TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO DOS DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL PENAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

San Cristóbal, martes diez (10) de octubre del año 2.006
196º y 147º

DECISIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR

JUEZA TITULAR: Abg. Mariela del Carmen Salas Porras
FISCAL (E)
DECIMOSÉPTIMO: Abg. Carlos José Carrero Pulido ADOLESCENTE
IMPUTADO: (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM)
DEFENSORA PÚBLICA: Abg. Glenda Magaly Torres
VÍCTIMA: Orden Público
SECRETARIO (S): Abg. Gregorio Alfredo Molina Guerrero

Celebrada como ha sido la Audiencia Preliminar en la Causa Penal Nº 2C-1516-2005, con motivo de la acusación presentada por la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público, mediante escrito de fecha 26 de mayo del año 2006, y ratificada en la Audiencia Preliminar por el ciudadano Abogado CARLOS JOSÉ CARRERO PULIDO, en su carácter de Fiscal Decimoséptimo (E) del Ministerio Público, contra el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM); por la presunta comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; por el hecho que el Ministerio Público afirma en su acto conclusivo ocurrió el 17 de Octubre de 2005, aproximadamente a las 6:45 p.m., por las inmediaciones del sector la Hoguera antes de llegar a la estación de servicio Texaco, ubicada en la carretera denominada Troncal 5, vía pública, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, cuando Funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira se disponían a realizar labores de búsqueda de cuatro sujetos que minutos antes habían cometido un robo en una unidad de transporte público de la línea Expresos Barinas, en compañía de una de las víctimas el ciudadano GERMAN ALEXIS GONZÁLEZ, por cuanto el mismo estaba prestando servicio militar; una vez en la zona los sujetos comenzaron a disparar a la comisión policial y ésta repelió el ataque, pero no lograron agarrar a ninguno de los sujetos autores del robo. Posteriormente, en ese mismo lugar los efectivos policiales visualizaron a dos sujetos que salían de la zona boscosa, quienes al notar la presencia policial, se tornaron nerviosos, razón por la cual procedieron a intervenirlos policialmente y al realizar la correspondiente inspección personal al adulto el ciudadano ELI PINEDA CASTILLO se le fue encontrada un arma de fuego de fabricación casera y al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), le fue incautada en la pretina del pantalón un arma blanca tipo cuchillo, el cual al ser sometido al correspondiente Reconocimiento Legal, suscrito por la experto Blanca Zulia Niño Villamizar, se determinó que se trata de un instrumento punzo cortante de los denominados cuchillos, constituido por una hoja metálica, de corte de 15,1 centímetros de longitud, por 3,5 centímetros de ancho, en su parte mas prominente, borde inferior amolado y extremidad distal terminada en punta aguda, sin inscripciones identificativas, exhibiendo estrías de fricción orientadas en diferentes sentidos. Su mango constituido por dos piezas de madera unidas entre sí y la prolongación metálica de la hoja de corte, mediante dos remaches metálicos con una longitud de 11 centímetros de ancho en su parte más prominente; la pieza se observó en regular estado de uso y con signos físicos de oxidación debido a su exposición al medio ambiente; concluyéndose que el cuchillo puede ser utilizado como arma punzo cortante y/o penetrante, puede ocasionar lesiones de menor o mayor gravedad e incluso la muerte dependiendo básicamente la región anatómica comprometida y la intensidad de la acción empleada por el ejecutante; calificando el Ministerio Público este hecho como PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO, para el cual solicitó como posible sanción la medida de REGLAS DE CONDUCTA, por el lapso de UN (01) AÑO, de conformidad con lo previsto en el artículo 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 622 ejusdem.
Por otra parte, visto que la Defensora Pública Abogada Glenda Magaly Torres Bautista, no tuvo objeciones en cuanto a la acusación formulada por el representante de la vindicta Pública, y por cuanto se observa que la misma reúne los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 570 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente la admite totalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 578 literal "a" Ejusdem; así como, los medios probatorios ofrecidos, por ser los mismos lícitos, pertinentes y necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos; y así se decide.
Ahora bien, observa quien decide que en la presente audiencia preliminar las partes han manifestado de manera libre y voluntaria llegar a un Acuerdo Conciliatorio, señalando el adolescente imputado (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), que se comprometía a asistir a charlas de tipo conductual, por el tiempo que el Tribunal disponga como reparación al daño social que causó al portar ilícitamente un arma blanca; y vista la aceptación a dicho acuerdo conciliatorio realizado por el Fiscal del Ministerio Público en representación de la víctima como lo es el Orden Público, en virtud de tratarse de un hecho punible que afecta intereses colectivos o difusos, sugiriendo al Tribunal entre otras cosas, se suspenda el proceso a prueba por el lapso de seis (06) meses, con el objeto que el adolescente se someta mensualmente a una charla de orientación conductual, para un total de seis (06) charlas.
A tal efecto y en virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgado tomando en consideración, lo establecido en el artículo 564 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual establece:
“Cuando se trate de hechos punibles para los que no sea procedente la privación de libertad como sanción el Fiscal del Ministerio Público promoverá la conciliación...
Parágrafo Primero: En caso de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos propondrá la reparación social del daño… ”.

