REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO NUMERO DOS
San Cristóbal, 10 de marzo de 2006.
195º y 146º

CAUSA: 2JM-919-04
IMPUTADO: JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA
DELITOS: ROBO AGRAVADO y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO
DE FRUSTRACIÓN
VICTIMA: JEHIMMY DEL CARMEN PIÑERO YELA y OMAR MENDOZA
MENDOZA
DEFENSOR: RAMON FERNANDEZ VEGA


Vistos los escritos interpuestos por el Abogado co-defensor GILLMER JOSE AMAYA QUIÑONEZ, identificado en autos y por el acusado JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA, de nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, titular de la cédula de identidad N° 17.207.869, nacido en fecha 17-04-1985, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en el Barrio 8 de Diciembre, casa sin numero, San Cristóbal Estado Táchira, que corren insertos a los folios 346, 348 y 351 respectivamente, solicitaron la revisión de la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que recae JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA, incurso en la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVDO, TENTATIVA DE HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTACION; a fin que le sea otorgada la libertad y sea decretada la cesación de la medida de coerción que pesa sobre él, invocando para ello el Prinncipio de Proporcionalidad establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal en aplicación de la disposición contenida en los artículos 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 244 Y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a resolver, en los términos siguientes:
I
DE LOS HECHOS

Los hechos que imputa el Ministerio Publico en la presente causa consistieron: El día 18 de diciembre de 2003, las ciudadanas Aydee García Vargas y Sarvia Blanco Martínez, se encontraban en la Quinta Tacarigua, ubicada en esta ciudad de San Cristóbal donde laboran como domesticas, cuando llegó un sujeto y manifestó que era mensajero y llevaba un ramo de flores, procediendo las mismas a abrir la puerta de la residencia, y una vez en el interior de la vivienda dicho ciudadano, desenfundó un arma de fuego y sometió a los allí presentes, facilitando el ingreso a tres sujetos más, apoderándose de las prendas que se encontraban en dicha vivienda, así como intentaron llevarse las llaves del vehículo que se encontraba en el estacionamiento, cuyo apoderamiento no lograron debido a que el porton eléctrico no funciono . en vista de que la propietaria de la vivienda había sido informada de las flores que le habían sido enviadas y con el objeto de confirmar quien era la persona que las había enviado, llamo a su casa cuya llamada no fue respondida, razón por la que dio información al sistema de seguridad privada Águila 24, quien comisiono a un vigilante para que realizara un patrullaje, siendo el caso que encontrándose en el lugar, observó un vehículo taxi y a unos individuos que salían de forma presurosa y portando armas de fuego, dándoles voz de alto la cual fue desobedecida.

II
ANTECEDENTES
Por tales hechos, en fecha 19 de Diciembre de 2003, el Tribunal de Control Número Tres de este Circuito Judicial Penal decreta Medida Cautelar Sustitutiva a la de Privación Judicial Preventiva de Libertad; desestima la flagrancia y se decreta la aplicación del procedimiento ordinario, en la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal.

En fecha 23 de diciembre de 2003, el Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, revoca la Medida Cautelar y decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 ordinales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, librando boleta de encarcelación No. 1033, dirigida al Centro Penitenciario de Occidente.

En fecha 22 de enero de 2004, el Fiscal Quinto del Ministerio Publico presentó escrito de acusación en contra de JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, TENTATIVA DE HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos; y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con el artículo 80 único aparte Ejusdem.

En fecha 19 de febrero de 2004, se lleva a cabo Audiencia Preliminar, en la que se admite la calificación jurídica atribuida por la Fiscalía Primera del Ministerio Público y los medios probatorios del Ministerio Público y la defensa; y ordena la Apertura a Juicio Oral y público.

En fecha 10 de marzo de 2004, se da entrada al Tribunal el expediente y se fija el día 25-03-2004, para llevar a cabo el sorteo para la selección de Escabinos.

En fecha 15 de abril de 2004 se realiza la constitución del Tribunal Mixto y acordó fijar Juicio Oral y Público el día 01-09-2004.

En fechas 20 de mayo de 2004, y 07 de julio de 2004 este Tribunal Segundo de Juicio, niega la solicitud de sustitución de Medida por otra menos gravosa a la medida privativa de Libertad, solicitada por el Abogado defensor Ramón Fernández Vega en fecha 14 de mayo de 2004 y 07 de julio de 2004 respectivamente, y en consecuencia mantiene con todos sus efectos la medida de privación judicial preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.


