TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
GUATIRE

ACCIONANTE: CANDELARIA HURTADO DE SULBARAN, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.638.017.
APODERADO DE LA ACCIONANTE: No constituyó representación judicial y estuvo asistida por ERWING R. CABRERA A., abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 80.622.
ACCIONADAS: ANA CRISTINA BURGOS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.032.344 y COMPAÑÍA ANÓNIMA ELECTRICIDAD DE GUARENAS Y GUATIRE (ELEGGUA).
APODERADOS DE LAS ACCIONADAS: No constituyeron representación judicial; sin embargo la accionada ANA CRISTINA BURGOS estuvo asistida por JAIME GARCIA RENGEL, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 15.821.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
EXPEDIENTE Nº 2142-05.
-I-
PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones por escrito de solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, presentado el 08 de diciembre de 2005 por la presunta agraviada, debidamente asistida de abogado, mediante la cual, y por las razones de hecho y derecho contenidas en el mismo, denuncia la violación de su derecho al debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y solicita se le restituya mediante mandamiento de amparo, el servicio de electricidad que le fuere suspendido por instrucciones de la presunta agraviante.
El mismo 08 de diciembre de 2005 se admitió la acción ordenándose la notificación de las presuntas agraviantes y de la representación del Ministerio Público a los fines de la fijación de la AUDIENCIA ORAL.
En esa misma fecha se decretó medida cautelar mediante la que se ordenó a la presunta agraviante C. A. LA ELECTRICIDAD DE GUARENAS Y GUATIRE (ELEGGUA), la reinstalación inmediata del suministro de energía eléctrica en el inmueble señalado en autos.
En fecha 11 de mayo de 2006, compareció la presunta agraviante ANA CRISTINA BURGOS CARDENAS, debidamente asistida de abogado, y solicitó la declaratoria de perención de la instancia por abandono de trámite, en atención a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 06 de junio de 2001, publicada en Gaceta Oficial, se deje sin efecto la cautelar decretada, se imponga a la accionante la sanción prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y se le condene en costas.
Llegada como ha sido la oportunidad de decidir el planteamiento formulado por la parte presunta agraviante, este Tribunal pasa a hacerlo y para ello OBSERVA:
-II-
PARTE MOTIVA
PRIMERA CONSIDERACION: Efectivamente, tal y como lo denuncia la presunta agraviante, desde la fecha en que fue admitida la presente acción de amparo constitucional, ha transcurrido suficiente tiempo sin que se evidencie actividad alguna por parte de la accionante tendiente a que se practique la notificación de las accionadas y de la representación del Ministerio Público, lo que ha mantenido el procedimiento que nos ocupa en un suspenso prolongado, lo que en el proceso ordinario podría originar el decaimiento del interés procesal y consecuencialmente la extinción de la instancia – ex artículo 267 del Código de Procedimiento Civil -, por incumplimiento del actor de las cargas procesales y gestiones que han sido impuestas por el Legislador, tendientes a que se trabe la relación jurídico procesal, y que en razón de la derogatoria tácita del pago del arancel judicial contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se pueden resumir en las siguientes:
a) La indicación de la dirección del demandado.
b) La provisión de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa.
c) La provisión al Alguacil del Tribunal de las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a los fines de practicar la citación del demandado. ASÍ SE DECLARA.-
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: Sin embargo, como lo ha sostenido la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, al interpretar el texto de nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no prevé una regulación semejante que permita la declaratoria de perención de la instancia. No obstante, en el artículo 25 de la citada Ley, está prevista la figura del abandono de trámite, que presupone también el decaimiento del interés procesal del accionante, en el sentido que viene dada por una conducta negligente del actor que procura la prolongación indefinida de la controversia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo vinculante traído a colación por la accionada como fundamento de su solicitud, dictado el 06 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, establece los supuestos en los que resulta procedente la declaratoria de existencia de tal figura, y en ese sentido este Juzgador se permite transcribir un extracto del mismo, en los términos siguientes:
“…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes… (Omissis)… En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél… (Omissis)… Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restableciendo en perjuicio de aquel contra cuyos intereses opera la medida… (Omissis)… De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia…” (Extracto tomado de RAMIREZ & GARAY, Jurisprudencia Venezolana, Tomo CLXXVII, Junio 2001, Págs. 303, 304 y 305).
Sobre la base del criterio anterior, y tras analizar las actas contenidas en este expediente, este Tribunal observa que desde la admisión de la acción, 08de diciembre de 2005, hasta la fecha en que fue solicitada la declaratoria de la perención de la acción de amparo por abandono de trámite, 11 de mayo de 2006, no habían transcurrido los seis (6) meses a los que se refiere la doctrina y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para que pueda considerarse abandonada la causa.
En consecuencia, la solicitud formulada por la accionada el 11 de mayo de 2006, resulta anticipada y por ende improcedente. ASI SE DECLARA.
TERCERA CONSIDERACION: No obstante lo anteriormente expuesto, es evidente que al día de hoy, se ha consumado con creces el lapso de seis (6) meses de inactividad de la causa por falta de impulso de la accionante, que se verifica en la falta de notificación de los involucrados y por consiguiente la no fijación de la audiencia oral, aún habiendo sido decretada la cautelar que restableció al menos instrumentalmente la situación jurídica que había sido denunciada como infringida. Ello ocasiona irremediablemente el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia, resulta forzoso declarar, como en efecto se hará en la parte dispositiva del fallo, la extinción de la instancia. ASI SE DECIDE.
CUARTA CONSIDERACION: Respecto de la sanción contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuya imposición fue solicitada por la accionada, considera este Tribunal procedente tal sanción en razón de la conducta negligente de la accionante.
Asimismo, siendo que los efectos del abandono de trámite al que se refiere la norma en cuestión, resultan similares a los de la perención de la instancia en el juicio ordinario, y al no prever la ley especial ningún tipo de regulación al respecto, resulta improcedente cualquier pronunciamiento respecto de costas. ASI SE DEJA ESTABLECIDO.

-III-
PARTE DISPOSITIVA
Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara EXTINGUIDO el procedimiento por abandono de trámite conforme lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la ACCION DE AMPARO incoada por CANDELARIA HURTADO DE SULBARAN contra ANA CRISTINA BURGOS y C. A. LA ELECTRICIDAD DE GUARENAS Y GUATIRE, todos plenamente identificados al comienzo de este fallo.
En consecuencia, se suspende la medida cautelar decretada en fecha 08 de diciembre de 2005. Particípese lo conducente a la C. A. LA ELECTRICIDAD DE GUARENAS Y GUATIRE, mediante oficio. Líbrese oficio.
Se le impone a la accionante CANDELARIA HURTADO DE SULBARAN el pago de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,oo) de multa por el abandono de trámite, conforme lo previsto en el último aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas
Firme como se encuentre la presente decisión, se ordena el archivo definitivo del expediente.
NOTIFIQUESE, a las partes conforme las previsiones del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual no comenzarán a computarse los lapsos para la interposición de los recursos a los que hubiere lugar contra el presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la ciudad de Guatire a los veinte (20) días del mes de junio de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
EL JUEZ,

ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT.
LA SECRETARIA,

ROSANA SANCHEZ MONTIEL.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 02:00 de la tarde.
LA SECRETARIA,

ROSANA SANCHEZ MONTIEL.
AJFD/RSM.
EXP. 2142-05.