TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA CON SEDE EN LOS TEQUES. SALA DE JUICIO.
JUEZ PROFESIONAL Nº 1

Los Teques, 13 de noviembre de 2006

PARTE ACTORA: NANCY YOLIMAR RONDON LÓPEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.094.801, con residencia URBANIZACIÓN SIMON BOLIVAR, BLOQUE 4, PISO 3, APARTAMENTO 7, LOS TEQUES ESTADO MIRANDA.

NIÑA: ANGIENELL VALENTINA, de 03 años de edad, con igual residencia que la de su guardadora.

DEFENSA TECNICA: Abogada JHAENYA CISNERO SILVA, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 98.807

ACCIONADO: ANGEL ROMÁN TOVAR DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 11.159.518.

APODERADO JUDICIAL: No constituyó apoderado.

MOTIVO: Fijación de Obligación Alimentaría.

-I-

Se inició el presente procedimiento con ocasión a la demanda interpuesta por la ciudadana NANCY YOLIMAR RONDON LÓPEZ, el 30.11.2005, (f 1), en contra del ciudadano ANGEL ROMÁN TOVAR DÍAZ, a favor de su hija ANGEL GABRIEL, la cual fue admitida el 30.01.2006, (f 103 y 104). En fecha 17.02.2006, el accionado dio contestación a la demanda interpuesta en su contra.

En fecha 06.03.2006, esta Sala de Juicio dicto auto de admisión de pruebas promovidas por la parte accionante como por la parte accionada.

En fecha 21.03.2006, esta Sala de Juicio DECRETO MEDIDA DE EMBARGO, sobre el total de las acciones que posee el co-obligado alimentista de la Empresa EMPOREO TRAVEL, C.A., librando oficio Nº 1324 AL Registrador Mercantil Primero del Distrito Capital y estado Miranda a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala de Juicio.

Al folio 219, cursa diligencia de fecha 31.10.2006 contentiva del acuerdo planteado entre los ciudadanos NANCY YOLIMAR RONDON LÓPEZ y ANGEL ROMAN TOVAR DÍAZ, el cual fue planteado en los siguientes términos: “…Convenimos en establecer la mutuo acuerdo, la pensión en la cantidad de Bs. 300.000.00, con el correspondiente incremento anual de 30%, a partir del año siguiente, por esta misma fecha…” “…el pago de la pensión se hará mensualmente. Igualmente, acordamos un régimen de gastos compartidos equitativamente. En virtud del acuerdo logrado, ambas partes desisten del presente procedimiento, para lo cual solicitan su homologación…”

Visto el acuerdo planteado por las partes en el presente juicio, esta Sala de Juicio, para decidir, previamente OBSERVA:

II
En este orden de ideas, considera esta juzgadora que, en autos aparece acreditado el vínculo consanguíneo entre los conciliados y la referida niña, habida de la unión entre las partes, no solo por haber sido reconocido expresamente por ellos, sino por aparecer probado, sin duda alguna, de la copia de la partida de nacimiento de la misma, la cual es apreciada como plena prueba de la filiación alegada.

Ahora bien, la obligación alimentaría es consecuencia de la misma filiación, sea matrimonial o extramatrimonial, como lo dispone el artículo 366 de la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al establecer que:

“La obligación alimentaría es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando... no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto...”

Obligación que se impone legalmente a cargo de los progenitores, aún cuando no este legalmente establecida tal filiación, como se desprende del artículo 367 ejusdem, al disponer el establecimiento de la misma cuando la filiación resulte indirectamente en los supuestos allí previstos.

Y es que no puede ser de otra manera, pues la obligación alimentaría resulta impretermitiblemente necesaria para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, puesto que es la única fuente para cubrirles su manutención y desarrollo integral y, precisamente por ello, el constituyente de 1999, acogiendo la doctrina de la protección integral contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, le da rango constitucional a la misma, con lo que constituye un derecho humano de los beneficiarios, al establecer expresamente en el artículo 76, parte in fine del aparte único de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que:

“... La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”

Con ello, el Constituyente venezolano da cumplimiento a los compromisos internacionales contraído con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, con la cual se obligó a adoptar medidas legislativas dirigidas a lograr la protección integral de la infancia y adolescencia, teniendo claro que los progenitores son los responsables prioritarios y primordiales en ello, puesto que la mencionada convención, dispone expresamente en su artículo 27 que:

“1. Los estados Partes reconocen el derecho de todo niño, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres... les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño...

4. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres...”

Así las cosas, la obligación alimentaría, respecto de los padres cuya filiación esta legalmente establecida, no requiere declaratoria de existencia previa, toda vez que es efecto directo de la filiación, debiendo garantizarse legal y judicialmente su efectividad a cargo de tales progenitores, o lo que es lo mismo garantizarse su cumplimiento y, consecuentemente, el juez lo que procede a determinar es el monto que corresponde cancelar por tal concepto, por lo que, habiendo quedado probado el vínculo filial entre el niño y los conciliados, queda así mismo probada la obligación alimentaria toda vez que esta es consecuencia directa de la filiación, respecto de cuyo quantum y cumplimiento aquellos fijaron las pautas que regirán los mismos.

Sentado ello, es de advertir que la obligación alimentaría es de carácter personal, como se desprende, sin duda alguna, del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y, con mayor contundencia y claridad, con rango constitucional, del artículo 76, aparte único, constitucional, al disponer que:

“...El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos...”

Ahora bien, examinando el acuerdo entre los citados ciudadanos, tomando en consideración que, en el caso concreto, la guarda recae en cabeza de la madre, pero ciertamente bajo la vigilancia de ambos progenitores, así como, bajo la orientación moral y educativa que aquellos le presta, recayendo la obligación de asistencia material en los mismos, coadyuvando el mantenimiento de las relaciones armónicas entre los co-obligados, a su desarrollo sano e integral, observando esta decisora, que lo planteado entre aquellos puede solventarse recurriendo a una comunicación armónica, que permita lograr soluciones equilibradas, en consenso, para resolver el desacuerdo que pueda ocurrir entre ellos y, considerando, igualmente, que la intención del legislador al establecer los acuerdos conciliatorios fue la de evitar procesos más traumáticos entre los responsables del beneficiario, que pudieran influir negativamente en su desarrollo integral; asimismo, dado que el acuerdo planteado no violenta el orden público ni vulnera los derechos de aquel, tratándose de un asunto sobre el cual es posible la conciliación y, en virtud, por lo demás, que tal acuerdo redunda en la economía y celeridad procesal, es por lo que esta Sala de Juicio, considera procedente y ajustado a derecho HOMOLOGAR EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad con el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE.

III

Por todas las consideraciones precedentes expuestas, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, CON SEDE EN LOS TEQUES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL CONVENIO planteado entre los ciudadanos NANCY YOLIMAR RONDON LÓPEZ y ÁNGEL ROMÁN TOVAR DÍAZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.094.801 y V-11.159.518 respectivamente, de conformidad con el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Regístrese la presente decisión. Extiéndase a las partes que lo soliciten, copia certificada de presente fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Los Teques, a los 13 días del mes de noviembre del año 2006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ZULAY CHAPARRO
LA SECRETARIA SUPLENTE,

ABG. MAGALY YEPEZ

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

LA SECRETARIA SUPLENTE,

ABG. MAGALY YEPEZ

Exp. 11660-05
ZCH/MG/Carlos Ojeda