III
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR


Observa el Tribunal que en el caso de autos, a pesar de que se encuentran vigentes los tres extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; sin embargo, atendiendo a la normativa adjetiva penal vigente, se hace necesario valorar otro elemento, como es el principio de proporcionalidad de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, señalado en el artículo 244 de la norma adjetiva penal, el cual señala:

Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En Ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder de dos años”

De la disposición legal transcrita, se desprende clara e inequívocamente, dos máximas en materia cautelar, a saber; la primera, según la cual, la medida de coerción personal impuesta al justiciable, en ningún caso podrá sobrepasar de la pena mínima prevista por el delito imputado, ni exceder del plazo de dos años, elemento cuantitativo, si por lo que, ante tal prohibición expresa de ley, deberá sustituirse por otra menos gravosa; y en segundo lugar, que la medida de coerción aplicable, deberá ser proporcional con la gravedad del delito, sus circunstancias de comisión y la sanción probable, lo cual exige, adecuación e idoneidad de la cautela como sustentos de la proporcionabilidad –elemento cualitativo-
Analizados los argumentos esgrimidos por la defensa en su escrito, y previa revisión total de la presente causa, observa quien decide, que efectivamente han transcurrido más de dos (02) años, sin que hasta la presente fecha se haya emitido sentencia, y sin haberse solicitado por la Representación Fiscal, prórroga para el mantenimiento de la medida de coerción personal.
En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 17 de julio de dos mil dos, con ponencia del Magistrado JOSE M. DELGADO OCANDO, ha dejado sentado lo siguiente:

“…(omissis)… el transcurrir del tiempo en forma tan prolongada sin la realización del juicio- más de dos años- sobre el argumento reiterativo de que se había fijado una próxima fecha para celebrar el debate oral y público, desbordó el principio de proporcionalidad que debe regir en la imposición de medida de coerción personal contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual éstas deben tener un máximo de duración de dos años, por lo que al haber transcurrido ese tiempo con el mantenimiento de la detención, se constituyó una vulneración del derecho fundamental a la libertad y la garantía constitucional al debido proceso, toda vez que se traduce en el cumplimiento de una pena anticipada que es la negación del principio de presunción de inocencia, por lo que esta Sala dictamina que la presente acción de tutela constitucional, ha debido declararse con lugar, como en efecto se declara. Así se decide”.
En tal sentido se ordena …(omissis)… o al Tribunal que se encuentre conociendo de la causa, decretar las medidas cautelares que considere pertinentes a favor del ciudadano …(omissis)…, a los fines de asegurar su comparecencia al juicio hasta su terminación. Así se declara. (omissis)”. Resaltado nuestro.

En ese mismo orden de ideas resalta quien decide, la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2002, con ponencia del Magistrado, José Manuel Delgado Ocando, en la que se estableció entre otras situaciones lo siguiente:

“..se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
Etimológicamente, por medidas de coerción personal debe entenderse no solo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el termino del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción -en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegitima de la libertad, y en violación del articulo 44 constitucional..”
“el transcurrir del tiempo en forma tan prolongada sin la realización del juicio –mas de dos años- sobre el argumento reiterativo de que se había fijado una próxima fecha para celebrar el debate oral y público, desbordó el principio de proporcionalidad que debe regir en la imposición de medida de coerción personal contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual están deben tener un máximo de duración de dos años, por lo que al haber transcurrido ese tiempo con el mantenimiento de la detención, se constituyó una vulneración del derecho fundamental a la libertad y la garantía constitucional al debido proceso, toda vez que se traduce en el cumplimiento de una pena anticipada que es la negación del principio de presunción de inocencia, por lo que esta Sala dictamina que la presente acción de tutela constitucional, ha debido declararse con lugar, como en efecto se declara. Así se decide.”

