadora haber méritos para un debate acerca de la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, pronunciamiento que expone al justiciable, sin menoscabo del principio de presunción de inocencia, a la eventual imposición de una condena corporal de considerable quántum, bien que se tuviera como aplicable la norma del artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con un término medio de quince (15) años de prisión, o la disposición del artículo 31 de la recién entrada en vigencia Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con término medio, en su segundo aparte, de siete (07) años también de prisión, reforzando tal situación la necesidad de asegurar preventivamente al ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO a los fines de su presencia en el acto de pendiente realización - el cual está fijado para el próximo día veintitrés (23) de Febrero, a las nueve horas con treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.) - y en aras de garantizar las resultas del proceso, evitando de esta manera cualquier evasión respecto de la administración de Justicia.
En justa correspondencia con lo hasta ahora esbozado, la publicación y entrada en vigencia de una nueva Ley que regula de manera diferente, más benévola en la pena, el tipo delictivo atribuido al encausado de autos, no hace mermar o aminorar la fuerza de los motivos que justifican la procedencia de un decreto de privación preventiva de libertad en aras de impedir el riesgo de fuga, siendo tal un mecanismo cautelar de aplicación excepcional y proporcional a la pena del esquema de ilícito imputado, estimando este Tribunal que los supuestos que determinan la medida de privación preventiva de libertad no pueden ser razonablemente satisfechos en el caso de marras con la imposición de una medida sustitutiva menos gravosa para el acusado, tomándose en consideración, como en efecto se estiman, la pena que podría ser impuesta en el caso y la magnitud del daño que conlleva el delito imputado al encausado por la Vindicta Pública, además de no estar dados en el caso sub exámine los supuestos previstos en la norma del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal para la improcedencia de tal mecanismo cautelar extremo y excepcional, debiendo, por tanto, al ser procedente y ajustado a derecho, decidir esta juzgadora acerca de la NEGATIVA de sustituir la privación preventiva de libertad decretada en contra del ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO por alguna de las modalidades de medida cautelar sustitutiva a que se contrae el artículo 256 ejusdem, manteniéndose tal privación de libertad a tenor de los artículos 250 y 251 numerales 2 y 3, ibidem, siendo que con tal pronunciamiento no queda vulnerado derecho alguno del acusado dada la aplicación de criterios de excepcionalidad y proporcionalidad que deben evaluarse en la aplicación de las medidas de aseguramiento procesal en relación con el esquema de delito, el daño causado y la pena que pudiera ser eventualmente impuesta, aunado a que el tiempo que lleva privado de su libertad el ciudadano in commento por decreto judicial – un (01) año, seis (06) meses y catorce (14) días - el cual no excede del plazo máximo de dos (02) años que prevé el legislador, y menos aún sobrepasa la pena mínima prevista para el delito imputado, de diez (10) años, si se considerara la norma del artículo 34 de la derogada Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, o de seis (06) años si se observa la disposición del artículo 31 de la vigente Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con las consideraciones particulares del caso in concreto, no contradice la norma del artículo 244 del texto adjetivo penal referida a la proporcionalidad de la medida de coerción personal que se imponga en los casos que resulte procedente. Y así se declara.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho anteriormente expuestas este Tribunal de primera instancia en función de juicio, No. 02, del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dada la revisión de medida cautelar realizada de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA SIN LUGAR la solicitud presentada por la Dra. MERCEDES ADRIAN ALVAREZ, defensora del ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO, titular de la cédula de identidad personal número V-16.146.571, por considerar que se mantienen las circunstancias que acreditan la existencia de los supuestos establecidos en el artículo 250 ejusdem, así como el peligro de fuga de acuerdo a los indicativos del artículo 251 numerales 2 y 3, ibidem, en consecuencia, se NIEGA la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación preventiva de libertad para el referido ciudadano RATIFICÁNDOSE el decreto proferido en fecha nueve (09) de Julio del año dos mil cuatro (2004) por el Tribunal de primera instancia en función de control, No. 05, de este Circuito Judicial Penal y sede, respecto de la aplicación, en base a criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, de medida de coerción personal para el aseguramiento del ahora acusado, a los solos efectos del proceso.
Publíquese, regístrese, déjese copia autorizada de la presente decisión, asiéntese en el Libro Diario y, de conformidad con el artículo 175 del instrumento adjetivo penal, notifíquese a las partes.
LA JUEZ
YANETT RODRÍGUEZ CARVALHO
LA SECRETARIA
Abg. EILYN CAROLINA CAÑIZALEZ
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado, librándose boletas de notificación al Doctor Dr. ORLANDO EFRAÍN PADRÓN, Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, y a la profesional del Derecho, Dra. MERCEDES ADRIAN ALVAREZ, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques. Se libró igualmente boleta de traslado No. 024/2006 dirigida a la directora del Internado Judicial de Los Teques, a nombre del acusado, ciudadano JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO.
LA SECRETARIA
Abg. EILYN CAROLINA CAÑIZALEZ
YRC/yrc*
Causa Nro. 2U-866-04
* Veintiséis (26) folios. Auto de fecha 23-01-2006
Acusado: JARRY JOHAN RANGEL CORNEJO
Asunto: Revisión de medida cautelar
Sin enmiendas