TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO SIETE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
196º y 147º

AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

En el día de hoy, miércoles veintiuno (21) de junio del año 2006, siendo el día fijado para la realización de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, de conformidad con los artículos 248, y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del escrito presentado por el Fiscal Primero del Ministerio Público, Abogado Henry Alexander Flores, en contra del imputado JORGE ARTURO DE VICENTE ROA, colombiano, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 12-08-1.970, de 35 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía N° 5.534.896 de profesión u oficio agricultor, soltero, residenciado en Conjunto Residencial Bubuqui III, Avenida Principal, Edificio N° 02-02, El Vigía, Estado Mérida, 0414-7563310, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano. Presentes: El Juez abogado Ciro Heraclio Chacón Labrador, La Secretaria Abogado Orbel E. Méndez Carrillo, la Fiscal Auxiliar Novena abogada Gioconda Cruzado Navas, el imputado previo traslado y la Defensora Pública Penal abogada Maria Teresa Torres. El Juez declaró abierto el acto y le cedió el derecho de palabra a la Representante del Ministerio Público, quien expuso lo siguiente: “Solicito se Califique la Flagrancia en la aprehensión del imputado de autos, se decrete la Medida de Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, y por último solicito se siga la presente causa por los trámites del procedimiento ordinario, para lo cual solicito sean remitidas las actuaciones a la Fiscalía Novena del Ministerio Público; así mismo, calificó los hechos, como el delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, reservándome el derecho de cambiar la calificación, en virtud de la resulta que arroje la investigación, es todo”. Acto seguido el ciudadano Juez le impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, contenido en los artículos 49 numeral 5to de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el mismo querer declarar quien libre, sin presión y juramento en presencia de su abogada defensora expuso: “Yo no sabía que eso tenía castigo, si yo lo hubiera sabido no lo uso, cosas de locos, es todo”. Seguidamente el Juez le concede el derecho de palabra a la defensa Abogada María teresa Torres, quien expuso: “La Defensa solicita se decrete Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el mismo tiene su residencia fija en el país, a tal efecto consignó en seis folios útiles, copia simple de documentos de identidad, tanto de mi defendido como de sus padres a fin de que sean agregados a las actuaciones, por último solicito la aplicación del procedimiento ordinario, es todo”. El Tribunal, cumplidas las formalidades de ley, oída la solicitud efectuada por la Representante Fiscal, lo expuesto por el imputado y lo alegado y solicitado por la defensa, efectuó las siguientes consideraciones para motivar su decisión que, de conformidad con el artículo 177 del Código Orgánico Procesal Penal, se pronuncia al finalizar el presente acto, siendo del tenor siguiente: PRIMERO: En relación con la solicitud fiscal de estimación de la aprehensión como flagrante, se observa que en el acta policial, de fecha 19 de junio de 2.006, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional, dejan constancia que siendo las cuatro horas de la tarde (04:00 p.m.), se encontraban de servicio en el Punto de Control fijo La Jabonosa, cuando arribó un vehículo marca CHEVROLET, C-3500, conducido por el ciudadano Giovanni Cárdenas Vásquez, a quien se le pidió que se estacionara a la derecha de la calzada, se procedió a pedir los documentos a los ocupantes uno de los cuales se identificó con un pasaporte a nombre de Roa Luis Alberto, percatándose de que el ciudadano presentó una actitud nerviosa por lo que procedieron a realizarle unas preguntas de rigor manifestando el mismo que su verdadero nombre era Jorge Arturo de Vicente Roa, y que ese comprobante era de su hermano, por lo que procedió a quedar detenido. Por ello, con base al análisis del acta sucintamente narrada con anterioridad, así como de la denuncia interpuesta por la víctima; este juzgador, estima que los requisitos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se encuentran suficientemente acreditados en autos y en consecuencia CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado JORGE ARTURO DE VICENTE ROA, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.
SEGUNDO: Respecto al solicitud de prosecución de la causa por el Procedimiento ordinario, efectuada por el Fiscal del Ministerio Público, en forma escrita y sostenida de manera verbal en esta audiencia, este Tribunal considera que la misma es procedente y en consecuencia acuerda el trámite de la causa por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Novena del Ministerio Público una vez vencido el lapso legal.
TERCERO: Considera este Tribunal decretar en el presente caso Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, al imputado de autos, en razón que, si bien es cierto estamos en presencia de un delito que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra, como lo es el delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, no es menos cierto que el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, establece la improcedencia de Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad en aquellos casos de delitos que no excedan de tres años en su límite máximo, y en el presente caso el delito acarrea una pena de uno a tres meses; en consecuencia este Tribunal decreta Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial preventiva de Libertad al imputado de autos de conformidad con el artículo 256 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal debiendo el imputado cumplir con la obligación de presentarse cada treinta (30) días ante el Tribunal, y aspa se decide así mismo existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado de autos es el autor del delito precalificado por el Ministerio Público, pues del acta policial se evidencia que el imputado fue detenido en el momento que se identificó con un documento perteneciente a otra persona, usurpando la identidad de otra persona, en consecuencia se decreta Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial preventiva de Libertad en contra del imputado JORGE ARTURO DE VICENTE ROA, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado presentarse cada treinta (30) días ante el Tribunal; y así se decide.

DISPOSITIVA

En consecuencia, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO SIETE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del imputado JORGE ARTURO DE VICENTE ROA, colombiano, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 12-08-1.970, de 35 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía N° 5.534.896 de profesión u oficio agricultor, soltero, residenciado en Conjunto Residencial Bubuqui III, Avenida Principal, Edificio N° 02-02, El Vigía, Estado Mérida, 0414-7563310, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano; de conformidad con el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se decreta el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal y la remisión de las actuaciones a La Fiscalía Novena del Ministerio Público, una vez vencido el lapso legal.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado JORGE ARTURO DE VICENTE ROA, colombiano, natural de Cúcuta Norte de Santander, nacido en fecha 12-08-1.970, de 35 años de edad, titular de la cédula de ciudadanía N° 5.534.896 de profesión u oficio agricultor, soltero, residenciado en Conjunto Residencial Bubuqui III, Avenida Principal, Edificio N° 02-02, El Vigía, Estado Mérida, 0414-7563310, por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO VERDADERO FALSAMENTE ATRIBUIDO, previsto y sancionado en el artículo 333 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, de conformidad con el artículo 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal debiendo presentarse el imputado cada treinta (30) días ante el Tribunal. Remítanse las actuaciones a la Fiscalía Novena del Ministerio Público. Quedan notificadas las partes de la presente decisión. Terminó, se leyó y conformes firman, siendo las 12:30 de la tarde.

ABG. CIRO HERACLIO CHACON LABRADOR
JUEZ SEPTIMO DE CONTROL

ABG. HAROLD RADAMÉS OCANDO JASPE
FISCAL NOVENO (A) DEL MINISTERIO PÚBLICO

JORGE ARTURO DE VICENTE ROA
EL IMPUTADO

P.I P.D

ABG. MARIA TERESA TORRES
DEFENSORA PÚBLICA

ABG. ORBEL E. MENDEZ CARRILLO
LA SECRETARIA
Causa Penal Nº 7C-6691-06