En sentencia más reciente, en el expediente 02-1036 de fecha cuatro de julio de 2003 (caso Palacios Vivas), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón, plasmó lo siguiente:
“…(omissis)… Al respecto, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, las personas serán juzgadas en libertad, excepto por las razones que determine la ley. Por su parte, el artículo 252 (hoy 243) del derogado Código Orgánico Procesal Penal reafirma la garantía constitucional del juicio en libertad, cuando establece que “toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones que establezca este Código”; asimismo, que “la privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás ordenes medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso” (subrayado, por la Sala). Tales excepciones, las cuales derivan de los artículos 259, 260 y 261 (ahora 250, 251 y 252), son las que autorizan a dictar medidas cautelares privativas de libertad, las cuales sin embargo y siempre en procura de que, sólo en la menor medida posible y dada la garantía constitucional de la presunción de inocencia, resulte afectado el derecho fundamental que reconoce el artículo 44 de la Constitución, pueden ser atemperadas a través de la imposición de otras menos gravosas descritas en el artículo 265 (hoy, 256) del precitado Código Procesal. Por tanto, la privación o restricción en el ejercicio del derecho a la libertad, como medidas de excepción, requieren, del órgano jurisdiccional que las decrete, de ponderación y prudencia; ello, por una parte; por la otra, de diligente vigilancia durante el curso de la vigencia de tales medidas, con el fin de prevenir que las medidas se mantengan más allá del límite temporal que establece la ley; concretamente, el artículo 253 (hoy, reformado, 244) in fine del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 75 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). El referido artículo 253 de nuestra ley procesal penal fundamental establecía, en su parágrafo final, que en ningún caso, las medidas de coerción personal- expresión en la cual quedan comprendidas tanto la privativa de libertad como las demás cautelares menos gravosas que la primera- podía sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder de dos años. En el caso de autos, se observa que, para la oportunidad cuando se ejerció la acción de amparo que impulsó el presente proceso, el actual quejoso se encontraba privado de su libertad por un término que ya excedía de cinco años. Ello representa una evidente infracción al límite temporal de vigencia de las medidas de coerción personal que, con carácter imperativo, establecía el artículo 253 (ahora, reformado, 244) del Código Orgánico Procesal Penal, antes de su reforma parcial de 2001, el cual era la ley aplicable al caso, en beneficio del referido encausado, de acuerdo con lo que disponen los artículos 24 de la Constitución y 553 del Código Orgánico Procesal Penal actualmente en vigor , por cuanto su causa penal fue iniciada bajo la vigencia del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y, luego, comenzó a ser regido por el Código Orgánico Procesal Penal que entró a regir plenamente, a partir del 01 de julio de 1.999. Dicha infracción constituye igualmente, una grosera violación al derecho a la libertad personal que reconoce el artículo 44 de la Constitución. Las anteriores consideraciones deben llevar a la conclusión de que resultaron lesionados los derechos fundamentales del mencionado ciudadano …(omissis)…, a la libertad personal y al debido proceso, en su específica manifestación de la presunción de inocencia, los cuales reconoce la Constitución en sus artículos 44 y 49.2 respectivamente; derechos estos que debieron ser tutelados, aun de oficio, tanto por el Tribunal de juicio como por la Corte de Apelaciones que, en primera instancia, conoció de este proceso, lo cual, implicó una seria inobservancia, por parte de los mencionados órganos jurisdiccionales, de sus deberes como jueces de control. Constitucional. (omissis)…” Resaltado nuestro.

Ante estas consideraciones, al evidenciarse la existencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad, decretada al acusado JEAN CARLOS CASSTRO QUINTANA, en fecha 23 de diciembre de 2003, y habiendo transcurrido más de dos años para el día de hoy, el Tribunal debe proceder a revisar en forma minuciosa las actas que conforman el presente expediente, particularmente en lo que respecta a los autos de diferimiento; así como, los motivos que le preceden:

• En fecha 10 de marzo de 2004, se da entrada al Tribunal el expediente y se fija el día 25-03-2004, para llevar a cabo el sorteo para la selección de Escabinos y en fecha 15 de abril de 2004 se realiza la constitución del tribunal Mixto y acordó fijar Juicio Oral y público el día 01-09-2004.
• En fecha 01-09-04, no fue celebrado el Juicio Oral y Público, en virtud de que el tribunal se encontraba celebrando el Juicio Oral en la causa N° 2JM-841-03 y se difiere para el día 29-11-04.
• En fecha 29-11-04, no se realizó el Juicio Oral y Publico, en virtud de que no se hizo presente el abogado de la defensa, expertos, funcionarios ni testigos, en consecuencia se fijó la celebración del Juicio Oral y Publico para el día 30-03-05.
• En fecha 30-03-05, es diferido nuevamente el juicio oral y público, por no haber asistido un escabino, razón por la cual se fijó nuevamente para el día 16-05-05.
• En fecha 16-05-05, se difiere el juicio oral y publico, en virtud de que la Juez presentaba quebrantos de salud y se fija para el día 01-08-05.
• En fecha 01-08-05, no se realizó el juicio oral y publico, por cuanto el tribunal no libró las boletas de citación; razón por la cual se fijó para el día 15-09-05.
• En fecha 15-09-05, no se realizó debido las vacaciones judiciales.
• En fecha 29-11-05, se fijó nueva fecha para la celebración del Juicio Oral y Publico, para el día 11-01-06.
• En fecha 11-01-06, se difirió el juicio oral y publico, en virtud de que fue imposible citar a una escabino, razón por la cual se fijó nuevamente para el día 22-02-06.
• En fecha 22-02-06, se difirió el juicio oral y publico en virtud de que no fueron libradas las boletas de citación; y se fijó nueva fecha para el día 30-03-06.