Así mismo, tomando en cuenta que el artículo 576 en su primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé:

“Si no se hubiere logrado antes, el juez intentará la conciliación, cuando ella sea posible, proponiendo la reparación integral del daño social o particular causado...”.

Igualmente, atendiendo a que el procedimiento establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes, es altamente pedagógico y educativo cuya finalidad primordial es la búsqueda del desarrollo integral del adolescente con el objeto de lograr que el mismo reflexione sobre su conducta y la mejore; aunado a ello la circunstancia que el punible de porte Ilícito de Arma Blanca, es un delito conciliable según la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por no establecer como sanción definitiva la privación de libertad.
Además, afectando este tipo de actos delictivos intereses colectivos o difusos donde el Estado y la Colectividad, son las víctimas, y no existiendo dudas que el Ministerio Público se encuentra legitimado por la ley para representar íntegramente sus intereses y proponer la conciliación, propendiendo a la reparación del daño social causado, dirigido principalmente a la concientización del adolescente y el logro de los objetivos de la ley.
Del mismo modo, tomando en consideración que las partes están de acuerdo que la repercusión del delito cometido por el adolescente no representa una sanción penal sino la reparación social del daño causado el cual afecta intereses colectivos o difusos y la posibilidad de que efectivamente el adolescente experimente un crecimiento personal en términos menos gravosos de lo que podría representar la realización de un juicio y la eventual imposición de una sanción.
Es por ello, este Tribunal dentro del espíritu, propósito y razón de la Doctrina de Protección integral en la que está inspirada el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, APRUEBA LA CONCILIACIÓN pactada entre las partes; en consecuencia SUSPENDE EL PROCESO A PRUEBA, por el lapso de SEIS (06) MESES, contados a partir del día de hoy; acordando que el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), deberá asistir a seis (06) charlas de tipo conductual por el lapso de seis (06) meses, por ante los Servicios Auxiliares de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 566 literal “e” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente; con el bien entendido que en caso de incumplimiento de la obligación pactada se reanudará el proceso al estado de celebrar nuevamente la audiencia preliminar, debiendo el Ministerio Público presentar su acusación tal y como lo prevé el artículo 568 Ejusdem; y así se decide.
Por otra parte, se le hace la advertencia al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), ampliamente identificado, que deberá participar al Ministerio Público, cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo o institución educacional; todo de conformidad con lo señalado en el artículo 566 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; y así se decide.
De la misma manera, una vez verificado el cumplimiento de la obligación pactada por parte del adolescente imputado, se procederá a Decretar el Sobreseimiento Definitivo de la presente causa, solicitado tanto por la Defensa como por el Representante del Ministerio Público; y así se decide.

De la solicitud de Sobreseimiento Definitivo realizada por la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público a favor del adolescente AMÍN DE JESÚS RAMÍREZ LÓPEZ,:

