TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 10 de Octubre de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2006-002925
ASUNTO : SP11-P-2006-002925

RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDA

Visto el escrito presentado por GERMAN EDGARDO CÁRDENAS MONTILLA, actuando con el carácter de Defensor Privado de la ciudadana: CLAUDIA LILIANA ROSA LEAL, de fecha 09 de septiembre de 2.006, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. Donde solicita: “… De conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito el Examen y Revisión de la Medida Cautelar Sustitutiva de libertad…”

El Tribunal hace las siguientes observaciones:

En fecha 04 de septiembre del año 2.006; este Tribunal dictó decisión en la cual se calificó la Aprehensión de la imputada CLAUDIA LILIANA ROSA LEAL, por la presunta comisión del delito de Hurto SIMPLE, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 451 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Juan Hernández Pabon; se ordeno la prosecución de la causa por los trámites del procedimiento Ordinario y decretó Medida Cautelar Sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad a la nombrada ciudadana, imponiéndoles las siguientes condiciones: 1.-Presentarse cada Quince días por ante el Tribunal. 2.-Prohibición de salida del País y de cambiar de domicilio sin previa autorización del Tribunal. 3.-Presentación de dos (02) fiadores, con residencia en esta jurisdicción, de reconocida buena conducta, responsables y con capacidad económica, quienes presentaran al Tribunal los siguientes recaudos: a) Constancias de trabajo o de ingresos, con su respectivo balance personal visada por el Colegio de Contadores, con sueldo no inferior a un millón de bolívares, (Bs.1.000.000,oo). b) Constancia de domicilio o residencia, expedida por la Asociación de Vecinos y certificada por la Primera Autoridad Civil del lugar. c) Copia fotostática de la cédula de identidad, presentando su original para vista y devolución. d) Comprometerse ante este Despacho, a que el imputado no salga del país sin la autorización del Tribunal. e) Presentarlo ante el Tribunal, cada vez que así lo ordene y, f) Pagar por vía de multa la cantidad de cincuenta (50) Unidades Tributarias, en caso de que el afianzado se hubiere ocultado o fugado.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 26 en su único aparte, establece que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita y sin dilaciones indebidas. Asimismo, el artículo 49 del mismo texto constitucional señala que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones Judiciales y Administrativas.

El Código Orgánico Procesal Penal, en el Título Preliminar, donde se desarrollan los principios y garantías procesales y reafirmando el principio constitucional señalado supra, establece en su artículo 1º: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas...”.

Las medidas cautelares tienen como carácter general asegurar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y garantizar la estabilidad en la tramitación del mismo. La protección de los derechos del imputado a la libertad y a ser tratado como inocente mientras no se establezca de manera plena su culpabilidad, no puede significar el absoluto abandono de los mecanismos cautelares destinados a garantizar los objetivos del proceso, esto es, su normal desarrollo y la seguridad del cumplimiento de sus resultas.

Ahora bien, considera esta juzgadora que en virtud de la imposibilidad de conseguir personas de confianza que quiera servir de fiadores para garantizar su presencia en el proceso, esta Juzgadora, considera que no es imposible cumplir con dicho requerimiento, pero en aras de ese derecho como lo es la libertad, y el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, establece otras modalidades que esta Juzgadora puede otorgar y que de igual manera garantizará el cabal cumplimiento de lA imputada para evitar la sustracción del proceso, por lo que es necesario revisar la Medida Decretada; siendo procedente declarar con lugar la solicitud presentada; Así se decide.
En consecuencia, se sustituye la obligación de presentar los fiadores por la obligación de caución económica, de treinta unidades tributarias, en virtud de que la unidad tributaria está en treinta y tres seiscientos bolívares, por lo que debe depositar, la cantidad de UN MILLON OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 1.008.000,00), que deberán ser depositada en la entidad Bancaria Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes) siendo la beneficiaria la ciudadana: CLAUDIA LILIANA ROSA LEAL, y se mantiene la obligación de prestar Caución Juratoria, presentarse cada quince (15) días por ante el Tribunal, prohibición de cometer nuevos hechos punibles, todo de conformidad con lo establecido en los Artículos 264, 256 ordinal 3, 8 y 9 y 259 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

Por los fundamentos de hecho y de derecho ya expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DICIDE:
PRIMERO: Declara con lugar la solicitud de revisión de medida; y en consecuencia, SUSTITUYE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LOS FIADORES POR LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR CAUCIÓN ECONÓMICA, y SE MANTIENE LA PRESENTACIÓN CADA QUINCE (15) DIAS POR ANTE EL TRIBUNAL, PROHIBICIÓN DE COMETER NUEVOS HECHOS PUNIBLES, todo de conformidad con lo establecido en los Artículos 264, 256 ordinal 3, 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se ordena el traslado de la ciudadana CLAUDIA LILIANA ROSA LEAL, el cual se encuentra recluido en Policía del Estado Táchira (Polítachira) de la ciudad de San Antonio, para que se le notifique de la presente decisión
Notifíquese a las partes, regístrese, publíquese y déjese copia en el archivo del Tribunal.

ABG. CLEOPATRA AVGERINOS PINEDA
JUEZA SEGUNDA DE CONTROL

ABG. HECTOR EDUARDO OCHOA HÉRNANDEZ
SECRETARIO