Vistos los diferimientos antes señalados, es por lo que, en atención a la limitante cuántica establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, debe revisarse la medida cautelar impuesta y sustituirse por otra menos gravosa, que guarde estrecha adecuación e idoneidad, y tendente a garantizar las resueltas del proceso, a fin que sea proporcional cualitativamente con el delito imputado, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
Ahora bien, en la presente causa, se le imputa al ciudadano defendido JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA, incurso en la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 460 del Código Penal, TENTATIVA DE HURTO DE VEHICULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 4 e la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 408 ordinal 1° del Código Penal en concordancia con el artículo 80 único aparte ejusdem , delitos previstos y sancionados en los artículos del Código Penal; por consiguiente, la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, deberá ser razonablemente idónea y adecuada para garantizar en forma debida, las resultas potenciales que pudieran producirse en el presente proceso penal, capaz de impedir la evasión del proceso por parte del justiciable y por ende la frustración de la justicia.
Si bien es cierto, que el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que a toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso; ello, no puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso; esto es, su normal desarrollo y la seguridad de cumplimiento de las resultas.
En efecto, el resultado del juicio, como es bien sabido puede potencialmente conllevar la aplicación de penas previstas en la legislación sustantiva penal, principales o accesorias, medidas de seguridad o la responsabilidad civil derivada de la comisión del hecho delictivo, dependiendo del caso específico sometido a examen, las cuales se podrían ver frustradas de no ser ordenada oportunamente.
Es por ello, que las medidas cautelares tienen como carácter general asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo.
Ahora bien, tomando en consideración la gravedad del delito imputado, la pena que podría llegarse a imponer, y los bienes jurídicos afectados, este Tribunal considera necesario REVISAR LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD DECRETADA EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2003, Y SUSTITUIRLA POR OTRA MENOS GRAVOSA, a saber, 1.-Presentarse ante este Tribunal a través de la oficina de Alguacilazgo una (01) vez al mes; y 2.- Prohibición de Salir del estado Táchira, sin autorización del Tribunal País, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, numerales 3 y 4, en concordancia con el artículo 244 y 262 ejusdem. Y así se decide.

IV
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide :
PRIMERO: DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA Y REVISA la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada por este Tribunal en fecha 21 de septiembre de 2005, por otra menos gravosa, a favor del imputado, JEAN CARLOS CASTRO QUINTANA, de nacionalidad Venezolana, natural de San Cristóbal, titular de la cédula de identidad N° 17.207.869, nacido en fecha 17-04-1985, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en el Barrio 8 de Diciembre, casa sin numero, San Cristóbal Estado Táchira, por otra medida menos gravosa, de las contempladas en los numerales 3 Y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo en el artículo 264 y 244 eiusdem.
SEGUNDO: Impóngase al imputado de las siguientes condiciones: 1.-Presentarse ante este Tribunal a través de la oficina de Alguacilazgo una (1) vez al mes, y 2.- Prohibición de Salir del estado Táchira y del País, sin autorización del Tribunal. Todo ello de conformidad con lo establecido en de las contenidas en los artículos 264, 244, y numerales 3 y 4 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Trasládese ante este Tribunal al imputado de autos, e impóngase mediante acta de la decisión. Líbrese la correspondiente Boleta de Libertad.
Notifíquese a las partes de la presente decisión y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

La Juez de Juicio;

Dra. BELKIS ALVAREZ ARAUJO



ABG. MARIA INES ARTAHONA MARIÑO
La Secretaria;



Causa Penal Nº: 2JM-919-04