El representante del Ministerio Público, en su escrito de acusación y oralmente en la audiencia preliminar, solicitó al Tribunal SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la presente causa, a favor del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), ampliamente identificado, en lo que respecta al delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano g.,a.g, por no poderle atribuir al referido adolescente la comisión de tal punible; todo de conformidad con lo previsto en el artículo 561 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 318 ordinal 1°, segundo supuesto del Código Orgánico Procesal Penal; esta juzgadora para decidir observa:
El sobreseimiento es una institución típicamente procesal penal, que determina el fin del proceso por la comprobación de que el hecho punible investigado, o no existió, o de haber existido, no puede atribuírsele al imputado de forma alguna, lo que la doctrina ha denominado sobreseimiento negativo; o bien, porque habiéndose acreditado la existencia del hecho punible y la participación del imputado, el hecho no es típico, o no es antijurídico o concurren causas de inculpabilidad o de no punibilidad del imputado, situación denominada por la doctrina como sobreseimiento positivo.
De la misma manera, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, faculta al Fiscal del Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento de una causa a favor de un adolescente imputado, cuando resulta evidente la falta de una condición necesaria para imponer la sanción, tal como lo prevé el artículo 561, literal “d”, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
De lo antes referido se observa, que el sobreseimiento es un acto conclusivo de la fase preparatoria que se materializa mediante una solicitud motivada que hace el Fiscal del Ministerio Público al Juez de Control, por los motivos señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, o en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por ello, se deben hacer las siguientes consideraciones:
Del Acta Policial, de fecha 17 de octubre de 2005, inserta al folio cuatro (04) de las actas procesales, se desprende que en efecto el día 17 de Octubre de 2005, aproximadamente a las 6:45 p.m., por las inmediaciones del sector la Hoguera antes de llegar a la estación de servicio Texaco, ubicada en la carretera denominada Troncal 5, vía pública, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, cuatro sujetos, quienes venían a bordo de una Unidad de Expresos Barinas, se levantaron y manifestando que se trataba de un atraco, despojaron tanto al chofer de la unidad como a los pasajeros que venían en la misma de sus pertenencias, siendo despojado el ciudadano g.a.g, pasajero de la unidad de transporte, de la cantidad de quince mil bolívares, huyendo los sujetos por la zona boscosa; motivo por el cual se les indicó a funcionarios de la policía del Estado Táchira lo ocurrido quienes procedieron a perseguirlos, incluso una de las víctimas el ciudadano German Alexis González a fin de prestar la colaboración, por cuanto el mismo estaba prestando servicio militar; y una vez en la zona los sujetos comenzaron a disparar a la comisión policial y esta repelió el ataque, pero no lograron agarrar a ninguno de dichos sujetos; posteriormente fueron visualizados dos sujetos que salían de la zona boscosa, quienes al notar la presencia policial, se tornaron nerviosos, razón por la cual los funcionarios policiales los intervinieron y al realizar la correspondiente inspección personal se le encontró al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), en la pretina del pantalón un arma blanca tipo cuchillo, y al adulto ELI PINEDA CASTILLO un arma de fuego de fabricación casera, razón por la cual quedaron detenidos y trasladados a la Comandancia Policial.
Así mismo, al folio siete (07) de las actas procesales, corre inserta Denuncia N° 260, de fecha 17 de octubre de 2005, interpuesta por el ciudadano g.a.g, por ante la Dirección de Seguridad y Orden Público, hoy denominada Policía del Estado Táchira, mediante la cual entre otras cosas expuso, que él venía en una unidad de transporte público de la línea Expresos Barinas, dirigiéndose a San Cristóbal para presentarse al Batallón, y en el sector la Hoguera antes de llegar a la estación de servicio Texaco, llegando a San Josecito se levantaron cuatro hombres diciendo que era un atraco, y comenzaron a quitarles las pertenencias a todos y a él le quitaron lo que tenía que eran quince mil bolívares, que también quitaron prendas, celulares y dinero a todos, que en eso llegó una patrulla de policía, y el chofer se les atravesó y todos los tipos se lanzaron a correr por un camino que esta frente a la Estación, y estando en la zona boscosa, los tipos empezaron a disparar y los policías también hicieron lo mismo, no lograron a capturar a ninguno.
Por otro lado, al folio treinta y cuatro (34) de las actas procesales, riela Orden de Apertura de la Investigación, de fecha 10 de noviembre de 2005, suscrita por la Abg. Isol Abimilec Delgado, Fiscal (P) Decimoséptima del Ministerio Público.
Al folio cuarenta (40) de las actas procesales, corre inserta Inspección Ocular N° 6582, de fecha 15 de noviembre de 2005, practicada por el Detective Carlos Andrés Pérez y por el Agente Luis Gómez, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la que se dejó constancia que se trata de un sitio abierto, expuesto a la intemperie, del libre transitar del público a pie y en vehículos automotores, ubicado en la carretera Troncal N° 5, vía pública, Municipio San Cristóbal, tomando como referencia el Restaurante denominado La Hoguera.
