REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA GUATIRE ACCIONANTES: CIPRIANO CHIVICO y MARIA T. ROJAS DE CHIVICO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Números V- 4.222.662 y V- 5.487.589. APODERADO DE LOS ACCIONANTES: No constituyeron representación judicial y estuvieron asistidos por LEON ALBERTO IZAGUIRRE, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 105.365. ACCIONADO: ALFONSO SILVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 4.234.022 en su carácter de Presidente de la Junta de Condominio de la Urbanización Villas del Sol.. APODERADO DEL ACCIONADO: No constituyó representación judicial. MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. EXPEDIENTE Nº 2152-05. -I- PARTE NARRATIVA Se inician las presentes actuaciones por escrito de solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, presentado el 20 de diciembre de 2005 por los presuntos agraviados, debidamente asistidos de abogado, mediante la cual, y por las razones de hecho y derecho contenidas en el mismo, denuncian la violación de su derecho a la propiedad, derecho al debido proceso, derecho a tener una vivienda digna y adecuada, derecho a la salud, contenidos en los artículos 115, 49, 82 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solicitan se le restituyan mediante mandamiento de amparo, ordenando al agraviante se abstuviera de continuar con su actitud de impedir el acceso al interior de la Urbanización a los camiones que transporten material de construcción hasta su casa. El 21 de diciembre de 2005 se admitió la acción ordenándose la notificación del presunto agraviante y de la representación del Ministerio Público a los fines de la fijación de la AUDIENCIA ORAL. En esa misma fecha se decretó medida cautelar mediante la que se ordenó al presunto agraviante ALFONSO SILVA, abstenerse de continuar impartiendo ordenes de obstaculizar e impedir el acceso de cualquier camión de materiales de construcción que tenga como destino la casa Nº 48-B del Conjunto Residencial Villas del Sol., medida que se materializó por órgano del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de esta Circunscripción Judicial el 22 del mismo mes y año. En fecha 02 de febrero de 2006, el Juez titular del Despacho, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, se avocó al conocimiento de la causa luego de haber disfrutado de sus vacaciones. Ahora bien, toda vez que desde la fecha en que fue admitido este proceso, hasta el día de hoy, ha transcurrido suficiente tiempo sin que la accionante hubiese impulsado la notificación personal de la representación del Ministerio Público, en apariencia ha operado la perención prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, toda vez que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no contempla la referida figura, se hace necesario establecer en principio, si la falta de notificación del querellado y de la Representante del Ministerio Público y por consiguiente la falta de fijación de la AUDIENCIA ORAL ha producido la extinción de la instancia, para lo cual este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones: -II- PARTE MOTIVA PRIMERA CONSIDERACION: Efectivamente, tal y como constató el Tribunal, desde la fecha en que fue admitida la presente acción de amparo constitucional, ha transcurrido suficiente tiempo sin que se evidencie actividad alguna por parte de los accionantes tendiente a que se practique la notificación del accionado y de la Representación del Ministerio Público, lo que ha mantenido el procedimiento que nos ocupa en un suspenso prolongado. En el proceso ordinario, dicha paralización denota el decaimiento del interés procesal y consecuencialmente origina la extinción de la instancia – ex artículo 267 del Código de Procedimiento Civil -, por incumplimiento de la actora de las cargas procesales y gestiones que han sido impuestas por el Legislador, destinadas a que se trabe la relación jurídico procesal, y que en razón de la derogatoria tácita del pago del arancel judicial contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pueden resumir en las siguientes: a) La indicación de la dirección del demandado. b) La provisión de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa. c) La provisión al Alguacil del Tribunal de las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a los fines de practicar la citación del demandado. ASÍ SE DECLARA.- SEGUNDA CONSIDERACIÓN: Sin embargo, como lo ha sostenido la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, al interpretar el texto de nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé una regulación semejante que permita la declaratoria de perención de la instancia. No obstante, en el artículo 25 de la citada Ley, está prevista la figura del abandono de trámite, que presupone también el decaimiento del interés procesal del accionante, en el sentido que viene dada por una conducta negligente del actor que procura la prolongación indefinida de la controversia. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 06 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, establece los supuestos en los que resulta procedente la declaratoria de existencia de tal figura, y en ese sentido este Juzgador se permite transcribir un extracto del mismo, en los términos siguientes: “…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes… (Omissis)… En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél… (Omissis)… Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restableciendo en perjuicio de aquel contra cuyos intereses opera la medida… (Omissis)… De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia…” (Extracto tomado de RAMIREZ & GARAY, Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLXXVII, Junio 2001, Págs. 303, 304 y 305). Sobre la base del criterio anterior, y tras analizar las actas contenidas en este expediente, este Tribunal observa que desde la admisión de la acción, 21 de diciembre de 2005, hasta el día de hoy, es evidente que se ha consumado con creces el lapso de seis (6) meses de inactividad de la causa por falta de impulso de los accionantes, que se verifica en la falta de citación del presunto agraviante y la falta de notificación de la Fiscal del Ministerio Público y por consiguiente la no fijación de la audiencia oral, aún habiendo sido decretada la cautelar que restableció, al menos instrumentalmente, la situación jurídica que había sido denunciada como infringida. Ello revela irremediablemente el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia, resulta forzoso declarar, como en efecto se hará en la parte dispositiva del fallo, que se ha producido la extinción de la instancia. ASI SE DECIDE. -III- PARTE DISPOSITIVA Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara EXTINGUIDO el procedimiento por abandono de trámite conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la ACCION DE AMPARO incoada por CIPRIANO CHIVICO y MARIA T. ROJAS DE CHIVICO contra ALFONSO SILVA en su carácter de Presidente de la JUNTA DE CONDOMINIO DE LA URBANIZACION VILLAS DEL SOL, identificados al comienzo de este fallo. Se le impone a los accionantes CIPRIANO CHIVICO y MARIA T. ROJAS DE CHIVICO el pago de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,oo) de multa por el abandono de trámite, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Se suspende la medida cautelar innominada decretada y practicada y firme como se encuentre la presente decisión, ARCHIVESE definitivamente el expediente. Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas NOTIFIQUESE, a las partes conforme las previsiones del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual no comenzarán a computarse los lapsos para la interposición de los recursos a los que hubiere lugar contra el presente fallo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la ciudad de Guatire a los once (11) días del mes de julio de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación. EL JUEZ, ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT. LA SECRETARIA, ROSANA SANCHEZ MONTIEL. En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 02:00 de la tarde. LA SECRETARIA, ROSANA SANCHEZ MONTIEL. AJFD/RSM. EXP. 2152-05.