REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA GUATIRE ACCIONANTE: INSPECTORIA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA. ACCIONADA: LICORERIA LA ENCANTADA. MOTIVO: IMPOSICIÓN DE ARRESTO. EXPEDIENTE Nº 2274-06. -I- Se inician las presentes actuaciones por solicitud presentada el día 19 de Junio de 2006, mediante la cual se pide a este Tribunal que, en atención a lo establecido en el Articulo 645 de la Ley Orgánica del Trabajo, imponga al representante de la empresa accionada sanción de arresto, en razón que ésta no cumplió la providencia administrativa que le ordenaba el pago de una multa por la cantidad indicada en la solicitud. Llegada como ha sido la oportunidad para pronunciarse este Juzgador acerca de la admisión del procedimiento instaurado, antes de hacerlo pasa a hacer las siguientes CONSIDERACIONES: -II- PRIMERA CONSIDERACION: En términos generales la parte accionante, en su solicitud, expresa lo siguiente: 1- Que en fecha diecinueve (19) de Noviembre del año dos mil cuatro (2004), la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, dictó Providencia Administrativa No. 905-04, mediante la cual ordenó el Reenganche y Pago de Salarios Caídos en la persona de la ciudadana LUZ MARINA FLORES, a la Sociedad Mercantil “LICORERIA LA ENCANTADA” 2- Que en fecha catorce (14) de Septiembre del año dos mis cuatro (2004), quedó debidamente notificada la Sociedad Mercantil “LICORERIA LA ENCANTADA” de dicha Providencia Administrativa. 3- Que mediante Acta de fecha veintiuno (21) de Diciembre del año dos mil cuatro (2004), la representación de la parte accionada “LICORERIA LA ENCANTADA”, no se presentó negándose a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa. 4.- Que en fecha veintidós (22) de Febrero del año dos mil cinco (2005), se levantó Acta de Inicio por ante la Sala de Sanciones de dicha Inspectoria, del expediente signado con el No. 030-2005-06-00193, y que así mismo, se acordó notificar a la empresa infractora, quedando ésta debidamente notificada en fecha 28 de Febrero del año 2005 del procedimiento aperturado y del lapso de ocho (08) días hábiles para que formulara los alegatos pertinentes para su mejor defensa. 5.- Que la infractora no compareció por ante ese Despacho a dar contestación al Procedimiento de multa, dentro del lapso establecido, para que formulara sus alegatos y que por ello, la Inspectoria del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, procedió a dictar Providencia Administrativa Nro. 276-05, de fecha 27 de Junio del año 2005, en la que se ordenó que la infractora cancelara multa por la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 240.926,40). 6.- Que en fecha seis (06) de Febrero del año dos mil seis (2006), la empresa infractora quedó notificada de la Providencia No. 276-05, dictada por la Inspectoria, así como del lapso de cinco (05) días hábiles, para la cancelación de la multa impuesta, lapso éste que transcurrió integro sin que la empresa infractora cancelara, ni consignara fianza alguna que cubriera dicha obligación. 7.- Que en virtud de esas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el articulo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establece la facultad que tiene la propia administración de realizar de oficio la ejecución forzosa de los actos administrativos, es por lo que la Inspectoria del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, con sede en la ciudad de Guarenas, en uso de las atribuciones legales contenidas en el literal g) del articulo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, encomienda a esta autoridad judicial para que ejecute forzosamente el acto administrativo de fecha 27 de Junio del año 2005. SEGUNDA CONSIDERACION: Señala el artículo 647, literal g) de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente: “El procedimiento para la aplicación de la sanciones estará sujeto a las siguientes normas:… g) Si el multado no pagare la multa dentro del termino que hubiere fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez de Municipio o Parroquia del lugar de residencia del multado, para que dicha autoridad le imponga el arresto correspondiente. En todo caso, el multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago” (Resaltado del Tribunal). Establece pues la norma en comento una competencia funcional para el conocimiento de este procedimiento de imposición de arresto, competencia que guarda estrecha relación con el lugar de ubicación de la residencia del multado. Ahora bien, aún y cuando la Ley Orgánica del Trabajo le da la potestad a la propia administración para que de oficio solicite a la autoridad jurisdiccional la imposición de la sanción corporal por falta de cumplimiento de la providencia administrativa que impone sanción pecuniaria, la propia norma establece como imperativo que la autoridad judicial competente sea la de la residencia del multado. ASI SE DEJA ESTABLECIDO. Sin embargo, la competencia funcional atribuida por la norma en comento, difiere de la simple competencia territorial, toda vez que esta última puede ser derogada por convenio de las partes, quedando proscrita en cualquier caso su declaratoria por parte del Tribunal, salvo que ésta sea alegada como cuestión previa, tal y como lo establece el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil. En el procedimiento especial de imposición de arresto, la incompetencia funcional que deriva del lugar de residencia del multado, debe producir – ante la prohibición de la declinatoria de oficio – la inadmisión de la acción, sin perjuicio que esta pueda ser propuesta ante el Tribunal competente. ASI SE DECLARA. TERCERA CONSIDERACION: De la revisión del contenido de la solicitud y de los recaudos que acompañan a la misma, se desprende con meridiana claridad que la residencia de la multada es la siguiente dirección: “FINAL AVENIDA ANDRES ELOY BLANCO, EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL, SECTOR LA PEÑITA, HIGUEROTE, MUNICIPIO BRION DEL ESTADO MIRANDA”. De manera pues, que dicha residencia se encuentra situada fuera de la jurisdicción territorial atribuida a este Juzgado, es decir fuera del Municipio Zamora del Estado Miranda, razón por la cual resulta forzoso declarar que el procedimiento incoado no podrá ser admitido en virtud de no tener competencia funcional y territorial este Juzgado para su tramitación, conforme lo prevé el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo antes transcrito, como en efecto será declarado en la parte dispositiva de este fallo. ASI SE DECIDE. -III- Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el procedimiento de IMPOSICIÓN DE ARRESTO, que incoara LA INSPECTORIA DEL TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS PLAZA Y ZAMORA DEL ESTADO MIRANDA contra la Sociedad Mercantil “LICORERIA LA ENCANTADA”, ambos plenamente identificados al comienzo de este fallo. Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas. PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE JUZGADO. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la ciudad de Guatire a los veintiún (21) días del mes de Junio de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación. EL JUEZ, ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT LA SECRETARIA, ROSANA SANCHEZ MONTIEL En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las dos de la tarde. LA SECRETARIA, ROSANA SANCHEZ MONTIEL AJFD/RSM/crvv. EXP. 2274-06.