REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DEL MUNICIPIO LOS SALIAS CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA PARTE DEMANDANTE: HENRY OMAR MOLINA CONTRERAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 41.077, actuando en su propio nombre y el ciudadano CARLOS RAFAEL BARROETA SESTI, titular de la Cédula de Identidad N° 5.454.904, asistido por el abogado antes identificado. PARTE DEMANDADA: JUNTA DE CONDOMINIO OFICENTRO EL PICACHO. APODERADO JUDICIAL: No tiene constituido apoderado judicial MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTA Expediente Nro. E-2005-141 SENTENCIA DEFINITIVA I Se inició el presente juicio ante este Órgano Jurisdiccional por libelo de demanda presentado en fecha 21 de octubre de 2005, por el abogado HENRY OMAR MOLINA CONTRERAS inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 41.077, actuando en su propio nombre y el ciudadano CARLOS RAFAEL BARROETA SESTI, titular de la Cédula de Identidad N° 5.454.904, asistido por el abogado antes identificado, por COBRO DE BOLÍVARES. En fecha 24 de octubre de 2005, se admitió la demanda y se ordenó la intimación de los demandados, para que comparecieran dentro de los veinte días de despacho siguientes a la intimación que del último de los intimados se haga a dar contestación a la demanda. En fecha 02 de noviembre de 2005, compareció el ciudadano CARLOS RAFAEL BARROETA SESTI y estampó Poder Apud Acta y confirió al abogado HENRY OMAR MOLINA CONTRERAS. En fecha 08 de noviembre de 2005, el Tribunal dictó auto mediante el cual se acordó librar boletas de intimación con su orden de comparecencia a la parte demandada. En fecha 05 de diciembre de 2005, compareció el abogado HENRY OMAR MOLINA CONTRERAS, estampó diligencia y consignó copia certificada ad effectum videndi, de la demanda debidamente registrada por ante el Registro Inmobiliario del Municipio los Salias del Estado Miranda. II Expuestos así los hechos, quien aquí decide observa: De la revisión efectuada a las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que desde el día 05 de diciembre de 2005, cuando el apoderado judicial de la parte actora estampó diligencia y consignó copia certificada ad effectum videndi, de la demanda registrada por ante el Registro Inmobiliario del Municipio los Salias del Estado Miranda, habiendo transcurrido holgadamente el lapso de 30 días a que se contrae ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que norma: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Con referencia al alcance y vigor del dispositivo en comento es oportuno resaltar que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se interpretó su inaplicabilidad, en virtud de la abrogatoria coetánea de las disposiciones que establecían el pago de arancel judicial por contrariar la gratuidad de la justicia, pues esta derogatoria acarreaba imprecisión en el establecimiento de las obligaciones del demandante, entendiéndose así que ante el riesgo de incurrir en una rigurosidad extrema al aplicar la institución jurídico procesal de la perención en estos casos, sin que estuviera perfectamente determinada cuál era la carga procesal del actor para la citación, era preferible su interpretación restringida y en consecuencia, no acordarse la misma. Sin embargo tales dudas fueron aclaradas por la Sala de Casación Civil del máximo tribunal de la República, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004 (Caso RAMÓN BARCO VÁSQUEZ contra la Sociedad de Comercio SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL), donde se estableció la procedencia de la perención de la instancia en los procedimientos informados por el principio de la gratuidad, disponiéndose que el demandante además de la lógica obligación de suministrar la dirección del demandado, por mandato del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, el cual se mantiene con plena vigencia, tiene la carga de poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de su citación dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, castigándose su omisión o incumplimiento con la perención de la instancia. Se asienta igualmente en la sentencia de marras que la modificación del criterio de la Sala se aplicará a las demandas que sean admitidas al día siguiente a su publicación, es decir el 07 de julio de 2004, siendo procedente en consecuencia su aplicación al caso de especie por cuanto la presente demanda fue admitida el 28 de septiembre de 2004. DECISIÓN Con base en las consideraciones expuestas este TRIBUNAL DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA LA PERENCIÓN CITATORIA prevista en el literal a) del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 269 ejusdem que estipula que la perención se verifica de pleno derecho y tiene carácter irrenunciable. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil seis (2006). AÑOS 195° y 147°. LA JUEZA TITULAR LEONORA CARRASCO HERNÁNDEZ LA SECRETARIA SANDRA MARCANO En esta misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo las 11:00 a.m. LA SECRETARIA LCH/ev*