TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO DEL MUNICIPIO ZAMORA
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
GUATIRE
DEMANDANTE: CARMEN BEATRIZ DUARTE MUÑOZ, venezolana. Mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.091.137.
APODERADOS DE LA ACTORA: PEDRO JOSÉ ARANA y MARLENE MIGDALIA UZCATEGUI, abogados en ejercicio debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 57.580 y 73.137, respectivamente.
DEMANDADO: HECTOR BRACAMONTE, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Número V-4.676.534.
APODERADO DEL DEMANDADO: No constituyo representación judicial.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EXPEDIENTE Nº 1927-04.
-I-
PARTE NARRATIVA
Se inician las presentes actuaciones por libelo de demanda presentado el 16 de Julio de 2004, por la ciudadana Carmen Beatriz Duarte Muñoz, debidamente asistida de abogado, mediante la cual – y por las razones de hecho y derecho plasmadas en el mismo – reclama que el señor Hector Bracamonte ha Incumplido su obligación de Realinear la Pared existente entre ambos tal como se acordó en el convenio de fecha 14 de Mayo de 2003.-
En fecha 26 de Julio de 2004, se admitió la acción interpuesta ordenándose al efecto la citación del demandado para el acto de contestación de la demanda.
En fecha 19 de Agosto de 2004, compareció por ante este Tribunal la ciudadana Carmen Beatriz Duarte Muñoz, asistida de abogado, quien consignó copias simples del libelo de demanda y del auto de admisión a fin de librar la correspondiente compulsa.
En fecha 19 de agosto de 2004, compareció por ante este Tribunal la ciudadana Carmen Beatriz Duarte Muñoz, quien otorgó Poder Apud-Acta, a los abogados Pedro José Arana y Marlene Migdalia Uzcategui.-
En fecha 24 de Agosto de 2004, se libró compulsa a la parte demandada.
En fecha 10 de Junio de 2005, compareció por ante este Tribunal el Alguacil GUMERSINDO HERNÁNDEZ LARA, quien consignó copias certificadas del libelo de demanda y del auto de comparecencia por cuanto no pudo citar a la parte demandada.-
Ahora bien, toda vez que desde la fecha en que fueron consignados los fotostatos para la citación de la parte demandada en este juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (19/08/2004) hasta el día 10 de Junio de 2005, fecha en que fue consignado por el Alguacil de este Tribunal las copias certificadas y el auto de comparecencia por no haber podido citar a la parte demandada, transcurrieron más de 30 días sin que la parte Actora hubiese cancelado a dicho alguacil los emolumentos para practicar la respectiva citación, en apariencia ha operado la perención breve prevista en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, toda vez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció la gratuidad de la administración de justicia, derogando por tanto las normas de la Ley de Arancel Judicial que establecían tasas y pago de aranceles por concepto de actuaciones judiciales, se hace necesario establecer en principio, si la eliminación de dicho pago ha producido la derogatoria tácita de la perención breve consagrada en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual este Tribunal pasa a hacer las siguientes consideraciones:
-II-
PARTE MOTIVA
PRIMERA CONSIDERACIÓN: El ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece:
“También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.
La doctrina y jurisprudencia interpretaron la referida norma, señalando como obligaciones del demandante para practicar la citación del demandado las siguientes:
a) El pago de los derechos arancelarios correspondientes a la elaboración de la compulsa de citación y a la citación para la litis contestación.
b) La indicación de la dirección del demandado para su citación.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, las obligaciones se redujeron, en virtud de la gratuidad de la justicia, subsistiendo las cargas procesales impuestas por el Código de Procedimiento Civil al actor para lograr la citación del demandado, entre las que se encuentran - al menos y ex artículo 218 del Código de Procedimiento Civil - suministrar al Tribunal la dirección del demandado, para que en ésta puedan realizarse las gestiones del Alguacil tendientes a lograrla.
Además, por interpretación del mismo artículo, en razón de que los Tribunales no disponen de mecanismos propios que permitan la reproducción del libelo y de la orden de comparecencia – el actor debe suministrar las copias o elementos necesarios para la elaboración de la misma, y así lo hace constar expresamente este Tribunal al momento de admitirse la demanda.
Hoy día, y conforme recientes argumentos doctrinarios explanados en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de julio de 2004 con ponencia del Magistrado Dr. CARLOS OBERTO VELEZ, se ha establecido que además de las cargas antes mencionadas, subsiste la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, aún en plena vigencia, que consiste en la presentación de diligencias en la que se ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste a mas de 500 metros de la sede del Tribunal, todo lo cual debe hacer constar el Alguacil en el expediente respectivo.
Por consiguiente, las cargas del actor respecto de la citación, no se agotan en el simple pago de arancel – hoy derogado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -, sino que existen otras gestiones que debe efectuar, tendientes a que se trabe la relación jurídico procesal, a saber:
a) La indicación de la dirección del demandado.
b) La provisión de los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa.
c) La provisión al Alguacil del Tribunal de las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a los fines de practicar la citación del demandado. ASÍ SE DECLARA.-
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: Así pues, la gratuidad de la Justicia prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no entraña una derogatoria de las previsiones contenidas en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la carga que surge a partir de dicha norma no se limita al pago de un arancel sino que el actor, por imperativo del artículo 218 eiusdem, debe suministrar al Tribunal la dirección en la que el Alguacil practicará la citación del demandado, debe proveer al Tribunal de las fotocopias necesarias para la elaboración de la compulsa y está obligado a impulsar el juicio que, a su solicitud, se ha iniciado. Además, por imperio del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial debe proporcionar al Alguacil las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a los fines de practicar la citación del demandado, si ésta debe hacerse en una dirección que diste a más de 500 metros de la sede del Tribunal.
En consecuencia, la previsión constitucional acerca de la gratuidad de la Justicia se refiere, únicamente, a la eliminación parcial de los aranceles judiciales, pero en ningún caso y bajo ningún respecto, a la eliminación de todas las otras cargas que con ocasión del proceso surgen para las partes involucradas en el mismo. ASÍ SE DECLARA.
TERCERA CONSIDERACIÓN: En nuestro Código adjetivo se contemplan dos tipos de perención, la ordinaria de un año y la breve, ambas previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso de autos, desde que fueron consignados los fotostatos para librar la compulsa a la parte demanda – 19 de Agosto de 2004 – exclusive, hasta el día 10 de Junio de 2005, inclusive, transcurrieron DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (295) días, sin que la parte actora hubiere impulsado la citación del demandado mediante la entrega oportuna, al Alguacil del Tribunal, de las expensas necesarias para cubrir los gastos de transporte a fin de practicar la citación del demandado, configurándose el supuesto de hecho establecido en el citado artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, ha operado la perención de la instancia, la cual se consumó el 19 de Septiembre de 2004. ASÍ SE DECLARA.-
-III-
PARTE DISPOSITIVA
Por las consideraciones que anteceden, este Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ha incoado CARMEN BEATRIZ DUARTE MUÑOZ contra HECTOR BRACAMONTE, plenamente identificados al comienzo de este fallo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil y dada la naturaleza del fallo, NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISION EN EL COPIADOR DE SENTENCIAS DE ESTE TRIBUNAL.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la ciudad de Guatire a los Catorce (14) días del mes de Noviembre de dos mil Seis (2006). Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
EL JUEZ,

ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT.
LA SECRETARIA ACC,

BEATRIZ PAEZ DE ELLIS.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las 09:00 de la mañana.
LA SECRETARIA ACC,

BEATRIZ PAEZ DE ELLIS.

AJFD/RSM/NEIL.
EXP: 1927-04.-