En tal sentido, de acuerdo a la revisión detallada de las actas procesales, se puede constatar que si bien es cierto, el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), fue detenido en compañía de un adulto minutos después de haberse perpetrado un robo agravado en la unidad de transporte público de Expresos Barinas; no es menos cierto, que del análisis del acta policial antes señalada; así como, de la denuncia interpuesta por una de las víctimas el ciudadano g.a.g, quien colaboró con la comisión policial en la búsqueda de los perpetradores del delito en cuestión, se desprende que el referido adolescente no tuvo participación alguna en la comisión del delito de Robo Agravado, ya que según la exposición realizada por la víctima en su denuncia no logró capturarse a ninguno de los autores del delito, e incluso cuando la víctima retornó nuevamente al lugar de los acontecimientos donde estaba estacionada la unidad de transporte público Expresos Barinas se percató que se habían ido del sitio, no logrando los efectivos policiales tomar entrevistas a las personas que fueron víctimas del robo; por estas razones, este Tribunal considera ajustada a derecho la petición Fiscal en virtud de no podérsele atribuir al adolescente la comisión de tal punible, en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO solicitado por la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público; de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 318 en su segundo supuesto del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.
Finalmente, por cuanto al adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), le fueron impuestas en fecha 18 de octubre de año 2005, las medidas cautelares sustitutivas previstas en el artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en sus literales “b”, “c” y “f” a los fines de asegurar su comparecencia a los sucesivos actos procesales, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano g.a.g., y habiéndose decretado el sobreseimiento definitivo en lo que respecta a dicho tipo penal, es por lo que se ORDENA EL CESE de las mismas; todo de conformidad con lo previsto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal; y así se decide.
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, ESTE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO DOS, DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:
PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público, contra el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), por la presunta comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 578 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; así como, la totalidad de los medios probatorios ofrecidos.
SEGUNDO: APRUEBA EL ACUERDO CONCILIATORIO propuesto en la presente audiencia por el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), por la presunta comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; a la víctima representada en este acto por el Ministerio Público, como reparación del daño social causado por tratarse de un delito que no merece como sanción definitiva la privación de libertad y afecta intereses colectivos o difusos, en los siguientes términos: El adolescente Amín de Jesús Ramírez López, expresó su deseo de asistir a charlas de orientación conductual por ante las especialistas adscritas a los servicios auxiliares de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal; todo en virtud de haberse verificado el consentimiento libre y voluntario de ambas partes de conciliar, ya que el representante del Ministerio Público aceptó la conciliación planteada por el adolescente sugiriendo al Tribunal se suspenda el proceso a prueba por el lapso de seis (06) meses, con el objeto que el adolescente se someta mensualmente a una charla de orientación conductual, es decir, seis (06) charlas; todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 564 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo establecido en el artículo 565 Ejusdem.
TERCERO: SUSPENDE EL PROCESO A PRUEBA, por el lapso de SEIS (06) MESES, hasta tanto el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM); cumpla con la obligación de asistir a SEIS (06) charlas de orientación conductual, por ante las Especialistas adscritas a los Servicios Auxiliares de la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal; todo conforme a lo previsto en el artículo 566 literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así mismo, se le advierte al adolescente imputado (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), que en caso de incumplimiento de la obligación aquí pactada se reanudará el proceso al estado de celebrar nuevamente la audiencia preliminar; declarándose así con lugar el pedimento del Ministerio Público de suspender el proceso a prueba por el lapso de seis (06) meses.
CUARTO: SE ADVIERTE AL ADOLESCENTE (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), que cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo o institución educacional, deberá ser comunicado al Fiscal del Ministerio Público; todo de conformidad con lo señalado en el artículo 566 literal “d” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
QUINTO: Una vez verificado el cumplimiento de la obligación pactada, se procederá a Decretar el Sobreseimiento Definitivo de la presente causa, solicitado tanto por la Defensa como por el Representante del Ministerio Público, en lo que concierne al delito PORTE ILÍCITO DE ARMA BLANCA, previsto en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO.
SEXTO: DECLARA CON LUGAR EL PEDIMENTO REALIZADO POR LA FISCALÍA DECIMOSÉPTIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN EL SENTIDO, DE DECRETAR en lo que respecta al punible de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano g.a.g, EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA CAUSA, a favor del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 545 LOPNA, EN CONCORDANCIA CON LO PREVISTO EN EL PARAGRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 65 EJUSDEM), todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 1, segundo supuesto del Código Orgánico Procesal Penal; en consecuencia conforme a lo pautado en el artículo 319 Ejusdem, ORDENA EL CESE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS que fueren decretadas contra el prenombrado adolescente en fecha 18 de octubre del año 2005, en la Audiencia de Calificación de Flagrancia, por la presunta comisión del delito en cuestión.
SÉPTIMO: Se notificó a las partes presentes de la decisión.

Regístrese, publíquese y déjese copia para el Archivo del Tribunal.

ABG. MARIELA DEL CARMEN SALAS PORRAS.
LA JUEZA TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL PENAL

ABG. GREGORIO ALFREDO MOLINA GUERRERO
EL SECRETARIO SUPLENTE DE CONTROL

En la misma fecha se publicó la presente decisión, se dejó copia para el Archivo del Tribunal, quedaron notificadas las partes presentes en la Audiencia, siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.).

Causa Penal: 2C-1516/2006
MDCSP/gamg.-